A todo vapor

Tras un primer semestre en donde el Gobierno mostró una relativa moderación en la utilización de la emisión monetaria por parte del Banco Central como fuente de financiamiento, en julio la máquina de imprimir dinero comenzó a funcionar a todo vapor, con una emisión de 180 mil millones de pesos a lo largo del mes.

Y, a juzgar por la multiplicidad de medidas que la administración tomó en los últimos meses para mejorar las chances de los candidatos del oficialismo en las próximas elecciones y que implican nuevos desembolsos por parte del Tesoro, como la reducción del impuesto a las ganancias a los trabajadores, el cuasicongelamiento de las tarifas de los servicios públicos, el bono para los jubilados o la ampliación del programa Casa Propia, entre otros, todo indicaría que la máquina va a continuar funcionando a pleno, al menos hasta noviembre.

Sin duda, el Gobierno ya no cuenta para apelar a este recurso, que, en el peor de los casos, debería ser extraordinario, con la justificación de la emergencia económica provocada por la pandemia. Hoy es electoralismo puro.

Inevitablemente, el costo de todas estas medidas se presentará en algún momento luego de los comicios, bajo la forma de mayor inflación, desvalorizando nuestros ingresos y tenencias de pesos. Pero, como ya han hecho con éxito numerosos gobiernos en el pasado, las autoridades confían en que la mayoría de los argentinos no van a asociar una cosa con la otra y si lo hacen ya las elecciones van a haber quedado atrás.

Por eso, frente a esta nueva campaña electoral, es importante recordar que si queremos tener algún día una economía que crezca en forma saludable, debemos erradicar de una vez por todas esta práctica espuria con la que el gobierno de turno se apropia de una parte de los ingresos de la población sin tener que sufrir el costo político de la creación de nuevos impuestos. Este comportamiento y el enorme déficit fiscal con el que está asociado generan un horizonte de gran incertidumbre respecto a los precios relativos y el nivel de la carga tributaria que torna sumamente difícil tomar decisiones de inversión y obstaculiza de esta manera el principal motor del crecimiento en una economía capitalista.

Un hecho positivo de la actual campaña electoral relacionado con este tema es que uno de los precandidatos a diputado nacional de Juntos por el Cambio anunció hace pocos días que va a presentar un proyecto para garantizar la independencia del Banco Central, con el objeto de impedir que la entidad sea utilizada para financiar las necesidades del poder ejecutivo y eliminar así una de las causas centrales de la inflación.

Esperemos que este tema se instale en el debate político y que los votantes entiendan la importancia crucial que tiene para el futuro de la economía argentina.

El costo de no enfrentar los problemas

En las últimas semanas empezó a disiparse lentamente la tranquilidad que había predominado en el mercado cambiario a lo largo de la primera mitad del año, en la que el Banco Central estuvo acumulando reservas sistemáticamente y el precio del dólar se mantuvo estable en sus distintas variantes.

Desde finales de abril los dólares financieros subieron entre un 7% y un 9% y el informal más del 13%, en tanto que las reservas dejaron de crecer a partir de mediados de junio.

El Gobierno sigue pateando la solución de los graves problemas de la economía para más adelante y esto no es gratuito.

En la medida en que mantenga esta postura, podrá haber períodos de calma pero cada tanto va haber un evento que va a perturbar esa calma, amenazando con generar una nueva ronda de inestabilidad.

Mientras tanto, la inversión permanecerá completamente deprimida y el estancamiento que presenta la economía argentina desde el 2011 se perpetuará. Es que en ese contexto de indefinición, los inversores y los analistas económicos están más preocupados por discernir cuánto va a subir el dólar en los próximos meses en los distintos segmentos y cuál va a ser el momento en el que se va a dar esa suba que en buscar las mejores oportunidades para poner en marcha proyectos productivos que generen crecimiento y empleo.

Y no se trata de desconocer el impacto negativo de la pandemia, que encontró a la economía argentina en una situación particularmente frágil tras varios años de mala gestión. Lo que preocupa de cara al futuro es la incapacidad de la actual administración para, por lo menos, trazar un rumbo, manifestar una intención y asumir compromisos. Para colmo, el único funcionario que parecería entender la necesidad de esto, el ministro de Economía Martín Guzmán, quedó fuertemente debilitado tras la interna que lo enfrentó semanas atrás con su subsecretario de Energía Eléctrica.

En tanto y en cuanto no se encare con convicción y credibilidad un ordenamiento de la economía que restablezca la solvencia del sector público y le dé un marco de previsibilidad a la rentabilidad del sector privado, el dólar continuará siendo la variable de ajuste y la especulación en torno a su cotización seguirá ocupando un lugar desmedido en la realidad económica de nuestro país.

Es necesario que la sociedad argentina entienda esto y le exija a la clase política avanzar en esa dirección para dejar de vivir de una vez por todas bajo el imperio de la moneda americana.

El Reino del Revés

Resulta sorprendente que, tras más de 10 años de estancamiento económico, la estrategia electoral con la que mejor resultado espera obtener la coalición gobernante en los comicios de noviembre incluya una parafernalia de señales que van totalmente en contra de la posibilidad del inicio de un proceso de crecimiento sostenido una vez que la pandemia quede atrás.

Si uno repasa el conjunto de medidas y anuncios económicos de las últimas semanas se encuentra con una batería de desincentivos para todo aquel que tenga algún proyecto de inversión para desarrollar en nuestro país, excepto para aquellas personas cercanas al poder.

El ejemplo más contundente y reciente de esto es la suspensión de las exportaciones de carne. ¿A quién se le puede ocurrir llevar adelante una inversión en el sector exportador, un área clave para las posibilidades de crecimiento sostenido de la economía como lo han demostrado los numerosos estrangulamientos externos con los que ésta ha chocado en las últimas décadas, si en cualquier momento el Gobierno puede en forma completamente arbitraria prohibir las ventas, no sólo frenando el flujo de operaciones sino también generando el riesgo de que los compradores externos cambien de proveedor?

La disputa entre el ministro de economía Martín Guzmán y su subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, por las tarifas de gas y electricidad es otro ejemplo en este sentido. No sólo porque el resultado final de esta disputa que fue una suba de tarifas menor a la pretendida por el ministro demora en el tiempo el logro del equilibrio presupuestario del sector público esencial para despejar el horizonte para los inversores, al reducir la probabilidad de nuevas subas impositivas, sino también porque desdibujó completamente la imagen del funcionario que parece tener la idea más acertada respecto al rumbo que hay que tomar dentro de la administración.

En la misma línea se encuentra la aprobación en el Senado de una iniciativa que solicita a Guzmán que los fondos frescos que llegarán del FMI no se destinen al pago de deuda externa sino que se utilicen para financiar políticas destinadas a resolver los problemas derivados de la pandemia.

