¿Un enfoque gradualista?

El recorrido que viene mostrando el dólar en estas primeras semanas del año, que empeora la perspectiva de atraso cambiario que ya desde un principio se vislumbraba para este 2017, genera dudas ya no de si el enfoque gradualista que viene aplicando el Gobierno tiene posibilidades de éxito sino directamente si efectivamente se está aplicando tal enfoque.

Es que lo más probable es que, a medida que vaya avanzando el año, la situación de los productores locales que compiten con el mundo se parezca cada vez más a aquella que atravesaban antes de la asunción de las actuales autoridades y que se había modificado sustancialmente luego de la salida del cepo cambiario y la devaluación subsiguiente y la reducción y eliminación de las retenciones y de las restricciones a las exportaciones.

El Gobierno insiste en sus manifestaciones en que hay que incrementar la productividad y bajar los costos, para lo cual se anotó recientemente en su haber la reforma del sistema de ART, y cada tanto deja trascender que planea continuar reduciendo la presión tributaria para mejorar de este modo la competitividad de las empresas. Pero, mientras aguardan anuncios concretos, éstas observan con impotencia como su rentabilidad se va desmoronando bajo el peso de una inflación que avanza con mayor rapidez que el precio de sus bienes y servicios.

Todo esto se viene reflejando cruelmente en los números negativos de la balanza de pagos. Aun con una caída de la economía en torno al 2,5% el año pasado, el déficit en cuenta corriente se ubicó en alrededor de 14 mil millones de dólares. Existe la posibilidad de que este año, en el que se prevé un crecimiento de aproximadamente el 3%, el desequilibrio supere al de 2015, de 16.800 millones de dólares, el más alto desde 1994, que es cuando se inicia la serie que publica el Indec.

Es decir que, a 2 años del cambio de gobierno, nuestro país continuará registrando un fuerte desequilibrio en el intercambio con el resto del mundo. Pudo sostener su nivel de consumo, primero, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, apelando a las reservas internacionales acumuladas durante el boom de los commodities y, ahora, gracias al financiamiento internacional obtenido tras el acuerdo con los holdouts pero, de cerrarse el acceso al mismo, tendrá que atravesar un ajuste de importantes proporciones y de graves implicancias sociales y políticas.

Uno puede ser indulgente con la actual administración y decir que hace lo que puede en un ambiente plagado de restricciones, tras haber recibido una pesada herencia, con una clase dirigente excesivamente oportunista y una sociedad que no parece conciente del estado real de la economía. Pero, para que el enfoque gradual que eligió, que indudablemente parece el único viable en un país como el nuestro, rinda sus frutos es necesario que vaya mostrando avances, por pequeños que sean, en todos los frentes. Sólo de esa manera se logrará ingresar en el círculo virtuoso que se requiere para que la economía se ponga en marcha en forma sólida y sostenida.

2017: un año clave para saber hacia dónde vamos

El año que recién comienza tiene la particularidad de que van a ser menos importantes los resultados económicos que se obtengan que la forma de llegar a ellos. Esto siempre es así pero más aun en un año en el que las autoridades se pueden ver tentadas a buscar los resultados fáciles, tangibles y de corto plazo que le pueden garantizar la victoria en las elecciones de medio término y allanar el camino político en la segunda mitad del mandato.

Resulta indudable que la economía va a crecer y por muchos motivos. En primer lugar, porque todo el año la vamos a estar comparando con un 2016 bastante malo. En segundo lugar, porque es de esperar un buen desempeño del campo, uno de los sectores que más se benefició con el cambio de gobierno, por la devaluación tras la apertura del cepo cambiario, la reducción de las retenciones y la eliminación de las restricciones a las exportaciones de algunos de sus productos. Por otra parte, excepto que el mundo dé un vuelco brusco con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el Gobierno cuenta con un margen de financiamiento disponible para impulsar la economía a través de la obra pública y otros gastos o rebajas impositivas que considere necesarias, sin tener que preocuparse en forma excesiva por el alto déficit fiscal. Asimismo, es de esperar una recuperación del salario real y, por ende, del consumo, teniendo en cuenta las presiones hacia el atraso cambiario que existen y los buenos ojos con los que los funcionarios pueden ver eso en un año electoral. Brasil también puede hacer su aporte. Tras una fuerte caída del PBI en los últimos 2 años, se espera una leve recuperación este año que puede generar una demanda adicional para la duramente golpeada industria argentina. La administración puede tener, además, la expectativa de que su discurso amigable con el mercado, los avances logrados en el reordenamiento de la economía y la disponibilidad de capitales argentinos recientemente blanqueados y en busca de oportunidades pueden alentar un crecimiento de la inversión privada que también haga su contribución al rebote.

