Las oportunidades de la crisis

Toda crisis genera oportunidades y la corrida cambiaria que sacudió a nuestro país en los últimos días y llevó al Gobierno a iniciar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional no es la excepción. E, incluso, puede ser vista hasta como una bendición.

El camino elegido por las autoridades, seguramente a partir de las evaluaciones políticas y electorales, ponía a la economía argentina en una situación de extrema vulnerabilidad. Un déficit en la cuenta corriente del balance de pagos que en el 2017 fue de 15.300 millones de dólares planteaba una fuerte dependencia del financiamiento internacional, que podía interrumpirse en cualquier momento, como consecuencia de algún evento externo o sencillamente de la pérdida de confianza de los operadores extranjeros en nuestro país. Finalmente, esto sucedió, indudablemente antes de lo que hasta el analista más pesimista esperaba.

Y es precisamente en el hecho de que el shock se está produciendo en forma temprana donde radica la cuota de fortuna, posiblemente no para el Gobierno, que avanzaba confortablemente hacia la reelección y ahora deberá esforzarse para lograrla, pero sí para el resto de los argentinos, que tenemos ahora la oportunidad de corregir a tiempo el rumbo y evitar así la megacrisis que nos esperaba al final del camino.

La gran ventaja de vernos obligados hoy a hacer las correcciones que se venían demorando es que las autoridades económicas todavía tienen las herramientas para transitar hacia el nuevo equilibrio en forma ordenada. El Banco Central cuenta con reservas internacionales por 57 mil millones de dólares, el sector público presenta aun un bajo nivel de endeudamiento (28,5% del PBI, tomando la deuda con el sector privado y organismos bilaterales y multilaterales) y no tenemos ningún programa vigente con el Fondo Monetario Internacional.

Se trata de una situación muy distinta a aquella en la que nos podríamos encontrar si el shock, en lugar de producirse en este momento, se produjera más adelante en el tiempo, con una economía más endeudada o directamente en cesación de pagos y con un Banco Central con las bóvedas vacías, condiciones que en el pasado dieron lugar a crisis traumáticas como la de la hiperinflación en 1989 o la salida de la convertibilidad en 2002.

En definitiva, en un contexto relativamente favorable, hoy el Gobierno se ve obligado a recalcular la estrategia económica, avanzando en forma más rápida con la reducción del todavía considerable déficit fiscal, tal vez no limitándose casi exclusivamente al recorte de los subsidios a los servicios públicos, tolerando un tipo de cambio real más elevado, que favorezca la competitividad de la economía y permita ir reduciendo el enorme desequilibrio externo, y posiblemente retomando la agenda de reformas estructurales, que abandonó abruptamente luego de los incidentes registrados a fines del año pasado durante el trámite legislativo de la reforma previsional. Esto debe ser un motivo de alivio, para nada de preocupación.

Un crecimiento vulnerable

En las últimas semanas se conocieron datos muy positivos sobre la marcha de la economía. El nivel de actividad arrancó el año con un vigoroso crecimiento del 4,1% interanual en enero y febrero también se perfila muy bien, a juzgar por los incrementos del 16,6% en la construcción y el 5,3% en la industria que reportó el Indec para ese mes en relación a febrero de 2017.

Sin embargo, sin dejar de festejar el hecho de que la economía está creciendo por segundo año consecutivo por primera vez desde el 2011, no se puede soslayar los datos preocupantes que surgen mes a mes del intercambio comercial de nuestro país con el resto del mundo. En febrero, el déficit comercial volvió a superar los 900 millones de dólares y suma 1.872 millones en el primer bimestre. Todo parece indicar que este año se va a superar el saldo negativo récord del año pasado, de 8.471 millones de dólares.

Hay que tener en cuenta, además, que si al saldo de bienes se le agrega el de servicios reales el resultado negativo ascendió a 15.300 millones de dólares en 2017.