En definitiva, uno siente que vive en El Reino del Revés cuando, en medio de una profunda crisis económica que se encuentra en su cuarto año, agravada por la pandemia, el Gobierno, en lugar de tomar un conjunto de medidas para incentivar la inversión y generar confianza en los inversores nacionales y extranjeros y esperanzas en los trabajadores y consumidores, hace totalmente lo contrario: multiplica las dudas y los interrogantes, desacreditando al piloto en medio de la tormenta.

Pero lamentablemente estamos en Argentina y el único resultado de todo esto será demorar aun más la puesta en marcha de una economía que se encuentra en su nivel más bajo desde el 2009, con las consecuencias que esto tiene sobre el nivel de empleo, los salarios reales y la pobreza.

La elección de vivir sin inflación

De acuerdo a las estimaciones privadas, la inflación se ubicó en abril en torno al 4%, completando un primer cuatrimestre con un aumento de los precios superior al 17%, aun contando con la ayuda del ancla cambiaria, con el dólar oficial incrementándose en el mismo período un 11%.

Y, a pesar de este pésimo resultado, que anticipa para este 2021 una inflación que muy probablemente superará el 36% del año pasado, el Gobierno da claras señales de que ésta no es una prioridad de su gestión.

La reciente interna entre el ministro de economía Martín Guzmán y el subsecretario de energía eléctrica Federico Basualdo, que se resolvió a favor de este último, apoyado por Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo fue contundente en este sentido. El tímido intento del ministro de evitar un aumento de la participación de los subsidios a los servicios públicos en el PBI y encaminar el déficit fiscal primario hacia el poco ambicioso objetivo del 4,2% del PBI previsto en el presupuesto de este año se encontró con un rechazo inapelable de la vicepresidente, que ha dañado su imagen y credibilidad.

Es que en esa disputa se encuentra el núcleo del problema inflacionario: el déficit fiscal. Si bien éste no es la única causa de la inflación es la principal, la condición necesaria para empezar a solucionar el problema. Y la desautorización tan brutal de un ministro de economía que busca dar señales de que se pretende avanzar en la corrección de ese desequilibrio es una manifestación política clara respecto a la importancia que tiene este grave flagelo para la actual administración o, al menos, para sus figuras más poderosas.

Sin duda que esta postura surge de una evaluación de las preferencias y preocupaciones del electorado. Claramente, la población argentina no termina de tomar conciencia del vínculo estrecho que existe entre la inflación y la escasez de puestos de trabajo, la caída de los salarios reales y el crecimiento de la pobreza. Los entornos inflacionarios son un fuerte desincentivo para la inversión privada y, a través de este efecto, impactan en esas tres variables tan esenciales para la calidad de vida. En los últimos 70 años, de los cuales sólo en 13 la inflación fue menor al 10%, la economía argentina registró un importante retroceso relativo respecto al resto de las economías del mundo y la inestabilidad de los precios fue un factor central detrás de esa evolución.

Se debe insistir a través de todos los medios posibles para que la población identifique e incorpore este conjunto de causalidades que llevan desde el déficit fiscal, pasando por la inflación, hasta la falta de trabajo y la pobreza. Se trata de hacer un pequeño esfuerzo hoy, en términos de reducción del déficit fiscal, para garantizar un futuro más promisorio a nuestros hijos. En este año electoral la gente tiene la posibilidad de elegir vivir sin inflación.

Un clásico electoral

En estos primeros meses del año se ha observado un claro cambio de estrategia por parte del Banco Central en el manejo del dólar oficial. Mientras que a lo largo del 2020 la entidad monetaria permitió una suba que estuvo alineada con la evolución de la inflación, en este 2021 la cotización oficial viene perdiendo en forma creciente contra el aumento de los precios (creció sólo un 0,2% menos en enero pero subió a un 0,7% menos en febrero y un 1,6%, en marzo).

Se trata de un tema recurrente en los años electorales a lo largo de la historia económica argentina y que tuvo una expresión reciente durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner. El dólar se atrasó de manera significativa durante el 2011, que terminó con el establecimiento del cepo cambiario. Volvió a atrasarse durante el 2013, para pegar un salto luego de las elecciones legislativas de ese año, con un aumento de más del 35% en los tres meses posteriores. Y en el 2015 nuevamente se rezagó contra la inflación, con un importante sacrificio de las reservas del Banco Central, que cayeron más del 26% entre finales de julio y principios de diciembre, cuando asumió el nuevo gobierno.

La lógica es sencilla: sin considerar el efecto de otras variables, un dólar que avanza por debajo de la inflación permite que los salarios tiendan a subir por encima de ella, generando una oportuna ganancia en el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores de cara a las elecciones.

Si bien ésta es una estrategia que puede resultar tentadora, simpática y posiblemente inevitable en un contexto económico normal, es muy cuestionable en la grave situación que estamos atravesando actualmente, con una pobreza del 42% y con una inversión que se contrajo interanualmente los últimos 3 años, con una caída acumulada cercana al 40%.

La caída del dólar en términos reales se suma a la serie de desincentivos que hoy existe para la inversión en el sector exportador, que es la vía rápida de salida al crecimiento y a la recuperación del empleo y los ingresos y la reducción de la pobreza. Es un nuevo signo de interrogación para una ecuación de rentabilidad que ya enfrenta la amenaza constante de nuevos tributos para bajar un déficit fiscal enorme, la maraña de regulaciones laborales y las dudas permanentes sobre la disponibilidad y precios de los insumos necesarios para llevar adelante cualquier proyecto productivo.

Teniendo en cuenta todo esto, uno esperaría ver en la sociedad y en sus representantes un sentido de urgencia que no resulta evidente. Puede ser que la virulencia de la pandemia y el éxito del relato oficial en adjudicar todos los males económicos a ella y a la gestión anterior hayan instalado una sensación de resignación en la población. Seguramente, las elecciones legislativas nos darán una respuesta.

La grieta y el desplome de la inversión

Todo indicaría que el Gobierno va a intentar demorar la solución de los numerosos problemas que enfrenta la economía argentina al menos hasta después de las elecciones, extendiendo por varios meses más la incertidumbre que viene paralizando la inversión privada desde el segundo semestre del 2018.

Según los datos del Indec, la inversión cayó en forma interanual en forma ininterrumpida desde el tercer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2020, último dato publicado, es decir nueve trimestres consecutivos. En ocho de esos trimestres las caídas fueron superiores al 10% y en tres, superiores al 20%, solo uno de ellos durante la pandemia. Por lo tanto, a la importante pérdida de ingresos que hubo por la subutilización de la capacidad instalada, hay que agregar aquellos que se pierden por no haberse realizado inversiones que se habrían llevado adelante en un contexto político y económico más favorable.

