Apenas un primer paso

Parece inminente un acuerdo del Gobierno con los tenedores de bonos argentinos emitidos bajo legislación extranjera, un tema al que presenta como un punto de inflexión para que la economía argentina entre en la senda del crecimiento. El propio presidente Alberto Fernández señaló semanas atrás que “si se resuelve el problema de la deuda, el despegue de la economía argentina va a ser magnífico”.

Pero si bien este será un logro que debe ser festejado, un acuerdo con los acreedores, por más satisfactorio que resulte, es apenas un primer paso en el largo camino que se debe transitar para poner a la economía en marcha tras 9 años de estancamiento, un camino que se ha tornado más arduo con las complicaciones generadas por la pandemia de coronavirus.

Este camino involucra configurar una estructura de precios relativos que brinde incentivos para la inversión privada, en particular en el sector exportador. Para ello, es esencial alcanzar la solvencia fiscal y establecer límites claros a la intervención del estado en los distintos mercados, tanto a través de la tributación como de medidas regulatorias.

Lamentablemente, con el justificativo de la emergencia sanitaria, en las últimas semanas el Gobierno viene avanzando en la dirección opuesta en estos aspectos, sembrando serias dudas sobre la posibilidad de un “despegue magnífico” en los próximos años.

Por añadidura, las medidas adoptadas desde el establecimiento de la cuarentena también agravaron el problema de credibilidad que desde el inicio arrastró esta administración y que plantean un obstáculo adicional. Aun cuando se avanzara en la dirección correcta, siempre va a existir la desconfianza de que, en caso de necesidad política, en cualquier momento se puede venir un nuevo manotazo hacia los recursos del sector privado, como sucedió en el pasado con el proyecto de las retenciones móviles o la nacionalización de las AFJP. Este temor latente, que debe ser despejado por las autoridades, es un elemento disuasivo para la inversión privada y puede frenar el crecimiento en los próximos años.

Pero, mirando el lado medio lleno del vaso, si bien con el avance en la solución del problema de la deuda la administración peronista no va a poner en marcha un despegue de la economía, al menos va a lograr alejar un poco a la Argentina del precipicio al caos económico hacia el cual se dirige desde el estallido de la pandemia como consecuencia de la enorme masa de dinero que imprimió el Banco Central para financiar las medidas orientadas a morigerar los efectos de la misma sobre la economía. Al mejorar la solvencia fiscal, un acuerdo con los acreedores ayudará a recuperar la confianza que se necesita para evitar que esa masa de dinero siga presionando sobre el dólar y termine disparando una nueva aceleración de la inflación.

Una historia con final abierto

De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Economía, en mayo el déficit fiscal se incrementó cerca de 700% respecto al mismo mes del año pasado. Esto fue el resultado de la caída de los ingresos tributarios causada por la merma en la actividad producto de la pandemia y el fuerte incremento del gasto para financiar las medidas orientadas a paliar los efectos de la cuarentena sobre la economía.

Resultó inevitable, ante la falta de acceso al financiamiento de la Argentina, que este enorme déficit fiscal se cubra con la emisión monetaria del Banco Central, que atinadamente viene retirando el exceso de dinero que así genera a través de los instrumentos de regulación monetaria de que dispone. Pero esto no impide un aumento de la fragilidad de la economía. En primer término porque continúa creciendo el endeudamiento del sector público y se agrava la insolvencia fiscal. Y, por otro lado, porque, al incrementarse los depósitos a la vista y el dinero en poder del público en relación a las reservas internacionales, se reduce la capacidad de la autoridad monetaria para contener una corrida contra el peso.

Por eso resulta esencial que de manera urgente las autoridades tomen medidas que mejoren la percepción de la situación fiscal. En este sentido, un paso fundamental es completar la reestructuración de la deuda, que va a permitir reducir los vencimientos de la misma durante los próximos años. La nueva oferta presentada el 6 de julio es un avance significativo aunque persisten diferencias con algunos bonistas de peso.

Pero más importante aún es definir un sendero fiscal postpandemia. Debe haber un compromiso claro de las autoridades de lograr el equilibrio de las cuentas públicas lo antes posible. Es necesario que los gastos provocados por el coronavirus sean visto como excepcionales y con un límite definido y no como una oportunidad para ganar o conservar votantes.

De lo contrario, la inestabilidad va a ir en aumento. Si los argentinos siguen percibiendo que el gobierno va a resolver el creciente problema fiscal una vez más con la inflación, apoderándose de una parte de los ahorros y de los ingresos de la población a través de la desvalorizacion del peso, van a protegerse huyendo en forma cada vez más masiva de la moneda, agravando de este modo una crisis que ya viene siendo sumamente dolorosa.

