¿Continuidad o cambio?

En una campaña electoral completamente vacía de debate sobre las políticas económicas a seguir durante los próximos 4 años, lo único que pareciera estar en juego es una disyuntiva vaga entre continuidad o cambio.

Sin embargo, lo cierto es que, tras 4 años de estancamiento económico y con el agotamiento de las reservas internacionales y del superávit comercial, la posibilidad de una continuidad de las políticas actuales durante la próxima administración es improbable, gane quien gane las elecciones presidenciales de octubre.

Hay que tener presente que en diciembre de 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner inició el actual mandato, las reservas del Banco Central se ubicaban en 46 mil millones de dólares y el superávit comercial, en torno a los 10 mil millones de dólares. Hoy, las arcas de la entidad monetaria, apuntaladas por préstamos del Banco Central de China, por los pagos de la deuda que no se pudieron realizar como consecuencia del bloqueo del juez Griesa y por otros atrasos, se ubican por debajo de los 34 mil millones de dólares. Y, en los primeros 5 meses del año, el superávit comercial apenas se acercó a los 800 millones de dólares. Es decir, al inicio del actual mandato, existía margen para que la economía se mantuviera en marcha, aun con crecientes dificultades, sin realizar cambios de fondo. Se podía utilizar el impulso del gasto público y de la expansión de la oferta de dinero, las herramientas al alcance de las autoridades, y confiar en el excedente comercial y las reservas existentes para hacer frente a las necesidades de divisas que pudieran surgir. Pero hoy ese margen es exiguo.

El gobierno que asuma puede apostar a una oportuna recuperación de los precios de los productos agropecuarios, a que Brasil salga del estancamiento o al financiamiento externo que pueda conseguir en las condiciones actuales, pero ésta sería una apuesta sumamente arriesgada ya que implicaría dejar pasar la ventana de oportunidad política que brindará la victoria electoral.

Desde ya, la introducción de cambios en la orientación económica no implica necesariamente un resultado exitoso. Por ejemplo, se puede trazar ciertos paralelismos entre el panorama de hoy y el de finales de 1999, cuando asumió el gobierno de Fernando de la Rúa, si bien en ese momento la situación era un poco más acuciante, con un déficit comercial de alrededor de 2 mil millones de dólares, un nivel de deuda pública más comprometedor y reservas internacionales de 19 mil millones de dólares. En aquel entonces, como ahora, se requería un cambio para apuntalar a la economía. Se optó por el tristemente célebre “impuestazo” de José Luis Machinea, una medida con la que no se logró revertir el proceso de deterioro y que comenzó a pulverizar el capital político con el que contaba la administración.

En definitiva, la incertidumbre que hoy podemos tener respecto a lo que hará el próximo gobierno no pasa tanto por si habrá o no cambios en las políticas económicas actuales sino más bien por cuál será la profundidad, la naturaleza y la viabilidad política que éstos tendrán. Estas son las cuestiones que deberemos tener en mente cuando decidamos nuestro voto, sin contar, para ello, lamentablemente, con la ayuda de los candidatos, que a lo largo de la campaña se vienen esforzando por mantener sus planes, si es que los tienen, en el más absoluto de los secretos, limitándose a decirle a cada auditorio lo que éste quiere escuchar.

La misión principal del próximo gobierno

En la nota de tapa de esta edición se analiza en profundidad la situación crítica de las cuentas fiscales, con un déficit que, en la perspectiva histórica, sitúa a la actual gestión económica en una compañía de la que seguramente no se enorgullece. Como se verá más adelante, el resultado fiscal con el que se estima va a finalizar este año va a ser uno de los peores de la historia y se ubicará en niveles semejantes a los registrados en el rodrigazo, la crisis de la deuda de principios de la década del ´80 y la hiperinflación a finales de esa misma década. Con este logro, Axel Kicillof quedará emparentado con ministros de economía como Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo, José Martínez de Hoz, Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann o Juan Sourrouille, algunos de los cuales ha criticado fervientemente.

Dejando de lado las particularidades de cada período, un punto en común que se puede identificar en todos ellos es la existencia de una economía que perdió el impulso del sector privado y en la que el sector público ocupó su lugar hasta el punto que la capacidad de endeudamiento y las restricciones externas le permitieron. Y lo que, a lo largo de estas experiencias, reprimió el impulso privado fue la falta de rentabilidad o, cuando ésta existió, la falta de garantías de que fuera a mantenerse en el tiempo. Esto fue producto, entre otras cosas, de las políticas erráticas, de la arbitrariedad y el oportunismo de los distintos gobiernos y de la falta de consenso de la sociedad respecto al modelo de país que se pretendía.

