Optimismo moderado

Al cierre de esta edición, Mauricio Macri está iniciando su mandato como nuevo presidente de la república. Su promesa de avanzar con las medidas que la economía necesita para volver a crecer tras 4 años de estancamiento y la composición de su gabinete con personas con la calificación y la seriedad necesarias para implementarlas invitan al optimismo. Sin embargo, los antecedentes históricos deben introducir una cuota de moderación en nuestras expectativas y actuar como un llamado a todos los argentinos a participar desde sus lugares para facilitar el proceso y contribuir a darle forma.

Para ilustrar las dificultades que el nuevo gobierno tiene por delante, se puede tomar por ejemplo la problemática del atraso cambiario, un tema que a lo largo de la campaña y en las semanas previas a la asunción ha prometido resolver. Esta problemática ha sido frecuente a lo largo de la historia económica argentina y aquellas administraciones que intentaron corregirla no tuvieron un buen final, si bien este resultado no puede ser atribuido exclusivamente a sus decisiones económicas.

Repasando los últimos 60 años, encontramos correcciones cambiarias de una magnitud como la que se podría requerir en la actualidad o mayor a fines de 1958, en 1967, en 1975, en 1981, en 1982 y en 2002. Hubo también una devaluación importante en 1989 pero ésta se dio en el marco de los intentos por detener el estallido hiperinflacionario de ese año y no con el objetivo de poner fin a un período más o menos prolongado de atraso cambiario. En todos los casos, la devaluación dio lugar a una importante caída del poder adquisitivo de los salarios que condicionó políticamente a las autoridades y seguramente contribuyó a su posterior caída. Esta caída del salario real fue de 25% en 1959, del 7% en 1967 (un impacto morigerado por la suba de las retenciones que se aplicó a los productos de la canasta familiar), del 35% en 1975, del 10% en 1981, del 10% también en 1982 y del 19% en 2002. En el primer caso, el gobierno de Arturo Frondizi fue derrocado por un golpe militar en marzo de 1962. Si bien es cierto que su salida del poder se dio más de 3 años después de la fuerte medida cambiaria que tomó, los salarios reales se mantuvieron significativamente por debajo de los niveles vigentes antes de la medida durante el resto de su gestión, aportando un motivo de malestar. El segundo caso es el menos trascedente por el impacto acotado de la devaluación. Aun así, el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía fue turbulento y se interrumpió en junio de 1970, con su reemplazo por otro representante militar, Roberto Levingston. Tras las medidas económicas de junio de 1975, la administración de Isabel Perón duró menos de 9 meses, aquejada desde ya por problemas que no se limitaban exclusivamente a lo económico. En 1981, Roberto Viola tuvo un mandato de apenas 8 meses y medio y, en 1982, Leopoldo Galtieri, de sólo 6. Aunque el desplazamiento de este último fue provocado por la derrota en la guerra de  Malvinas, muchas veces se ha señalado que con este conflicto se buscó una distracción de las dificultades económicas que el país atravesaba en aquel momento. Por último, en 2002 Eduardo Duhalde permaneció en el poder 17 meses luego de anunciar la salida de la convertibilidad.

A favor de Macri, hay que decir que, excepto en el caso de Frondizi, en el resto, las medidas fueron tomadas por presidentes que no habían sido elegidos por el voto popular y por lo tanto carecían de la legitimidad política suficiente para tomar decisiones que tuvieran un impacto tan fuerte sobre el nivel de ingresos de la población. Incluso el propio líder radical tenía una legitimidad cuestionable ya que había llegado a la presidencia favorecido por la proscripción del peronismo.

Estos antecedentes plantean, entonces, una oportunidad y también una advertencia a la hora de avanzar en la introducción de las modificaciones que la economía necesita. Indudablemente, tanto los asesores políticos y económicos del presidente como el resto de los integrantes de la sociedad debemos aprender de la experiencia del pasado para no caer en los mismos errores que han llevado a que la Argentina sea mirada con perplejidad en el mundo como un país que nunca termina de concretar su potencial.

