Creciente intervención del Estado en la economía

El mes de febrero dejó entre sus principales novedades el regreso de los topes a las tasas de interés, con la decisión del Banco Central de establecer un máximo del 55% para el costo del financiamiento de los saldos deudores de las tarjetas de crédito. Ya durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se había apelado a este tipo de instrumentos del que se ha abusado durante los últimos 70 años, con resultados negativos para la economía y el sistema financiero.

Para aquellos que teníamos la esperanza de que Alberto Fernández fuera una versión del peronismo más respetuosa del funcionamiento de los mercados, con medidas como ésta vamos viendo a eso como algo cada vez menos probable.

Si el Gobierno considera que las tasas de interés de las tarjetas de crédito se encuentran en niveles elevados como resultado de la existencia de prácticas oligopólicas en el mercado bancario, debería tomar medidas que incrementen la competencia en el mismo pero no utilizar estos topes que ponen a los precios en niveles arbitrarios, alterando señales que son esenciales para el normal desenvolvimiento de la economía.

Hay que tener presente que el sistema de precios produce una asignación eficiente de los recursos a lo largo de la economía. Indica cuáles son los sectores productivos más rentables para volcar el capital, el trabajo y/o la tierra. Si de algún modo se obstaculiza este sistema, la asignación de recursos va a perder eficiencia o no se va a realizar, llevando a una situación de bajo crecimiento o directamente al estancamiento de la economía.

Esto se ha observado en los últimos 8 años. Desde que comenzaron a introducirse medidas para manipular los distintos precios de la economía a partir del inicio del segundo gobierno de Fernández de Kirchner a finales del 2011 se entró en un período de estancamiento que aun no se ha podido superar. La liberalización de los precios que se llevó adelante entre 2015 y 2019 venía dando buenos resultados en sectores como el energético y el exportador y si el sistema político le hubiera dado continuidad a este marco más favorable para la inversión privada sin lugar a dudas esto se habría extendido a otros sectores. La reintroducción de estos obstáculos para la actividad económica siembra serias dudas para el futuro.

Resulta notable cómo todavía se continúa insistiendo con políticas económicas que no han resultado exitosas en ningún lugar del mundo y contras las cuales hace décadas vienen advirtiendo prestigiosos economistas. Evidencia del estancamiento conceptual en el cual se encuentra nuestra sociedad en materia económica es la vigencia que tiene hoy este pasaje de un trabajo del economista Raúl Prebisch sobre el estado de la economía argentina en 1956: “La intervención excesiva y desordenada del estado ha perturbado gravemente el sistema económico y ha generado beneficios extraordinarios para los buscadores de rentas pero no para los empresarios creativos o productores eficientes”. Si no logramos incorporar estos conceptos el futuro no será alentador. 

Un comienzo sin sorpresas

El nuevo gobierno puso en marcha en las últimas semanas el paquete de medidas económicas con el que lleva adelante su ataque inicial contra los persistentes problemas de la economía argentina, que la mantienen estancada desde hace ya 8 años.

Y, ciertamente, no hubo sorpresas en el mix elegido. Bajo el argumento de la emergencia económica, se ha multiplicado la intervención del estado en la actividad económica a través de nuevos impuestos, regulaciones y controles. Se pretende alcanzar el objetivo loable de mejorar la situación de los sectores más vulnerables pero al costo de generar una elevada incertidumbre respecto a lo que sucederá con los precios relativos en el futuro. En lugar de despejar el horizonte, se lo ha ocultado aun más detrás de una maraña de medidas cuyo impacto sobre las ecuaciones de rentabilidad de los distintos sectores puede volver a cambiar en cualquier momento por una nueva decisión gubernamental.

Una vez más se transmite un mensaje de falta de institucionalidad: el que llega al gobierno puede hacer lo que quiera sin límite alguno, con legisladores que apoyan leyes que se oponen completamente a otras que votaron un par de años atrás.