Se trata de una gran tragedia económica, que tiene su expresión estadística más cruenta en un nivel de pobreza que en el primer semestre del año pasado superó el 40%.

Más allá de los efectos indudables de la pandemia, la causa que está en el fondo de esta tragedia es la grieta que atraviesa a la sociedad argentina y le impide ponerse de acuerdo en torno a un esquema económico que genere un horizonte previsible para todos aquellos actores dispuestos a invertir en el país. La grieta implica movernos cada una cierta cantidad de tiempo de un modelo de país a otro distinto, lo que desalienta cualquier proyecto de inversión. 

La difícil situación en la que nos encontramos actualmente debe servir como un estímulo para buscar las coincidencias, que sin duda existen. En Argentina hay una clara mayoría de la población en favor de un Estado presente, que asista los sectores más vulnerables y que ofrezca una salud y una educación pública de calidad en el marco de una economía capitalista. Pero para que esto sea posible el financiamiento de ese Estado no debe asfixiar a la actividad privada. No es una cosa o la otra. Por eso, se debe castigar a los políticos cuando debilitan al Estado pero también cuando llevan adelante políticas que perjudican al sector privado y desalientan la inversión.

Si bien ese consenso es posible, esta visión no parece estar prevaleciendo en este 2021. A juzgar por dos de los principales temas en la agenda económica de estas primeras semanas del año (las modificaciones al impuesto a las ganancias y la reducción en los aumentos de las tarifas de los servicios públicos previstos inicialmente), los políticos interpretan que la clase media argentina está más preocupada por tener unos pesos más en el bolsillo que por la existencia de un programa económico que genere las condiciones necesarias para que las empresas inviertan y generen nuevos puestos de trabajo. Esperemos no tener que caer mucho más abajo para que la sociedad se despierte y encuentre el rumbo que ha perdido.

Intervencionismo a toda máquina

Todos aquellos que en 2019 votaron a Alberto Fernández con la expectativa de que en el ámbito económico iba a desarrollar un planteo propio, más parecido al del gobierno de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007 que al intervencionismo extremo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner del 2011 al 2015, fueron comprobando a lo largo del 2020 cómo la realidad se alejaba cada vez más de aquello que esperaban.

Con el reciente cierre de las exportaciones de maíz, la administración de Alberto Fernández terminó de desplegar en forma completa la parafernalia que se había empleado entre 2011 y 2015 con el fin de obtener beneficios políticos de corto plazo pero con graves consecuencias sobre las perspectivas de crecimiento de la economía, que, aun antes del estallido de la pandemia de covid-19, se encontraba en un nivel inferior al del 2011.

Ya resulta imposible identificar diferencias entre la manera de gestionar la economía de hoy y la de aquellos años del segundo mandato de CFK. A lo largo del 2020 se fue cerrando cada vez más el cepo cambiario y, por lo tanto, incrementando la brecha entre el dólar oficial y el libre, se subieron las retenciones a las exportaciones, se incorporaron restricciones a las importaciones y controles de precios, se multiplicaron los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, retornó la regulación de las tasas de interés del sistema financiero y ahora se completó el esquema con el cierre de las exportaciones de maíz y la amenaza latente de volver a utilizar este recurso cuando el precio de algún bien de la canasta básica no resulte satisfactorio para las autoridades.

Estas políticas tienen un efecto muy nocivo sobre el sector exportador. Por ejemplo, el cepo cambiario tiende a generar una paridad entre la moneda extranjera y la doméstica que le es desfavorable al mismo tiempo que desalienta la inversión extranjera en el mismo. Las restricciones a las importaciones plantean dudas sobre al abastecimiento y precio de los insumos que requiere. Ni hablar de la amenaza de prohibiciones a las ventas en el exterior y las elevadas retenciones, que además pueden subir en cualquier momento ante la necesidad de tener que cerrar el enorme agujero fiscal.

La forma en la que este tipo de medidas desincentiva las exportaciones se observa en la evolución que éstas tuvieron en los últimos 10 años. Tras alcanzar un máximo de 83 mil millones de dólares en 2011, cayeron en los años siguientes, a medida que se iba levantando el aparato intervencionista, llegando a 57 mil millones en 2015. Durante el gobierno de Mauricio Macri, durante el cual se fue desarmando dicho aparato, volvieron a subir, alcanzando los 65 mil millones en 2019, pero en el 2020 se contrajeron nuevamente, sumando alrededor de 55 mil millones.

Una vez que la pandemia quede atrás, para que la economía pueda arrancar vigorosamente, se necesita un sector exportador funcionando a todo su potencial. Por lo tanto, en este 2021 podrá haber un rebote como el que espera el Gobierno de cara a las elecciones legislativas de octubre, en la medida en que no se tenga que apelar nuevamente a medidas tan restrictivas para la circulación de personas y bienes como el año pasado, pero el crecimiento genuino difícilmente llegue mientras el aparato intervencionista del 2011/5 que se ha levantado nuevamente durante el último año siga en pie.

Economía en el freezer

A un año del inicio de la gestión de Alberto Fernández y, más allá de los justificativos que pueda brindar la pandemia, se sigue demorando la generación de condiciones para que la economía vuelva a crecer. Se están cumpliendo 10 años desde que la economía ingresó en la situación de estancamiento en la que se encuentra y en todo este período las distintas autoridades económicas se resistieron a tomar las decisiones necesarias para revertirla.

Para lograr esto, se requiere estabilizar un conjunto de precios relativos de manera tal que todos aquellos que tienen proyectos productivos puedan realizar las inversiones con un riesgo razonable, sin el temor de que esos precios pueden modificarse en cualquier momento como consecuencia de una decisión del gobierno de turno. Sin duda que no es algo sencillo políticamente porque implica asignar costos a algunos sectores de la población, sea porque se tiene que reducir el gasto público o realizar reformas estructurales que afecten intereses existentes.

A primera vista, resulta notable que esto se haya demorado durante ya 10 años. Que durante una década los argentinos hayamos permanecidos impávidos frente a una sucesión de gobernantes que subordinaron de manera alevosa la economía a sus deseos de mantenerse en el poder. Pero lo cierto es que no es la primera vez que sucede algo así. Desde los años 70 el sistema político argentino viene mostrando una gran incapacidad para ordenar la economía una vez que ésta empieza a atravesar dificultades. Sucedió en la última etapa del gobierno peronista de 1973-76, luego durante toda la década del ´80, que terminó con la hiperinflación, y, más adelante, en los últimos años del régimen de convertibilidad, que tuvo como desenlace la profunda crisis del 2001/2.

