Un año clave para avanzar con las reformas pendientes

Para este año se espera nuevamente un incremento de la actividad económica del 3%. El Gobierno ya enfatiza que, por primera vez desde el 2011, se van a encadenar dos años consecutivos de crecimiento y es cierto que éste no deja de ser un motivo de beneplácito. Pero, sin lugar a dudas, la tasa de crecimiento no es en modo alguno el tema económico más importante de este 2018. Lo más relevante va a ser cómo aprovechan las autoridades este año sin elecciones para lograr avances sólidos en la corrección de los importantes desequilibrios que presenta la economía y que, como quedó demostrado a finales del 2017 con la reforma previsional, plantean un importante desafío político para la administración.

Todos sabemos que hoy el Gobierno está jugando una carrera contra el tiempo. Debe dotar de viabilidad a la economía argentina antes de que se agote el financiamiento internacional, por la pérdida de confianza de los inversores extranjeros en el país o porque algún evento externo ahuyente los capitales de las economías emergentes. Y si los avances logrados este año son exiguos tendrá poco margen en el 2019 para hacer la plancha de cara a las elecciones presidenciales y alimentará las dudas que ya existen respecto a su capacidad y/o voluntad para corregir el rumbo.

Un test importante cuyo cumplimiento se da por descontado es el objetivo fiscal del 2018, del 3,2% del PBI, que no requerirá un esfuerzo menor de parte de las autoridades, habida cuenta que este año no se contará con los ingresos del blanqueo de capitales, que el año pasado representaron aproximadamente un 1% del PBI. Pero, ¿alcanza con esto? Es loable pero, a los ojos de la Historia, puede terminar resultando insuficiente.

A pesar de los amagues, el atraso cambiario claramente se mantendrá en este 2018. Con una meta de inflación que sigue siendo exigente y con correcciones tarifarias que continuarán a lo largo del año, se puede aspirar apenas a que el dólar le empate al aumento de los precios, extendiendo la agonía de un sector externo que en 2017 preocupó a propios y extraños.

Por eso, en estas últimas semanas el Gobierno está midiendo sus fuerzas para encarar tal vez la batalla más importante del 2018: la reforma laboral. Un avance claro en este ámbito puede devolverles a las empresas argentinas que compiten con el mundo al menos una parte del oxígeno que el atraso cambiario les está quitando. Los sindicalistas ya están mostrando los dientes, a juzgar por las declaraciones que hizo hace pocos días Luis Barrionuevo: “A los sindicatos los atacaron los militares, Alfonsín y De la Rúa y no terminaron su mandato”, advirtió.

Por lo tanto, no será la tasa de incremento de la actividad económica el indicador del éxito de la gestión en este año que acaba de comenzar. De poco puede servir a la larga ese crecimiento si al final del año no se ha logrado acotar en forma significativa la magnitud de los desequilibrios que hoy existen. La crisis que ellos son capaces de provocar puede barrer con ese crecimiento y mucho más.

Un año de claroscuros

Estamos cerrando un año que en materia económica deja varias cuestiones positivas pero también serios motivos de preocupación. La calificación final que cada uno le va a asignar a este 2017 va a depender de la tendencia que se tenga a mirar la mitad llena o la vacía del vaso.

Comenzando con la parte llena, indudablemente hay que mencionar la tasa de crecimiento con la que la economía cerrará el año, cercana al 3%. Si bien este desempeño se encuentra en línea con las expectativas que había a finales del año pasado (el promedio del Relevamiento de Expectativas de Mercado publicado por el Banco Central en diciembre del año pasado fue de 2,9%), eso no le quita méritos al resultado, viniendo de una caída del PBI de 2,2% el año pasado.

Otro de los aspectos positivos del 2017, es la importante caída de la inflación. Tras marcar un 40% en el 2016, se perfila para cerrar el año en el 23,5%: un éxito indudable, a pesar de que muchos prefieren detenerse en el hecho de que quedó lejos de la meta fijada por el Banco Central, del 17%. Lo cierto es que se tratará de la inflación más baja desde 2011, cuando se ubicó en el 22,8%.