Se va acercando el momento de la verdad y la administración liderada por Alberto Fernández debe mostrar a qué versión del peronismo más se asemeja. ¿A aquel que a principios de los 90 logró detener la hiperinflación y poner en marcha el periodo de estabilidad más largo de los últimos 70 años y un proceso de fuerte crecimiento? ¿A aquel de mediados de los 70 que, asediado por profundas divisiones internas, perdió por completo el control de la economía, que llegó a registrar entonces los niveles de inflación más altos de la historia hasta ese momento, por encima del 20% mensual? Estamos en el medio de una historia con final abierto y todos seremos responsables del desenlace.

El coronavirus y la fortuna peronista

Históricamente el peronismo se vio favorecido por la suerte en materia económica. Sin lugar a dudas, ésta ha sido un pilar en su constitución como la fuerza hegemónica de la Argentina.

Entre 1946 y 1948 pudo aprovechar los precios excepcionalmente altos de los bienes de exportación del país para llevar adelante la fuerte redistribución del ingreso que cimentó la leyenda de Perón y Evita como los protectores de los trabajadores. A su regreso al poder casi dos décadas más tarde, en 1973, el viejo caudillo se vio beneficiado una vez más por un nuevo máximo en los términos del intercambio (relación entre los precios de exportación y de importación) de la Argentina, lo que le permitió, en menor escala, reeditar las políticas redistributivas de sus primeras presidencias. Y, como si el dado económico de nuestro país estuviera cargado en favor del peronismo, pocos meses antes de la asunción de Néstor Kirchner como presidente en el 2003 se inició el ciclo de mejora de los precios de exportación de la Argentina que llevó los términos del intercambio a un nuevo máximo en el 2012. Gracias a esto, Kirchner y su esposa, que lo sucedió en el poder en 2007, pudieron impulsar la fuerte recuperación de los salarios reales y la expansión del gasto público que explican la popularidad que aun mantiene la actual vicepresidente, a pesar de haber dirigido el país durante 4 de los últimos 8 años de estancamiento económico.

Sin embargo, cuando parecía que el gobierno de Alberto Fernández iba a ser una excepción en este sentido, junto a la gestión de Carlos Menem, que la ruleta de la historia esta vez no iba a ser favorable a la fuerza política surgida en la década del ´40, con términos del intercambio que se mantienen estables desde el 2013, estalló la pandemia de coronavirus, un evento sin precedentes en la historia argentina y mundial.

Y si bien es prematuro sacar conclusiones en este momento, todo indicaría que la pandemia es un nuevo golpe de suerte para el peronismo. Sin lugar a dudas, el esquema económico que se había planteado en estos primeros meses de gestión difícilmente habría sacado a la Argentina del estancamiento en el que se encuentra. En ese contexto, a menos que se hubiera dado un oportuno cambio de rumbo, el gobierno de Alberto Fernández habría enfrentado serias dificultades para imponerse en las elecciones legislativas del año que viene. Sin embargo, la pandemia aparece ahora como la excusa perfecta para justificar un desempeño que en el mejor de los casos habría sido decepcionante para la mayoría de la población.

Por añadidura, si la pandemia queda atrás en los próximos meses, la economía argentina va a rebotar naturalmente de la fuerte contracción que están generando las medidas de aislamiento social que se tomaron para enfrentarla. Esto implicará que, sin haber hecho absolutamente ningún esfuerzo para generar las condiciones necesarias para un aumento de la capacidad productiva del país, la administración peronista posiblemente llegue a la elección del año que viene con la economía creciendo en términos interanuales y con el favor que esto suele generar en los votantes. El tiempo dirá.

Llamado a la solidaridad de la política

Resulta desalentador ver cómo el presidente y un sector mayoritario del partido gobernante parecen resistirse al reclamo natural de un recorte en los sueldos de funcionarios, legisladores y jueces durante la emergencia por la pandemia de coronavirus.

En este momento en el que, frente a la cuarentena obligatoria, una parte importante del sector privado tuvo que detener sus actividades e interrumpir de ese modo sus fuentes de ingreso es completamente lógico que se le pida al sector público que renuncie a una parte de sus sueldos para asistir a los más perjudicados.

Esto no sería tan necesario en un país con acceso al financiamiento o cuyos habitantes tuvieran predisposición para atesorar la moneda local. Pero en Argentina, en donde esto no sucede, el déficit fiscal que generará el incremento del gasto público para asistir a los sectores damnificados por la pandemia será cubierto con emisión monetaria y todo peso que sobre irá muy probablemente al dólar, presionando su cotización en el mercado paralelo, o a la adquisición de bienes, generando mayor inflación y/o desabastecimiento, dependiendo de cómo actúe el gobierno en materia de control de precios.

