Medidas acertadas, rumbo incierto

Indiscutiblemente, las medidas que se vienen tomando desde el cambio de gabinete allá por noviembre están bien encaminadas, principalmente, desde el golpe de timón de finales de enero, cuando se comprendió que se estaba trabajando con un grado de improvisación inaceptable y que había que darle referencias al público y a los mercados si no se quería agotar las reservas en un puñado de meses.

En síntesis, tanto la devaluación, como la política monetaria más restrictiva, la presentación del nuevo índice de inflación, el acuerdo con Repsol por la estatización de YPF y el casi descontado recorte de los subsidios a los servicios públicos son todas medidas que venimos pidiendo hace rato y el Gobierno merece ser reconocido por avanzar con ellas, independientemente de si lo hizo arrinconado entre la espada y la pared o a partir de una auténtica comprensión de la necesidad de sanear la economía para retomar la senda del crecimiento.

Sin embargo, falta un elemento esencial para dar finalmente la vuelta a la página y mirar el futuro con cierto optimismo. Falta un plan que le dé un sentido claro a todo lo que se ha hecho, una hoja de ruta que nos permita vislumbrar claramente el rumbo y que defina los compromisos y sacrificios que deben asumir cada uno de los actores y, por sobre todas las cosas, que descarte de cuajo la interpretación que hoy se le puede dar a los hechos de que el Gobierno carece de estrategia y en verdad lo único que busca es llegar al 10 de diciembre del 2015 evitando el colapso de la economía.

Un ejemplo de los problemas que la ausencia de un conjunto de metas claras plantea son las negociaciones salariales que se han iniciado en estos días. Es completamente justificado pedirle a los trabajadores que moderen sus reclamos en estos momentos de crisis y que acepten una caída del salario real pero es natural que en un escenario de aceleración inflacionaria y sin un horizonte definido ellos se excedan en los salarios nominales que exigen. Cuánto más sencillas serían estas negociaciones, si bien no un trámite, si el Gobierno fijara objetivos de inflación para este año y los que vienen. Seguramente, al principio habría dudas respecto a estos compromisos pero se iría ganando credibilidad en la medida en que se los fuera cumpliendo.

Esto también sería esencial para avanzar en la reestructuración que la economía requiere. En la última década, la política económica favoreció una expansión desmedida en el sector de bienes destinados al mercado interno, básicamente los servicios, en desmedro de los destinados al mercado externo, la cual ha sido una de las principales causas de la crisis de balanza de pagos que estamos viviendo en los últimos meses. Inevitablemente, en los próximos años se debe modificar esta matriz. Un panorama hacia adelante en el que la inflación tienda a bajar, estabilizando o, idealmente, reduciendo aun más los costos laborales en dólares, sería un estímulo importante para el sector exportador y las empresas que compiten con las importaciones, y facilitaría la transferencia de los recursos humanos y de capital necesaria para ello.

Lamentablemente, es de esperar que el Gobierno se incline por la improvisación y evite los compromisos de mediano y largo plazo, que pueden condicionarlo y obligarlo a asumir costos políticos “innecesarios”. Pero, de esta manera, todo será más arduo y la recuperación tardará en llegar. 

El momento de compartir el esfuerzo

Todos saben o intuyen que ha llegado el momento de ajustarse el cinturón. En estos últimos años, los argentinos venimos incrementando nuestro consumo por encima de nuestras posibilidades y, si bien esta situación se ha podido sostener a costa de echar mano a las reservas internacionales del Banco Central, que cayeron alrededor del 30% en el 2013, como lo indica el rápido agotamiento de las mismas, los plazos para modificar este comportamiento  se vienen acortando cada vez más.

El Gobierno, indudablemente, ha tomado nota del asunto. La fuerte aceleración en el ritmo de incremento del dólar oficial es una clara evidencia de eso. El restablecimiento de la competitividad del sector exportador es uno de los componentes que debe tener cualquier plan para enfrentar la situación actual. Sin embargo, sin un plan antinflacionario serio, que vaya más allá de un acuerdo de precios como el anunciado, pocas serán las ganancias de competitividad y alto el riesgo de acelerar el proceso inflacionario en curso.