 

Definitivamente, existe alguna especie de síndrome social que produce este resultado. Perdemos el tiempo tomando partido e intentando señalar culpables, en lugar de asumir la responsabilidad y gestionar las soluciones a través de nuestros representantes políticos, lo que puede implicar en situaciones de emergencia un trabajo conjunto del oficialismo y la oposición que nunca se da.

 

El costo de este comportamiento es enorme. En estos largos períodos de indefinición, de precios relativos inciertos, la inversión privada prácticamente se paraliza, lo que implica miles de millones de pesos menos de actividad económica e ingresos.

 

El elevado nivel de pobreza, que durante la pandemia subió al 44,2% de la población y alcanzó a 18 millones de personas, es la cara más dolorosa de este fracaso social y tal vez el principal estímulo para un pronto despertar. El año que viene, en las elecciones legislativas, tenemos una nueva oportunidad de elegir a aquellos políticos que vienen con soluciones nuevas por sobre los que dicen lo que nos gusta escuchar pero que nos trajo hasta acá.

Baño de realidad

El dólar tuvo que acercarse a los 200 pesos y ubicarse en uno de los valores más altos de la historia argentina en términos de poder adquisitivo para que finalmente el Gobierno se diera un baño de realidad y empezara a acomodar el rumbo de las políticas económicas.

La administración de Alberto Fernández venía mostrando una gran resistencia a encarar las soluciones que exige el problema de fondo que tiene la economía: un déficit fiscal muy importante que sólo puede financiarse con la impresión de moneda por parte de la autoridad monetaria. El costo de esto fue la escalada de la moneda americana durante octubre y, finalmente, esta vez sí, las autoridades económicas reaccionaron adecuadamente al mensaje y comenzaron a tomar medidas y enviar señales que se encuentran orientadas hacia la solución de ese problema.

Precisamente, el Ministerio de Economía realizó colocaciones de deuda con el objeto de reducir la necesidad de asistencia por parte del Banco Central a través de la emisión monetaria y la deuda del Tesoro con la entidad. En la misma línea, se comprometió a no solicitar esta asistencia bajo la forma de Adelantos Transitorios hasta fin de año. Y, aun más importante, el ministro Martín Guzmán adelantó que su equipo se encuentra trabajado para lograr una reducción mayor en el déficit fiscal del año que viene, apuntando a un resultado del 3,8% del PBI, en lugar del 4,5% incluido en el Presupuesto.

Este cambio de rumbo le permitió al Gobierno, al menos temporalmente, bajar el dólar en el mercado libre y detener la pérdida de reservas internacionales del Banco Central, que en octubre superó los 1.500 millones de dólares, alentando las apuestas por una fuerte devaluación del dólar oficial.

Habrá que ver ahora hasta dónde está dispuesto a llegar para recuperar la confianza de los agentes económicos, que en los últimos meses iniciaron una huída de los activos argentinos. Las autoridades económicas tendrán que obtener financiamiento y reducir el déficit fiscal hasta lograr que el nivel de emisión monetaria sea lo suficientemente bajo como para que los particulares y las empresas dejen de rechazar la moneda doméstica ante el riesgo de una devaluación que pulverice una vez más en la historia argentina su valor.

Pero por lo pronto va desde aquí un voto de confianza para el ministro, que, apremiado por las circunstancias, ha logrado encender una luz de esperanza para todos aquellos que observamos con grave preocupación la evolución de esta crisis económica que se ha visto agravada en este 2020 por el evento inédito de la pandemia. Esperemos que reciba todo el apoyo político que necesita y que no se transforme en un nuevo Quijote que pelea solitario contra molinos de viento.

La mentira de la inflación

Las medidas anunciadas por el Gobierno a mediados de septiembre y comienzos de octubre para frenar la caída de las reservas internacionales del Banco Central pusieron en clara evidencia la resistencia que existe a encarar las soluciones que exige el problema de fondo que tiene la economía: un déficit fiscal muy importante que sólo puede financiarse con la impresión de moneda por parte de la autoridad monetaria.

El enorme gasto público, que llegó a superar el 40% del PBI en el 2015, y la dificultad para financiarlo se encuentran detrás, primero, del estancamiento de la economía que se inició en el 2012 y, a partir del 2018, de la profunda crisis, que fue agudizada por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, excepto el intento obligado por las circunstancias de la administración de Mauricio Macri en su última etapa, la clase política argentina se resiste año tras año a abordar la solución que el problema exige: alcanzar, de una vez por todas, el equilibrio de las cuentas públicas.

Y, tanto las medidas que se vienen tomando como las afirmaciones de los funcionarios, por ejemplo, del ministro de economía Martín Guzmán, que días atrás señaló que la reducción del gasto público “no es a lo que apuntamos”, parecen indicar que una vez más la reducción del déficit fiscal se dará a través de la inflación. Y si esto, efectivamente, termina siendo así el ministro le habrá mentido una vez más a la sociedad argentina. Porque si en los próximos meses el gasto público crece por debajo de la inflación el Gobierno va a estar recortándolo en términos de lo que se puede comprar con ese gasto público, por más que éste no se reduzca nominalmente. Estará haciéndolo en forma encubierta, tal vez echándoles la culpa a “los empresarios especuladores que aumentan los precios”.

Es notable cómo la mentira de la inflación continúa siendo eficaz 70 años después del inicio de la historia inflacionaria de la Argentina. Y no es sólo que hay una parte importante de la clase política completamente acostumbrada a mentir en relación a este tema sino también un porcentaje alto de la población que acepta esas mentiras sin titubear. 

Si, como todo parece indicar, se elige el camino de la solución inflacionaria para el problema fiscal se corre el riesgo de entrar en un conflicto distributivo, con una carrera de precios y salarios que va a impedir generar las condiciones necesarias para que la economía comience a recuperarse.

Al final del día, lo que se requiere es encontrar un nivel del gasto público que pueda ser financiado con una carga tributaria que no elimine los incentivos para la inversión privada. Sólo así la economía volverá a crecer en forma sostenida.

El día después de la pandemia

 A medida que se van habilitando nuevas actividades que fueron interrumpidas para evitar la propagación del coronavirus y la saturación del sistema sanitario y, habiéndose resuelto en forma exitosa la reestructuración de la deuda pública, se va acercando el día en que las autoridades deban concentrar todo su esfuerzo en ver cómo hacen para que la economía argentina salga del estancamiento en el que se encuentra desde el 2011.