Todo esto significa que el crecimiento económico que viene teniendo el país es altamente dependiente del financiamiento internacional. Sólo es posible gracias a que los importadores argentinos obtienen de los emisores de deuda locales, principalmente el gobierno nacional y los provinciales, una parte significativa de las divisas que necesitan para realizar sus operaciones. No podrían alcanzar el volumen actual de transacciones utilizando solo las divisas generadas por las exportaciones. Este hecho le da una gran vulnerabilidad al crecimiento, que se transformaría en una caída estrepitosa si la oferta de dólares financieros se cortara por algún motivo, porque los inversores comienzan a dudar de la capacidad de nuestro país para pagar su creciente deuda (la externa se incrementó en el 2017 cerca del 30% y superó los 230 mil millones de dólares) o porque se dispara una fuga de capitales de los mercados emergentes a partir de algún evento externo.

Y si bien no se espera en el corto plazo un escenario de esas características resulta indudable que la amenaza de que eso suceda es hoy más sustanciosa que meses atrás, con el aumento en las tasas de interés internacionales que se registró en las primeras semanas del año y el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, que viene generando turbulencias en los mercados globales.

El Gobierno debe analizar seriamente si, frente a este terreno más accidentado, no debe modificar su hoja de ruta, con la que se siente claramente cómodo de cara a las elecciones presidenciales del 2019 pero que plantea evidentes riesgos. Aplicar un plan más ambicioso de reducción del déficit fiscal, favorecer un dólar más competitivo y retomar la agenda de reformas económicas que dejó relegada son algunas de las opciones que tiene a mano. En la medida en que prefiera mantener esta senda, el crecimiento que tanto costó conseguir continuará pendiendo de un hilo.

Amainan los ánimos reformistas

El ánimo reformista con el cual el Gobierno comenzó la segunda mitad de su mandato se viene deshilachando con el paso de las semanas. Tras haber logrado la aprobación en el Congreso de versiones bastante anodinas de las reformas tributaria y previsional, todo parece indicar que a la reforma laboral le aguarda el mismo destino, reduciéndose apenas a un proyecto de blanqueo de los trabajadores informales.

Una clara señal de este cambio de ánimo fue el discurso del presidente Mauricio Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, donde enfatizó que “lo peor ya pasó y ahora vienen los años en los que vamos a crecer”, cuando la verdad es que apenas se puede decir que el proceso de reordenamiento de la economía comenzó y hay enormes esfuerzos por delante si queremos llegar a buen puerto sin estrellarnos una vez más contra una nueva crisis.

La única “lucha” que el Gobierno parece dispuesto a dar en esta primera etapa del año es la de intentar imponer una pauta de aumentos salariales cercana al 15% y sin cláusula gatillo en un año en el que las expectativas sitúan a la inflación en el 20%, no en la meta revisada en diciembre del año pasado.

Esto se suma al esfuerzo fiscal al que la administración se comprometió para el 2018, que implica bajar el déficit primario del 3,9% del PBI del año pasado al 3,2% del PBI.

Parece poco frente a los enormes desequilibrios que aun persisten, como el propio déficit fiscal, que sumando los intereses de la deuda y los rojos provinciales llega al 7% del PBI, y el externo, con una balanza comercial que cerró el 2017 con un saldo negativo de 8.500 millones de dólares y que abrió el 2018 con uno de casi 1.000 millones de dólares. Todo esto, en un mundo que se va tornando menos favorable para un país con fuertes necesidades de financiamiento como el nuestro, con la suba en la tasa de interés del Bono del Tesoro norteamericano a 10 años, que se instaló en las últimas semanas cerca del 3%, y con la fuerte sequía que viene afectando al campo sumándose al cóctel.

¿Ha quedado traumado el Gobierno tras los disturbios que acompañaron el proceso de aprobación de la reforma previsional en diciembre del año pasado? ¿O sencillamente se reconoce sin la fuerza necesaria para lograr que reformas más ambiciosas atraviesen el trámite parlamentario, dada la constitución que hoy tiene el poder legislativo? ¿O ya tiene la cabeza demasiado puesta en las elecciones presidenciales del 2019, donde vislumbra una victoria segura y no quiere hacer nada que pueda amenazarla?