El Gobierno seguramente estará monitoreando atentamente si los factores más genuinos (el crecimiento del campo, la inversión privada, las exportaciones a Brasil, etc.) son lo suficientemente fuertes para generar un crecimiento satisfactorio en términos políticos y hasta qué punto debe contribuir con los más artificiales (expansión del gasto público, aumento del salario real a costa del atraso cambiario) para lograr ese objetivo.

Este rebalanceo nos permitirá a fin de año saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Si el Gobierno, por debilidad en los factores genuinos, por malos resultados en las encuestas, para reducir la conflictividad social o por lo que fuere, se siente obligado a apelar en forma excesiva a los factores artificiales, esto redundará en un déficit fiscal más elevado, un problema de competitividad externa más pronunciado y una trayectoria de endeudamiento más insostenible. En otras palabras, nos habremos acercado más a la próxima gran crisis.

Se entiende que la sociedad en su conjunto, en este año en el que tendrá la oportunidad de manifestar su voluntad a través del voto, tendrá un rol fundamental. Si demanda resultados inmediatos, no hace distinción entre los motores genuinos y los artificiales del crecimiento, no hace una evaluación adecuada del estado de la economía y de los esfuerzos que éste requiere y vota en consecuencia, hará su contribución y será responsable del resultado final hacia el que nos encaminaremos.

Buscando un lugar en la Historia

A la luz de lo que sucedió en el 2016, en el que las expectativas de muchos respecto a los avances que se iban a lograr en materia económica se vieron en mayor o menor medida defraudadas, surge naturalmente la siguiente pregunta: ¿Puede un gobierno con ambiciones de continuidad corregir problemas tan graves como los que heredó la administración actual?

Cuesta encontrar en la historia económica argentina de las últimas décadas un gobierno que haya aplicado un programa de ajuste exitoso, entendiendo como tal a un programa que haya restablecido ciertos equilibrios macroeconómicos básicos, generando las condiciones para un crecimiento sostenible de la economía. Los que vienen inmediatamente a la cabeza son el Plan de Convertibilidad aplicado por Domingo Cavallo a partir de abril de 1991 y las gestiones de Jorge Remes Lenicov y Roberto Lavagna a partir de comienzos de 2002. Al primero de estos casos lo podemos tomar con ciertas reservas, dado que las rigideces monetarias que incorporó fueron el germen de la crisis siguiente, pero el período más largo en cerca de 70 años con una inflación de un dígito a que dio lugar es un logro que no se puede despreciar y podría haber sido aprovechado con excelentes resultados si se hubieran aplicado las políticas adecuadas luego de la salida del régimen.

Pero un hecho distintivo y característico de esos programas es que fueron aplicados luego de crisis traumáticas que habían generado en la sociedad una gran demanda de cambio y una predisposición a asumir ciertos sacrificios. Por ejemplo, el Plan de Convertibilidad se aplicó tras una caída del 12,7% del PBI y del 25% del salario real entre 1987 y 1990 y la devaluación y las medidas de estabilización del 2002 se tomaron tras una recesión que se había extendido durante 3 años y que había llevado el índice de desocupación a más del 17% en el 2001, sin olvidar también la crisis financiera que se había desarrollado a lo largo de ese año y que había llevado a la aplicación de restricciones al retiro de los depósitos bancarios a finales de ese año. Es decir, la evidencia histórica indicaría que, para aceptar la aplicación de medidas económicas que tienen un efecto negativo sobre el poder adquisitivo de sus salarios o que implican la pérdida de empleos o de beneficios para un sector de la población, los argentinos tienen que estar tocando fondo, tienen que verse sumidos en una crisis de magnitud, y las autoridades no deben poder encontrar otra salida posible.

Si la historia fuera a repetirse, algo que no necesariamente debe ser así, esto significaría que la administración actual continuará en líneas generales por el camino que trazó en este primer año de gestión. Apelará al endeudamiento hasta donde los mercados de capitales se lo permitan y sólo realizará correcciones fiscales y de precios relativos significativas si se ve obligada por las circunstancias.