Esto se observa claramente en la última década. Entre 2003 y 2008, los extraordinarios precios de los commodities y el dólar alto brindaron condiciones de rentabilidad para que el sector privado anotara una expansión notable, también favorecida por el punto de partida bajo. Fue así como las exportaciones, el motor fundamental de toda economía para crecer en forma sostenida, casi se triplicaron en dicho período, pasando de 25.700 millones de dólares en 2002 a 70.000 millones de dólares en 2008, el año previo a la crisis internacional, que tuvo un fuerte impacto en el comercio internacional. Desde 2009 en adelante, con el proceso de apreciación cambiaria, que le bajó la rentabilidad al sector exportador, y las medidas y el discurso de un gobierno que pareció en muchos momentos dispuesto a avanzar sobre las ganancias de las empresas, comenzó a sentirse cada vez con más fuerza el estancamiento del sector privado. Los resultados en materia de exportaciones han sido contundentes: tras alcanzar un máximo de 84 mil millones de dólares en 2011 y mantenerse en los 2 años siguientes cerca de ese nivel, se desplomaron en el 2014, a un total de 72 mil millones de dólares, y se ubicarían en un nivel aun más bajo este año.

Resulta indiscutible que la misión principal del próximo gobierno es encender nuevamente el fuego de la iniciativa privada. Debe lograr crear condiciones de rentabilidad y perspectivas de que esa rentabilidad se va a mantener en el tiempo para las empresas, principalmente en el sector exportador. Y mientras mayor sea la participación y el compromiso de la dirigencia política, sindical y empresaria en este proceso mejores van a ser los resultados. De nada servirá el mejor programa económico si no cuenta con el grado de legitimidad suficiente que esa participación le puede dar.

Si no logramos avanzar en esa dirección vamos a quedar sujetos al azar de los precios internacionales de los commodities y al financiamiento que podamos conseguir, disputándonos una torta que no nos ponemos de acuerdo cómo hacer crecer y esperando el golpe que nos arroje hacia la próxima crisis.

Artífices de nuestro propio destino

Resultan muy llamativos los vaivenes de electrocardiograma que viene mostrando el mercado de capitales local al ritmo de los rumores políticos que mejoran o empeoran las perspectivas de los principales candidatos presidenciales para las elecciones de octubre. 

A la luz de la experiencia histórica de la Argentina, parece desmedido el optimismo que despierta la posibilidad de una victoria de Mauricio Macri. Si bien uno está dispuesto a las gratas sorpresas, cuesta imaginar que la nueva administración pueda introducir las correcciones que se requieren en la proporción adecuada para que la economía ingrese en un proceso de crecimiento sostenible sin sufrir un desgaste político que erosione la base de apoyo necesaria para garantizar la gobernabilidad.

No tiene porqué repetirse la historia, pero no hay que olvidar las dificultades que encontró el gobierno de Fernando De la Rúa, entre 1999 y 2001, para lograr ese equilibrio esquivo en nuestro país entre consistencia económica y gobernabilidad. Tres economistas de incuestionables calificaciones, como José Luis Machinea, Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo, echaron mano a diversas herramientas para torcer el destino de crisis de la economía, desde el aumento de los impuestos y el recorte del gasto público hasta la canasta de monedas y los planes de competitividad, pero en todos los casos chocaron contra la compleja realidad política de la Argentina.

Por lo tanto, en lugar de creer ingenuamente que el futuro va a ser luminoso si gana un candidato y completamente sombrío si se impone otro, tal vez debemos trabajar, cada uno desde su lugar, para construir en conjunto un modelo de país que despierte el mayor nivel de adhesión posible en la sociedad y que, a partir de esa legitimidad, se pueda mantener en el tiempo, una condición fundamental para que la Argentina pueda desarrollar su potencial. 