A esto se debe agregar que, fiel al estilo de los últimos gobiernos peronistas, no se percibe ni un solo guiño al capital privado. La retórica política se impone por completo a la necesidad económica. Pareciera desconocerse que en una economía capitalista la única manera de crecer es a través de la inversión privada y que una tarea esencial de cualquier administración es generar las condiciones para que ésta prolifere.

Por lo tanto, puede ser que este paquete de medidas provoque un alivio inicial, un pequeño rebote, aprovechando el margen que dejó la fuerte devaluación del peso y la imposición del cepo cambiario durante la gestión anterior, que permiten disponer y poder sacarle el máximo provecho a los dólares generados por el superávit comercial, que en noviembre alcanzó los 2.445 millones de dólares, el valor mensual más alto en más de 10 años. Pero sin lugar a dudas no pondrá en marcha un proceso de crecimiento sostenido en los próximos años.

En algún momento se deberá corregir el esquema, poniendo énfasis en la generación de un horizonte más claro y favorable, que permita impulsar la inversión privada. De lo contrario, se completará una nueva década perdida y difícilmente se superen los próximos tests electorales. En la última elección el peronismo todavía pudo jactarse de las mejoras obtenidas por amplios sectores de la población allá lejos entre 2003 y 2011. Pero si se mantiene este planteo inicial será afortunado si en los próximos cuatro años logra mínimas ganancias respecto a la situación recibida. 

De todos modos, se puede señalar como algo positivo que las nuevas autoridades parecen comprender la importancia del equilibrio fiscal, en contraposición a lo que sucedió durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, con un déficit fiscal que no dejó de subir a partir de 2011. Si esta aparente responsabilidad se termina trasladando a los resultados, se podrá descartar, al menos, los escenarios de inestabilidad y aceleración inflacionaria que se temían en las semanas previas al cambio de gobierno. 

El desafío de retomar el crecimiento

Sin ningún lugar a dudas, el principal desafío que enfrenta el nuevo gobierno liderado por Alberto Fernández es sacar a la economía argentina del largo estancamiento en el que se encuentra desde el 2012.

En los últimos dos mandatos presidenciales, la actividad económica no solo no creció sino que, dependiendo de cuál sea el resultado final de este 2019, se redujo alrededor de un 3%. Es decir, la economía argentina es hoy un 3% menor a lo que era en el 2011. Si además tenemos en cuenta que se estima que entre el 2011 y el 2019 la población del país se incrementó en un 8,9%, el ingreso anual por persona disminuyó más de un 10%.

En este aspecto, este nuevo mandato peronista se asocia con aquel que Carlos Menem inició en 1989, también con el reto de poner en marcha la economía tras un largo período de estancamiento.

Como siempre, no es difícil formular qué es lo que se requiere para que la actividad económica ingrese en un sendero de crecimiento, lo complejo es llevarlo a la práctica, en un clima de ansiedad, de expectativas de una pronta resolución de los problemas y de divisiones internas muy marcadas en la coalición que gobernará la Nación a partir del 10 de diciembre.

El punto esencial para generar las condiciones necesarias para el crecimiento económico es la estabilización de precios relativos que favorezcan la inversión privada. Y, para ello, la corrección del déficit fiscal es un punto insoslayable. Muy difícil imaginar que la economía crezca en los próximos años si no se resuelve el problema fiscal, no solo porque es un importante factor de desestabilización sino también porque genera una gran incertidumbre sobre cuál va a ser la carga tributaria y, por ende, la rentabilidad de los proyectos de inversión. En este último aspecto también es sumamente relevante cuál es el grado en el que se va a cerrar la economía, dependiendo de lo que signifique la promesa del presidente electo de no “traer remeras de China o bicicletas de Corea” o que se reediten las restricciones a las importaciones que se aplicaron en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner para hacer frente a la escasez de divisas.