Es imposible predecir el futuro pero lo que sí se puede afirmar es que si, como algunos esperan, el Gobierno avanza con el ajuste, que aplicó con cuentagotas en su primer año de gestión, luego de las elecciones del año que viene y tiene éxito en la aplicación del mismo, será el primero en décadas en lograrlo y se ganará un lugar de privilegio en la Historia.

Un año más y seguimos en el mismo lugar

Estamos a un puñado de días de completar el primer año de la administración de Mauricio Macri y, a pesar del ímpetu inicial y las expectativas que generó, queda la sensación de que nos hemos movido muy poco, si es que nos movimos algo, hacia la construcción de un esquema que brinde un marco favorable para el crecimiento económico sostenido.

La gestión económica apenas se puede jactar en estos casi 12 meses del arreglo con los acreedores internacionales para salir del default y el levantamiento de las restricciones cambiarias, dos hechos indiscutiblemente positivos pero que no representan en sí mismos soluciones de fondo a los importantes problemas que existen. También puede mostrar una actitud más decidida contra la inflación que el gobierno anterior pero con un enfoque que genera dudas y no garantiza resultados perdurables.

Dejando de lado esas cuestiones, poco ha cambiado en la economía. El déficit fiscal cerrará este año en el elevadísimo nivel en el que se lo recibió, en torno al 7% del PBI, una luz roja que titila con intensidad de cara al futuro de la economía argentina. El Gobierno no aprovechó este año sin elecciones para lograr algún avance importante en ese terreno, indudablemente condicionado por los estragos que la fuerte devaluación de diciembre causó en los ingresos de la población y la actividad económica.

Pero lo más grave es que dejó que los avances que sí se habían logrado con la apertura del cepo cambiario y la devaluación en materia de precios relativos, restituyendo cierta competitividad al sector de bienes transables de la economía, se fueran diluyendo a lo largo del año. Las altas tasas de interés ofrecidas por el Banco Central y el endeudamiento de la Nación, las provincias y las empresas en los mercados internacionales alimentaron una oferta de dólares que mantuvo contenida la cotización de la divisa frente a una inflación que, si bien se desaceleró en los últimos meses, va a cerrar el año en torno al 40%.

Como resultado de esta inmovilidad, la economía argentina sigue descapitalizándose, con la única diferencia de que, en lugar de perder reservas internacionales, como durante los últimos años de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, hoy acumulamos deuda.

Estos resultados no son la exclusiva responsabilidad del gobierno actual. Se lo puede cuestionar a éste por su falta de liderazgo y por su incapacidad para construir un modelo económico superador y vendérselo a la sociedad. Pero los diversos dirigentes sociales tampoco muestran conciencia de los problemas ni predisposición para colaborar en su solución. Sólo parecen preocupados por preservar hasta el último centavo de los ingresos que tenía su sector al inicio del mandato, como si no existiera una evidencia suficiente de que, tal como están dadas las cosas, en ese nivel no son sostenibles en el tiempo.

Genera absoluta perplejidad ver cómo una sociedad que ya ha atravesado numerosas crisis traumáticas en las últimas décadas se entrega mansamente a una corriente que la arrastra nuevamente hacia el vacío. Así como las reservas en algún momento se iban a acabar, el financiamiento no estará disponible por siempre y si no utilizamos el margen que hoy existe para hacer las correcciones en forma voluntaria y ordenada, éstas se van a efectuar en forma involuntaria y caótica el día que el financiamiento se agote.

Una cruzada solitaria y riesgosa

El anuncio de metas de inflación del 12% al 17% para el año que viene realizado por el Banco Central (BCRA) semanas atrás termina de confirmar algo que se venía vislumbrando desde el inicio de la actual administración: la autoridad monetaria lleva adelante una cruzada solitaria, obsesiva y riesgosa contra el problema inflacionario.

