A todo vapor

Tras un primer semestre en donde el Gobierno mostró una relativa moderación en la utilización de la emisión monetaria por parte del Banco Central como fuente de financiamiento, en julio la máquina de imprimir dinero comenzó a funcionar a todo vapor, con una emisión de 180 mil millones de pesos a lo largo del mes.

Y, a juzgar por la multiplicidad de medidas que la administración tomó en los últimos meses para mejorar las chances de los candidatos del oficialismo en las próximas elecciones y que implican nuevos desembolsos por parte del Tesoro, como la reducción del impuesto a las ganancias a los trabajadores, el cuasicongelamiento de las tarifas de los servicios públicos, el bono para los jubilados o la ampliación del programa Casa Propia, entre otros, todo indicaría que la máquina va a continuar funcionando a pleno, al menos hasta noviembre.

Sin duda, el Gobierno ya no cuenta para apelar a este recurso, que, en el peor de los casos, debería ser extraordinario, con la justificación de la emergencia económica provocada por la pandemia. Hoy es electoralismo puro.

Inevitablemente, el costo de todas estas medidas se presentará en algún momento luego de los comicios, bajo la forma de mayor inflación, desvalorizando nuestros ingresos y tenencias de pesos. Pero, como ya han hecho con éxito numerosos gobiernos en el pasado, las autoridades confían en que la mayoría de los argentinos no van a asociar una cosa con la otra y si lo hacen ya las elecciones van a haber quedado atrás.

Por eso, frente a esta nueva campaña electoral, es importante recordar que si queremos tener algún día una economía que crezca en forma saludable, debemos erradicar de una vez por todas esta práctica espuria con la que el gobierno de turno se apropia de una parte de los ingresos de la población sin tener que sufrir el costo político de la creación de nuevos impuestos. Este comportamiento y el enorme déficit fiscal con el que está asociado generan un horizonte de gran incertidumbre respecto a los precios relativos y el nivel de la carga tributaria que torna sumamente difícil tomar decisiones de inversión y obstaculiza de esta manera el principal motor del crecimiento en una economía capitalista.

Un hecho positivo de la actual campaña electoral relacionado con este tema es que uno de los precandidatos a diputado nacional de Juntos por el Cambio anunció hace pocos días que va a presentar un proyecto para garantizar la independencia del Banco Central, con el objeto de impedir que la entidad sea utilizada para financiar las necesidades del poder ejecutivo y eliminar así una de las causas centrales de la inflación.

Esperemos que este tema se instale en el debate político y que los votantes entiendan la importancia crucial que tiene para el futuro de la economía argentina.

El costo de no enfrentar los problemas

En las últimas semanas empezó a disiparse lentamente la tranquilidad que había predominado en el mercado cambiario a lo largo de la primera mitad del año, en la que el Banco Central estuvo acumulando reservas sistemáticamente y el precio del dólar se mantuvo estable en sus distintas variantes.

Desde finales de abril los dólares financieros subieron entre un 7% y un 9% y el informal más del 13%, en tanto que las reservas dejaron de crecer a partir de mediados de junio.

El Gobierno sigue pateando la solución de los graves problemas de la economía para más adelante y esto no es gratuito.

En la medida en que mantenga esta postura, podrá haber períodos de calma pero cada tanto va haber un evento que va a perturbar esa calma, amenazando con generar una nueva ronda de inestabilidad.

Mientras tanto, la inversión permanecerá completamente deprimida y el estancamiento que presenta la economía argentina desde el 2011 se perpetuará. Es que en ese contexto de indefinición, los inversores y los analistas económicos están más preocupados por discernir cuánto va a subir el dólar en los próximos meses en los distintos segmentos y cuál va a ser el momento en el que se va a dar esa suba que en buscar las mejores oportunidades para poner en marcha proyectos productivos que generen crecimiento y empleo.

Y no se trata de desconocer el impacto negativo de la pandemia, que encontró a la economía argentina en una situación particularmente frágil tras varios años de mala gestión. Lo que preocupa de cara al futuro es la incapacidad de la actual administración para, por lo menos, trazar un rumbo, manifestar una intención y asumir compromisos. Para colmo, el único funcionario que parecería entender la necesidad de esto, el ministro de Economía Martín Guzmán, quedó fuertemente debilitado tras la interna que lo enfrentó semanas atrás con su subsecretario de Energía Eléctrica.

En tanto y en cuanto no se encare con convicción y credibilidad un ordenamiento de la economía que restablezca la solvencia del sector público y le dé un marco de previsibilidad a la rentabilidad del sector privado, el dólar continuará siendo la variable de ajuste y la especulación en torno a su cotización seguirá ocupando un lugar desmedido en la realidad económica de nuestro país.

