2013: una economía dominada por la política

Más que nunca, el acontecer económico del 2013 estará plenamente regido por lo que suceda en el terreno político. El kirchnerismo define su futuro y la economía será rehén de este hecho. Muy probablemente, en la medida en que las encuestas no brinden los resultados esperados, el Gobierno acelerará el crecimiento del gasto público a los efectos de modificar el humor popular, con las consecuencias que esto puede tener sobre la inflación.

De todos modos, el kirchnerismo ya no encontrará en la economía una aliada tan dócil y bien dispuesta. Así como en el 2010 y el 2011 pudo lograr un importante crecimiento de la actividad sin un incremento sensible de los precios sobre los salarios, es de prever que en las condiciones actuales alcanzar niveles de crecimiento semejantes tendría un costo mucho más alto en términos de caída del salario real. Esto se debe a que en ese se entonces se partió de una caída de la actividad de más del 3% y una tasa de desempleo del 8.7% en el 2009, que brindaron un margen mucho mayor para el aumento en el nivel de actividad que el que existe hoy en día. Las estimaciones más pesimistas sitúan al crecimiento del 2012 en torno al 0.5% y el nivel de desempleo es del 7.6%. Por otra parte, el hecho de que la inversión se haya derrumbado el año pasado también le pone un límite a las posibilidades de expansión. Por lo tanto, el Gobierno podría encontrar que los puntos que recupera en las encuestas como consecuencia del mayor movimiento económico se esfuman como resultado de los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.

Pero tal vez, el interrogante económico más importante a develar en el 2013 tiene que ver con las consecuencias que podría tener una eventual derrota del kirchnerismo, entendida como que no logra imponer por ninguno de los mecanismos disponibles la posibilidad de la relección de Cristina Fernández de Kirchner para el 2015.

Si acepta su derrota y admite la transición, el 2014 y el 2015 podrían ser años de normalización económica. Las fuerzas políticas con chances electorales tendrían entonces buenos motivos para utilizar ese período para poner en orden la economía sin cargar con los costos políticos que esto pudiera involucrar y podrían participar en alguna clase de acuerdo que viabilice el proceso.

Pero la derrota también podría impulsar al kirchnerismo a buscar por todos los medios posibles el debilitamiento de las alternativas políticas y la instalación de un candidato propio, con efectos inciertos sobre la economía. En un contexto de alta incertidumbre política y de gran dependencia del Gobierno del desempeño económico, un recrudecimiento de la inflación sería altamente probable.

Afortunadamente, todos podemos ser protagonistas de lo que suceda y forjar en forma conjunta nuestro destino. El proceso electoral del 2013 nos da la posibilidad de manifestar cuál es el país que queremos y cuáles son nuestras prioridades y si el mensaje es lo suficientemente claro, seguramente no será ignorado.

 

Las disyuntivas económicas del 2013 y más allá

Si el Gobierno continúa en el 2013 resistiéndose a introducir los cambios que la economía argentina requiere para volver a crecer a todo su potencial, a lo largo del camino se irá dando cuenta que tiene que elegir entre alternativas cada vez más desagradables.

Principalmente como consecuencia de la elevada inflación, que genera una gran incertidumbre respecto a lo que puede suceder con los precios relativos de la economía dificultando enormemente calcular la rentabilidad de cualquier proyecto productivo, la tasa de inversión en la Argentina se encuentra claramente por debajo de sus posibilidades. Y este hecho se ha visto exacerbado en el 2012 como resultado de los parches que el Gobierno aplicó a la economía para evitar enfrentar el problema inflacionario, como es el caso de las restricciones a la compra de moneda extranjera y a las importaciones. La víctima más evidente fue la construcción, desalentada por una caída de las ventas de inmuebles que en la Capital Federal se encontró en torno al 30% a lo largo del año. Pero muchos otros proyectos se dejaron de lado ante la imposibilidad de tener garantizado el suministro de las maquinarias y los insumos importados necesarios para llevar adelante la producción.

El hecho de que, como consecuencia de sus propias políticas, la tasa de inversión de la economía se encuentra por debajo de sus posibilidades obligará al Gobierno a optar en forma cada vez más inevitable entre una mayor inflación y un mayor desempleo. Finalmente, esta falsa disyuntiva, muchas veces esgrimida por los defensores de la política económica de los últimos 10 años para justificar la creciente inflación, se va a hacer realidad.

