Intervencionismo a toda máquina

Todos aquellos que en 2019 votaron a Alberto Fernández con la expectativa de que en el ámbito económico iba a desarrollar un planteo propio, más parecido al del gobierno de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007 que al intervencionismo extremo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner del 2011 al 2015, fueron comprobando a lo largo del 2020 cómo la realidad se alejaba cada vez más de aquello que esperaban.

Con el reciente cierre de las exportaciones de maíz, la administración de Alberto Fernández terminó de desplegar en forma completa la parafernalia que se había empleado entre 2011 y 2015 con el fin de obtener beneficios políticos de corto plazo pero con graves consecuencias sobre las perspectivas de crecimiento de la economía, que, aun antes del estallido de la pandemia de covid-19, se encontraba en un nivel inferior al del 2011.

Ya resulta imposible identificar diferencias entre la manera de gestionar la economía de hoy y la de aquellos años del segundo mandato de CFK. A lo largo del 2020 se fue cerrando cada vez más el cepo cambiario y, por lo tanto, incrementando la brecha entre el dólar oficial y el libre, se subieron las retenciones a las exportaciones, se incorporaron restricciones a las importaciones y controles de precios, se multiplicaron los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, retornó la regulación de las tasas de interés del sistema financiero y ahora se completó el esquema con el cierre de las exportaciones de maíz y la amenaza latente de volver a utilizar este recurso cuando el precio de algún bien de la canasta básica no resulte satisfactorio para las autoridades.

Estas políticas tienen un efecto muy nocivo sobre el sector exportador. Por ejemplo, el cepo cambiario tiende a generar una paridad entre la moneda extranjera y la doméstica que le es desfavorable al mismo tiempo que desalienta la inversión extranjera en el mismo. Las restricciones a las importaciones plantean dudas sobre al abastecimiento y precio de los insumos que requiere. Ni hablar de la amenaza de prohibiciones a las ventas en el exterior y las elevadas retenciones, que además pueden subir en cualquier momento ante la necesidad de tener que cerrar el enorme agujero fiscal.

La forma en la que este tipo de medidas desincentiva las exportaciones se observa en la evolución que éstas tuvieron en los últimos 10 años. Tras alcanzar un máximo de 83 mil millones de dólares en 2011, cayeron en los años siguientes, a medida que se iba levantando el aparato intervencionista, llegando a 57 mil millones en 2015. Durante el gobierno de Mauricio Macri, durante el cual se fue desarmando dicho aparato, volvieron a subir, alcanzando los 65 mil millones en 2019, pero en el 2020 se contrajeron nuevamente, sumando alrededor de 55 mil millones.

Una vez que la pandemia quede atrás, para que la economía pueda arrancar vigorosamente, se necesita un sector exportador funcionando a todo su potencial. Por lo tanto, en este 2021 podrá haber un rebote como el que espera el Gobierno de cara a las elecciones legislativas de octubre, en la medida en que no se tenga que apelar nuevamente a medidas tan restrictivas para la circulación de personas y bienes como el año pasado, pero el crecimiento genuino difícilmente llegue mientras el aparato intervencionista del 2011/5 que se ha levantado nuevamente durante el último año siga en pie.

Economía en el freezer

A un año del inicio de la gestión de Alberto Fernández y, más allá de los justificativos que pueda brindar la pandemia, se sigue demorando la generación de condiciones para que la economía vuelva a crecer. Se están cumpliendo 10 años desde que la economía ingresó en la situación de estancamiento en la que se encuentra y en todo este período las distintas autoridades económicas se resistieron a tomar las decisiones necesarias para revertirla.

Para lograr esto, se requiere estabilizar un conjunto de precios relativos de manera tal que todos aquellos que tienen proyectos productivos puedan realizar las inversiones con un riesgo razonable, sin el temor de que esos precios pueden modificarse en cualquier momento como consecuencia de una decisión del gobierno de turno. Sin duda que no es algo sencillo políticamente porque implica asignar costos a algunos sectores de la población, sea porque se tiene que reducir el gasto público o realizar reformas estructurales que afecten intereses existentes.

A primera vista, resulta notable que esto se haya demorado durante ya 10 años. Que durante una década los argentinos hayamos permanecidos impávidos frente a una sucesión de gobernantes que subordinaron de manera alevosa la economía a sus deseos de mantenerse en el poder. Pero lo cierto es que no es la primera vez que sucede algo así. Desde los años 70 el sistema político argentino viene mostrando una gran incapacidad para ordenar la economía una vez que ésta empieza a atravesar dificultades. Sucedió en la última etapa del gobierno peronista de 1973-76, luego durante toda la década del ´80, que terminó con la hiperinflación, y, más adelante, en los últimos años del régimen de convertibilidad, que tuvo como desenlace la profunda crisis del 2001/2.