Es necesario que la sociedad argentina entienda esto y le exija a la clase política avanzar en esa dirección para dejar de vivir de una vez por todas bajo el imperio de la moneda americana.

El Reino del Revés

Resulta sorprendente que, tras más de 10 años de estancamiento económico, la estrategia electoral con la que mejor resultado espera obtener la coalición gobernante en los comicios de noviembre incluya una parafernalia de señales que van totalmente en contra de la posibilidad del inicio de un proceso de crecimiento sostenido una vez que la pandemia quede atrás.

Si uno repasa el conjunto de medidas y anuncios económicos de las últimas semanas se encuentra con una batería de desincentivos para todo aquel que tenga algún proyecto de inversión para desarrollar en nuestro país, excepto para aquellas personas cercanas al poder.

El ejemplo más contundente y reciente de esto es la suspensión de las exportaciones de carne. ¿A quién se le puede ocurrir llevar adelante una inversión en el sector exportador, un área clave para las posibilidades de crecimiento sostenido de la economía como lo han demostrado los numerosos estrangulamientos externos con los que ésta ha chocado en las últimas décadas, si en cualquier momento el Gobierno puede en forma completamente arbitraria prohibir las ventas, no sólo frenando el flujo de operaciones sino también generando el riesgo de que los compradores externos cambien de proveedor?

La disputa entre el ministro de economía Martín Guzmán y su subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, por las tarifas de gas y electricidad es otro ejemplo en este sentido. No sólo porque el resultado final de esta disputa que fue una suba de tarifas menor a la pretendida por el ministro demora en el tiempo el logro del equilibrio presupuestario del sector público esencial para despejar el horizonte para los inversores, al reducir la probabilidad de nuevas subas impositivas, sino también porque desdibujó completamente la imagen del funcionario que parece tener la idea más acertada respecto al rumbo que hay que tomar dentro de la administración.

En la misma línea se encuentra la aprobación en el Senado de una iniciativa que solicita a Guzmán que los fondos frescos que llegarán del FMI no se destinen al pago de deuda externa sino que se utilicen para financiar políticas destinadas a resolver los problemas derivados de la pandemia.

En definitiva, uno siente que vive en El Reino del Revés cuando, en medio de una profunda crisis económica que se encuentra en su cuarto año, agravada por la pandemia, el Gobierno, en lugar de tomar un conjunto de medidas para incentivar la inversión y generar confianza en los inversores nacionales y extranjeros y esperanzas en los trabajadores y consumidores, hace totalmente lo contrario: multiplica las dudas y los interrogantes, desacreditando al piloto en medio de la tormenta.

Pero lamentablemente estamos en Argentina y el único resultado de todo esto será demorar aun más la puesta en marcha de una economía que se encuentra en su nivel más bajo desde el 2009, con las consecuencias que esto tiene sobre el nivel de empleo, los salarios reales y la pobreza.

La elección de vivir sin inflación

De acuerdo a las estimaciones privadas, la inflación se ubicó en abril en torno al 4%, completando un primer cuatrimestre con un aumento de los precios superior al 17%, aun contando con la ayuda del ancla cambiaria, con el dólar oficial incrementándose en el mismo período un 11%.

Y, a pesar de este pésimo resultado, que anticipa para este 2021 una inflación que muy probablemente superará el 36% del año pasado, el Gobierno da claras señales de que ésta no es una prioridad de su gestión.

La reciente interna entre el ministro de economía Martín Guzmán y el subsecretario de energía eléctrica Federico Basualdo, que se resolvió a favor de este último, apoyado por Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo fue contundente en este sentido. El tímido intento del ministro de evitar un aumento de la participación de los subsidios a los servicios públicos en el PBI y encaminar el déficit fiscal primario hacia el poco ambicioso objetivo del 4,2% del PBI previsto en el presupuesto de este año se encontró con un rechazo inapelable de la vicepresidente, que ha dañado su imagen y credibilidad.

Es que en esa disputa se encuentra el núcleo del problema inflacionario: el déficit fiscal. Si bien éste no es la única causa de la inflación es la principal, la condición necesaria para empezar a solucionar el problema. Y la desautorización tan brutal de un ministro de economía que busca dar señales de que se pretende avanzar en la corrección de ese desequilibrio es una manifestación política clara respecto a la importancia que tiene este grave flagelo para la actual administración o, al menos, para sus figuras más poderosas.