Esto se debe a que una menor inversión reduce el crecimiento de la demanda de trabajo del sector privado. Por lo tanto, baja la capacidad de la economía para absorber a todos los trabajadores que, como resultado del crecimiento de la población, se incorporan año a año al mercado laboral. Frente a un excedente de oferta en el mercado laboral, una posibilidad para restablecer el equilibrio es una caída del salario real. Esto incrementa el interés de las empresas en contratar nuevos trabajadores. Sin embargo, es poco probable que eso suceda en el contexto actual. Lo más factible es que los sindicatos obtengan aumentos de salarios por lo menos iguales que la inflación del año anterior y, si el Gobierno, con sus políticas fiscal y monetaria, convalida una inflación semejante, el salario real se mantendría, impidiendo reducir el excedente de oferta existente. Si el Gobierno, entonces, quiere impedir que la desocupación aumente tiene dos alternativas. Por un lado, puede incrementar la inflación por encima del nivel del año anterior a través de una expansión del gasto público, la oferta monetaria o una combinación de estos dos instrumentos. Con un incremento de los precios mayor al de los salarios se lograría la caída en el salario real que se requiere para incrementar la demanda de trabajadores por parte del sector privado. Por otro lado, el Gobierno podría reducir la desocupación haciendo que el sector público, tanto nacional, como provincial y municipal, absorba una parte o todos los trabajadores excedentes. Pero si la incorporación de estos trabajadores a la nómina salarial estatal provoca que la demanda total de bienes y servicios crezca por encima de la capacidad de producción de la economía también se va a generar un incremento de la inflación. Mientras mayor sea el excedente de oferta de trabajadores mayor va a ser el riesgo de que esto suceda.

El punto importante es que en la medida en que, precisamente, la capacidad de producción de bienes y servicios del país crece cada vez más lentamente, el margen de maniobra del Gobierno se reduce significativamente. La probabilidad de que el sector privado cree los suficientes puestos de trabajo disminuye y la disyuntiva Inflación/Desempleo se torna cada vez más inevitable.

La historia nos muestra qué es lo que está en juego. En 1970 el índice de precios al consumidor creció 21.7%. Tuvieron que pasar más de 20 años para que la inflación anual cayera por debajo de esa cifra. Durante la mayor parte de ese período, que fue uno de los de más bajo crecimiento económico de la historia argentina, los gobiernos priorizaron mantener bajo el nivel de desempleo a costa de una creciente inflación. Si bien las condiciones internacionales le ponen hoy al crecimiento un piso superior al que existía entonces las posibilidades de creación de riqueza y bienestar que se pueden desperdiciar si se continúa en esta dirección pueden ser equivalentes. No se trata de elegir entre el desempleo y la inflación sino entre el crecimiento y el estancamiento. En este año electoral tenemos la oportunidad hacer oír nuestra voz y rechazar el rumbo equivocado.

2013: ¿La última oportunidad para evitar la próxima crisis?

Tras ganar las elecciones en octubre de 2011, el Gobierno tuvo una gran oportunidad para introducir las correcciones que el modelo económico está pidiendo a gritos. Más que nada, poner en marcha un plan para reducir en forma gradual la elevada inflación. Las autoridades disponían entonces de 1 año sin elecciones para soportar los costos políticos que este dificultoso proceso hubiera generado. Es que, habría resultado difícil que, al menos durante la primera etapa del mismo, no se generara un enfriamiento de la economía. Pero ésta podría haber surgido renovada a tiempo para las elecciones del 2013 y, de esta manera, la apuesta podría haber rendido sus frutos.

Sin embargo, se optó por el cepo cambiario y las restricciones a las importaciones para enfrentar los efectos en lugar de las causas. Se reprimieron todas las vías de salida de las divisas, en lugar de actuar sobre el motivo de la fuga de las mismas: la creencia ampliamente justificada de que tarde o temprano el Gobierno iba a tener que corregir la creciente pérdida de competitividad de la economía provocada por la inflación con una fuerte actualización del precio del dólar.