También hay que destacar la evolución de las cuentas públicas. Los últimos 3 meses reflejaron un importante avance en materia fiscal, con una caída real del gasto primario, que creció 17% interanual en agosto y septiembre y solo 6% en octubre, gracias principalmente a los fuertes ahorros que se vienen logrando en materia de subsidios, que cayeron más de un 40% interanual en septiembre y octubre. Como resultado de este esfuerzo, el déficit fiscal primario fue en los primeros 10 meses del año de solo un 2,5% del PBI, lejos del objetivo planteado del 4,2% cuando faltan los datos de los dos últimos meses, que eso sí suelen presentar los desequilibrios más abultados.

Cuando uno mira las zonas oscuras de la economía, el atraso cambiario ocupa un sitial de privilegio. Provocado por la combinación de un elevado déficit fiscal, que impone la necesidad de apelar al ahorro externo, y la obstinación del Banco Central en cumplir metas de inflación irreales, con tasas de interés en las nubes que atraen capitales especulativos, no solo es preocupante por la vulnerabilidad y volatilidad que le imprime a la economía sino también porque desincentiva la inversión en los sectores de bienes transables, clave para un crecimiento sólido en los próximos años. Como consecuencia de esto, el déficit comercial superó entre enero y octubre los 6.000 millones de dólares y ya es el más alto de la historia en términos nominales.

Tampoco puede dejar de mencionarse el inevitable aumento de la deuda, como resultado de la justificable decisión de reducir el déficit fiscal en forma gradual. A finales de junio, la deuda externa bruta alcanzaba los 204,8 mil millones de dólares, un crecimiento interanual del 16%, alimentado principalmente por el incremento del 35% en el endeudamiento del gobierno nacional y los provinciales. Sin dudas, una importante amenaza de cara al futuro.

En definitiva, un año con claroscuros muy marcados. Hay mucho trabajo por delante si se pretende lograr un 2018 más balanceado.

Política monetaria: reminiscencias de 4 décadas atrás

Hacia junio de 1977, preocupado por una inflación que, a pesar de los distintos intentos por contenerla, se mantenía en un nivel elevado, el equipo económico liderado por José Alfredo Martínez de Hoz decidió poner en marcha una política monetaria contractiva. Las tasas de interés nominales llegaron a subir hasta cerca del 400% anual, con una inflación que cerró el año en el 160%. Esta política se extendió hasta abril de 1978, cuando, bajo la presión de las autoridades militarles, fue abandonada.

La estrategia no hizo mella en la inflación, que no sólo no bajó sino que aumentó: pasó de 22,1% en el segundo trimestre de 1977 a 27,2% en el tercero y 33,2% en el cuarto. Y tuvo un impacto negativo sobre la actividad económica, que, tras crecer un 6,39% en 1977, registró una caída del 3,22% en el año siguiente.

Las decisiones que vienen tomando las autoridades del Banco Central en las últimas semanas evocan inevitablemente la experiencia de aquel entonces. Nuevamente, ante la frustración por no lograr avances decisivos contra la inflación, la autoridad monetaria opta por avanzar con una política contractiva que está llevando las tasas de interés a las nubes. Una vez más parece caerse en el error de pensar que sólo con una tasa de interés elevada se puede domeñar un fenómeno sumamente complejo y multicausal.

Continuar obstinadamente por este camino va a afectar el desenvolvimiento de la actividad económica y va a contribuir a profundizar el atraso cambiario, que ya viene provocando un fuerte desequilibrio externo, con un déficit comercial que superó los 5.000 millones de dólares en los primeros 9 meses del año. Todo esto sin tener un efecto significativo sobre la tasa de incremento de los precios.