Coincido plenamente con la importancia que se le asigna a esta cuestión. Definitivamente, la economía no va despegar realmente hasta que se logre una estabilización de los precios. Es cierto, como dijo el titular del BCRA Federico Sturzenegger, que “una inflación del 1% mensual no le sirve a la Argentina”. Una inflación de más de un dígito anual genera incertidumbre sobre lo que va a suceder en los próximos años con todos los precios relativos, dificultando la evaluación de cualquier proyecto de inversión y obligando a desestimar todos aquellos proyectos que, con los precios relativos actuales, no ofrezcan una rentabilidad lo suficientemente alta como para tolerar una modificación en el escenario. Por lo tanto, la inversión, y, en consecuencia, el crecimiento de la economía, se ve restringida, con todo lo que ello implica para el bienestar de los habitantes y para enfrentar flagelos tan acuciantes como la pobreza en la que se encuentra sumido un tercio de la población.

Sin embargo, esto no justifica emprender una lucha a cualquier costo para resolver el problema. Por ejemplo: ¿de qué serviría batir a la inflación si esto se logra atrasando el tipo de cambio, afectando de este modo la competitividad de la economía y sembrando la semilla de una crisis de balanza de pagos en el futuro, como sucedió en la década del ´90?

Ese es uno de los riesgos que se presenta si se insiste con el objetivo que se ha planteado. Es que parece difícil imaginar que el año que viene los sindicatos, que ya hoy vienen reclamando una reapertura de las negociaciones salariales para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos meses, acepten aumentos inferiores al 25%. Esto significa que, para lograr una inflación que se ubique dentro del rango objetivo, se va a tener que aplicar una política monetaria fuertemente restrictiva que va a continuar atrasando peligrosamente el tipo de cambio y que puede, además, comprometer el crecimiento que se prevé y se necesita como el agua para llegar con buenas posibilidades a las elecciones de medio término.

Por importante que sea, la lucha contra la inflación no es una tarea de una sola persona, una sola institución o un solo instrumento de política económica. Huelga decir que en un país como el nuestro se trata de una misión muy difícil para la cual nadie tiene la fórmula infalible. Pero, indudablemente, una solución exitosa y perdurable del problema exigirá un esfuerzo fiscal más decidido por parte del Gobierno, una mayor predisposición al diálogo y a la posibilidad de forjar acuerdos, tanto de los autoridades políticas como del resto de los dirigentes, sindicales, empresarios y de la oposición, y más paciencia y vocación para comunicarle a la sociedad la importancia de llegar a buen puerto en este ámbito por parte de los responsables de la política económica. 

El debate ausente

En los primeros 7 meses del año el déficit fiscal primario se redujo en términos reales en apenas un 1,8% en relación al mismo período del 2015. Teniendo en cuenta el punto de partida, con un déficit financiero en torno al 7% del PBI, y el hecho de que, a medida que nos vayamos acercando a las elecciones legislativas del año que viene, las presiones por un mayor gasto se van a ir incrementando, el panorama no parece el más halagüeño.

Pero, quizás, lo más preocupante no son estos fríos números, que, dado el aparentemente abundante financiamiento disponible y los resultados más o menos abultados que puede brindar el blanqueo de capitales, no plantean una particular urgencia, sino la sensación de que existe una cierta inconciencia social en relación al uso de los recursos públicos y, lo que es más importante, no hay ningún intento por parte de la autoridades de plantear un debate amplio y sostenido sobre esta cuestión.

Esta inconciencia social se ha manifestado en forma evidente ante los esfuerzos del Gobierno por readecuar el marco tarifario de los servicios públicos, más allá de la torpeza y la incapacidad para diseñar los aumentos de manera satisfactoria que mostraron los funcionarios responsables. Fuera de los ámbitos especializados es difícil encontrar personas que comprendan cabalmente la necesidad y la justicia de reducir la enorme carga de subsidios que pesa sobre el erario público. A muchos ciudadanos, por no decir la gran mayoría, les cuesta entender que el costo que no se asume hoy en forma voluntaria y ordenada se enfrentará mañana en forma involuntaria y caótica, y, por ende, con un grado mucho mayor de injusticia.

Es fundamental que las autoridades le expliquen claramente a la sociedad cuál es el estado de las cuentas públicas y porqué es importante ordenarlas. Y que, a partir de esto, plantee un serio debate que incluya a todas las fuerzas políticas y sociales para encontrar la manera más justa, más conveniente y que responda mejor a las demandas de la población.