Al dejar pasar esa oportunidad, la Argentina quedó en una situación muy comprometida. Cada año que pasa, se va incrementando el desequilibrio macroeconómico y, por ende, el costo político de corregirlo, y entonces la probabilidad de que se actúe en forma voluntaria para normalizar el funcionamiento de la economía se va reduciendo. En este contexto, el camino hacia la próxima crisis se transforma en la crónica de un final anunciado. Se taparán los agujeros mientras se pueda, hasta que estalle la bomba en la forma de una profunda recesión o una espiral inflacionaria.

Parece realmente difícil que el Gobierno tome nota de esto en el 2013. Si no modificó los lineamientos básicos del modelo económico en el momento más oportuno desde el punto de vista político, porqué lo va a hacer en un año electoral en el que se juega su futuro.

Aquí es donde entra en juego el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, uno de los políticos con mejor proyección electoral para el 2015. Los cálculos políticos de este contendiente de cara a las elecciones presidenciales de ese año podrían resultar decisivos para el devenir económico de la Argentina.

Si el gobernador considerase que su suerte está atada al desempeño económico del kirchnerismo y que llegar con una economía moribunda al 2015 plantearía una grave amenaza para sus posibilidades, entonces debería presionar por todos los medios posibles para que en el 2013 se implemente un programa que restablezca la confianza en la economía argentina y genere las condiciones para la recuperación de la inversión privada. De esta manera, tendría grandes chances de llegar a las elecciones presidenciales con una economía revitalizada que le sirva de plataforma a su llegada al poder. Si ésta es su lectura y con este fin logra encolumnar al peronismo detrás suyo y, mientras tanto, el Gobierno continúa despilfarrando su caudal político y debilitándose, el gobernador podría llegar a imponer su voluntad y un nuevo plan económico sería posible en algún punto del 2013.

Con este panorama, el año que viene se presenta tal vez como la última oportunidad para evitar la próxima crisis. Dejar pasar un año más sin introducir las correcciones que la situación exige va a seguir incrementando los costos políticos de normalizar la economía y éstos podrían volverse intolerables, incluso para las propias chances de Scioli, en el 2014 o más allá. Y cuando asuma el próximo gobierno ya puede ser muy tarde o éste puede ser demasiado débil para afrontar la tarea requerida.

El nuevo modelo económico del Gobierno

En las últimas semanas se vienen registrando cambios significativos en el manejo por parte del Gobierno de importantes variables económicas, algo que invita a pensar que éste puede estar poniendo en práctica un nuevo modelo económico, tras verificar que el anterior era a todas luces insostenible en el tiempo.

Las 3 áreas principales en las que se vienen observando estos cambios son la cambiaria, la fiscal y la de precios de los servicios públicos. En el plano cambiario, tras varios años en los que la inflación superó ampliamente al ritmo de incremento del dólar, en las últimas semanas se viene registrando una tendencia hacia la convergencia entre ambos. Mientras en el primer cuatrimestre el precio del dólar oficial había subido a una tasa anualizada del 7.6% y en el segundo cuatrimestre lo hizo al 14.2%, en lo que va del último cuatrimestre esa tasa ascendió al 18.1%. Y en las últimas semanas, se aceleró al 21.7%, muy cerca del ritmo de crecimiento de los precios, que las consultoras privadas estiman por encima del 24%. De mantenerse esta tendencia el Gobierno estaría contrarrestando una de las principales inconsistencias del actual modelo económico, que es la constante pérdida de competitividad del sector externo. Con los salarios aumentando invariablemente por encima de los precios de los bienes que comercializan, los exportadores y los sectores que compiten con las importaciones vienen encontrando crecientes dificultades financieras. Los segundos pueden ser protegidos por barreras al ingreso de productos extranjeros, no así los primeros que pueden tener que abandonar los mercados duramente conseguidos. De continuar esto, el superávit comercial tendería a volverse negativo acelerando la pérdida de reservas internacionales del Banco Central y obligando, al final del camino, a una brusca devaluación, a la búsqueda de financiamiento internacional o a ambas cosas.

En el terreno fiscal, los datos correspondientes al mes de septiembre - los últimos disponibles - confirmaron una clara tendencia descendente en el ritmo de crecimiento interanual del gasto primario (que no incluye los intereses de la deuda pública) del estado nacional. En el primer trimestre, éste había promediado un 39%, en el segundo trimestre se redujo a un promedio del 31% y en el tercer trimestre al 24%, siendo precisamente septiembre el mes con la tasa de incremento mas baja del año, poco menos del 20%. Un componente central, si bien no el único, de una política antiinflacionaria es la reducción en la tasa de incremento del gasto público. Si continúa en esta línea y acompaña este comportamiento con algún tipo de acuerdo para bajar las tasas de aumentos salariales en las paritarias del año que viene, el Gobierno podría comenzar a lograr algunos avances en relación al principal problema de la economía: la alta inflación.