Y aquí no se va a tratar meramente de lograr que la economía recupere el nivel que tenía antes del estallido de la pandemia. Se debe generar las condiciones para que de una vez por todas se ponga en marcha la inversión privada, el principal motor de crecimiento de una economía capitalista. Las políticas que se llevaron adelante desde el 2008 establecieron una serie de desincentivos para la inversión que se intentó desarticular durante la gestión anterior pero sin garantizar la permanencia de la nueva situación en el tiempo.

Lamentablemente, con el argumento de aliviar las dificultades que la población está atravesando como consecuencia de la crisis provocada por el Covid19, la administración actual viene retrocediendo en ese aspecto. Muy difícil que aquellos que tienen proyectos de inversión apuesten a un país en el que en cualquier momento se puede intervenir en forma arbitraria en el precio del bien o servicio que van a ofrecer, como sucedió hace algunas semanas con el congelamiento de las tarifas de internet, telefonía y TV por cable, y en el que sobre sus emprendimientos pende la amenaza constante de nuevos impuestos para cerrar el enorme agujero de las cuentas públicas. Un país, además, en el que no se tiene garantizado el acceso a los insumos necesarios para llevar adelante el proceso productivo, por los permanentes obstáculos a las importaciones y dificultades para acceder al mercado cambiario.

El Gobierno pretende dar una señal positiva con la aprobación del presupuesto nacional para el año que viene, con un déficit fiscal primario del 4,5% del PBI. Resulta positivo que se plantee para un año electoral una reducción tan significativa respecto a la cifra que se prevé para este 2020, superior al 8% del PBI, pero el problema es que el desequilibrio continuará siendo muy elevado y se mantendrá, al menos, durante un año más la incertidumbre sobre la posibilidad de nuevos avances del fisco sobre los ingresos de los particulares y las empresas.

Todo indicaría que tendremos que conformarnos con lo que se viene anunciando: se buscará la reactivación de la economía a través de la obra pública y de programas de préstamos blandos que van a chocar en algún punto contra la falta de divisas, poniendo presión sobre el mercado cambiario y alimentando la inflación, logrando apenas un rebote pero en modo alguno un crecimiento genuino.

Todo parece indicar, entonces, que completaremos una nueva década perdida sin poder ver luz al final del túnel.

Recuperar la fe de los argentinos en el futuro

Un fenómeno muy preocupante que ha surgido de la transición política del año pasado y la profunda crisis económica ligada a ella es el creciente número de argentinos que manifiesta estar evaluando abandonar el país en busca de destinos más estables y prósperos.

Es un resultado natural, por un lado, de 8 años de estancamiento económico. En el 2019, la actividad económica fue un 2,6% inferior a la del 2011. Pero aun más que eso, es producto de la ausencia de un horizonte que permita vislumbrar algún tipo de promesa. Los argentinos que piensan en el exilio se sienten dentro de un túnel completamente oscuro, sin el más mínimo haz de luz que dé alguna esperanza de encontrar la salida.

Y en esta sensación tiene una incidencia fundamental la llamada “grieta”. Si se percibe que un porcentaje amplio de la población no solo tiene algunas discrepancias sino que tiene una visión completamente distinta del rumbo que se le debe dar a la economía y al país que la que uno tiene es difícil ver la luz al final del túnel. Es casi una garantía de que continuaremos en forma interminable en este tránsito pendular entre dos modelos alternativos de Nación.

Con este panorama, es imposible tener expectativas de que la economía vaya a ingresar alguna vez en una senda de crecimiento sostenido. Es muy limitado el volumen de inversiones que se puede poner en marcha en un contexto en el cual todo puede cambiar en cualquier momento. Por lo tanto, se podrá atravesar períodos de crecimiento como el del 2003-11, apuntalados por ciclos favorables de los precios de los bienes exportables, pero cuando éstos terminen, se caerá nuevamente en situaciones de estancamiento o bajo crecimiento.

El creciente número de argentinos que está evaluando emigrar debe ser una señal de alarma para todos. Es una espantosa mueca del destino para un país que entre 1857 y 1914 recibió a 3,3 millones de personas (con una población que en 1869 apenas llegaba a los 1,9 millones) y en el cual al final de ese período el 30% de la población era de origen extranjero.

Es una necesidad urgente que los líderes de la Nación puedan plantear un proyecto de país lo más inclusivo posible que permita recuperar la fe de los argentinos en el futuro. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros cambiar la actitud de confrontación que nos caracteriza, hacer un esfuerzo para encontrar en el otro lo que nos une y no lo que nos hace distintos.

Quizás podemos hallar alguna esperanza en la noticia económica de estos últimos días, el logro de un acuerdo entre el Gobierno y los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera. Es un primer paso para ir delineando un horizonte macroeconómico que brinde posibilidades para el crecimiento. Y lo que es más importante es que parece haber contado con el apoyo una amplia mayoría de la población. Que éste sea el primer ladrillo para construir ese futuro promisorio que pueda albergarnos a todos.

Apenas un primer paso

Parece inminente un acuerdo del Gobierno con los tenedores de bonos argentinos emitidos bajo legislación extranjera, un tema al que presenta como un punto de inflexión para que la economía argentina entre en la senda del crecimiento. El propio presidente Alberto Fernández señaló semanas atrás que “si se resuelve el problema de la deuda, el despegue de la economía argentina va a ser magnífico”.

Pero si bien este será un logro que debe ser festejado, un acuerdo con los acreedores, por más satisfactorio que resulte, es apenas un primer paso en el largo camino que se debe transitar para poner a la economía en marcha tras 9 años de estancamiento, un camino que se ha tornado más arduo con las complicaciones generadas por la pandemia de coronavirus.

Este camino involucra configurar una estructura de precios relativos que brinde incentivos para la inversión privada, en particular en el sector exportador. Para ello, es esencial alcanzar la solvencia fiscal y establecer límites claros a la intervención del estado en los distintos mercados, tanto a través de la tributación como de medidas regulatorias.

Lamentablemente, con el justificativo de la emergencia sanitaria, en las últimas semanas el Gobierno viene avanzando en la dirección opuesta en estos aspectos, sembrando serias dudas sobre la posibilidad de un “despegue magnífico” en los próximos años.

Por añadidura, las medidas adoptadas desde el establecimiento de la cuarentena también agravaron el problema de credibilidad que desde el inicio arrastró esta administración y que plantean un obstáculo adicional. Aun cuando se avanzara en la dirección correcta, siempre va a existir la desconfianza de que, en caso de necesidad política, en cualquier momento se puede venir un nuevo manotazo hacia los recursos del sector privado, como sucedió en el pasado con el proyecto de las retenciones móviles o la nacionalización de las AFJP. Este temor latente, que debe ser despejado por las autoridades, es un elemento disuasivo para la inversión privada y puede frenar el crecimiento en los próximos años.