Pero, a juzgar por el horror que el Gobierno parece sentir por la aplicación de las verdaderas soluciones que la situación económica exige, es válido preguntarse hasta qué punto la responsabilidad de este impasse recae completamente en las autoridades actuales. ¿No hay en el fondo una sociedad que sólo está dispuesta a algún sacrificio cuando está hundida en las crisis más profundas? ¿No hay una falta de patriotismo, de ciudadanos sólo preocupados por su situación personal, dispuestos a mantenerla o mejorarla a cualquier precio, aun a costa del empobrecimiento de la Nación? ¿Y arraigada en esto, una cultura política renuente a los compromisos y al establecimiento de reglas de juego que impidan los excesos de los gobiernos de turno en los períodos de bonanza?

Los vergonzosos acontecimientos de diciembre, con las fuerzas policiales de numerosas provincias abandonando a su suerte a los ciudadanos que juraron proteger por un reclamo salarial, por más justo que éste sea, parecen ser una respuesta contundente a los interrogantes planteados, sin que sea siquiera necesario especular sobre el grado de participación que pudieron tener algunos sectores políticos en los eventos.

En este escenario, parece realmente difícil imaginar una sociedad dispuesta a asumir los sacrificios que este momento económico requiere, no importa que tan bien distribuido esté el esfuerzo entre todos los ciudadanos. Por ejemplo, cuesta pensar en los consumidores aceptando dócilmente un aumento en las tarifas de los servicios públicos. O en los sindicatos reconociendo la imposibilidad de seguir pagando los salarios en dólares vigentes en la actualidad. O en los argentinos, en su conjunto, concediendo que los recursos públicos son limitados y que debemos acordar en forma pacífica y, a través de los canales institucionales, cuáles son los mejores usos que podemos darles.

Esperemos que el 2014 sea un año en el que podamos madurar como sociedad. Que con la conciencia de los riesgos que corremos, estemos todos dispuestos, aquellos que más tienen doblemente, a aportar su grano de arena para que podamos sortear la difícil situación en la que nos encontramos. De lo contrario, seguiremos caminando con los ojos vendados hacia el próximo precipicio.

2014: el año que vivimos en peligro

El panorama económico que presenta este 2014 que acaba de comenzar es realmente poco alentador. Aun si el Gobierno acertase con las medidas que debe tomar, parece difícil evitar que este año empeore nuestra situación económica.

Por ejemplo, si el equipo económico tuviese éxito en mantener una cantidad razonable de reservas internacionales en las arcas del Banco Central y un nivel de desempleo como el actual, lo más probable es que esto sea a costa de una mayor inflación y una caída en el poder adquisitivo de los salarios. Por el contrario, si priorizase contener la inflación y evitar un deterioro de los salarios reales, podríamos empezar a observar un incremento en la desocupación. Esto tiene que ver básicamente con que el proceso inflacionario, el atraso cambiario y la incertidumbre general respecto a lo que puede suceder con las principales variables de la economía han desincentivado en los últimos años la inversión y han debilitado fuertemente la capacidad del sector privado para incrementar la oferta de bienes y servicios y crear nuevos puestos de trabajo.

La situación sería aun más alarmante si continuara el drenaje de reservas del Banco Central y el Gobierno se viera obligado a aumentar más la tasa de incremento del dólar oficial o, finalmente, a realizar una corrección brusca en la cotización de la divisa. Esto provocaría un salto en la tasa de inflación, como en Venezuela, en donde, tras la devaluación de febrero de 2013, la inflación pasó del 20% a más del 50%. Este escenario también implicaría una fuerte caída en el poder de compra de nuestros ingresos. Y lo que es peor, si la situación no fuera acompañada por un plan económico convincente se establecería un nuevo piso a la inflación, lo que dañaría aun más las perspectivas de los salarios y el empleo para el futuro y reavivaría el fantasma de los traumas inflacionarios del pasado.