Teniendo en cuenta todo esto, a la hora de afrontar el problema del crecimiento, el nuevo gobierno deberá resolver un dilema que se le presenta: la situación actual parece ofrecer margen para lograr una recuperación de corto plazo demorando las correcciones y definiciones esenciales para generar las condiciones para un crecimiento de largo plazo. Hay una tentación para ir en búsqueda de esa mejora inmediata a fin de complacer a los votantes, a los movimientos sociales y a los miembros más impacientes de la coalición. El resultado final dependerá, entonces, en gran medida de que Alberto Fernández apele lo mínimo indispensable a la solución fácil y de corto plazo y se concentre al máximo en sentar las bases para poner en marcha un proceso de crecimiento perdurable, algo que no se logrará en forma inmediata sino que llevará un tiempo de maduración.

¿Peronismo de los ´70 o de los ´90?

El contexto externo con el que iniciará su gestión la próxima administración, en particular en lo que tiene que ver con los términos del intercambio, es decir la relación entre los precios de los bienes que exportamos y los que importamos, nos lleva a asociarla más con el gobierno de Carlos Menem en la década del ´90 que con el resto de las gestiones justicialistas que se registraron en la historia argentina - Perón (1946/55), Cámpora/Perón/Martínez de Perón (1973/76) y Kirchner/Fernández de Kirchner (2003/15). De mantenerse en los niveles actuales los precios internacionales, el próximo gobierno no podrá impulsar el crecimiento de la economía promoviendo un aumento de los salarios reales y una expansión del gasto público como lo hicieron estos últimos.

Por lo tanto, las posibilidades de crecimiento de la Argentina durante el mandato de Alberto Fernández van a depender de que logre continuar con el proceso de recuperación de las exportaciones que se inició en estos últimos 4 años, consolidando la mejora de la rentabilidad del sector y planteando un marco de previsibilidad convincente, algo en lo que resultó especialmente exitoso el mandatario riojano, en cuya administración las exportaciones crecieron un 143%.

Sin embargo, ¿resulta claro que el próximo presidente va a elegir este camino, que es el que ofrece las mejores perspectivas para que la economía argentina reinicie su marcha tras 8 años de estancamiento? Ciertamente, no. Es que, así como se encuentran similitudes entre el contexto que enfrenta el peronismo hoy con el que enfrentó en los ´90, también las hay con el peronismo de los ´70, en particular, tras la muerte de Juan Domingo Perón en julio de 1974. Al igual que entonces, en la próxima administración el poder estará atomizado entre diversas facciones. Claramente, no habrá un líder indiscutido y carismático con la capacidad para disciplinar a la tropa peronista. En estas condiciones a Fernández le puede resultar sumamente dificultoso imponer los costos que diversos sectores de la sociedad deberán aceptar para estabilizar los precios relativos y poner a la economía en movimiento.  

De todos modos, más allá de cualquier especulación, la próxima administración contará con una importante ventaja respecto a la que se está yendo. Desde el inicio del actual mandato resultaba claro que, aun si se tomaba las mejores decisiones y se lograba generar las condiciones óptimas para el despegue de la inversión privada, el nivel de apoyo que Cristina Fernández de Kirchner conservaba en un segmento significativo de la población mantenía abierta la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder y de un cambio en esas condiciones. Esto actuaba como un factor disuasivo para la realización de inversiones que, muy posiblemente, en otro marco político se habrían llevado adelante.

Por el contrario, si la coalición que está llegando al poder logra generar condiciones favorables, la posible alternancia iría en la dirección de una consolidación de las mismas, no una modificación, y esto podría desencadenar la “lluvia de inversiones” que no llegó durante el mandato de Mauricio Macri en caso de acertarse en la formulación del esquema económico que regirá en los próximos años.

¿Tras las huellas de Menem?

Es prácticamente un hecho que Alberto Fernández iniciará el 10 de diciembre el quinto período de gobierno del peronismo en nuestro país, tras los de 1946/55, 1973/76, 1989/99 y 2003/15. E, intentando dilucidar qué es lo que nos puede deparar la nueva administración peronista, uno puede identificar una importante coincidencia económica entre el mandato que se iniciará en diciembre y aquél que inició Carlos Menem en 1989. Todo indicaría que, al igual que el riojano, Fernández no se va a ver beneficiado por un comportamiento particularmente favorable de los términos del intercambio de nuestro país.