Pero, mirando el lado medio lleno del vaso, si bien con el avance en la solución del problema de la deuda la administración peronista no va a poner en marcha un despegue de la economía, al menos va a lograr alejar un poco a la Argentina del precipicio al caos económico hacia el cual se dirige desde el estallido de la pandemia como consecuencia de la enorme masa de dinero que imprimió el Banco Central para financiar las medidas orientadas a morigerar los efectos de la misma sobre la economía. Al mejorar la solvencia fiscal, un acuerdo con los acreedores ayudará a recuperar la confianza que se necesita para evitar que esa masa de dinero siga presionando sobre el dólar y termine disparando una nueva aceleración de la inflación.

Una historia con final abierto

De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Economía, en mayo el déficit fiscal se incrementó cerca de 700% respecto al mismo mes del año pasado. Esto fue el resultado de la caída de los ingresos tributarios causada por la merma en la actividad producto de la pandemia y el fuerte incremento del gasto para financiar las medidas orientadas a paliar los efectos de la cuarentena sobre la economía.

Resultó inevitable, ante la falta de acceso al financiamiento de la Argentina, que este enorme déficit fiscal se cubra con la emisión monetaria del Banco Central, que atinadamente viene retirando el exceso de dinero que así genera a través de los instrumentos de regulación monetaria de que dispone. Pero esto no impide un aumento de la fragilidad de la economía. En primer término porque continúa creciendo el endeudamiento del sector público y se agrava la insolvencia fiscal. Y, por otro lado, porque, al incrementarse los depósitos a la vista y el dinero en poder del público en relación a las reservas internacionales, se reduce la capacidad de la autoridad monetaria para contener una corrida contra el peso.

Por eso resulta esencial que de manera urgente las autoridades tomen medidas que mejoren la percepción de la situación fiscal. En este sentido, un paso fundamental es completar la reestructuración de la deuda, que va a permitir reducir los vencimientos de la misma durante los próximos años. La nueva oferta presentada el 6 de julio es un avance significativo aunque persisten diferencias con algunos bonistas de peso.

Pero más importante aún es definir un sendero fiscal postpandemia. Debe haber un compromiso claro de las autoridades de lograr el equilibrio de las cuentas públicas lo antes posible. Es necesario que los gastos provocados por el coronavirus sean visto como excepcionales y con un límite definido y no como una oportunidad para ganar o conservar votantes.

De lo contrario, la inestabilidad va a ir en aumento. Si los argentinos siguen percibiendo que el gobierno va a resolver el creciente problema fiscal una vez más con la inflación, apoderándose de una parte de los ahorros y de los ingresos de la población a través de la desvalorizacion del peso, van a protegerse huyendo en forma cada vez más masiva de la moneda, agravando de este modo una crisis que ya viene siendo sumamente dolorosa.

Se va acercando el momento de la verdad y la administración liderada por Alberto Fernández debe mostrar a qué versión del peronismo más se asemeja. ¿A aquel que a principios de los 90 logró detener la hiperinflación y poner en marcha el periodo de estabilidad más largo de los últimos 70 años y un proceso de fuerte crecimiento? ¿A aquel de mediados de los 70 que, asediado por profundas divisiones internas, perdió por completo el control de la economía, que llegó a registrar entonces los niveles de inflación más altos de la historia hasta ese momento, por encima del 20% mensual? Estamos en el medio de una historia con final abierto y todos seremos responsables del desenlace.

El coronavirus y la fortuna peronista

Históricamente el peronismo se vio favorecido por la suerte en materia económica. Sin lugar a dudas, ésta ha sido un pilar en su constitución como la fuerza hegemónica de la Argentina.

Entre 1946 y 1948 pudo aprovechar los precios excepcionalmente altos de los bienes de exportación del país para llevar adelante la fuerte redistribución del ingreso que cimentó la leyenda de Perón y Evita como los protectores de los trabajadores. A su regreso al poder casi dos décadas más tarde, en 1973, el viejo caudillo se vio beneficiado una vez más por un nuevo máximo en los términos del intercambio (relación entre los precios de exportación y de importación) de la Argentina, lo que le permitió, en menor escala, reeditar las políticas redistributivas de sus primeras presidencias. Y, como si el dado económico de nuestro país estuviera cargado en favor del peronismo, pocos meses antes de la asunción de Néstor Kirchner como presidente en el 2003 se inició el ciclo de mejora de los precios de exportación de la Argentina que llevó los términos del intercambio a un nuevo máximo en el 2012. Gracias a esto, Kirchner y su esposa, que lo sucedió en el poder en 2007, pudieron impulsar la fuerte recuperación de los salarios reales y la expansión del gasto público que explican la popularidad que aun mantiene la actual vicepresidente, a pesar de haber dirigido el país durante 4 de los últimos 8 años de estancamiento económico.

Sin embargo, cuando parecía que el gobierno de Alberto Fernández iba a ser una excepción en este sentido, junto a la gestión de Carlos Menem, que la ruleta de la historia esta vez no iba a ser favorable a la fuerza política surgida en la década del ´40, con términos del intercambio que se mantienen estables desde el 2013, estalló la pandemia de coronavirus, un evento sin precedentes en la historia argentina y mundial.

Y si bien es prematuro sacar conclusiones en este momento, todo indicaría que la pandemia es un nuevo golpe de suerte para el peronismo. Sin lugar a dudas, el esquema económico que se había planteado en estos primeros meses de gestión difícilmente habría sacado a la Argentina del estancamiento en el que se encuentra. En ese contexto, a menos que se hubiera dado un oportuno cambio de rumbo, el gobierno de Alberto Fernández habría enfrentado serias dificultades para imponerse en las elecciones legislativas del año que viene. Sin embargo, la pandemia aparece ahora como la excusa perfecta para justificar un desempeño que en el mejor de los casos habría sido decepcionante para la mayoría de la población.

Por añadidura, si la pandemia queda atrás en los próximos meses, la economía argentina va a rebotar naturalmente de la fuerte contracción que están generando las medidas de aislamiento social que se tomaron para enfrentarla. Esto implicará que, sin haber hecho absolutamente ningún esfuerzo para generar las condiciones necesarias para un aumento de la capacidad productiva del país, la administración peronista posiblemente llegue a la elección del año que viene con la economía creciendo en términos interanuales y con el favor que esto suele generar en los votantes. El tiempo dirá.

Llamado a la solidaridad de la política

Resulta desalentador ver cómo el presidente y un sector mayoritario del partido gobernante parecen resistirse al reclamo natural de un recorte en los sueldos de funcionarios, legisladores y jueces durante la emergencia por la pandemia de coronavirus.