Hay que reconocer, sin embargo, que la inflación es un fenómeno cuya solución presenta particulares dificultades en nuestro país. Baste decir que sólo en 13 de los últimos 70 años fue menor a los dos dígitos. Como señalé en un artículo de octubre del año pasado, días después de que se anunciaran las metas, “la lucha contra la inflación no es una tarea de una sola persona, una sola institución o un solo instrumento de política económica. Huelga decir que en un país como el nuestro se trata de una misión muy difícil para la cual nadie tiene la fórmula infalible. Pero, indudablemente, una solución exitosa y perdurable del problema exigirá un esfuerzo fiscal más decidido por parte del Gobierno, una mayor predisposición al diálogo y a la posibilidad de forjar acuerdos, tanto de los autoridades políticas como del resto de los dirigentes, sindicales, empresarios y de la oposición, y más paciencia y vocación para comunicar a la sociedad la importancia de llegar a buen puerto en este ámbito por parte de los responsables de la política económica”.

Esperemos que se aprenda de las lecciones del pasado y no se intente aplicar soluciones de manual a realidades sociales de suma complejidad.

Una prueba de carácter

El 23 de octubre, el día después de las elecciones de medio término, se inicia un período crucial para la economía argentina. Será indudablemente una etapa más complicada para el gobierno que estos dos años que han pasado, en los cuales, en gran parte por falta de experiencia, se fue más a los tumbos de lo que debería haber sido necesario para obtener los resultados que están a la vista.

Lo cierto es que, como hemos señalado en este espacio en más de una oportunidad, más allá de los importantes avances que se lograron hacia a la normalización del funcionamiento de la economía, hay variables macroeconómicas esenciales que hoy se encuentran en una situación prácticamente similar a la de diciembre de 2015. Es el caso del déficit fiscal, que este año va a terminar en torno al 7% del PBI si se consideran los intereses de la deuda pública y los desequilibrios provinciales, y el atraso cambiario: tras el incremento significativo que tuvo el tipo de cambio real luego de la salida del cepo, la inflación le viene ganando en forma casi ininterrumpida a la evolución del dólar. Los resultados de esto ya se están viendo en las cuentas externas, con un déficit comercial superior a los 1.000 millones de dólares en agosto. Si se exceptúa el caso particular de diciembre de 2015, se trata del saldo negativo mensual más elevado desde 1990, año en el que se inicia la serie que publica el Indec.

Es decir que el Gobierno, tras un inicio en el que, con el objetivo aparente de resolver estos problemas, se atrevió a tomar medidas de alto impacto sobre los ingresos, como la mencionada salida del cepo y la devaluación que ésta provocó, la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y la suba de las tarifas de los servicios públicos, y amenazó con una reestructuración importante del Estado, tal vez sintiéndose amparado por “la herencia recibida”, está llegando a la mitad del mandato muy cerca del punto de partida.

Ya sin el recurso de los ingresos extraordinarios del blanqueo de capitales que se obtuvieron el año pasado y éste, las autoridades económicas deberán cumplir sí o sí con el objetivo de déficit primario del 3,2% del PBI establecido para el año que viene y del 2,2% del PBI, para el 2019. Y esto posiblemente implique tomar decisiones sensibles, dependiendo de lo que suceda con una economía que no tiene el crecimiento asegurado, ya que se puede encontrar con la dificultad de una alta tasa de interés real si el Banco Central se empecina en alcanzar las metas que fijó para los próximos dos años y, todo indica, deberá seguir soportando la carga de un tipo de cambio atrasado que le pone un claro límite a la expansión de las exportaciones y de aquellos sectores que enfrentan la competencia de la producción extranjera.

En definitiva, en la segunda etapa del mandato tendremos una prueba de carácter para la administración de Mauricio Macri. Parece inevitable, si se pretende dejar a la economía bien encaminada al final de la gestión, que se deban tomar medidas que tendrán un impacto en los ingresos de la población y/o que generarán una pérdida inicial de puestos de trabajo. Y cada vez quedará más lejos en el tiempo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para echarle la culpa

Una oportunidad histórica

El resultado electoral del 13 de agosto abre una interesante oportunidad para la economía argentina. De mantenerse este resultado en las elecciones del 22 de octubre, el Gobierno contará con el apoyo de la población para continuar con una agenda que, en caso de llegar a buen puerto, marcará un hito en la historia económica de la Argentina.

Es que si la administración logra cumplir con las metas fiscales y avanzar en la reducción gradual del elevado déficit que hoy existe, será la primera vez en los últimos 50 años que una situación de las cuentas públicas de esta gravedad no desemboca en una crisis.