Sin duda que esta postura surge de una evaluación de las preferencias y preocupaciones del electorado. Claramente, la población argentina no termina de tomar conciencia del vínculo estrecho que existe entre la inflación y la escasez de puestos de trabajo, la caída de los salarios reales y el crecimiento de la pobreza. Los entornos inflacionarios son un fuerte desincentivo para la inversión privada y, a través de este efecto, impactan en esas tres variables tan esenciales para la calidad de vida. En los últimos 70 años, de los cuales sólo en 13 la inflación fue menor al 10%, la economía argentina registró un importante retroceso relativo respecto al resto de las economías del mundo y la inestabilidad de los precios fue un factor central detrás de esa evolución.

Se debe insistir a través de todos los medios posibles para que la población identifique e incorpore este conjunto de causalidades que llevan desde el déficit fiscal, pasando por la inflación, hasta la falta de trabajo y la pobreza. Se trata de hacer un pequeño esfuerzo hoy, en términos de reducción del déficit fiscal, para garantizar un futuro más promisorio a nuestros hijos. En este año electoral la gente tiene la posibilidad de elegir vivir sin inflación.

Un clásico electoral

En estos primeros meses del año se ha observado un claro cambio de estrategia por parte del Banco Central en el manejo del dólar oficial. Mientras que a lo largo del 2020 la entidad monetaria permitió una suba que estuvo alineada con la evolución de la inflación, en este 2021 la cotización oficial viene perdiendo en forma creciente contra el aumento de los precios (creció sólo un 0,2% menos en enero pero subió a un 0,7% menos en febrero y un 1,6%, en marzo).

Se trata de un tema recurrente en los años electorales a lo largo de la historia económica argentina y que tuvo una expresión reciente durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner. El dólar se atrasó de manera significativa durante el 2011, que terminó con el establecimiento del cepo cambiario. Volvió a atrasarse durante el 2013, para pegar un salto luego de las elecciones legislativas de ese año, con un aumento de más del 35% en los tres meses posteriores. Y en el 2015 nuevamente se rezagó contra la inflación, con un importante sacrificio de las reservas del Banco Central, que cayeron más del 26% entre finales de julio y principios de diciembre, cuando asumió el nuevo gobierno.

La lógica es sencilla: sin considerar el efecto de otras variables, un dólar que avanza por debajo de la inflación permite que los salarios tiendan a subir por encima de ella, generando una oportuna ganancia en el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores de cara a las elecciones.

Si bien ésta es una estrategia que puede resultar tentadora, simpática y posiblemente inevitable en un contexto económico normal, es muy cuestionable en la grave situación que estamos atravesando actualmente, con una pobreza del 42% y con una inversión que se contrajo interanualmente los últimos 3 años, con una caída acumulada cercana al 40%.

La caída del dólar en términos reales se suma a la serie de desincentivos que hoy existe para la inversión en el sector exportador, que es la vía rápida de salida al crecimiento y a la recuperación del empleo y los ingresos y la reducción de la pobreza. Es un nuevo signo de interrogación para una ecuación de rentabilidad que ya enfrenta la amenaza constante de nuevos tributos para bajar un déficit fiscal enorme, la maraña de regulaciones laborales y las dudas permanentes sobre la disponibilidad y precios de los insumos necesarios para llevar adelante cualquier proyecto productivo.

Teniendo en cuenta todo esto, uno esperaría ver en la sociedad y en sus representantes un sentido de urgencia que no resulta evidente. Puede ser que la virulencia de la pandemia y el éxito del relato oficial en adjudicar todos los males económicos a ella y a la gestión anterior hayan instalado una sensación de resignación en la población. Seguramente, las elecciones legislativas nos darán una respuesta.

La grieta y el desplome de la inversión

Todo indicaría que el Gobierno va a intentar demorar la solución de los numerosos problemas que enfrenta la economía argentina al menos hasta después de las elecciones, extendiendo por varios meses más la incertidumbre que viene paralizando la inversión privada desde el segundo semestre del 2018.

Según los datos del Indec, la inversión cayó en forma interanual en forma ininterrumpida desde el tercer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2020, último dato publicado, es decir nueve trimestres consecutivos. En ocho de esos trimestres las caídas fueron superiores al 10% y en tres, superiores al 20%, solo uno de ellos durante la pandemia. Por lo tanto, a la importante pérdida de ingresos que hubo por la subutilización de la capacidad instalada, hay que agregar aquellos que se pierden por no haberse realizado inversiones que se habrían llevado adelante en un contexto político y económico más favorable.

Se trata de una gran tragedia económica, que tiene su expresión estadística más cruenta en un nivel de pobreza que en el primer semestre del año pasado superó el 40%.