A su vez, si el Gobierno hiciera lo que debería hacer, es decir, avanzar en el establecimiento de un dólar más competitivo y poner manos a la obra en la lucha contra la inflación, dos objetivos que implican una fuerte contención del gasto público y, tal vez, un aumento mayor al que hemos visto este año en la tasa de interés, consecuentemente, al menos en el mediano plazo, nuestra situación personal también se deterioraría. Por ejemplo, porque una reducción de los subsidios a los servicios públicos nos haría pagar mayores cuentas de luz y gas y nos dejaría menos ingresos disponibles para otros consumos. O porque el saldo de nuestra tarjeta de crédito vendría cada vez más abultado como consecuencia del mayor costo financiero. Además, un Gobierno más constreñido fiscalmente no podría salir a compensar las deficiencias del sector privado para generar empleo.

En síntesis, todos los escenarios posibles para este 2014, lamentablemente, plantean una situación económica que implica una pérdida de ingresos, una falta de oportunidades de empleo o ambas cosas.

Es importante destacar, de todas formas, que el último escenario propuesto al menos tiene la ventaja de ir sentando las bases para que la economía retorne eventualmente a la senda del crecimiento. Sería un esfuerzo que oportunamente rendiría sus frutos, en términos de multiplicar la creación de puestos de trabajo y generar una mejora en los ingresos. En el resto de los casos, sólo se trataría de continuar extendiendo en el tiempo el proceso de deterioro de la economía que comenzó hace algunos años.

¿El mismo contenido en un envoltorio distinto?

Las medidas que semana a semana viene tomando el nuevo equipo económico confirman la impresión inicial. Los cambios en el modelo sólo se limitan a una mayor predisposición para resolver los numerosos conflictos del estado argentino con las empresas internacionales que han litigado contra el país en el CIADI, con el Club de París y con los fondos buitre, la remoción de sus elementos más recalcitrantes para la opinión pública y el establishment, como Guillermo Moreno y, en menor medida, Mercedes Marcó del Pont, y una aceleración del aumento del dólar oficial para detener la pérdida de reservas del Banco Central. Las cuestiones realmente esenciales de la economía, como la baja de la inflación, el establecimiento de un tipo de cambio real que permita normalizar el mercado cambiario y restaurar el crecimiento del sector exportador y la reducción del gasto público necesaria para avanzar en esos dos aspectos clave, han sido hasta el momento soslayadas y los anuncios que se van conociendo no hacen más que reducir la probabilidad de que el Gobierno nos sorprenda con novedades en estas áreas.

Ejemplos de esto son los nuevos recargos de la AFIP al turismo y a las compras con tarjeta en el exterior y las restricciones que se impusieron para la primera parte del 2014 a las importaciones de automóviles y equipos electrónicos y de oficina. Si el Gobierno estuviera buscando el momento oportuno, tal vez en medio de las vacaciones de verano, para corregir el valor del dólar oficial y ubicarlo en el nivel “óptimo”, que se encuentra por encima de 8 pesos y por debajo de 9,50 pesos, no hubieran sido necesarias esas medidas. El nuevo valor del dólar oficial sería suficiente para desalentar el turismo argentino en el exterior y las compras de bienes importados, con la ventaja adicional de que sería un estímulo muy importante para la producción local de bienes y servicios para los mercados externos y para el turismo extranjero en nuestro país.