Desde esta perspectiva, no debería haber una disyuntiva entre la continuidad o el cambio sino que se debe procurar una continuidad con cambios, de modo de mejorar el funcionamiento de la economía pero sin alienar el apoyo de las miles de personas que encontraron en el modelo actual una contención y una luz de esperanza para el futuro luego de la profunda crisis de la salida de la convertibilidad. De lo contrario, los perdedores de hoy estarán agazapados, esperando su oportunidad para volver dentro de algunos años y revertir los cambios que se hayan introducido en el interín. Y, así, perderemos todos. Seguiremos deambulando entre rachas y crisis recurrentes, sin brindarle soluciones permanentes a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En síntesis, debemos ser artífices de nuestro propio destino, no dejarlo exclusivamente en manos de los políticos, que más que nada están interesados en llegar y permanecer en el poder y saben aprovechar al máximo las divisiones existentes en la sociedad que en las últimas décadas no hemos podido superar.

Una economía dominada por la cautela

Con su insistencia en no tolerar subas mayores al 28% en los salarios, exponiéndose así a las medidas de fuerza que varios sindicatos anunciaron para los próximos días, el Gobierno muestra una vez más cuál es su prioridad en lo que queda del mandato: entregar la economía lo más calmada posible el 10 de diciembre y deslindarse de la responsabilidad de cualquier medida que tomen las nuevas autoridades que pueda afectar el bolsillo de los argentinos.

Contrariamente a lo que algunos pensábamos, el Gobierno se está inclinando por la tranquilidad, en lugar de propiciar una mejora del consumo y de la actividad, que podría brindar algún rédito político pero que también entrañaría claras amenazas económicas. Es por eso que no dio lugar a aumentos salariales mayores, que hubieran aliviado el clima sindical, que sólo introdujo mejoras modestas en el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores o que deslizó hacia abajo con mucha timidez la tasa de interés.

El punto clave es que mientras mayor sea el incremento en el ingreso disponible de los consumidores en los próximos meses, mayor va a ser el aumento de la demanda de importaciones de bienes finales y de insumos destinados a la producción local y del dólar ahorro, que mes tras mes viene batiendo records. Y, teniendo en cuenta que aun en este período del año que es por cuestiones estacionales el de mayor ingreso de dólares las reservas internacionales del Banco Central están prácticamente estancadas, mayor es la fuerza con la que éstas pueden comenzar a caer.

Y, para evitar cualquier sobresalto, el Gobierno debe llegar al último tramo de su mandato con las reservas suficientes para hacer frente a la dolarización de carteras que muy probablemente se va a dar en ese momento. Es que, frente a la opinión bastante extendida de que la próxima administración va a propiciar una fuerte devaluación del peso, muchos de los ahorristas que en los últimos meses se volcaron hacia los depósitos en pesos para aprovechar la quietud del dólar (los depósitos a plazo en pesos en el sistema financiero aumentaron más del 25% en lo que va del año) van a regresar a los activos en la moneda norteamericana a medida que se acerque el 10 de diciembre.

En definitiva, las autoridades económicas deben asegurarse que el aumento en el consumo resultante de los incrementos salariales, el menor impuesto a las ganancias, las tasas de interés más bajas u otras medidas que se pudieran tomar no comprometa sus posibilidades de contar con el suficiente poder de fuego en el Banco Central para contener las presiones cambiarias que pueda haber entonces.

Esto permite entender cómo un gobierno que durante más de una década esgrimió a la expansión del consumo como uno de sus mayores argumentos y que no mostró la menor moderación a la hora de incrementar los salarios, independientemente de la capacidad de las empresas para solventarlos, ha cambiado tan abruptamente sus consignas en estos últimos meses de su mandato, entregándose a la mayor de las cautelas con el fin de proteger artificialmente un legado que ya hace bastante despilfarró.  

¿Hacia un veranito económico preelectoral?

En las últimas semanas el Gobierno parece estar preparando el terreno para mejorar la situación económica y levantar el ánimo de los votantes justo a tiempo para las elecciones presidenciales.

Primero y principal, en línea con la clara asignación de prioridades que ha hecho luego del sobresalto cambiario de enero de 2014, se aseguró dotar al Banco Central con el suficiente poder de fuego para hacer frente a las crecientes necesidades de dólares que una economía con mayor movimiento va a tener. Para ello, colocó deuda en los mercados de capitales, sin reparar en los costos, y se espera que continúe apelando a esta fuente de recursos en las próximas semanas.

En segundo término, en forma demorada y sin satisfacer los reclamos sindicales, las autoridades avanzaron con la reducción del impuesto a las ganancias. Teniendo en cuenta su magnitud, se trata de una medida con efectos más políticos que económicos. Se pretende desarticular o, al menos, disputar la afirmación de los dirigentes de la oposición de que el Gobierno está “metiendo la mano en los bolsillos de los trabajadores”. De todos modos, se trata de 6 mil millones de pesos que en las próximas semanas los beneficiarios podrán volcar a la compra de bienes o servicios o a la del “dólar ahorro”.