Más allá de los efectos indudables de la pandemia, la causa que está en el fondo de esta tragedia es la grieta que atraviesa a la sociedad argentina y le impide ponerse de acuerdo en torno a un esquema económico que genere un horizonte previsible para todos aquellos actores dispuestos a invertir en el país. La grieta implica movernos cada una cierta cantidad de tiempo de un modelo de país a otro distinto, lo que desalienta cualquier proyecto de inversión. 

La difícil situación en la que nos encontramos actualmente debe servir como un estímulo para buscar las coincidencias, que sin duda existen. En Argentina hay una clara mayoría de la población en favor de un Estado presente, que asista los sectores más vulnerables y que ofrezca una salud y una educación pública de calidad en el marco de una economía capitalista. Pero para que esto sea posible el financiamiento de ese Estado no debe asfixiar a la actividad privada. No es una cosa o la otra. Por eso, se debe castigar a los políticos cuando debilitan al Estado pero también cuando llevan adelante políticas que perjudican al sector privado y desalientan la inversión.

Si bien ese consenso es posible, esta visión no parece estar prevaleciendo en este 2021. A juzgar por dos de los principales temas en la agenda económica de estas primeras semanas del año (las modificaciones al impuesto a las ganancias y la reducción en los aumentos de las tarifas de los servicios públicos previstos inicialmente), los políticos interpretan que la clase media argentina está más preocupada por tener unos pesos más en el bolsillo que por la existencia de un programa económico que genere las condiciones necesarias para que las empresas inviertan y generen nuevos puestos de trabajo. Esperemos no tener que caer mucho más abajo para que la sociedad se despierte y encuentre el rumbo que ha perdido.

Intervencionismo a toda máquina

Todos aquellos que en 2019 votaron a Alberto Fernández con la expectativa de que en el ámbito económico iba a desarrollar un planteo propio, más parecido al del gobierno de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007 que al intervencionismo extremo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner del 2011 al 2015, fueron comprobando a lo largo del 2020 cómo la realidad se alejaba cada vez más de aquello que esperaban.

Con el reciente cierre de las exportaciones de maíz, la administración de Alberto Fernández terminó de desplegar en forma completa la parafernalia que se había empleado entre 2011 y 2015 con el fin de obtener beneficios políticos de corto plazo pero con graves consecuencias sobre las perspectivas de crecimiento de la economía, que, aun antes del estallido de la pandemia de covid-19, se encontraba en un nivel inferior al del 2011.

Ya resulta imposible identificar diferencias entre la manera de gestionar la economía de hoy y la de aquellos años del segundo mandato de CFK. A lo largo del 2020 se fue cerrando cada vez más el cepo cambiario y, por lo tanto, incrementando la brecha entre el dólar oficial y el libre, se subieron las retenciones a las exportaciones, se incorporaron restricciones a las importaciones y controles de precios, se multiplicaron los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, retornó la regulación de las tasas de interés del sistema financiero y ahora se completó el esquema con el cierre de las exportaciones de maíz y la amenaza latente de volver a utilizar este recurso cuando el precio de algún bien de la canasta básica no resulte satisfactorio para las autoridades.

Estas políticas tienen un efecto muy nocivo sobre el sector exportador. Por ejemplo, el cepo cambiario tiende a generar una paridad entre la moneda extranjera y la doméstica que le es desfavorable al mismo tiempo que desalienta la inversión extranjera en el mismo. Las restricciones a las importaciones plantean dudas sobre al abastecimiento y precio de los insumos que requiere. Ni hablar de la amenaza de prohibiciones a las ventas en el exterior y las elevadas retenciones, que además pueden subir en cualquier momento ante la necesidad de tener que cerrar el enorme agujero fiscal.

La forma en la que este tipo de medidas desincentiva las exportaciones se observa en la evolución que éstas tuvieron en los últimos 10 años. Tras alcanzar un máximo de 83 mil millones de dólares en 2011, cayeron en los años siguientes, a medida que se iba levantando el aparato intervencionista, llegando a 57 mil millones en 2015. Durante el gobierno de Mauricio Macri, durante el cual se fue desarmando dicho aparato, volvieron a subir, alcanzando los 65 mil millones en 2019, pero en el 2020 se contrajeron nuevamente, sumando alrededor de 55 mil millones.

Una vez que la pandemia quede atrás, para que la economía pueda arrancar vigorosamente, se necesita un sector exportador funcionando a todo su potencial. Por lo tanto, en este 2021 podrá haber un rebote como el que espera el Gobierno de cara a las elecciones legislativas de octubre, en la medida en que no se tenga que apelar nuevamente a medidas tan restrictivas para la circulación de personas y bienes como el año pasado, pero el crecimiento genuino difícilmente llegue mientras el aparato intervencionista del 2011/5 que se ha levantado nuevamente durante el último año siga en pie.