 

Definitivamente, existe alguna especie de síndrome social que produce este resultado. Perdemos el tiempo tomando partido e intentando señalar culpables, en lugar de asumir la responsabilidad y gestionar las soluciones a través de nuestros representantes políticos, lo que puede implicar en situaciones de emergencia un trabajo conjunto del oficialismo y la oposición que nunca se da.

 

El costo de este comportamiento es enorme. En estos largos períodos de indefinición, de precios relativos inciertos, la inversión privada prácticamente se paraliza, lo que implica miles de millones de pesos menos de actividad económica e ingresos.

 

El elevado nivel de pobreza, que durante la pandemia subió al 44,2% de la población y alcanzó a 18 millones de personas, es la cara más dolorosa de este fracaso social y tal vez el principal estímulo para un pronto despertar. El año que viene, en las elecciones legislativas, tenemos una nueva oportunidad de elegir a aquellos políticos que vienen con soluciones nuevas por sobre los que dicen lo que nos gusta escuchar pero que nos trajo hasta acá.

Baño de realidad

El dólar tuvo que acercarse a los 200 pesos y ubicarse en uno de los valores más altos de la historia argentina en términos de poder adquisitivo para que finalmente el Gobierno se diera un baño de realidad y empezara a acomodar el rumbo de las políticas económicas.

La administración de Alberto Fernández venía mostrando una gran resistencia a encarar las soluciones que exige el problema de fondo que tiene la economía: un déficit fiscal muy importante que sólo puede financiarse con la impresión de moneda por parte de la autoridad monetaria. El costo de esto fue la escalada de la moneda americana durante octubre y, finalmente, esta vez sí, las autoridades económicas reaccionaron adecuadamente al mensaje y comenzaron a tomar medidas y enviar señales que se encuentran orientadas hacia la solución de ese problema.

Precisamente, el Ministerio de Economía realizó colocaciones de deuda con el objeto de reducir la necesidad de asistencia por parte del Banco Central a través de la emisión monetaria y la deuda del Tesoro con la entidad. En la misma línea, se comprometió a no solicitar esta asistencia bajo la forma de Adelantos Transitorios hasta fin de año. Y, aun más importante, el ministro Martín Guzmán adelantó que su equipo se encuentra trabajado para lograr una reducción mayor en el déficit fiscal del año que viene, apuntando a un resultado del 3,8% del PBI, en lugar del 4,5% incluido en el Presupuesto.

Este cambio de rumbo le permitió al Gobierno, al menos temporalmente, bajar el dólar en el mercado libre y detener la pérdida de reservas internacionales del Banco Central, que en octubre superó los 1.500 millones de dólares, alentando las apuestas por una fuerte devaluación del dólar oficial.

Habrá que ver ahora hasta dónde está dispuesto a llegar para recuperar la confianza de los agentes económicos, que en los últimos meses iniciaron una huída de los activos argentinos. Las autoridades económicas tendrán que obtener financiamiento y reducir el déficit fiscal hasta lograr que el nivel de emisión monetaria sea lo suficientemente bajo como para que los particulares y las empresas dejen de rechazar la moneda doméstica ante el riesgo de una devaluación que pulverice una vez más en la historia argentina su valor.

Pero por lo pronto va desde aquí un voto de confianza para el ministro, que, apremiado por las circunstancias, ha logrado encender una luz de esperanza para todos aquellos que observamos con grave preocupación la evolución de esta crisis económica que se ha visto agravada en este 2020 por el evento inédito de la pandemia. Esperemos que reciba todo el apoyo político que necesita y que no se transforme en un nuevo Quijote que pelea solitario contra molinos de viento.

La mentira de la inflación

Las medidas anunciadas por el Gobierno a mediados de septiembre y comienzos de octubre para frenar la caída de las reservas internacionales del Banco Central pusieron en clara evidencia la resistencia que existe a encarar las soluciones que exige el problema de fondo que tiene la economía: un déficit fiscal muy importante que sólo puede financiarse con la impresión de moneda por parte de la autoridad monetaria.

El enorme gasto público, que llegó a superar el 40% del PBI en el 2015, y la dificultad para financiarlo se encuentran detrás, primero, del estancamiento de la economía que se inició en el 2012 y, a partir del 2018, de la profunda crisis, que fue agudizada por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, excepto el intento obligado por las circunstancias de la administración de Mauricio Macri en su última etapa, la clase política argentina se resiste año tras año a abordar la solución que el problema exige: alcanzar, de una vez por todas, el equilibrio de las cuentas públicas.