Con el desafío de cambiar la historia

Estamos a pocas semanas del inicio de una nueva etapa en la historia de la Argentina, con el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner y el inicio del de Mauricio Macri o Daniel Scioli. Y, frente a este nuevo hito, se renueva la esperanza de que finalmente los argentinos dejemos viejos vicios de lado y comencemos a construir una nación nueva, con un futuro más prometedor.

En el ámbito económico, la expectativa es que el país abandone de una vez por todas el sendero de violentas crisis recurrentes que viene transitando desde hace 40 años. En este período, los argentinos atravesamos 4 episodios en los que el PBI cayó durante por lo menos 2 años consecutivos y acumuló una reducción superior al 4%: en 1975/76, con una merma del 4%, en 1981/2, con una del 11,3%, en 1988/90, del 12,7%, y en 1999/2002, del 24,1%. Si la próxima administración no acierta con las medidas necesarias para corregir los importantes problemas de fondo que presenta la economía, indudablemente el desenlace va a ser un nuevo episodio de este tipo y se marcará un nuevo trauma en la castigada memoria colectiva.

Este ciclo ininterrumpido de crisis no es malo solamente por la magnitud de las mismas y sus graves consecuencias sobre el entramado social. Al provocar constantes y prolongadas interrupciones en el proceso de acumulación de capital por parte de la sociedad, la alejan de su potencial productivo y condenan a los habitantes a un nivel de vida inferior a sus posibilidades.

Claramente, para el logro de este objetivo, no basta con la voluntad de quien se imponga en las elecciones del 22 de noviembre. Se requerirá del compromiso de las fuerzas políticas que queden en la oposición, de los dirigentes empresarios y sindicales y, por sobre todas las cosas, de la exigencia de todos los integrantes de la sociedad, que ya manifestaron mayoritariamente una sonora demanda de cambio el último 25 de octubre. Es que no se debe ignorar que la trayectoria económica que viene siguiendo el país en los últimos 40 años es el resultado de un complejo comportamiento social en el que los distintos actores buscan apropiarse de los méritos y los beneficios en las épocas de auge y evadir las responsabilidades y las pérdidas en las de caída, en lugar de asumir y repartir en forma colectiva tanto los logros como los fracasos.

Un hecho que podría alimentar la esperanza del cambio es la posibilidad de que llegue al gobierno en forma democrática por primera vez desde la reforma electoral de 1912 una fuerza política que no es ni el peronismo ni el radicalismo, si bien éste último forma parte de ella. Es válida la expectativa de que, en caso de asumir el poder, este partido incorpore nuevas prácticas y hábitos de conducción distintos en el manejo del poder ejecutivo.

Sea como fuere, quien asuma el 10 de diciembre afronta el enorme desafío de torcer la historia. Desde aquí, le damos todo nuestro apoyo y acompañamiento en esa empresa.

Pidiendo la hora

El Gobierno parece estar saliéndose con su cometido y está llegando a las elecciones presidenciales sin haber cedido un milímetro al “club de los devaluadores”, los fondos buitre y aquellos que “quieren ajustar” porque “nunca pasaron hambre”. Pero no lo hace con elegancia. Lo hace prácticamente pidiendo la hora, pasando la gorra entre sus amigos para que no se le acaben las pocas reservas que quedan o, al menos, para poder disputar las acusaciones de la oposición de que está dejando al Banco Central “pelado”.

Y la estrategia, a juzgar por los pronósticos de los encuestadores, parece estar dando sus frutos, con Daniel Scioli con chances de ganar los comicios en primera vuelta. De confirmarse estas predicciones, el tildado por algunos economistas opositores como “el peor ministro de economía de la historia” se irá a dormir el 25 de octubre con la íntima satisfacción de haber viabilizado con su gestión la victoria del candidato oficialista en un período de estrecheces que en nada se compara con los períodos previos a los triunfos electorales del 2007 o el 2011.