Pareciera que las condiciones van a ser completamente distintas a las del resto de los gobiernos peronistas, en los cuales la evolución de la relación entre los precios de las exportaciones y las importaciones argentinas hizo posible llevar adelante políticas económicas fuertemente expansivas sin chocar en forma inmediata contra la restricción externa. Los primeros dos gobiernos de Juan Domingo Perón, por ejemplo, se iniciaron en 1946 con un salto en los términos del intercambio superior al 50% respecto al año anterior y los mismos continuaron subiendo hasta alcanzar el máximo de todo el siglo en 1948. Nuevamente, al llegar, primero, Héctor Cámpora y, más tarde, Perón, a la presidencia en 1973, se registró un nuevo salto en los términos del intercambio, en este caso del 25%. La bonanza en esta oportunidad fue más breve y terminó desembocando dos años después en el Rodrigazo, ya con María Estela Martínez de Perón en la presidencia tras la muerte del caudillo. Es más conocido cómo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se beneficiaron con términos del intercambio favorables, con la peculiaridad de que la suba que comenzó a registrarse meses antes de las elecciones de 2003 continuó casi ininterrumpidamente hasta el punto máximo alcanzado en 2012. Por el contrario, Menem asumió con términos del intercambio históricamente bajos que recién empezaron a subir tímidamente en su cuarto año de gestión.

Por lo tanto, Fernández deberá buscar las pistas para el éxito más en la gestión económica de este último que en las experiencias de su compañera de fórmula o del líder histórico de su partido. De darse, de acuerdo a lo esperado, una evolución de los términos del intercambio similar o peor a la registrada en la década del ´90, no podrá impulsar el crecimiento promoviendo un aumento de los salarios reales y una expansión del gasto público como lo hicieron aquellos. Las posibilidades de crecimiento de la Argentina durante su mandato van a quedar sujetas a su capacidad para dinamizar la inversión privada y las exportaciones y, por lo tanto, deberá llevar adelante políticas económicas que logren restablecer la confianza de los inversores locales e internacionales, como aquellas que permitan alcanzar la solvencia fiscal, asegurar un adecuado funcionamiento de los mercados y estabilizar los precios.

Si, a pesar de las restricciones que existen, por convicción o para hacer frente a las presiones de los socios de su coalición, el próximo presidente busca caminos alternativos hacia el crecimiento lo más probable es que se termine de completar esta nueva “década perdida” que se inició en 2012 durante la última gestión peronista.

Rehenes de una disputa por el poder

En estas semanas traumáticas que venimos atravesando, que se agregarán a la atiborrada crónica de bochornos económicos de nuestro país, una cosa debe quedar completamente clara: más allá de los problemas que aun presenta la economía, los sucesos que estamos viviendo son el resultado de una disputa política en la que los participantes en ningún momento repararon en los graves riesgos a los que estaban exponiendo a la economía y a la población.

Tanto desde el Gobierno como desde la oposición no se tomaron las medidas necesarias para evitar este desenlace que profundiza la inestabilidad de la economía y genera un desperdicio innecesario de las reservas del Banco Central. El oficialismo debería haber contemplado el riesgo que entrañaban unas elecciones primarias que no resolvían nada pero que si producían un resultado negativo generaban un vacío de poder excesivamente prolongado. También fue corresponsable en la generación del pánico que despierta la perspectiva de un gobierno de Alberto Fernández en algunos sectores de la población. La oposición por su parte sacó el mayor partido posible de la indefinición de su postura en materia económica Apuntalada por la crisis económica y por un marco institucional que no impone restricciones, convenció a propios y extraños de que cualquier cosa es posible a partir del 10 de diciembre.

Esta experiencia tan desafortunada debe impulsar a la sociedad en general y a la dirigencia política en particular a generar un marco institucional que modifique estas reglas de juego perversas según las cuales cualquier cosa puede suceder en materia económica con un cambio en el signo político de un gobierno. 