Las consecuencias de la insolvencia fiscal no constituyen un conocimiento cuya comprensión esté fuera del alcance de aquellos que no son economistas o no tuvieron una formación universitaria. Se trata meramente de mostrar cómo, a lo largo de la historia argentina, los desequilibrios importantes en las cuentas públicas se encontraron íntimamente asociados a crisis económicas que provocaron grandes padecimientos a vastos sectores de la sociedad que podrían haber sido evitados. Esto se observa claramente, por ejemplo, si tomamos 3 eventos muy recordados de los últimos 50 años como el Rodrigazo, la hiperinflación y la salida de la convertibilidad. En todos estos casos, en los años anteriores al inicio o al peor momento de la crisis se registraron déficits financieros del sector público argentino (incluyendo provincias y municipios) en torno al 7% del PBI (6,53% en 1974, 7,04% en 1987 y 7,03% en 2001).

Dada la magnitud del desequilibrio fiscal actual, de no ser por el margen de financiamiento con el que cuenta, por su deuda pública relativamente baja en relación al PBI, y el contexto internacional extremadamente favorable que existe, hoy nuestro país estaría atravesando o se encontraría al borde de una crisis comparable a aquellas. Debe aprovecharse esta segunda oportunidad que nos brinda el acceso al financiamiento internacional logrado por este gobierno para intentar evitar los errores y sufrimientos del pasado.

Esperando al 2018

Muchos de aquellos que, con la llegada de la nueva administración, esperaban un avance firme y convencido hacia el reordenamiento de la economía deben estar archivando sus ilusiones para el futuro, a juzgar por los eventos que día tras día se van conociendo.

Por si quedaba alguna duda de que el Gobierno había decidido postergar para más adelante la solución del enorme déficit fiscal que heredó y que se yergue como una espada de Damocles sobre el futuro de la economía, en los últimos días abundan las noticias para convencerse de que esto es un hecho. Es el caso, por ejemplo, del resultado de la recaudación impositiva de julio, con un aumento interanual del 23,4% contra una inflación superior al 40%, producto, principalmente, de la eliminación de las retenciones a las exportaciones y la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias; la devolución de los 29 mil millones de pesos a las obras sociales; o las importantes trabas que viene enfrentando el aumento de las tarifas de los servicios públicos.

Mientras tanto, mes tras mes se van diluyendo las ganancias que la salida del cepo cambiario y la devaluación le había generado al sector de bienes transables de la economía, con un dólar que en lo que va del año aumentó alrededor de un 14%, contra una inflación, en el mismo período, superior al 30%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado publicado por el Banco Central, se espera para fin de año un dólar de 16,2 pesos. Difícil imaginar, dado el contexto actual, una cifra superior a esa y bien podría ubicarse por debajo, de acuerdo a lo que suceda con el blanqueo de capitales y las decisiones que tome la autoridad monetaria en relación a la tasa de interés, en el marco de su lucha solitaria contra la inflación. Pero, aun suponiendo que la divisa alcance ese valor, estaríamos hablando de un tipo de cambio real comparable con el de finales de 2011, el año en el que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner instauró las restricciones para la compra de dólares para hacer frente a la pérdida de reservas internacionales que estaba sufriendo. Resulta fundamental aumentar la competitividad de la producción argentina, de modo de incrementar las exportaciones y generar las divisas necesarias para adquirir los bienes y servicios que requiere nuestra economía y hacer frente a nuestros compromisos internacionales sin depender del financiamiento externo. Retroceder de esta manera en un área en la que se habían logrado avances importantes y se habían asumido costos mayores resulta desalentador.

El Gobierno puede esgrimir en su favor un clima más favorable para los negocios y una retórica más amigable respecto a la iniciativa privada que la de su antecesor pero no parece que esto sea suficiente para poner en marcha un proceso de inversión vigoroso en los sectores estratégicos de la economía. Y, en la medida en que eso no suceda, las autoridades económicas se pueden ver obligadas por las exigencias electorales a ocupar el vacío con mayor gasto público, amenazando con agravar los problemas estructurales existentes a fin de satisfacer las necesidades políticas inmediatas.

Todo indicaría entonces que aquellos optimistas y bienpensados que creen que, por primera vez en nuestra historia, el sistema político argentino va a brindar una solución a los problemas de la economía sin verse obligado a hacerlo por la explosión de una nueva crisis deberán esperar hasta después de las elecciones legislativas del año que viene para renovar su esperanza.