Por último, en el área de servicios públicos, el Gobierno finalmente comenzó a aplicar una política de tarifas más razonable. En los últimos días anunció un aumento en las tarifas de luz y gas, para financiar la demorada inversión en la ampliación de las redes de estos servicios, y un incremento en el precio del gas en boca de pozo, una medida dirigida a estimular la inversión en la exploración y extracción de este combustible. De esta manera, el Gobierno comienza a desarticular una política que ha tenido diversos efectos negativos. Por un lado, ha contribuido a la caída en la producción energética y al fuerte aumento en las importaciones de combustibles, que superarán los 10 mil millones de dólares en el 2012. Por el otro, el enorme volumen de subsidios otorgados a las empresas de servicios públicos para cubrir sus déficits operativos ha sido uno de los motivos de la importante expansión en los últimos años del gasto público, una de las causas centrales del incremento de la inflación.

Por el momento, el Gobierno no ha encuadrado estos lineamientos dentro de ningún programa. Es decir, no ha asumido ningún tipo de compromiso en torno a ellos. Por lo tanto, puede tratarse de una estrategia temporal que será abandonada a tiempo para intentar obtener el mejor resultado posible en las elecciones legislativas del año que viene o incluso de una mera coincidencia casual de hechos inconexos y fortuitos. Pero también puede ser el resultado del reconocimiento de que la batalla por la re-relección está perdida y que quien sea el candidato del kirchnerismo en el 2015 tendrá más chances si se introducen hoy las modificaciones necesarias para que la economía llegue en buena forma a ese momento.  

Euro: ¿con los días contados?

A la luz de un conjunto de datos que han surgido en los últimos días, resulta cada vez más difícil imaginar que el euro, tal cual lo conocemos hoy, continúe existiendo mucho tiempo más. Parece baja la probabilidad de que países como España, Grecia, Portugal y, en menor medida, Italia o Francia mantengan esta sociedad que les exige condiciones cada vez más insostenibles en términos de su política doméstica.

Una reciente encuesta realizada en Alemania muestra que, a pesar de ser la principal responsable de la situación cada vez más grave de la economía de la eurozona y venir impulsando políticas que a todas luces están provocando un deterioro económico y social en todos los países de la periferia europea, el apoyo de los votantes alemanes hacia Angela Merkel, la primer ministra germana, se encuentra en el nivel más alto desde 2007, año en el que se inició la crisis.

Mientras tanto, el contexto político en los países más comprometidos, España, Grecia y Portugal, se encuentra en franco deterioro. El creciente desempleo que desde hace 4 años vienen registrando (en los dos primeros ya supera el 25% y en el tercero alcanzó en los últimos días el nivel récord del 15.8%) está haciendo sentir sus efectos en la arena política. Al margen de las manifestaciones que se tornan violentas en forma cada vez más frecuente, el apoyo de los partidos políticos que vienen implementando las políticas de austeridad está sufriendo una creciente erosión. En Grecia, las últimas encuestas ya ubican al partido Syriza, que manifiesta una clara oposición a las políticas que se están aplicando, por delante del partido que lidera la coalición gobernante. En España, si bien los partidos tradicionales mantienen el liderazgo han perdido un terreno importante en las encuestas desde las elecciones del año pasado. En estas elecciones, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español sumaron un 73% de los votos. Los últimos sondeos de opinión les otorgan entre un 55% y un 60%. En Portugal, el líder de la oposición, que extendió su liderazgo a más de 8 puntos porcentuales en las últimas encuestas, afirmó a fines de la semana pasada que las políticas de austeridad que viene implementando el país han fracasado y rechazó los próximos recortes al gasto público que busca imponer el partido gobernante.