Son todos interrogantes que iremos desentrañando con el transcurrir de los próximos meses. De lo que no quedan dudas es que los ánimos reformistas han amainado y esto hace que se vayan formando importantes nubarrones en el horizonte económico de la Argentina.

Un año clave para avanzar con las reformas pendientes

Para este año se espera nuevamente un incremento de la actividad económica del 3%. El Gobierno ya enfatiza que, por primera vez desde el 2011, se van a encadenar dos años consecutivos de crecimiento y es cierto que éste no deja de ser un motivo de beneplácito. Pero, sin lugar a dudas, la tasa de crecimiento no es en modo alguno el tema económico más importante de este 2018. Lo más relevante va a ser cómo aprovechan las autoridades este año sin elecciones para lograr avances sólidos en la corrección de los importantes desequilibrios que presenta la economía y que, como quedó demostrado a finales del 2017 con la reforma previsional, plantean un importante desafío político para la administración.

Todos sabemos que hoy el Gobierno está jugando una carrera contra el tiempo. Debe dotar de viabilidad a la economía argentina antes de que se agote el financiamiento internacional, por la pérdida de confianza de los inversores extranjeros en el país o porque algún evento externo ahuyente los capitales de las economías emergentes. Y si los avances logrados este año son exiguos tendrá poco margen en el 2019 para hacer la plancha de cara a las elecciones presidenciales y alimentará las dudas que ya existen respecto a su capacidad y/o voluntad para corregir el rumbo.

Un test importante cuyo cumplimiento se da por descontado es el objetivo fiscal del 2018, del 3,2% del PBI, que no requerirá un esfuerzo menor de parte de las autoridades, habida cuenta que este año no se contará con los ingresos del blanqueo de capitales, que el año pasado representaron aproximadamente un 1% del PBI. Pero, ¿alcanza con esto? Es loable pero, a los ojos de la Historia, puede terminar resultando insuficiente.

A pesar de los amagues, el atraso cambiario claramente se mantendrá en este 2018. Con una meta de inflación que sigue siendo exigente y con correcciones tarifarias que continuarán a lo largo del año, se puede aspirar apenas a que el dólar le empate al aumento de los precios, extendiendo la agonía de un sector externo que en 2017 preocupó a propios y extraños.

Por eso, en estas últimas semanas el Gobierno está midiendo sus fuerzas para encarar tal vez la batalla más importante del 2018: la reforma laboral. Un avance claro en este ámbito puede devolverles a las empresas argentinas que compiten con el mundo al menos una parte del oxígeno que el atraso cambiario les está quitando. Los sindicalistas ya están mostrando los dientes, a juzgar por las declaraciones que hizo hace pocos días Luis Barrionuevo: “A los sindicatos los atacaron los militares, Alfonsín y De la Rúa y no terminaron su mandato”, advirtió.

Por lo tanto, no será la tasa de incremento de la actividad económica el indicador del éxito de la gestión en este año que acaba de comenzar. De poco puede servir a la larga ese crecimiento si al final del año no se ha logrado acotar en forma significativa la magnitud de los desequilibrios que hoy existen. La crisis que ellos son capaces de provocar puede barrer con ese crecimiento y mucho más.

Un año de claroscuros

Estamos cerrando un año que en materia económica deja varias cuestiones positivas pero también serios motivos de preocupación. La calificación final que cada uno le va a asignar a este 2017 va a depender de la tendencia que se tenga a mirar la mitad llena o la vacía del vaso.

Comenzando con la parte llena, indudablemente hay que mencionar la tasa de crecimiento con la que la economía cerrará el año, cercana al 3%. Si bien este desempeño se encuentra en línea con las expectativas que había a finales del año pasado (el promedio del Relevamiento de Expectativas de Mercado publicado por el Banco Central en diciembre del año pasado fue de 2,9%), eso no le quita méritos al resultado, viniendo de una caída del PBI de 2,2% el año pasado.