Los que no nos iremos a dormir satisfechos somos todos aquellos que soñamos con un país distinto: con un país estable, predecible, en el que se apliquen planes de largo plazo, en el que la gente no tenga que apostar todos sus ahorros en una timba, en el cual la supremacía de la política sobre la economía no sea tan brutal. Y no porque Scioli sea necesariamente un peor candidato que Mauricio Macri o Sergio Massa. ¿Quién puede asegurar con absoluta certeza cuál de estos políticos tiene la capacidad, la visión y las posibilidades para lograr los objetivos planteados?

Pero un triunfo del oficialismo es una victoria de la negación, de la vista gorda, de la mentira, de patear los problemas para adelante, de la falta de diálogo y acuerdos, de la priorización del corto por sobre el largo plazo, por no hablar de la corrupción, de la que han abundado acusaciones que aun no han sido confirmadas debidamente en los tribunales. Una victoria del oficialismo implica que una parte mayoritaria de la sociedad (al menos en los términos establecidos por la Constitución para la elección presidencial) está avalando, por ignorancia, negligencia o indiferencia, todas estas cuestiones. Y resulta altamente improbable que una sociedad que permite todas estas prácticas políticas pueda construir una nación como la que muchos ambicionamos.

¿Cuál es la actitud que debemos tomar si finalmente se confirman los pronósticos de las encuestas frente a este diagnóstico tan pesimista? Indudablemente, debemos redoblar los esfuerzos para trabajar sobre la educación y la concientización de la población pero, más que nada, debemos hacer una autocrítica y ver cuáles de todas esas prácticas que lamentamos en la dirigencia política adoptamos nosotros en nuestra vida cotidiana, cuando realizamos negocios, contratamos servicios o nos manejamos por la vía pública, contribuyendo a sostenerlas y perpetuarlas.

El ejemplo de Brasil

Los sucesos que vienen aconteciendo en Brasil deben ser seguidos de cerca por aquellos que quieren tener una idea más clara de cómo puede ser las cosas en nuestro país luego de las elecciones, a juzgar por los importantes puntos en común entre las dos naciones vecinas en estos últimos años.

Ambos países vienen mostrando una economía con poco lustre. La de Brasil creció al 1,76% en 2012, al 2,74% en 2013, al 0,15% en 2014 y se contrajo un 1,15% en el primer trimestre del 2015. La de Argentina presentó cifras del 1,9%, 2,9%, 0,5% y 1,1% para los mismos períodos. Con este telón de fondo y un año casi exacto de diferencia, llegaron a sus respectivas elecciones presidenciales. Tanto en Brasil el año pasado como en nuestro país éste, los partidos gobernantes esgrimieron la carta de la continuidad en materia económica sin anticipar la necesidad de cambios importantes para revertir el proceso de estancamiento. Asimismo, ambos vecinos están cerrando sus respectivos años electorales con enormes déficits fiscales (cerca del 6% del PBI en Brasil y se estima en cerca del 7% del PBI aquí).

Tras obtener la victoria electoral, y asegurar un nuevo mandato para el partido gobernante, la presidente brasileña Dilma Rousseff hizo lo que había asegurado que no era necesario. Con el objeto expreso de recuperar la confianza de los inversores para volver a poner a la economía en el sendero del crecimiento, puso en marcha un plan económico ortodoxo, de ajuste fiscal y devaluación de la moneda. Si bien, a medida que la recesión en el país vecino se fue profundizando y el apoyo político se fue evaporando, los objetivos se fueron flexibilizando, inicialmente se pretendía lograr un superávit fiscal primario del 1,2% del PBI en 2015 y superior al 2% del PBI en 2016. Al mismo tiempo, al cierre de esta edición la moneda brasileña llevaba perdido un 55% de su valor respecto al dólar desde el día siguiente del ballotage en el que se impuso Rousseff.