Teniendo en cuenta este deterioro electoral y las magras perspectivas económicas (en los 3 países se proyecta una nueva caída en la actividad económica para el año que viene), no parece que den los tiempos para que las políticas que vienen impulsando los países del norte de Europa, liderados por Alemania, logren un retorno al crecimiento de estas economías. Lo que se pretende es que la elevada tasa de desocupación que hoy presentan, sumada a la flexibilización de sus regímenes laborales, provoque una caída en los salarios reales y que la reducción del déficit fiscal y la mejora en la relación deuda pública/PBI generen una recuperación de la confianza de los inversores. La combinación de estos factores impulsaría un aumento de la inversión, como consecuencia de la reducción en la tasa de interés resultante del regreso de los capitales y de la mejora en la competitividad causada por la caída en el salario real, y de esa manera estos países volverían a crecer.

El asunto es que los plazos para lograr estos resultados parecen demasiado largos, tras más de 4 años de sacrificio, para que los partidos que sostienen estos programas logren mantenerse en el poder el tiempo suficiente. Por otra parte, las actuales condiciones políticas y sociales conspiran contra la posibilidad de que estos resultados se concreten.

La eurozona no tiene peores indicadores que Estados Unidos. Su déficit fiscal consolidado fue en el 2011 del 4.1% del PBI, contra el 9.8% en Estados Unidos. Su endeudamiento total del sector público ascendió a 92.7% del PBI, contra el 103% en Estados Unidos. En 2011 registró un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos del 0.1% del PBI, contra un déficit del 3.1% en Estados Unidos. Si se viera a sí misma como una unidad, en la que coexisten regiones más ricas y regiones más pobres, podría encontrar una solución mucho más viable que obligar a las regiones más retrasadas a soportar todo el peso del ajuste. Pero hasta el momento no es esta la posición ni de los líderes ni del pueblo alemán y si no modifican su postura el euro tiene los días contados.

El avance de la pesificación

En las últimas semanas los gobiernos de las provincias de Chaco y Formosa vienen avanzando en la pesificación de sus compromisos en dólares. Se trata de un eslabón más en el proceso de pesificación forzosa de la economía que viene impulsando el gobierno nacional desde el establecimiento del cepo cambiario hace exactamente 1 año.

El Gobierno ha hecho de la necesidad una virtud. Nadie puede negar lo atinado del objetivo, que los argentinos podamos transaccionar y ahorrar en nuestra propia moneda sin tener que apelar al dinero extranjero, pero lamentablemente éste ha sido un propósito surgido esencialmente de la necesidad. El hecho de que el dólar viniera subiendo por debajo de la inflación prácticamente en forma invariable durante los últimos años y el conocimiento del público de que esto no puede continuar en forma permanente alimentó la expectativa de devaluación del peso que generó una fuerte fuga de capitales y un drenaje de las reservas del Banco Central en los meses previos a las elecciones presidenciales del año pasado. Frente a esta situación, el Gobierno tenía distintas opciones: implementar un plan antiinflacionario (la correcta), aplicar una corrección brusca en la paridad peso dólar, subir las tasas de interés en pesos de manera que los activos en esta moneda fueran más atractivos que el dólar o restringir el acceso al mercado cambiario oficial.

Eligió la última de estas alternativas pero intentó ocultar su debilidad presentándola como un esfuerzo patriótico por recuperar la moneda argentina y detener el accionar de los especuladores que conspiran contra los intereses de la nación. Pudo resolver así el problema inmediato, la fuga de capitales y la pérdida de reservas, pero esquivó la solución de la causa de este problema: el creciente atraso cambiario. De esta manera, ganó tiempo y puede administrar con mayor comodidad las reservas que posee el Banco Central, pero tarde o temprano tendrá que hacer frente a esa cuestión y en ese momento las opciones van a ser más acotadas.

Mientras tanto, ha logrado avanzar con relativo éxito en el proceso de pesificación de la economía. En los últimos 12 meses, a pesar de ofrecer un rendimiento significativamente inferior a la inflación, los plazos fijos en pesos del sector privado crecieron un 53%. Asimismo, han proliferado las alternativas de inversión en pesos dólar linked que encontraron una buena demanda de parte de los inversores. Por ahora, muchos argentinos se resisten a convalidar un valor del dólar en el mercado informal que, a todas luces, está por encima del que debería tener en un contexto normal. Por otra parte, se ven desalentados a participar de este mercado ilegal en un momento en el que los resultados que pueden obtener todavía son inciertos.