Y, tanto las medidas que se vienen tomando como las afirmaciones de los funcionarios, por ejemplo, del ministro de economía Martín Guzmán, que días atrás señaló que la reducción del gasto público “no es a lo que apuntamos”, parecen indicar que una vez más la reducción del déficit fiscal se dará a través de la inflación. Y si esto, efectivamente, termina siendo así el ministro le habrá mentido una vez más a la sociedad argentina. Porque si en los próximos meses el gasto público crece por debajo de la inflación el Gobierno va a estar recortándolo en términos de lo que se puede comprar con ese gasto público, por más que éste no se reduzca nominalmente. Estará haciéndolo en forma encubierta, tal vez echándoles la culpa a “los empresarios especuladores que aumentan los precios”.

Es notable cómo la mentira de la inflación continúa siendo eficaz 70 años después del inicio de la historia inflacionaria de la Argentina. Y no es sólo que hay una parte importante de la clase política completamente acostumbrada a mentir en relación a este tema sino también un porcentaje alto de la población que acepta esas mentiras sin titubear. 

Si, como todo parece indicar, se elige el camino de la solución inflacionaria para el problema fiscal se corre el riesgo de entrar en un conflicto distributivo, con una carrera de precios y salarios que va a impedir generar las condiciones necesarias para que la economía comience a recuperarse.

Al final del día, lo que se requiere es encontrar un nivel del gasto público que pueda ser financiado con una carga tributaria que no elimine los incentivos para la inversión privada. Sólo así la economía volverá a crecer en forma sostenida.

El día después de la pandemia

 A medida que se van habilitando nuevas actividades que fueron interrumpidas para evitar la propagación del coronavirus y la saturación del sistema sanitario y, habiéndose resuelto en forma exitosa la reestructuración de la deuda pública, se va acercando el día en que las autoridades deban concentrar todo su esfuerzo en ver cómo hacen para que la economía argentina salga del estancamiento en el que se encuentra desde el 2011.

Y aquí no se va a tratar meramente de lograr que la economía recupere el nivel que tenía antes del estallido de la pandemia. Se debe generar las condiciones para que de una vez por todas se ponga en marcha la inversión privada, el principal motor de crecimiento de una economía capitalista. Las políticas que se llevaron adelante desde el 2008 establecieron una serie de desincentivos para la inversión que se intentó desarticular durante la gestión anterior pero sin garantizar la permanencia de la nueva situación en el tiempo.

Lamentablemente, con el argumento de aliviar las dificultades que la población está atravesando como consecuencia de la crisis provocada por el Covid19, la administración actual viene retrocediendo en ese aspecto. Muy difícil que aquellos que tienen proyectos de inversión apuesten a un país en el que en cualquier momento se puede intervenir en forma arbitraria en el precio del bien o servicio que van a ofrecer, como sucedió hace algunas semanas con el congelamiento de las tarifas de internet, telefonía y TV por cable, y en el que sobre sus emprendimientos pende la amenaza constante de nuevos impuestos para cerrar el enorme agujero de las cuentas públicas. Un país, además, en el que no se tiene garantizado el acceso a los insumos necesarios para llevar adelante el proceso productivo, por los permanentes obstáculos a las importaciones y dificultades para acceder al mercado cambiario.

El Gobierno pretende dar una señal positiva con la aprobación del presupuesto nacional para el año que viene, con un déficit fiscal primario del 4,5% del PBI. Resulta positivo que se plantee para un año electoral una reducción tan significativa respecto a la cifra que se prevé para este 2020, superior al 8% del PBI, pero el problema es que el desequilibrio continuará siendo muy elevado y se mantendrá, al menos, durante un año más la incertidumbre sobre la posibilidad de nuevos avances del fisco sobre los ingresos de los particulares y las empresas.

Todo indicaría que tendremos que conformarnos con lo que se viene anunciando: se buscará la reactivación de la economía a través de la obra pública y de programas de préstamos blandos que van a chocar en algún punto contra la falta de divisas, poniendo presión sobre el mercado cambiario y alimentando la inflación, logrando apenas un rebote pero en modo alguno un crecimiento genuino.

Todo parece indicar, entonces, que completaremos una nueva década perdida sin poder ver luz al final del túnel.

Recuperar la fe de los argentinos en el futuro

Un fenómeno muy preocupante que ha surgido de la transición política del año pasado y la profunda crisis económica ligada a ella es el creciente número de argentinos que manifiesta estar evaluando abandonar el país en busca de destinos más estables y prósperos.

Es un resultado natural, por un lado, de 8 años de estancamiento económico. En el 2019, la actividad económica fue un 2,6% inferior a la del 2011. Pero aun más que eso, es producto de la ausencia de un horizonte que permita vislumbrar algún tipo de promesa. Los argentinos que piensan en el exilio se sienten dentro de un túnel completamente oscuro, sin el más mínimo haz de luz que dé alguna esperanza de encontrar la salida.