Si queremos encontrar motivos para el optimismo a pesar de estas señales contrarias a esa postura, podemos pensar que el Gobierno ha optado por el camino del gradualismo, a partir de la conveniencia política pero también del deseo de no provocar ninguna conmoción en la población a través de medidas que tengan un fuerte impacto en su situación. Pero, lamentablemente, la historia argentina de los últimos 70 años no es muy alentadora en este sentido. Por ejemplo, en este período nunca se pudo ir desde una situación de atraso cambiario hacia un tipo de cambio real competitivo en forma gradual, siempre se lo ha hecho en forma brusca. En lo que respecta a la inflación, la historia tampoco nos brinda un gran estímulo. En los últimos 70 años, sólo 4 veces se logró reducir la inflación a un dígito, tras haber subido por encima del 20%. En tres de ellas (1953, 1993 y 2003), el esfuerzo antiinflacionario fue producto de un “trauma”: la inflación más alta en más de un siglo en 1951, del 50%, la hiperinflación de 1989 y el colapso de la convertibilidad en 2002. La única excepción: 1968.

Esperemos que el nuevo equipo económico logre su cometido, si realmente lo es, de revertir el atraso cambiario en forma gradual y que no sea necesario volver a atravesar una situación traumática para resolver el problema de la inflación. Pero en la medida en que no veamos medidas más contundentes y resultados, habrá cada vez menos dudas de que el rumbo económico actual es el mismo contenido en un envoltorio distinto.

Un comienzo sin sorpresas

Pasados los primeros 15 días de gestión del nuevo equipo económico no hubo ninguna sorpresa. Sólo se profundizaron las líneas de acción que se han venido planteando a lo largo del año en distintos frentes. En el área de la energía, el principio de acuerdo con Repsol por la expropiación del control accionario de YPF marca una continuidad con los intentos de activar la explotación de los vastos recursos que el país posee. Las negociaciones con la petrolera española también se inscriben dentro de la estrategia, explicitada luego de la derrota en las primarias abiertas, de comenzar a resolver los numerosos conflictos con empresas extranjeras en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, con el objeto de destrabar créditos de organismos multilaterales y preparar el terreno para un retorno a los mercados de capitales internacionales. A su vez, en el ámbito cambiario, la nueva gestión económica aceleró la tasa de incremento del dólar oficial, que anualizada ascendió en estos últimos 15 días al 65%. Nuevamente, no se trata de un enfoque distinto, teniendo en cuenta que a lo largo del año el Gobierno ha ido modificando la tasa de devaluación en forma brusca y que, por ejemplo, en la segunda mitad de agosto la misma alcanzó el 46% anual. Es decir, ya se había reconocido meses atrás que no se podía permitir que la inflación continuara ubicándose por encima de la variación del dólar oficial como en los últimos años, por el daño que esto provoca a las economías regionales y al crecimiento de las exportaciones y por el incentivo que brinda a la demanda de bienes extranjeros y al turismo argentino en el exterior, y que había que comenzar a revertir este proceso.

En definitiva, la estrategia parece ser clara: a los fines de detener la fuerte caída de reservas que viene registrando el Banco Central a lo largo del año y que son el único recurso con el que cuenta el Gobierno para mantener el control de la situación económica e imponer su propia agenda, pretende atraer inversiones extranjeras en el sector energético, conseguir, en lo inmediato, préstamos de organismos multilaterales y, más adelante, acceder a los mercados de capitales internacionales y, a través del aumento del dólar oficial, incentivar ventas al exterior demoradas a la espera de un cambio más favorable y desalentar las compras de bienes importados y el turismo en el extranjero, al encarecerlos. Esto último, con un enfoque gradual, mirando semana a semana el impacto sobre la inflación y sobre el humor del público.

Desde esta perspectiva, algunas decisiones que muchos esperaban, las de mayor impacto político, como el recorte de los subsidios a los servicios públicos, una brusca devaluación del tipo de cambio oficial o un plan antiinflacionario, parecen seguir quedando relegadas, a la expectativa de que la estrategia puesta en marcha brinde los resultados esperados. ¿Porqué asumir el elevado costo político de cualquiera de estas medidas, que posiblemente sepultaría las posibilidades electorales del Gobierno en las elecciones del 2015, si esta estrategia le permite mantener la situación económica bajo control hasta entonces? Habrá que ver si las próximas semanas confirman esta lectura o ponen en evidencia sus errores.