Por este motivo, todo esfuerzo que pueda hacer el sector público para compensar con una reducción del gasto ordinario el gasto excepcional que está provocando la pandemia puede permitir evitar una penalización mayor para el sector que hasta el momento está cargando con el grueso del costo económico de este evento histórico, el privado.

En definitiva, como ya había sucedido durante la crisis económica que se inició hace ya 2 años, una parte importante de la política parece resistirse a reducir sus privilegios aun en medio de esta emergencia inédita.

En los últimos años resultó evidente la falta de predisposición de la clase política para poner en equilibrio las cuentas públicas, que tuvo como desenlace la crisis de la deuda pública que hoy estamos atravesando y que desalentó la inversión privada indispensable para el crecimiento de cualquier economía capitalista. Y pareciera que ni siquiera un evento de la magnitud de esta pandemia termina de despertar a una parte importante de la misma sobre la necesidad de participar en el esfuerzo que hoy está llevando adelante la sociedad argentina.

Se requiere urgentemente que un gobierno que utiliza en forma intensiva la palabra “solidaridad” predique finalmente con el ejemplo y se muestre a la altura de este desafío histórico. 

Creciente intervención del Estado en la economía

El mes de febrero dejó entre sus principales novedades el regreso de los topes a las tasas de interés, con la decisión del Banco Central de establecer un máximo del 55% para el costo del financiamiento de los saldos deudores de las tarjetas de crédito. Ya durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se había apelado a este tipo de instrumentos del que se ha abusado durante los últimos 70 años, con resultados negativos para la economía y el sistema financiero.

Para aquellos que teníamos la esperanza de que Alberto Fernández fuera una versión del peronismo más respetuosa del funcionamiento de los mercados, con medidas como ésta vamos viendo a eso como algo cada vez menos probable.

Si el Gobierno considera que las tasas de interés de las tarjetas de crédito se encuentran en niveles elevados como resultado de la existencia de prácticas oligopólicas en el mercado bancario, debería tomar medidas que incrementen la competencia en el mismo pero no utilizar estos topes que ponen a los precios en niveles arbitrarios, alterando señales que son esenciales para el normal desenvolvimiento de la economía.

Hay que tener presente que el sistema de precios produce una asignación eficiente de los recursos a lo largo de la economía. Indica cuáles son los sectores productivos más rentables para volcar el capital, el trabajo y/o la tierra. Si de algún modo se obstaculiza este sistema, la asignación de recursos va a perder eficiencia o no se va a realizar, llevando a una situación de bajo crecimiento o directamente al estancamiento de la economía.

Esto se ha observado en los últimos 8 años. Desde que comenzaron a introducirse medidas para manipular los distintos precios de la economía a partir del inicio del segundo gobierno de Fernández de Kirchner a finales del 2011 se entró en un período de estancamiento que aun no se ha podido superar. La liberalización de los precios que se llevó adelante entre 2015 y 2019 venía dando buenos resultados en sectores como el energético y el exportador y si el sistema político le hubiera dado continuidad a este marco más favorable para la inversión privada sin lugar a dudas esto se habría extendido a otros sectores. La reintroducción de estos obstáculos para la actividad económica siembra serias dudas para el futuro.

Resulta notable cómo todavía se continúa insistiendo con políticas económicas que no han resultado exitosas en ningún lugar del mundo y contras las cuales hace décadas vienen advirtiendo prestigiosos economistas. Evidencia del estancamiento conceptual en el cual se encuentra nuestra sociedad en materia económica es la vigencia que tiene hoy este pasaje de un trabajo del economista Raúl Prebisch sobre el estado de la economía argentina en 1956: “La intervención excesiva y desordenada del estado ha perturbado gravemente el sistema económico y ha generado beneficios extraordinarios para los buscadores de rentas pero no para los empresarios creativos o productores eficientes”. Si no logramos incorporar estos conceptos el futuro no será alentador. 

Un comienzo sin sorpresas

El nuevo gobierno puso en marcha en las últimas semanas el paquete de medidas económicas con el que lleva adelante su ataque inicial contra los persistentes problemas de la economía argentina, que la mantienen estancada desde hace ya 8 años.

Y, ciertamente, no hubo sorpresas en el mix elegido. Bajo el argumento de la emergencia económica, se ha multiplicado la intervención del estado en la actividad económica a través de nuevos impuestos, regulaciones y controles. Se pretende alcanzar el objetivo loable de mejorar la situación de los sectores más vulnerables pero al costo de generar una elevada incertidumbre respecto a lo que sucederá con los precios relativos en el futuro. En lugar de despejar el horizonte, se lo ha ocultado aun más detrás de una maraña de medidas cuyo impacto sobre las ecuaciones de rentabilidad de los distintos sectores puede volver a cambiar en cualquier momento por una nueva decisión gubernamental.

