En
los últimos días se conocieron un conjunto de datos que muestran una
consolidación de la estabilización financiera que logró el Gobierno a partir de
septiembre. El principal de ellos es la desaceleración de la inflación, que
cerró noviembre por debajo del 3%, lejos del 5,4% de octubre y el 6,5% del mes
anterior. Ya se vislumbra un 2019 con tasas de inflación que tenderían a ubicarse
entre el 2% y 2,5% mensual.
Otro
dato elocuente del cambio en las condiciones financieras es la fuerte reducción
de la salida de capitales. Como señala el informe cambiario del Banco Central
correspondiente al mes de octubre, el flujo negativo provocado por operaciones
del sector privado no financiero pasó de más de 6.000 millones de dólares en
mayo a poco más de 1.000 millones en octubre.
El
Gobierno se vio obligado por las circunstancias a realizar en este 2018 el
ajuste que había buscado aplicar con cuentagotas desde que se inició el
mandato. Pero, al menos, ha logrado hasta el momento que la situación no se
descontrole y sigue con vida de cara a las elecciones presidenciales del año
que viene.
Ahora
bien, ¿se han hecho las correcciones que la economía requiere para salir del
estancamiento en el que se encuentra inmersa desde el 2012? La razón básica de
este estancamiento es una falta de rentabilidad en el sector privado, provocada
por la alta carga tributaria y el costo laboral. Por lo tanto, para que la actividad
vuelva a crecer en forma sostenida, se requiere un esquema que restituya esa
rentabilidad de manera de impulsar la inversión privada, que es el principal
motor de una economía capitalista.
Por
el momento, las autoridades hicieron recaer el peso de esa ecuación sobre los
salarios, que, de acuerdo a la información del Indec, acumularon una caída de
casi 14% en los primeros 9 meses del año, una pérdida que casi con seguridad
será mayor cuando se publiquen los datos de octubre. Es de esperar, como ya se
viene viendo en las últimas semanas, que los sindicatos hagan sentir sus
reclamos para recomponer el poder adquisitivo de los ingresos de sus afiliados.
Y, en la medida en que esto suceda, se debería compensarlo con una reducción
impositiva, lo que implicaría recortar el gasto público, algo que le ha
planteado enormes dificultades al Gobierno. De lo contrario, se podría ingresar
nuevamente en una situación de inestabilidad.