No sorprendería que, envalentonado por este éxito, el Gobierno profundice este proceso obligando, por ejemplo, a que las transacciones inmobiliarias deban realizarse en pesos, una versión que surgió en su momento pero que aun no se concretó, posiblemente por el temor a agudizar aun más la caída de la actividad inmobiliaria. Esta decisión incrementaría automáticamente los precios de las propiedades y provocaría una merma adicional en la venta de inmuebles. Si se obligara al comprador de un departamento que hoy sale, por decir una cifra, 100 mil dólares a vender este monto en el mercado oficial obtendría 480 mil pesos, que equivalen a menos de 80 mil dólares en el mercado paralelo. Por lo tanto, muchos de los vendedores, que hoy están obteniendo 100 mil dólares, equivalentes a 630 mil pesos, retirarían su departamento del mercado, lo que implicaría que el mismo departamento se establecería en un valor superior al que tiene actualmente.

Más allá del éxito relativo que han tenido hasta ahora, las autoridades económicas deben tener presente que, al final del camino, la suerte de la pesificación está totalmente sujeta a la capacidad de los activos en pesos para proteger los ahorros del público frente a la inflación. En este sentido, existen dos caminos: bajar la inflación u ofrecer activos cuyo rendimiento esté alineado con ella. De lo contrario, la gente se irá volcando en forma creciente al dólar, no importa el precio que éste tenga ni lo ilegal que sea, sabiendo que a lo largo de la historia la moneda americana le ha permitido conservar el valor de compra de sus ahorros frente al comportamiento implacable de los precios domésticos.

¿Un rapto de moderación o un descanso antes del inicio de la próxima fiesta?

Los últimos meses han entregado algunos números fiscales alentadores para los que aun tienen la esperanza de que este gobierno no lleve a la economía por el sendero de una inflación creciente.

Con los datos correspondientes al mes de agosto se confirmó la tendencia descendente que viene mostrando a lo largo del año el crecimiento del gasto primario (que no incluye los intereses de la deuda pública) del estado nacional. El gasto público había crecido durante el primer cuatrimestre del 2012 a tasas interanuales de entre el 33% y el 45%. Sin embargo, en el segundo cuatrimestre estas tasas fueron de entre el 25% y el 33%, superando el 28% sólo en el mes de junio. Si consideramos una inflación en torno al 24%, de acuerdo a las estimaciones privadas difundidas por el Congreso de la Nación, estamos hablando de un gasto público que en 3 de los últimos 4 meses se habría incrementado en términos reales menos del 4% interanual.

Estos datos pueden ser tomados en forma optimista, creyendo que, conciente de los efectos que en los últimos años causó sobre los precios el sostenido incremento del gasto público acompañado por una política monetaria laxa, el Gobierno ha optado por el camino de la moderación, intentando aflojar las presiones inflacionarias.

Sería una decisión sabia teniendo en cuenta que la estructura de contención que erigió en el último año, con los controles cambiarios y las restricciones a las importaciones, no podrá soportar en forma interminable la convivencia de una inflación superior al 24% con una tasa de incremento del dólar por debajo del 15%.

Lamentablemente, si así fuera, el Gobierno sigue firme en su postura de no reconocer en forma abierta los problemas o tal vez considera simplemente que el contexto político no le permite actuar de otra manera. Es que si este “esfuerzo” se viera acompañado de un acuerdo con empresarios y sindicatos lo suficientemente amplio se podría lograr una reducción de la tasa de incremento de los precios en un lugar de apenas evitar que ésta suba.

Pero los datos también pueden ser interpretados en forma pesimista. Se puede tratar sólo de una pequeña pausa, un respiro. El Gobierno puede estar ahorrando energías, conservando la capacidad instalada disponible, para dar inicio a la fiesta en el momento oportuno, en aquél en el que pueda capitalizar al máximo políticamente el aumento en la actividad y el empleo, es decir en los meses previos a las próximas elecciones legislativas del 2013, que tienen un importancia clave para el futuro del kirchnerismo.

Ciertamente, es difícil creer que el Gobierno no va a utilizar todos los medios fiscales a su disposición para lograr el año que viene el triunfo electoral más abultado posible. Pero los optimistas siempre encontramos motivos para la esperanza. Desde esta perspectiva, tal vez las señales de moderación que reflejan los últimos números fiscales sean un indicio de que finalmente, a los tumbos y continuando ignorando públicamente los problemas de fondo de la economía, se está comenzando tímidamente a dar cuenta de ellos.