Por el momento, si bien las directrices planteadas son, en líneas generales, acertadas el comienzo de este nuevo equipo económico no conmueve. Habría que ir mucho más a fondo en distintos ámbitos para poner a la economía nuevamente en marcha y evitar un deterioro de la situación de la población en los próximos años. Pero lo cierto es que tal vez no se debía esperar otra cosa. Después de todo, inevitablemente los intereses políticos siempre prevalecen sobre el interés general.  

¿Se viene un cambio en las políticas económicas?

Hoy nos encontramos frente al inicio de una nueva etapa política en la Argentina. La derrota electoral del Gobierno ha descartado la posibilidad de Cristina Fernández de presentarse como candidata a presidente nuevamente en el 2015 y, por lo tanto, alguien que no pertenece al matrimonio Kirchner se sentará en el sillón de Rivadavia a partir del 10 de diciembre de ese año.

Esto no implica necesariamente un cambio en las políticas económicas que se vienen aplicando. Por empezar, el Frente para la Victoria continúa siendo la principal fuerza política a nivel nacional y, de mantener en el 2015 el caudal de votos de las elecciones del 27 de octubre, tendría serias chances de, al menos, llegar a un ballotage si la oposición replicara este escenario de atomización. Por otra parte, una victoria de la oposición tampoco nos garantizaría un cambio de rumbo económico. Desde el regreso de la democracia en 1983, los golpes de timón en materia económica (en 1989 y 2002) fueron el producto inevitable de las circunstancias, una imposición de la realidad, y no una elección de nuestros dirigentes. Se tuvo que llegar a una hiperinflación en un caso y a una desocupación del 25% en el otro, al borde del estallido social en ambos, para que los gobernantes modificaran las políticas económicas vigentes. ¿Porqué entonces habría de suceder algo distinto ahora?

Sin embargo, a aquellos que tenemos una naturaleza optimista nos gusta detenernos en las señales esperanzadoras y no en los motivos para el desaliento. Y los eventos que se vienen dando en los últimos meses en los países sudamericanos muestran claramente el camino a seguir, incluso a aquellos a quienes les cuesta hilar fino. Por un lado, está el caso de Venezuela, que presenta en forma anticipada hacia dónde llevan la políticas económicas que se vienen aplicando en nuestro país: aceleración inflacionaria (ya supera el 50% anual allí), escasez de bienes de consumo e insumos, estancamiento económico, etc. Y, sin el carisma de Hugo Chavez, al actual presidente, Ricardo Maduro, le está costando manejar el desgaste político que todo esto conlleva, al punto de que se empieza a dudar de que pueda terminar su mandato. Mientras tanto, otros países vecinos permitan visualizar cómo el éxito político no está disociado de las políticas económicas responsables, del respeto de los equilibrios macroeconómicos básicos. En Brasil, tras las manifestaciones que hace algunos meses lastimaron su popularidad (ojalá en la Argentina debatiéramos si es mejor utilizar los recursos públicos en la construcción de estadios de fútbol o en la educación), la presidente Dilma Rouseff se ha recuperado y aparece perfilada para ganar un nuevo mandato (el cuarto consecutivo) para el Partido de los Trabajadores (PT) en el 2014. En Chile, Michelle Bachelet es la favorita a llegar nuevamente a la presidencia en las próximas semanas, con lo que se transformaría en la primera persona en alcanzar dos veces esta posición desde el regreso de la democracia en el país transandino.

La evidencia está ahí para que los políticos argentinos la analicen. Aun para un líder de condiciones únicas como Chavez hubiera sido difícil gobernar hoy Venezuela. Los beneficios de corto plazo de sus políticas económicas ya han quedado en el pasado y lo que queda por delante es un camino arduo y sinuoso, si es que deciden mantener el rumbo. En el resto de los países de la región, aun con las dificultades propias de cada caso, el panorama es más alentador y los políticos en el poder están obteniendo réditos de ello. ¿Porqué no ser optimistas entonces?