Pero, sin lugar a dudas, el impulso más importante que recibirá la economía en los próximos meses provendrá de los aumentos salariales que oportunamente la administración se asegurará que lleguen a buen puerto. Muchos atribuyen la demora que se viene dando en las negociaciones paritarias a un inédito celo de las autoridades en relación al impacto inflacionario de incrementos salariales desmedidos pero esta hipótesis resulta poco creíble. ¿Qué beneficio recibe el Gobierno si la inflación cierra esta año más cerca del 20% que del 30%? El daño político de la alta inflación ya está hecho y no se va a revertir porque eso suceda. La demora en las paritarias bien podría perseguir el objetivo de situar las mejoras salariales lo más cerca posible de las elecciones, al mismo tiempo que se reduce el costo de divisas que van a tener.

Es que el impulso que recibirá la economía con estos aumentos, que se ubicarán en torno al 30%, se verá claramente reforzado por el dólar planchado. En los primeros 4 meses del año el valor de la moneda americana en el mercado oficial se incrementó poco más de un 4%. Excepto un cambio imprevisto en el escenario o algún error de cálculo, este ritmo devaluatorio se va a mantener, si no se aminora aun más, lo que implicará un incremento de menos del 13% para todo el año. Esto redundará en aumentos en el poder adquisitivo de los salarios, que se verán potenciados en los sectores de menores ingresos, debido a que los precios de los alimentos, que tienen un mayor peso en su canasta de consumo, subirán por debajo de la inflación. Desde ya, este incremento en el salario real empujará el consumo y aumentará la demanda de divisas para importaciones de bienes finales y de insumos para los productores locales.

Obviamente, cualquier mejora que pueda haber en los próximos meses será temporal y tendrá un costo importante en términos de endeudamiento y de la utilización de los pocos dólares que aun quedan de los abultados superávits comerciales de antaño. Quedará para el próximo gobierno la tarea de poner en marcha nuevamente un proceso de crecimiento genuino y sustentable, para lo cual indudablemente necesitará coraje, ideas y el apoyo de toda la sociedad.

Sin motivos para el festejo

La colocación de deuda con la que el Gobierno días atrás consiguió casi tres veces la cantidad de dólares que pretendía provocó cierta euforia entre los principales funcionarios del ámbito económico. “Se demuestra de este modo que no es cierto que los fondos buitres nos habían puesto contra las cuerdas y nos llevaban al nocaut. El mito de que no hay financiamiento para la Argentina se cae”, señaló con aire triunfal el ministro de economía Axel Kicillof horas después de la publicación del resultado de la licitación. A su vez, el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, destacó al día siguiente: “Hoy las reservas internacionales subieron 1.247 millones, un día importante para los argentinos”, en relación al ingreso de los dólares obtenidos con la emisión en las arcas de la autoridad monetaria.

Pero, si bien es cierto que el resultado logrado por el Gobierno debe haber sorprendido a los analistas bien intencionados que en los últimos meses ponían en duda la capacidad de la administración para conseguir una cantidad de dólares considerable en los mercados voluntarios de deuda en el contexto del conflicto con los fondos buitre, el endeudamiento del país en sí mismo, sin formar parte de una estrategia integral para resolver los importantes problemas que presenta la economía, no puede ser jamás un motivo para el festejo. Más bien, si se utiliza una vez más, como en el pasado, para disimular los problemas y patear su solución para adelante, debe ser un motivo de preocupación.

Es que en nuestro país, la deuda pública neta, es decir, sin incluir la deuda del Tesoro con organismos del sector público, en relación al PBI, se encuentra en una situación relativamente favorable. Incorporando en ella la deuda en default, incluso considerando eventuales arreglos beneficiosos para los acreedores, no supera el 30%, cuando en Brasil, por ejemplo, se ubica en torno al 60%. La mayoría de los países del mundo tienen un endeudamiento superior al nuestro. Esto le brinda a la Argentina, bajo ciertas condiciones, la capacidad de acceder a un flujo de financiamiento que les puede permitir a las autoridades de turno esquivar las reformas necesarias para que se reactive la inversión privada y la economía recupere el dinamismo.