El resultado en términos políticos ha sido ampliamente negativo. La popularidad de la mandataria brasileña cayó al 8% en agosto, la más baja para un presidente desde el fin de la dictadura militar de ese país en 1985. Desde ya que la situación no se vio favorecida por el escándalo de corrupción en el que se vio envuelto el partido gobernante pero si el panorama económico no se hubiera vuelto tan sombrío, indudablemente, la imagen de la presidente no se hubiera visto tan afectada. Habría que ver hasta qué punto también incidió en esta cuestión la violación por parte de Rousseff de las promesas de la campaña. Sería completamente válido y, hasta un síntoma de madurez política, que la población, en general, y el sistema institucional, en particular, castiguen a un político por aplicar en su gestión de gobierno políticas completamente distintas a las de su plataforma electoral.

Sea como fuere, en caso de ganar las próximas elecciones, Daniel Scioli seguramente analizará en profundidad los sucesos económicos y políticos de Brasil de los últimos 12 meses. Sus dilemas serían semejantes a los de su colega: ¿toma las medidas que se requieren para salir del estancamiento económico en los primeros meses del mandato, arriesgándose a perder el capital político obtenido tras la victoria electoral, o adopta un enfoque gradual, exponiéndose a la posibilidad de que la economía siga acumulando desequilibrios y termine explotándole en algún punto del camino? Por lo pronto, siempre y cuando sea válido extrapolar el caso brasileño al nuestro, contaría con la ventaja de conocer de antemano los resultados de uno de estos ejes de acción.

El debate sobre el atraso cambiario: lo que dice la historia

A medida que se va aproximando el cambio de administración e intentamos discernir la forma que tendrá el enfoque económico con el que las nuevas autoridades enfrentarán los numerosos problemas que presenta la economía, surge naturalmente el interrogante acerca de lo que sucederá con el tipo de cambio, dado el significativo atraso que éste hoy registra.

Durante la campaña electoral, por la sensibilidad que este tema presenta, se ha preferido poner el énfasis en la reducción de la carga impositiva que hoy pesa sobre las economías regionales como la principal herramienta para hacer frente a la pérdida de competitividad de la economía. Como era de esperar, se han evitado las precisiones acerca del nivel del tipo de cambio real que podría propiciarse o tolerarse durante los próximos años. Nadie va a pretender ganar una elección presidencial en los tiempos que corren diciéndole a los trabajadores que va a bajar el poder adquisitivo de sus salarios apenas asuma el cargo.

Teniendo en cuenta, entonces, que los candidatos no han aportado pistas certeras sobre este particular, podemos recurrir a la historia argentina para intentar prever cuál puede ser la evolución, elegida por las autoridades o impuesta por la realidad, de la paridad cambiaria durante el próximo mandato.

Tomando los últimos 50 años de una serie de tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos*, se observa que siempre que éste cayó por debajo de cierto nivel, la situación no se pudo sostener en el tiempo y la salida fue brusca. Por ejemplo, entre 1972 y 1975 el peso se ubicó en un nivel históricamente alto, semejante al de la actualidad, y el desenlace, iniciado con el Rodrigazo, derivó en el mayor pico inflacionario registrado en el país hasta entonces. Pocos años después se repitió el fenómeno, entre 1979 y 1981, con la tristemente célebre “tablita” de Martínez de Hoz. Nuevamente, el final fue traumático, con una caída de más del 11% del PBI y una nueva aceleración inflacionaria. Más recientemente, se encuentra la experiencia de la Convertibilidad. A diferencia de los procesos anteriores, la permanencia de un peso apreciado se extendió durante más tiempo, entre 1991 y 2002. Sin embargo, y tal vez por ese mismo motivo, el desenlace fue aun más turbulento: la economía se redujo en cerca de un 25% entre 1999 y 2002.