Otro de los aspectos positivos del 2017, es la importante caída de la inflación. Tras marcar un 40% en el 2016, se perfila para cerrar el año en el 23,5%: un éxito indudable, a pesar de que muchos prefieren detenerse en el hecho de que quedó lejos de la meta fijada por el Banco Central, del 17%. Lo cierto es que se tratará de la inflación más baja desde 2011, cuando se ubicó en el 22,8%.

También hay que destacar la evolución de las cuentas públicas. Los últimos 3 meses reflejaron un importante avance en materia fiscal, con una caída real del gasto primario, que creció 17% interanual en agosto y septiembre y solo 6% en octubre, gracias principalmente a los fuertes ahorros que se vienen logrando en materia de subsidios, que cayeron más de un 40% interanual en septiembre y octubre. Como resultado de este esfuerzo, el déficit fiscal primario fue en los primeros 10 meses del año de solo un 2,5% del PBI, lejos del objetivo planteado del 4,2% cuando faltan los datos de los dos últimos meses, que eso sí suelen presentar los desequilibrios más abultados.

Cuando uno mira las zonas oscuras de la economía, el atraso cambiario ocupa un sitial de privilegio. Provocado por la combinación de un elevado déficit fiscal, que impone la necesidad de apelar al ahorro externo, y la obstinación del Banco Central en cumplir metas de inflación irreales, con tasas de interés en las nubes que atraen capitales especulativos, no solo es preocupante por la vulnerabilidad y volatilidad que le imprime a la economía sino también porque desincentiva la inversión en los sectores de bienes transables, clave para un crecimiento sólido en los próximos años. Como consecuencia de esto, el déficit comercial superó entre enero y octubre los 6.000 millones de dólares y ya es el más alto de la historia en términos nominales.

Tampoco puede dejar de mencionarse el inevitable aumento de la deuda, como resultado de la justificable decisión de reducir el déficit fiscal en forma gradual. A finales de junio, la deuda externa bruta alcanzaba los 204,8 mil millones de dólares, un crecimiento interanual del 16%, alimentado principalmente por el incremento del 35% en el endeudamiento del gobierno nacional y los provinciales. Sin dudas, una importante amenaza de cara al futuro.

En definitiva, un año con claroscuros muy marcados. Hay mucho trabajo por delante si se pretende lograr un 2018 más balanceado.

Política monetaria: reminiscencias de 4 décadas atrás

Hacia junio de 1977, preocupado por una inflación que, a pesar de los distintos intentos por contenerla, se mantenía en un nivel elevado, el equipo económico liderado por José Alfredo Martínez de Hoz decidió poner en marcha una política monetaria contractiva. Las tasas de interés nominales llegaron a subir hasta cerca del 400% anual, con una inflación que cerró el año en el 160%. Esta política se extendió hasta abril de 1978, cuando, bajo la presión de las autoridades militarles, fue abandonada.

La estrategia no hizo mella en la inflación, que no sólo no bajó sino que aumentó: pasó de 22,1% en el segundo trimestre de 1977 a 27,2% en el tercero y 33,2% en el cuarto. Y tuvo un impacto negativo sobre la actividad económica, que, tras crecer un 6,39% en 1977, registró una caída del 3,22% en el año siguiente.

Las decisiones que vienen tomando las autoridades del Banco Central en las últimas semanas evocan inevitablemente la experiencia de aquel entonces. Nuevamente, ante la frustración por no lograr avances decisivos contra la inflación, la autoridad monetaria opta por avanzar con una política contractiva que está llevando las tasas de interés a las nubes. Una vez más parece caerse en el error de pensar que sólo con una tasa de interés elevada se puede domeñar un fenómeno sumamente complejo y multicausal.

Continuar obstinadamente por este camino va a afectar el desenvolvimiento de la actividad económica y va a contribuir a profundizar el atraso cambiario, que ya viene provocando un fuerte desequilibrio externo, con un déficit comercial que superó los 5.000 millones de dólares en los primeros 9 meses del año. Todo esto sin tener un efecto significativo sobre la tasa de incremento de los precios.

