La semana pasada el Gobierno mostró una vez más que prioriza
los golpes de efecto dirigidos a su auditorio, la búsqueda de unos pocos puntos
en los sondeos de opinión, sobre el impacto que sus decisiones pueden tener en
la confianza de los actores que determinan los movimientos de las principales
variables económicas.
Es que las características y la manera de anunciar la
normativa que obliga a las principales entidades financieras argentinas a
prestar un 5% de sus depósitos a empresas para financiar proyectos de inversión
a una tasa de interés fija del 15% anual y a un plazo mínimo de 3 años
estuvieron claramente dirigidas a galvanizar al desencantado electorado del
Frente para la Victoria
intentando presentar a un gobierno que se planta frente a los “intereses
financieros” para impulsar el “modelo productivo” y el “crecimiento con
inclusión social” cuando en verdad lo único que se está haciendo es obligando a
los bancos a prestarle a las empresas a tasa subsidiada con el dinero de los
ahorristas. De acuerdo a lo establecido en la normativa, se corre un doble
riesgo. Por un lado, al obligar a los bancos a prestar un monto mínimo en un
plazo máximo existe la posibilidad de que le entreguen ese dinero a empresas
que no brindan las garantías suficientes, sólo para cumplir. Asimismo, al
establecerse una tasa máxima fija en forma arbitraria es factible que estas
líneas les generen pérdidas a las instituciones, que podrían incrementarse a lo
largo del tiempo si la tasa de interés que las entidades pagan por los
depósitos sube, como lo viene haciendo los últimos días.
El mismo objetivo, que es razonable, se podría haber
perseguido de una manera mucho más prolija. Por ejemplo, se podría haber
establecido que los bancos que no presten un 5% de sus depósitos a empresas
para financiar proyectos de inversión deban cumplir con encajes (porcentaje de
los depósitos que no pueden utilizar para préstamos) mayores que aquellos que
sí lo hacen. De esta manera se genera un incentivo para que las entidades busquen
empresas con proyectos de inversión sólidos y les presten dinero. Cada préstamo
otorgado incrementaría la rentabilidad del banco que, de lo contrario, tendría
el dinero inmovilizado. Y si la tasa de interés a la que el banco considera
razonable prestar estos fondos, por los riesgos que asume y los costos en los
que incurre, resulta elevada para el Gobierno, éste podría otorgar un subsidio,
como lo viene haciendo exitosamente en los últimos años. De esta manera se
lograría que los bancos reasignaran parte de los recursos que prestan al
consumo a la inversión sin enviar una mala señal hacia los depositantes.
Si bien la porción de los depósitos que se ha establecido en
la normativa es demasiado reducida como para afectar, llegado el caso, la solvencia
de los bancos, el mensaje que reciben los depositantes es peligroso. “Vamos a
utilizar el dinero que ustedes le confiaron a los bancos para lo que nosotros
consideremos necesario”, parece decir el Gobierno. El 5% se puede transformar
dentro de un tiempo en un 10% o un 20% o porqué no un 50% y en algún momento se
puede terminar obligando a los bancos a financiar el creciente déficit del
sector público, como ya sucedió en el pasado.
Con las restricciones a la compra de dólares y la disparada
del dólar paralelo los depositantes comenzaron a perder el entusiasmo con una
rentabilidad que en los últimos años, a pesar de perder frente a la inflación,
les había permitido incrementar el valor de sus ahorros en dólares. De acuerdo
a las estadísticas publicadas semanalmente por el Banco Central, mientras que
en los primeros 4 meses del año los depósitos a plazo en pesos del sector
privado se incrementaron en 19 mil millones, desde que se reforzaron las
restricciones hace 2 meses el aumento fue de menos de 4 mil millones.
La nueva medida puede acentuar este proceso. Y se debe tener
en cuenta que al transformar los depósitos bancarios en una alternativa de
inversión cada vez menos atractiva el gobierno lo único que logra es seguir
empujando a los ahorristas e inversores hacia el dólar y generar así una
presión adicional para el dólar paralelo que podría derivar en una brecha aun
mayor entre éste y el dólar oficial.
En definitiva, por obtener unos escasos puntos políticos el
Gobierno continúa minando la preferencia de los ahorristas por los depósitos
bancarios y, al hacerlo, conspira contra su propio objetivo de pesificar la
economía, de que los argentinos no sólo realicemos nuestras transacciones
cotidianas en pesos sino también coloquemos nuestros ahorros en esta moneda.