Momento de decirle la verdad a la gente

Hoy existe un consenso prácticamente total entre los economistas, independientemente de su posicionamiento ideológico, respecto a las medidas de fondo que deben tomarse para enderezar el rumbo económico. Incluso aquellos economistas vinculados al Gobierno que no temen herir la sensibilidad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, coinciden en el diagnóstico general y en la receta básica.

De acuerdo a este diagnóstico, los problemas de fondo de la economía son la elevada inflación y el atraso cambiario. El contexto inflacionario afecta la capacidad de los empresarios para tomar decisiones de inversión. Pueden calcular la rentabilidad de un proyecto hoy pero no pueden saber qué va a pasar con ella en los próximos años, porque no tienen la menor idea de si los precios de los bienes o servicios que producen van a aumentar más o menos que sus costos. Por lo tanto, sólo aquellos proyectos con una alta rentabilidad se llevan adelante y la inversión se resiente, afectando la capacidad de la economía de crear puestos de trabajo. El atraso cambiario, a su vez, genera una tendencia hacia la insuficiencia de divisas. Esto se debe a que, por un lado, al bajar la rentabilidad de la producción de bienes exportables y al generar la expectativa de una devaluación en el corto o mediano plazo, desalienta la inversión en el sector exportador e incentiva la acumulación de stocks provocando una tendencia al estancamiento de las exportaciones. Y, por el otro, al abaratar en términos relativos los productos importados y el turismo en el exterior, impulsa su consumo. Como se entiende claramente, el crecimiento más rápido de las importaciones y el más lento de las exportaciones provoca una necesidad creciente de moneda extranjera, algo que resulta evidente en estos días en que la situación está siendo afrontada gracias a las reservas acumuladas en el Banco Central en los tiempos de vacas gordas.

Existe un consenso general en que, para resolver estos problemas, se requiere un plan económico que incluya una devaluación significativa del tipo de cambio oficial y un programa antiinflacionario. Para ser viable, este plan debe involucrar una importante reducción en el déficit del sector público, algo que puede comenzar a ejecutarse con la eliminación de los subsidios a los servicios públicos, una parte importante de los cuales es completamente injustificada desde cualquier enfoque ideológico desde el cual se la mire. Podrá haber discrepancias respecto a cuál debe ser el nuevo valor del dólar, si debe haber superávit fiscal o un déficit moderado es aceptable y si este resultado debe ser alcanzado con más impuestos o menos gasto público y, en este último caso, en qué áreas debe recortarse el gasto, pero las coincidencias básicas son notablemente amplias.

Los políticos deben tomar nota de este consenso general entre los economistas. Tras las elecciones legislativas y de cara al 2015, parece haber una gran paridad entre las 3 o 4 fuerzas políticas con chances de llegar a la presidencia. Por lo tanto, existe una oportunidad única para elaborar un acuerdo en el cual estas fuerzas compartan los costos políticos de enderezar el rumbo económico. Todos se beneficiarían con un acuerdo de estas características. No se puede predecir a ciencia cierta a quién le va a explotar la bomba de tiempo económica que hoy está activada. Puede explotarle a este gobierno pero también al próximo. De modo que todos aquellos que tienen chances de ganar en el 2015 están igualmente expuestos a tener que terminar asumiendo todo el costo político ellos solos. ¿Están dispuestos a jugar a esta ruleta rusa?

Alcanzar este acuerdo permitiría sacar ciertas premisas económicas básicas de la ecuación política, contribuiría a sentar las bases para poner en marcha un proceso serio de desarrollo y, por encima de todas las cosas, mostraría, tal vez por primera vez en los últimos 40 o 50 años, una clase política dispuesta a decirle la verdad a la gente antes de que la crisis económica hable por sí sola.