Si uno repasa la evolución del resultado financiero (incluyendo intereses) del sector público argentino, es decir de la Nación, provincias y municipios, en el último medio siglo, puede observar que siempre que el déficit llegó a niveles similares al actual, en torno al 7% del PBI, la situación tuvo un desenlace traumático. Por ejemplo, en 1973 el déficit llegó al 6,02% del PBI y siguió subiendo desde entonces, desembocando en 1975 en el Rodrigazo y en una caída del 4% del PBI durante ese año y el siguiente. El déficit nuevamente volvió a superar el 6% del PBI en 1980, una vez más para continuar subiendo y ser un factor central de la crisis de 1981 y 1982 en la que se registró una caída de más del 11% del PBI. La situación se repitió años más tarde, cuando el déficit superó el 7% del PBI en 1987, generando las condiciones para el estallido hiperinflacionario de 1989 y una contracción del PBI de más del 12% entre 1988 y 1990. Por último, en 2001 el déficit se ubicó una vez más por encima del 7% del PBI y al año siguiente la economía cayó un 11%. De todos modos, a diferencia de los episodios anteriores, en este caso la crisis comenzó en 1999, partiendo de un déficit de sólo el 2,42% del PBI en 1998, y podría argüirse que el deterioro fiscal fue más una consecuencia que terminó agravando el problema que una de sus causas.

El sendero de reducción del déficit que ha trazado el Gobierno sólo hace referencia al déficit fiscal primario de la Nación (se apunta al 4,2% del PBI este año, el 3,2% el año que viene, el 2,2% en el 2019 y el 1,2% en el 2020). Nada se dice del resultado provincial y municipal y la carga de intereses. Es claro que, para alejar a la economía argentina del punto crítico en el que se encuentra, no sólo se requerirá del esfuerzo a nivel nacional sino también a nivel provincial y municipal, algo que debería plasmarse en la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal que se discutirá en las próximas semanas en el Congreso. También será esencial que la tasa de interés internacional se mantenga en un nivel similar al actual porque una suba de la misma compensaría negativamente la mejora obtenida en el resultado primario.

Por otra parte, las autoridades económicas no deberán flaquear si la economía desacelera su marcha como consecuencia del esfuerzo fiscal. Estamos en una coyuntura en la que el impulso de la actividad no puede provenir del sector público sino de medidas que alienten la inversión privada.

El desafío es grande pero si el objetivo se logra su efecto será perdurable. Es momento de aprender a reconocer nuestras limitaciones y convivir de la mejor manera posible con ellas y no tener que esperar a que la crisis nos las muestre de la peor manera.

Un límite al crecimiento

En las últimas semanas las estadísticas oficiales vienen confirmando la recuperación de la economía, con crecimientos muy alentadores en junio en sectores como la industria y la construcción, del 6,6% y el 17% respectivamente en relación al mismo mes del año pasado.

Sin embargo, mezclado entre estos resultados claramente positivos, se destacó un dato preocupante que plantea serias dudas sobre la posibilidad de que el crecimiento alcanzado en este 2017 se pueda sostener en los próximos años. De acuerdo a los últimos datos del INDEC, en el primer semestre del año las exportaciones crecieron apenas un 0,8% en valor y cayeron un 3,6% en cantidades en relación al mismo período del 2016.

Indudablemente, en este desempeño viene pesando el exiguo crecimiento de Brasil (el principal destino de las exportaciones argentinas), que alcanzaría un 0,34% este año, de acuerdo a las previsiones de los analistas de ese país. Pero también lo viene haciendo el atraso cambiario que, a pesar del aumento del dólar de los últimos meses, lo más probable es que continúe profundizándose este año. Es difícil esperar la inversión que se requiere para expandir este sector en un escenario en el que la rentabilidad se encuentra acotada y, aun en las actividades en las que es suficiente, resulta incierta hacia el futuro: por un lado, porque la política no termina de trazar un rumbo claro hacia adelante, con la amenaza siempre latente de un regreso al populismo en el 2019, y, por el otro, porque la inflación todavía sigue siendo elevada y, en el afán del Gobierno por reducirla, fácilmente se puede producir una mayor apreciación real del peso.