Y en este marco institucional, el compromiso por la solvencia fiscal debe ocupar un lugar de privilegio y ser garantizado con todas las herramientas legales que sea posible formular. El déficit fiscal es el responsable último de todas las crisis económicas que vienen asolando a nuestro país durante los últimos 45 años. Si uno observa las crisis de 1975/6, 1981/2, 1988/90, 1999/02 y la actual, en todos los casos va a encontrar en los años precedentes un deterioro de la situación fiscal y dificultades crecientes para financiar el desequilibrio de las cuentas públicas. Y en la actualidad, cuando parecía que el Gobierno venía avanzando hacia la corrección del problema fiscal, la crisis se desató nuevamente con la victoria de Alberto Fernández en las PASO, que hizo resurgir con fuerza las dudas acerca de que las autoridades que van a asumir el 10 de diciembre van a utilizar todos los medios a su alcance para generar un resultado positivo y sostenible en los próximos años.

Toda crisis entraña una oportunidad y la que aparece claramente en esta ocasión es la de generar los consensos que han sido esquivos hasta aquí para lograr los acuerdos básicos necesarios para brindar cierta previsibilidad respecto al futuro de la economía. Si no aprovechamos esta oportunidad, muy posiblemente continuaremos en esta espiral descendente por la cual venimos cayendo en las últimas décadas, que nos aleja cada vez más de los países exitosos y nos acerca a aquellos que alguna vez creímos haber dejado atrás.

El costo de la política argentina

Los datos publicados esta semana por el Indec sobre la evolución de la industria y la construcción volvieron a poner paños fríos sobre las expectativas de reactivación, que se habían visto alimentadas semanas atrás por el primer incremento interanual de la actividad económica en 15 meses. La industria y la construcción no solo continuaron mostrando en junio importantes caídas respecto al mismo mes del año pasado (6,9% y 11,8% respectivamente) sino que también volvieron al terreno negativo en la evolución de la serie desestacionalizada, tras dos meses consecutivos de crecimiento.

Y sin lugar a dudas un factor central detrás de este escenario es el funcionamiento de la política argentina. El debilitamiento de la coalición gobernante como consecuencia de la recesión y la posibilidad de un nuevo cambio de rumbo en la conducción de la economía generó una gran incertidumbre respecto al futuro en los últimos meses que paralizó la inversión.

De hecho, la inversión es el componente de la demanda agregada que más ha caído en los últimos meses, con una reducción interanual del 5,7% en el 2018, según los datos del Indec, y del 13,4% en el primer semestre de este año, según los datos más actualizados de la consultora de Orlando Ferreres.

La falta de adhesión de las principales fuerzas políticas de la Argentina a un conjunto de premisas económicas básicas que garanticen que en caso de un cambio de coalición gobernante no se realicen modificaciones de fondo en el esquema económico tiene como consecuencia un desaprovechamiento de las oportunidades de inversión que existen en nuestro país.

¿Cuántos proyectos no se llevaron adelante y puestos de trabajo no se crearon como consecuencia de la incertidumbre respecto a la rentabilidad que estos proyectos van a tener en caso de producirse un cambio de gobierno? Es difícil de precisar pero seguramente es una cifra importante que representa el costo para la sociedad argentina de un sistema político que hace más de 70 años no genera un esquema económico relativamente estable.

Mucho se habla de las reformas estructurales que se requieren en los próximos 4 años para poner en marcha la economía pero es más importante lograr de una vez por todas encontrar las coincidencias que seguramente existen entre los argentinos, dejando de lado la retórica del enfrentamiento y la descalificación, y generar los consensos que resultan indispensables para construir un futuro más alentador. Debe enfatizarse con claridad lo que está en juego, que es aquello que nos impide avanzar.

En definitiva: ¿de qué serviría avanzar con reformas que podrían ser desarticuladas una vez más si los vientos de cambio vuelven a soplar?