Podemos situar el inicio de la actual etapa de atraso cambiario en el 2012, año en el que el tipo de cambio real cayó a un nivel semejante al de los períodos reseñados. Si la historia ha de repetirse, sólo falta establecer el momento de la devaluación y la magnitud de la crisis que la acompañará. Por diversos motivos, parece difícil que la etapa actual pueda tener una duración similar a la de la Convertibilidad, principalmente por los problemas de Brasil. Hay que recordar que la devaluación del real a comienzos de 1999 marcó el inicio del fin de ese período, por el impacto que tuvo en la evolución de las exportaciones argentinas.

Si se pretende que la historia no se repita, se requerirá de un esfuerzo social importante. Se tendrá que compensar por otras vías el efecto negativo del atraso cambiario sobre la rentabilidad de las empresas exportadoras. Esperemos que esta vez podamos evitar las experiencias traumáticas del pasado. Lamentablemente, lo acontecido hasta el momento en la campaña electoral no permite vislumbrar una sociedad madura, conciente de sus fortalezas y dificultades y dispuesta a asumir los sacrificios necesarios.

¿Continuidad o cambio?

En una campaña electoral completamente vacía de debate sobre las políticas económicas a seguir durante los próximos 4 años, lo único que pareciera estar en juego es una disyuntiva vaga entre continuidad o cambio.

Sin embargo, lo cierto es que, tras 4 años de estancamiento económico y con el agotamiento de las reservas internacionales y del superávit comercial, la posibilidad de una continuidad de las políticas actuales durante la próxima administración es improbable, gane quien gane las elecciones presidenciales de octubre.

Hay que tener presente que en diciembre de 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner inició el actual mandato, las reservas del Banco Central se ubicaban en 46 mil millones de dólares y el superávit comercial, en torno a los 10 mil millones de dólares. Hoy, las arcas de la entidad monetaria, apuntaladas por préstamos del Banco Central de China, por los pagos de la deuda que no se pudieron realizar como consecuencia del bloqueo del juez Griesa y por otros atrasos, se ubican por debajo de los 34 mil millones de dólares. Y, en los primeros 5 meses del año, el superávit comercial apenas se acercó a los 800 millones de dólares. Es decir, al inicio del actual mandato, existía margen para que la economía se mantuviera en marcha, aun con crecientes dificultades, sin realizar cambios de fondo. Se podía utilizar el impulso del gasto público y de la expansión de la oferta de dinero, las herramientas al alcance de las autoridades, y confiar en el excedente comercial y las reservas existentes para hacer frente a las necesidades de divisas que pudieran surgir. Pero hoy ese margen es exiguo.

El gobierno que asuma puede apostar a una oportuna recuperación de los precios de los productos agropecuarios, a que Brasil salga del estancamiento o al financiamiento externo que pueda conseguir en las condiciones actuales, pero ésta sería una apuesta sumamente arriesgada ya que implicaría dejar pasar la ventana de oportunidad política que brindará la victoria electoral.

Desde ya, la introducción de cambios en la orientación económica no implica necesariamente un resultado exitoso. Por ejemplo, se puede trazar ciertos paralelismos entre el panorama de hoy y el de finales de 1999, cuando asumió el gobierno de Fernando de la Rúa, si bien en ese momento la situación era un poco más acuciante, con un déficit comercial de alrededor de 2 mil millones de dólares, un nivel de deuda pública más comprometedor y reservas internacionales de 19 mil millones de dólares. En aquel entonces, como ahora, se requería un cambio para apuntalar a la economía. Se optó por el tristemente célebre “impuestazo” de José Luis Machinea, una medida con la que no se logró revertir el proceso de deterioro y que comenzó a pulverizar el capital político con el que contaba la administración.