El problema es que, en la medida en que no crezcan las exportaciones o lo hagan débilmente, el crecimiento de la economía en su conjunto, que implica un aumento, al menos, proporcional de las importaciones, va a depender cada vez más del financiamiento externo, cuyo flujo no es ilimitado. Se puede cortar en cualquier momento, producto de un cambio en las condiciones internacionales o sencillamente porque los acreedores extranjeros, ante el creciente endeudamiento, en algún momento van a tener dudas acerca de nuestra capacidad de repago. Esto le pone un claro límite al proceso de crecimiento que se está iniciando.

En este contexto, excepto que la economía de Brasil despegue con un vigor renovado que no parece posible en el actual escenario político del país vecino, el Gobierno necesitará generar mejores condiciones de rentabilidad en el sector exportador, a través de una reducción de los costos, por ejemplo, con las esperadas reformas tributaria y laboral y obras de infraestructura, un tipo de cambio real más favorable o una combinación de estas cosas, si, al llegar al final del mandato, quiere dejar a la economía en la senda del crecimiento y no al borde del precipicio. 

El tiempo pasa y…

A pocas semanas de las primarias abiertas que marcan la primera etapa del proceso electoral de este 2017, parece ir concretándose lo que temí meses atrás en un artículo titulado “Esperando al 2018”, de agosto de 2016: la primera mitad del gobierno de Mauricio Macri sólo brindará tímidas mejoras en lo que refiere a la corrección de los desequilibrios de fondo de la economía argentina. 

Indudablemente, los tres problemas centrales que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fueron el abultado déficit fiscal, que, sumando provincias y municipios, ascendió en el 2015 al 8% del PBI, la inflación, del 26,9%, de acuerdo al promedio de consultoras privadas difundido por el Congreso en ese entonces, y el desequilibrio externo, con un déficit en cuenta corriente de 16.806 millones de dólares en el último año de la gestión.

Lamentablemente, para el cierre de este 2017 esperamos mejoras realmente modestas en estas variables. El déficit fiscal se ubicaría en torno al 7% del PBI y la inflación cerca del 22%. En el frente externo posiblemente ni siquiera veamos avances. El déficit en cuenta corriente del año pasado fue de 14.901 millones de dólares y en el primer trimestre de este año alcanzó los 6.871 millones, un 39% más que en el primer trimestre del 2016. Con la intensificación en la recuperación de la economía y el creciente atraso cambiario que se esperan para lo que resta del año, tranquilamente podría superar el resultado del 2015. En definitiva, llegando a la mitad del mandato, es poco lo que el Gobierno va a poder mostrar en relación a la mejora de estas tres variables que van a definir la suerte de la economía argentina en los próximos años.

Donde sí se encuentran claras diferencias entre este gobierno y el anterior es en el ámbito de la retórica. La administración actual reconoce estos problemas, sin procurar ocultarlos a través de la manipulación de las estadísticas oficiales, y plantea metas para ir resolviéndolos. Aquí se inscriben no sólo los objetivos fiscales y de inflación sino también las promesas de avanzar en las reformas tributaria y laboral, esenciales para enfrentar el problema de competitividad que se encuentra en la base del importante desequilibrio externo.

Sin lugar a dudas, en la segunda mitad de su mandato el Gobierno deberá realizar un esfuerzo mayor para transformar sus ideas y sus promesas en medidas concretas que permitan corregir en forma más significativa los importantes desequilibrios que aun presenta la economía.

Tendremos que confiar en que un buen resultado electoral puede dotar a las autoridades de la confianza que necesitan para avanzar con mayor decisión en esa dirección aunque nadie nos puede cuestionar si nos dejamos vencer por el escepticismo. En los últimos 40 años Argentina nunca pudo corregir los desequilibrios de la economía sin atravesar una crisis de magnitud y no se percibe la madurez suficiente en la clase política para obtener en esta oportunidad lo que representaría un logro sin precedentes en la historia reciente.