Y en esta sensación tiene una incidencia fundamental la llamada “grieta”. Si se percibe que un porcentaje amplio de la población no solo tiene algunas discrepancias sino que tiene una visión completamente distinta del rumbo que se le debe dar a la economía y al país que la que uno tiene es difícil ver la luz al final del túnel. Es casi una garantía de que continuaremos en forma interminable en este tránsito pendular entre dos modelos alternativos de Nación.

Con este panorama, es imposible tener expectativas de que la economía vaya a ingresar alguna vez en una senda de crecimiento sostenido. Es muy limitado el volumen de inversiones que se puede poner en marcha en un contexto en el cual todo puede cambiar en cualquier momento. Por lo tanto, se podrá atravesar períodos de crecimiento como el del 2003-11, apuntalados por ciclos favorables de los precios de los bienes exportables, pero cuando éstos terminen, se caerá nuevamente en situaciones de estancamiento o bajo crecimiento.

El creciente número de argentinos que está evaluando emigrar debe ser una señal de alarma para todos. Es una espantosa mueca del destino para un país que entre 1857 y 1914 recibió a 3,3 millones de personas (con una población que en 1869 apenas llegaba a los 1,9 millones) y en el cual al final de ese período el 30% de la población era de origen extranjero.

Es una necesidad urgente que los líderes de la Nación puedan plantear un proyecto de país lo más inclusivo posible que permita recuperar la fe de los argentinos en el futuro. Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros cambiar la actitud de confrontación que nos caracteriza, hacer un esfuerzo para encontrar en el otro lo que nos une y no lo que nos hace distintos.

Quizás podemos hallar alguna esperanza en la noticia económica de estos últimos días, el logro de un acuerdo entre el Gobierno y los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera. Es un primer paso para ir delineando un horizonte macroeconómico que brinde posibilidades para el crecimiento. Y lo que es más importante es que parece haber contado con el apoyo una amplia mayoría de la población. Que éste sea el primer ladrillo para construir ese futuro promisorio que pueda albergarnos a todos.

Apenas un primer paso

Parece inminente un acuerdo del Gobierno con los tenedores de bonos argentinos emitidos bajo legislación extranjera, un tema al que presenta como un punto de inflexión para que la economía argentina entre en la senda del crecimiento. El propio presidente Alberto Fernández señaló semanas atrás que “si se resuelve el problema de la deuda, el despegue de la economía argentina va a ser magnífico”.

Pero si bien este será un logro que debe ser festejado, un acuerdo con los acreedores, por más satisfactorio que resulte, es apenas un primer paso en el largo camino que se debe transitar para poner a la economía en marcha tras 9 años de estancamiento, un camino que se ha tornado más arduo con las complicaciones generadas por la pandemia de coronavirus.

Este camino involucra configurar una estructura de precios relativos que brinde incentivos para la inversión privada, en particular en el sector exportador. Para ello, es esencial alcanzar la solvencia fiscal y establecer límites claros a la intervención del estado en los distintos mercados, tanto a través de la tributación como de medidas regulatorias.

Lamentablemente, con el justificativo de la emergencia sanitaria, en las últimas semanas el Gobierno viene avanzando en la dirección opuesta en estos aspectos, sembrando serias dudas sobre la posibilidad de un “despegue magnífico” en los próximos años.

Por añadidura, las medidas adoptadas desde el establecimiento de la cuarentena también agravaron el problema de credibilidad que desde el inicio arrastró esta administración y que plantean un obstáculo adicional. Aun cuando se avanzara en la dirección correcta, siempre va a existir la desconfianza de que, en caso de necesidad política, en cualquier momento se puede venir un nuevo manotazo hacia los recursos del sector privado, como sucedió en el pasado con el proyecto de las retenciones móviles o la nacionalización de las AFJP. Este temor latente, que debe ser despejado por las autoridades, es un elemento disuasivo para la inversión privada y puede frenar el crecimiento en los próximos años.

Pero, mirando el lado medio lleno del vaso, si bien con el avance en la solución del problema de la deuda la administración peronista no va a poner en marcha un despegue de la economía, al menos va a lograr alejar un poco a la Argentina del precipicio al caos económico hacia el cual se dirige desde el estallido de la pandemia como consecuencia de la enorme masa de dinero que imprimió el Banco Central para financiar las medidas orientadas a morigerar los efectos de la misma sobre la economía. Al mejorar la solvencia fiscal, un acuerdo con los acreedores ayudará a recuperar la confianza que se necesita para evitar que esa masa de dinero siga presionando sobre el dólar y termine disparando una nueva aceleración de la inflación.