En este momento en el que, frente a la cuarentena obligatoria, una parte importante del sector privado tuvo que detener sus actividades e interrumpir de ese modo sus fuentes de ingreso es completamente lógico que se le pida al sector público que renuncie a una parte de sus sueldos para asistir a los más perjudicados.

Esto no sería tan necesario en un país con acceso al financiamiento o cuyos habitantes tuvieran predisposición para atesorar la moneda local. Pero en Argentina, en donde esto no sucede, el déficit fiscal que generará el incremento del gasto público para asistir a los sectores damnificados por la pandemia será cubierto con emisión monetaria y todo peso que sobre irá muy probablemente al dólar, presionando su cotización en el mercado paralelo, o a la adquisición de bienes, generando mayor inflación y/o desabastecimiento, dependiendo de cómo actúe el gobierno en materia de control de precios.

Por este motivo, todo esfuerzo que pueda hacer el sector público para compensar con una reducción del gasto ordinario el gasto excepcional que está provocando la pandemia puede permitir evitar una penalización mayor para el sector que hasta el momento está cargando con el grueso del costo económico de este evento histórico, el privado.

En definitiva, como ya había sucedido durante la crisis económica que se inició hace ya 2 años, una parte importante de la política parece resistirse a reducir sus privilegios aun en medio de esta emergencia inédita.

En los últimos años resultó evidente la falta de predisposición de la clase política para poner en equilibrio las cuentas públicas, que tuvo como desenlace la crisis de la deuda pública que hoy estamos atravesando y que desalentó la inversión privada indispensable para el crecimiento de cualquier economía capitalista. Y pareciera que ni siquiera un evento de la magnitud de esta pandemia termina de despertar a una parte importante de la misma sobre la necesidad de participar en el esfuerzo que hoy está llevando adelante la sociedad argentina.

Se requiere urgentemente que un gobierno que utiliza en forma intensiva la palabra “solidaridad” predique finalmente con el ejemplo y se muestre a la altura de este desafío histórico. 

Creciente intervención del Estado en la economía

El mes de febrero dejó entre sus principales novedades el regreso de los topes a las tasas de interés, con la decisión del Banco Central de establecer un máximo del 55% para el costo del financiamiento de los saldos deudores de las tarjetas de crédito. Ya durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se había apelado a este tipo de instrumentos del que se ha abusado durante los últimos 70 años, con resultados negativos para la economía y el sistema financiero.

Para aquellos que teníamos la esperanza de que Alberto Fernández fuera una versión del peronismo más respetuosa del funcionamiento de los mercados, con medidas como ésta vamos viendo a eso como algo cada vez menos probable.

Si el Gobierno considera que las tasas de interés de las tarjetas de crédito se encuentran en niveles elevados como resultado de la existencia de prácticas oligopólicas en el mercado bancario, debería tomar medidas que incrementen la competencia en el mismo pero no utilizar estos topes que ponen a los precios en niveles arbitrarios, alterando señales que son esenciales para el normal desenvolvimiento de la economía.

Hay que tener presente que el sistema de precios produce una asignación eficiente de los recursos a lo largo de la economía. Indica cuáles son los sectores productivos más rentables para volcar el capital, el trabajo y/o la tierra. Si de algún modo se obstaculiza este sistema, la asignación de recursos va a perder eficiencia o no se va a realizar, llevando a una situación de bajo crecimiento o directamente al estancamiento de la economía.

Esto se ha observado en los últimos 8 años. Desde que comenzaron a introducirse medidas para manipular los distintos precios de la economía a partir del inicio del segundo gobierno de Fernández de Kirchner a finales del 2011 se entró en un período de estancamiento que aun no se ha podido superar. La liberalización de los precios que se llevó adelante entre 2015 y 2019 venía dando buenos resultados en sectores como el energético y el exportador y si el sistema político le hubiera dado continuidad a este marco más favorable para la inversión privada sin lugar a dudas esto se habría extendido a otros sectores. La reintroducción de estos obstáculos para la actividad económica siembra serias dudas para el futuro.

Resulta notable cómo todavía se continúa insistiendo con políticas económicas que no han resultado exitosas en ningún lugar del mundo y contras las cuales hace décadas vienen advirtiendo prestigiosos economistas. Evidencia del estancamiento conceptual en el cual se encuentra nuestra sociedad en materia económica es la vigencia que tiene hoy este pasaje de un trabajo del economista Raúl Prebisch sobre el estado de la economía argentina en 1956: “La intervención excesiva y desordenada del estado ha perturbado gravemente el sistema económico y ha generado beneficios extraordinarios para los buscadores de rentas pero no para los empresarios creativos o productores eficientes”. Si no logramos incorporar estos conceptos el futuro no será alentador. 

Un comienzo sin sorpresas

El nuevo gobierno puso en marcha en las últimas semanas el paquete de medidas económicas con el que lleva adelante su ataque inicial contra los persistentes problemas de la economía argentina, que la mantienen estancada desde hace ya 8 años.

Y, ciertamente, no hubo sorpresas en el mix elegido. Bajo el argumento de la emergencia económica, se ha multiplicado la intervención del estado en la actividad económica a través de nuevos impuestos, regulaciones y controles. Se pretende alcanzar el objetivo loable de mejorar la situación de los sectores más vulnerables pero al costo de generar una elevada incertidumbre respecto a lo que sucederá con los precios relativos en el futuro. En lugar de despejar el horizonte, se lo ha ocultado aun más detrás de una maraña de medidas cuyo impacto sobre las ecuaciones de rentabilidad de los distintos sectores puede volver a cambiar en cualquier momento por una nueva decisión gubernamental.

Una vez más se transmite un mensaje de falta de institucionalidad: el que llega al gobierno puede hacer lo que quiera sin límite alguno, con legisladores que apoyan leyes que se oponen completamente a otras que votaron un par de años atrás.

A esto se debe agregar que, fiel al estilo de los últimos gobiernos peronistas, no se percibe ni un solo guiño al capital privado. La retórica política se impone por completo a la necesidad económica. Pareciera desconocerse que en una economía capitalista la única manera de crecer es a través de la inversión privada y que una tarea esencial de cualquier administración es generar las condiciones para que ésta prolifere.

Por lo tanto, puede ser que este paquete de medidas provoque un alivio inicial, un pequeño rebote, aprovechando el margen que dejó la fuerte devaluación del peso y la imposición del cepo cambiario durante la gestión anterior, que permiten disponer y poder sacarle el máximo provecho a los dólares generados por el superávit comercial, que en noviembre alcanzó los 2.445 millones de dólares, el valor mensual más alto en más de 10 años. Pero sin lugar a dudas no pondrá en marcha un proceso de crecimiento sostenido en los próximos años.