Hay que reconocer, sin embargo, que la inflación es un fenómeno cuya solución presenta particulares dificultades en nuestro país. Baste decir que sólo en 13 de los últimos 70 años fue menor a los dos dígitos. Como señalé en un artículo de octubre del año pasado, días después de que se anunciaran las metas, “la lucha contra la inflación no es una tarea de una sola persona, una sola institución o un solo instrumento de política económica. Huelga decir que en un país como el nuestro se trata de una misión muy difícil para la cual nadie tiene la fórmula infalible. Pero, indudablemente, una solución exitosa y perdurable del problema exigirá un esfuerzo fiscal más decidido por parte del Gobierno, una mayor predisposición al diálogo y a la posibilidad de forjar acuerdos, tanto de los autoridades políticas como del resto de los dirigentes, sindicales, empresarios y de la oposición, y más paciencia y vocación para comunicar a la sociedad la importancia de llegar a buen puerto en este ámbito por parte de los responsables de la política económica”.

Esperemos que se aprenda de las lecciones del pasado y no se intente aplicar soluciones de manual a realidades sociales de suma complejidad.

Una prueba de carácter

El 23 de octubre, el día después de las elecciones de medio término, se inicia un período crucial para la economía argentina. Será indudablemente una etapa más complicada para el gobierno que estos dos años que han pasado, en los cuales, en gran parte por falta de experiencia, se fue más a los tumbos de lo que debería haber sido necesario para obtener los resultados que están a la vista.

Lo cierto es que, como hemos señalado en este espacio en más de una oportunidad, más allá de los importantes avances que se lograron hacia a la normalización del funcionamiento de la economía, hay variables macroeconómicas esenciales que hoy se encuentran en una situación prácticamente similar a la de diciembre de 2015. Es el caso del déficit fiscal, que este año va a terminar en torno al 7% del PBI si se consideran los intereses de la deuda pública y los desequilibrios provinciales, y el atraso cambiario: tras el incremento significativo que tuvo el tipo de cambio real luego de la salida del cepo, la inflación le viene ganando en forma casi ininterrumpida a la evolución del dólar. Los resultados de esto ya se están viendo en las cuentas externas, con un déficit comercial superior a los 1.000 millones de dólares en agosto. Si se exceptúa el caso particular de diciembre de 2015, se trata del saldo negativo mensual más elevado desde 1990, año en el que se inicia la serie que publica el Indec.

Es decir que el Gobierno, tras un inicio en el que, con el objetivo aparente de resolver estos problemas, se atrevió a tomar medidas de alto impacto sobre los ingresos, como la mencionada salida del cepo y la devaluación que ésta provocó, la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y la suba de las tarifas de los servicios públicos, y amenazó con una reestructuración importante del Estado, tal vez sintiéndose amparado por “la herencia recibida”, está llegando a la mitad del mandato muy cerca del punto de partida.

Ya sin el recurso de los ingresos extraordinarios del blanqueo de capitales que se obtuvieron el año pasado y éste, las autoridades económicas deberán cumplir sí o sí con el objetivo de déficit primario del 3,2% del PBI establecido para el año que viene y del 2,2% del PBI, para el 2019. Y esto posiblemente implique tomar decisiones sensibles, dependiendo de lo que suceda con una economía que no tiene el crecimiento asegurado, ya que se puede encontrar con la dificultad de una alta tasa de interés real si el Banco Central se empecina en alcanzar las metas que fijó para los próximos dos años y, todo indica, deberá seguir soportando la carga de un tipo de cambio atrasado que le pone un claro límite a la expansión de las exportaciones y de aquellos sectores que enfrentan la competencia de la producción extranjera.

En definitiva, en la segunda etapa del mandato tendremos una prueba de carácter para la administración de Mauricio Macri. Parece inevitable, si se pretende dejar a la economía bien encaminada al final de la gestión, que se deban tomar medidas que tendrán un impacto en los ingresos de la población y/o que generarán una pérdida inicial de puestos de trabajo. Y cada vez quedará más lejos en el tiempo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para echarle la culpa