Una vez más se transmite un mensaje de falta de institucionalidad: el que llega al gobierno puede hacer lo que quiera sin límite alguno, con legisladores que apoyan leyes que se oponen completamente a otras que votaron un par de años atrás.

A esto se debe agregar que, fiel al estilo de los últimos gobiernos peronistas, no se percibe ni un solo guiño al capital privado. La retórica política se impone por completo a la necesidad económica. Pareciera desconocerse que en una economía capitalista la única manera de crecer es a través de la inversión privada y que una tarea esencial de cualquier administración es generar las condiciones para que ésta prolifere.

Por lo tanto, puede ser que este paquete de medidas provoque un alivio inicial, un pequeño rebote, aprovechando el margen que dejó la fuerte devaluación del peso y la imposición del cepo cambiario durante la gestión anterior, que permiten disponer y poder sacarle el máximo provecho a los dólares generados por el superávit comercial, que en noviembre alcanzó los 2.445 millones de dólares, el valor mensual más alto en más de 10 años. Pero sin lugar a dudas no pondrá en marcha un proceso de crecimiento sostenido en los próximos años.

En algún momento se deberá corregir el esquema, poniendo énfasis en la generación de un horizonte más claro y favorable, que permita impulsar la inversión privada. De lo contrario, se completará una nueva década perdida y difícilmente se superen los próximos tests electorales. En la última elección el peronismo todavía pudo jactarse de las mejoras obtenidas por amplios sectores de la población allá lejos entre 2003 y 2011. Pero si se mantiene este planteo inicial será afortunado si en los próximos cuatro años logra mínimas ganancias respecto a la situación recibida. 

De todos modos, se puede señalar como algo positivo que las nuevas autoridades parecen comprender la importancia del equilibrio fiscal, en contraposición a lo que sucedió durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, con un déficit fiscal que no dejó de subir a partir de 2011. Si esta aparente responsabilidad se termina trasladando a los resultados, se podrá descartar, al menos, los escenarios de inestabilidad y aceleración inflacionaria que se temían en las semanas previas al cambio de gobierno. 

El desafío de retomar el crecimiento

Sin ningún lugar a dudas, el principal desafío que enfrenta el nuevo gobierno liderado por Alberto Fernández es sacar a la economía argentina del largo estancamiento en el que se encuentra desde el 2012.

En los últimos dos mandatos presidenciales, la actividad económica no solo no creció sino que, dependiendo de cuál sea el resultado final de este 2019, se redujo alrededor de un 3%. Es decir, la economía argentina es hoy un 3% menor a lo que era en el 2011. Si además tenemos en cuenta que se estima que entre el 2011 y el 2019 la población del país se incrementó en un 8,9%, el ingreso anual por persona disminuyó más de un 10%.

En este aspecto, este nuevo mandato peronista se asocia con aquel que Carlos Menem inició en 1989, también con el reto de poner en marcha la economía tras un largo período de estancamiento.

Como siempre, no es difícil formular qué es lo que se requiere para que la actividad económica ingrese en un sendero de crecimiento, lo complejo es llevarlo a la práctica, en un clima de ansiedad, de expectativas de una pronta resolución de los problemas y de divisiones internas muy marcadas en la coalición que gobernará la Nación a partir del 10 de diciembre.

El punto esencial para generar las condiciones necesarias para el crecimiento económico es la estabilización de precios relativos que favorezcan la inversión privada. Y, para ello, la corrección del déficit fiscal es un punto insoslayable. Muy difícil imaginar que la economía crezca en los próximos años si no se resuelve el problema fiscal, no solo porque es un importante factor de desestabilización sino también porque genera una gran incertidumbre sobre cuál va a ser la carga tributaria y, por ende, la rentabilidad de los proyectos de inversión. En este último aspecto también es sumamente relevante cuál es el grado en el que se va a cerrar la economía, dependiendo de lo que signifique la promesa del presidente electo de no “traer remeras de China o bicicletas de Corea” o que se reediten las restricciones a las importaciones que se aplicaron en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner para hacer frente a la escasez de divisas.

Teniendo en cuenta todo esto, a la hora de afrontar el problema del crecimiento, el nuevo gobierno deberá resolver un dilema que se le presenta: la situación actual parece ofrecer margen para lograr una recuperación de corto plazo demorando las correcciones y definiciones esenciales para generar las condiciones para un crecimiento de largo plazo. Hay una tentación para ir en búsqueda de esa mejora inmediata a fin de complacer a los votantes, a los movimientos sociales y a los miembros más impacientes de la coalición. El resultado final dependerá, entonces, en gran medida de que Alberto Fernández apele lo mínimo indispensable a la solución fácil y de corto plazo y se concentre al máximo en sentar las bases para poner en marcha un proceso de crecimiento perdurable, algo que no se logrará en forma inmediata sino que llevará un tiempo de maduración.