En algún momento se deberá corregir el esquema, poniendo énfasis en la generación de un horizonte más claro y favorable, que permita impulsar la inversión privada. De lo contrario, se completará una nueva década perdida y difícilmente se superen los próximos tests electorales. En la última elección el peronismo todavía pudo jactarse de las mejoras obtenidas por amplios sectores de la población allá lejos entre 2003 y 2011. Pero si se mantiene este planteo inicial será afortunado si en los próximos cuatro años logra mínimas ganancias respecto a la situación recibida. 

De todos modos, se puede señalar como algo positivo que las nuevas autoridades parecen comprender la importancia del equilibrio fiscal, en contraposición a lo que sucedió durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, con un déficit fiscal que no dejó de subir a partir de 2011. Si esta aparente responsabilidad se termina trasladando a los resultados, se podrá descartar, al menos, los escenarios de inestabilidad y aceleración inflacionaria que se temían en las semanas previas al cambio de gobierno. 

El desafío de retomar el crecimiento

Sin ningún lugar a dudas, el principal desafío que enfrenta el nuevo gobierno liderado por Alberto Fernández es sacar a la economía argentina del largo estancamiento en el que se encuentra desde el 2012.

En los últimos dos mandatos presidenciales, la actividad económica no solo no creció sino que, dependiendo de cuál sea el resultado final de este 2019, se redujo alrededor de un 3%. Es decir, la economía argentina es hoy un 3% menor a lo que era en el 2011. Si además tenemos en cuenta que se estima que entre el 2011 y el 2019 la población del país se incrementó en un 8,9%, el ingreso anual por persona disminuyó más de un 10%.

En este aspecto, este nuevo mandato peronista se asocia con aquel que Carlos Menem inició en 1989, también con el reto de poner en marcha la economía tras un largo período de estancamiento.

Como siempre, no es difícil formular qué es lo que se requiere para que la actividad económica ingrese en un sendero de crecimiento, lo complejo es llevarlo a la práctica, en un clima de ansiedad, de expectativas de una pronta resolución de los problemas y de divisiones internas muy marcadas en la coalición que gobernará la Nación a partir del 10 de diciembre.

El punto esencial para generar las condiciones necesarias para el crecimiento económico es la estabilización de precios relativos que favorezcan la inversión privada. Y, para ello, la corrección del déficit fiscal es un punto insoslayable. Muy difícil imaginar que la economía crezca en los próximos años si no se resuelve el problema fiscal, no solo porque es un importante factor de desestabilización sino también porque genera una gran incertidumbre sobre cuál va a ser la carga tributaria y, por ende, la rentabilidad de los proyectos de inversión. En este último aspecto también es sumamente relevante cuál es el grado en el que se va a cerrar la economía, dependiendo de lo que signifique la promesa del presidente electo de no “traer remeras de China o bicicletas de Corea” o que se reediten las restricciones a las importaciones que se aplicaron en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner para hacer frente a la escasez de divisas.

Teniendo en cuenta todo esto, a la hora de afrontar el problema del crecimiento, el nuevo gobierno deberá resolver un dilema que se le presenta: la situación actual parece ofrecer margen para lograr una recuperación de corto plazo demorando las correcciones y definiciones esenciales para generar las condiciones para un crecimiento de largo plazo. Hay una tentación para ir en búsqueda de esa mejora inmediata a fin de complacer a los votantes, a los movimientos sociales y a los miembros más impacientes de la coalición. El resultado final dependerá, entonces, en gran medida de que Alberto Fernández apele lo mínimo indispensable a la solución fácil y de corto plazo y se concentre al máximo en sentar las bases para poner en marcha un proceso de crecimiento perdurable, algo que no se logrará en forma inmediata sino que llevará un tiempo de maduración.

¿Peronismo de los ´70 o de los ´90?

El contexto externo con el que iniciará su gestión la próxima administración, en particular en lo que tiene que ver con los términos del intercambio, es decir la relación entre los precios de los bienes que exportamos y los que importamos, nos lleva a asociarla más con el gobierno de Carlos Menem en la década del ´90 que con el resto de las gestiones justicialistas que se registraron en la historia argentina - Perón (1946/55), Cámpora/Perón/Martínez de Perón (1973/76) y Kirchner/Fernández de Kirchner (2003/15). De mantenerse en los niveles actuales los precios internacionales, el próximo gobierno no podrá impulsar el crecimiento de la economía promoviendo un aumento de los salarios reales y una expansión del gasto público como lo hicieron estos últimos.

Por lo tanto, las posibilidades de crecimiento de la Argentina durante el mandato de Alberto Fernández van a depender de que logre continuar con el proceso de recuperación de las exportaciones que se inició en estos últimos 4 años, consolidando la mejora de la rentabilidad del sector y planteando un marco de previsibilidad convincente, algo en lo que resultó especialmente exitoso el mandatario riojano, en cuya administración las exportaciones crecieron un 143%.

Sin embargo, ¿resulta claro que el próximo presidente va a elegir este camino, que es el que ofrece las mejores perspectivas para que la economía argentina reinicie su marcha tras 8 años de estancamiento? Ciertamente, no. Es que, así como se encuentran similitudes entre el contexto que enfrenta el peronismo hoy con el que enfrentó en los ´90, también las hay con el peronismo de los ´70, en particular, tras la muerte de Juan Domingo Perón en julio de 1974. Al igual que entonces, en la próxima administración el poder estará atomizado entre diversas facciones. Claramente, no habrá un líder indiscutido y carismático con la capacidad para disciplinar a la tropa peronista. En estas condiciones a Fernández le puede resultar sumamente dificultoso imponer los costos que diversos sectores de la sociedad deberán aceptar para estabilizar los precios relativos y poner a la economía en movimiento.  

De todos modos, más allá de cualquier especulación, la próxima administración contará con una importante ventaja respecto a la que se está yendo. Desde el inicio del actual mandato resultaba claro que, aun si se tomaba las mejores decisiones y se lograba generar las condiciones óptimas para el despegue de la inversión privada, el nivel de apoyo que Cristina Fernández de Kirchner conservaba en un segmento significativo de la población mantenía abierta la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder y de un cambio en esas condiciones. Esto actuaba como un factor disuasivo para la realización de inversiones que, muy posiblemente, en otro marco político se habrían llevado adelante.

Por el contrario, si la coalición que está llegando al poder logra generar condiciones favorables, la posible alternancia iría en la dirección de una consolidación de las mismas, no una modificación, y esto podría desencadenar la “lluvia de inversiones” que no llegó durante el mandato de Mauricio Macri en caso de acertarse en la formulación del esquema económico que regirá en los próximos años.