En definitiva, la incertidumbre que hoy podemos tener respecto a lo que hará el próximo gobierno no pasa tanto por si habrá o no cambios en las políticas económicas actuales sino más bien por cuál será la profundidad, la naturaleza y la viabilidad política que éstos tendrán. Estas son las cuestiones que deberemos tener en mente cuando decidamos nuestro voto, sin contar, para ello, lamentablemente, con la ayuda de los candidatos, que a lo largo de la campaña se vienen esforzando por mantener sus planes, si es que los tienen, en el más absoluto de los secretos, limitándose a decirle a cada auditorio lo que éste quiere escuchar.

La misión principal del próximo gobierno

En la nota de tapa de esta edición se analiza en profundidad la situación crítica de las cuentas fiscales, con un déficit que, en la perspectiva histórica, sitúa a la actual gestión económica en una compañía de la que seguramente no se enorgullece. Como se verá más adelante, el resultado fiscal con el que se estima va a finalizar este año va a ser uno de los peores de la historia y se ubicará en niveles semejantes a los registrados en el rodrigazo, la crisis de la deuda de principios de la década del ´80 y la hiperinflación a finales de esa misma década. Con este logro, Axel Kicillof quedará emparentado con ministros de economía como Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo, José Martínez de Hoz, Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann o Juan Sourrouille, algunos de los cuales ha criticado fervientemente.

Dejando de lado las particularidades de cada período, un punto en común que se puede identificar en todos ellos es la existencia de una economía que perdió el impulso del sector privado y en la que el sector público ocupó su lugar hasta el punto que la capacidad de endeudamiento y las restricciones externas le permitieron. Y lo que, a lo largo de estas experiencias, reprimió el impulso privado fue la falta de rentabilidad o, cuando ésta existió, la falta de garantías de que fuera a mantenerse en el tiempo. Esto fue producto, entre otras cosas, de las políticas erráticas, de la arbitrariedad y el oportunismo de los distintos gobiernos y de la falta de consenso de la sociedad respecto al modelo de país que se pretendía.

Esto se observa claramente en la última década. Entre 2003 y 2008, los extraordinarios precios de los commodities y el dólar alto brindaron condiciones de rentabilidad para que el sector privado anotara una expansión notable, también favorecida por el punto de partida bajo. Fue así como las exportaciones, el motor fundamental de toda economía para crecer en forma sostenida, casi se triplicaron en dicho período, pasando de 25.700 millones de dólares en 2002 a 70.000 millones de dólares en 2008, el año previo a la crisis internacional, que tuvo un fuerte impacto en el comercio internacional. Desde 2009 en adelante, con el proceso de apreciación cambiaria, que le bajó la rentabilidad al sector exportador, y las medidas y el discurso de un gobierno que pareció en muchos momentos dispuesto a avanzar sobre las ganancias de las empresas, comenzó a sentirse cada vez con más fuerza el estancamiento del sector privado. Los resultados en materia de exportaciones han sido contundentes: tras alcanzar un máximo de 84 mil millones de dólares en 2011 y mantenerse en los 2 años siguientes cerca de ese nivel, se desplomaron en el 2014, a un total de 72 mil millones de dólares, y se ubicarían en un nivel aun más bajo este año.

Resulta indiscutible que la misión principal del próximo gobierno es encender nuevamente el fuego de la iniciativa privada. Debe lograr crear condiciones de rentabilidad y perspectivas de que esa rentabilidad se va a mantener en el tiempo para las empresas, principalmente en el sector exportador. Y mientras mayor sea la participación y el compromiso de la dirigencia política, sindical y empresaria en este proceso mejores van a ser los resultados. De nada servirá el mejor programa económico si no cuenta con el grado de legitimidad suficiente que esa participación le puede dar.

Si no logramos avanzar en esa dirección vamos a quedar sujetos al azar de los precios internacionales de los commodities y al financiamiento que podamos conseguir, disputándonos una torta que no nos ponemos de acuerdo cómo hacer crecer y esperando el golpe que nos arroje hacia la próxima crisis.