Para dar un ejemplo sencillo, mucho se habla de la necesidad de una devaluación del peso. Definitivamente, una devaluación exitosa reduciría los costos en dólares de las empresas exportadoras y mejoraría su rentabilidad, estimulándolas a aumentar su producción e incrementando, así, el ingreso de divisas para nuestra economía, lo que permitiría enfrentar los problemas de escasez que hoy existen. Sin embargo, desde la perspectiva de los políticos, una devaluación generará una caída en el salario real de los trabajadores y un costo político que puede ser importante. Es sumamente tentador, entonces, para ellos enfrentar la falta de divisas con endeudamiento externo, en lugar de con una corrección de la relación entre el peso y el dólar.

Pero esto no es gratuito. Cada año que nos demoramos en generar las condiciones para la reactivación de la inversión privada y, de este modo, el aumento de la capacidad del país para producir bienes y servicios, en el contexto de una población creciente, nos volvemos en promedio más pobres. Por lo tanto, si se utiliza al endeudamiento con esa finalidad indudablemente debemos preocuparnos por el futuro.

Muchos dólares, algunos interrogantes

Con la llegada de abril, comenzó la temporada de la liquidación de la cosecha de soja, el período del año en el que habitualmente se registra el mayor ingreso de dólares al país por sus exportaciones. Por ejemplo, en este mismo período del año pasado ingresaron 20.900 millones de dólares por ese concepto y en 2013, 22.300 millones. Esto contrasta con el resto de los trimestres de estos 2 últimos años, en donde las entradas por exportaciones alcanzaron un máximo de 20.000 millones, en el tercer trimestre del año pasado, y un mínimo de 15.200 millones, en el primer trimestre del mismo año.

El inicio de la temporada sojera se hizo sentir rápidamente en las reservas internacionales del Banco Central, que, al cierre de esta edición, se ubicaban en su nivel más alto del 2015, por encima de los 31.500 millones de dólares. También se percibió su efecto en el grifo cada vez más abierto del cepo cambiario. Tras vender 485 millones de dólares en marzo para fines de atesoramiento, fijando un nuevo récord mensual, la autoridad monetaria se mostró aun más generosa en este cuarto mes del año, desprendiéndose de 235 millones en sus primeros 5 días hábiles. Como es de esperar, esto presionó al dólar blue a la baja, ubicándolo en su nivel mínimo desde julio del año pasado.

Sin embargo, en el contexto de alivio y mayor holgura que este ingreso de dólares provoca, se plantea el interrogante de cuál va a ser el uso que el Gobierno le va a dar al flujo de divisas. Es que no se trata de una cantidad tan abundante para hacer frente a todas las necesidades que las autoridades tienen y, además, va a ser temporal.

Indudablemente, un objetivo prioritario del Gobierno en estas próximas semanas será intentar poner un freno a la caída de la actividad industrial, íntimamente ligada a la falta de insumos que las restricciones a las importaciones vienen provocándole al sector. Este cayó en febrero un 2,2% y suma 19 meses consecutivos de merma. En esta línea se encuentran los anuncios realizados por la presidente Cristina Fernández de Kirchner a finales de marzo de planes para el canje de electrodomésticos y la renovación del parque de taxis, entre otras medidas.

Merece un punto aparte la política de las autoridades económicas en relación al dólar ahorro. Ciertamente, sorprende la cantidad de reservas que están sacrificando con el fin de abastecer esta demanda, que años atrás fue vilipendiada, y que no se conformen con mantener en el 50% una brecha que llegó a superar el 80% en septiembre del año pasado. Uno imagina que tendrán el cálculo muy bien hecho de cuántos dólares necesitan de acá a diciembre y cuántos pueden conseguir para estar dispuestos a utilizar un volumen tan importante en algo que no parece ni por lejos lo más delicado políticamente. Como me decía hace poco un colega: “¿Qué porcentaje de las personas que compran dólares bajo esta modalidad puede llegar a votar por el candidato oficialista en octubre?”

Por último, el Gobierno tendrá que definir si necesita aprovechar la temporada sojera para aprovisionarse de los dólares que puede llegar a necesitar durante el resto del año. En este sentido, es de prever que si sabe que las reservas no van a alcanzar, mejor que la escasez se sienta ahora, a 6 meses de las elecciones, y no cuando los comicios sean inminentes.

En definitiva, en las próximas semanas recibiremos señales que nos permitirán ir desentrañando estos interrogantes. Podremos empezar a dilucidar si el Gobierno tiene margen para encarar el fin de ciclo con un espíritu festivo o si llegará a diciembre, con lo justo, pidiéndole la hora al referí.