¿Un rapto de moderación o un descanso antes del inicio de la próxima fiesta?

Los últimos meses han entregado algunos números fiscales alentadores para los que aun tienen la esperanza de que este gobierno no lleve a la economía por el sendero de una inflación creciente.

Con los datos correspondientes al mes de agosto se confirmó la tendencia descendente que viene mostrando a lo largo del año el crecimiento del gasto primario (que no incluye los intereses de la deuda pública) del estado nacional. El gasto público había crecido durante el primer cuatrimestre del 2012 a tasas interanuales de entre el 33% y el 45%. Sin embargo, en el segundo cuatrimestre estas tasas fueron de entre el 25% y el 33%, superando el 28% sólo en el mes de junio. Si consideramos una inflación en torno al 24%, de acuerdo a las estimaciones privadas difundidas por el Congreso de la Nación, estamos hablando de un gasto público que en 3 de los últimos 4 meses se habría incrementado en términos reales menos del 4% interanual.

Estos datos pueden ser tomados en forma optimista, creyendo que, conciente de los efectos que en los últimos años causó sobre los precios el sostenido incremento del gasto público acompañado por una política monetaria laxa, el Gobierno ha optado por el camino de la moderación, intentando aflojar las presiones inflacionarias.

Sería una decisión sabia teniendo en cuenta que la estructura de contención que erigió en el último año, con los controles cambiarios y las restricciones a las importaciones, no podrá soportar en forma interminable la convivencia de una inflación superior al 24% con una tasa de incremento del dólar por debajo del 15%.

Lamentablemente, si así fuera, el Gobierno sigue firme en su postura de no reconocer en forma abierta los problemas o tal vez considera simplemente que el contexto político no le permite actuar de otra manera. Es que si este “esfuerzo” se viera acompañado de un acuerdo con empresarios y sindicatos lo suficientemente amplio se podría lograr una reducción de la tasa de incremento de los precios en un lugar de apenas evitar que ésta suba.

Pero los datos también pueden ser interpretados en forma pesimista. Se puede tratar sólo de una pequeña pausa, un respiro. El Gobierno puede estar ahorrando energías, conservando la capacidad instalada disponible, para dar inicio a la fiesta en el momento oportuno, en aquél en el que pueda capitalizar al máximo políticamente el aumento en la actividad y el empleo, es decir en los meses previos a las próximas elecciones legislativas del 2013, que tienen un importancia clave para el futuro del kirchnerismo.

Ciertamente, es difícil creer que el Gobierno no va a utilizar todos los medios fiscales a su disposición para lograr el año que viene el triunfo electoral más abultado posible. Pero los optimistas siempre encontramos motivos para la esperanza. Desde esta perspectiva, tal vez las señales de moderación que reflejan los últimos números fiscales sean un indicio de que finalmente, a los tumbos y continuando ignorando públicamente los problemas de fondo de la economía, se está comenzando tímidamente a dar cuenta de ellos.

Sociedad dividida, economía estancada

En los últimos días se manifestó en forma evidente la fuerte división que presenta nuestra sociedad. Una división que no es nueva pero que se viene acentuando a partir de las medidas económicas que viene tomando el Gobierno desde la última elección y la reacción de ciertos sectores de la población frente a las mismas.

Esta división bien marcada de la sociedad parece ser parte de la estrategia de supervivencia del Gobierno. En un escenario de bajo crecimiento e inflación como el que va a prevalecer a lo largo de este mandato, en el que los recursos para distribuir van a ser más escasos, busca mantener la fidelidad de su electorado a través de la polarización, aglutinándolo en torno a un enemigo común, buscando imponer la sensación de que si es derrotado todos aquellos que se han beneficiado de alguna manera en estos últimos 10 años van a perder lo que consiguieron. Busca presentar una dialéctica según la cual la única alternativa al modelo económico actual es el neoliberalismo de los años ´90. Busca remarcar las diferencias que nos separan más que las coincidencias que nos unen.

Esta estrategia ha rendido sus frutos incluso en segmentos de la población con un sentido crítico. Hace algunos días intenté explicarle a un simpatizante del kirchnerismo lo grave que es la inflación y las consecuencias que ésta tiene sobre el crecimiento potencial de un país y sus posibilidades de desarrollo. La respuesta fue completamente inesperada: “Yo prefiero el peor momento de la década del ´80, en el que por lo menos la gente tenía trabajo, que lo que sucedió durante los años ´90. Mientras la gente siga teniendo trabajo yo voy a seguir apoyando a este Gobierno”. 

Esta es una respuesta realmente interesante que pone en evidencia el éxito del discurso oficial y el fracaso de la oposición para formular una alternativa coherente y creíble. Resulta sorprendente que una persona inteligente, con un buen nivel educativo, no se dé cuenta que existen alternativas intermedias mucho más saludables, que las opciones no son inflación sin desempleo o desempleo sin inflación. No necesita tener ningún conocimiento de economía. Sólo tiene que ver lo que sucede en el resto del mundo. Por ejemplo, si tomamos a los países del G20, el único que tiene una inflación por encima del 10% anual es Argentina (24.2%, de acuerdo al promedio de agosto de las consultoras privadas publicado por el Congreso). Sin embargo, 11 de los países del G20 tienen una tasa de desocupación inferior a la que presenta nuestra economía (7.2%). Es decir, más de la mitad de los países de este grupo tienen menos inflación y menos desempleo que la Argentina. Y de los países que tienen un desempleo mayor al nuestro, 5 tienen menos del 10%, una cifra claramente menor al promedio de la década del ´90. Sólo 3 países tienen una tasa de desempleo superior al 10%.

La sociedad no debe entrar en el juego de confrontación planteado por el Gobierno. Ni quienes apoyan al Gobierno ni quienes se oponen a sus políticas o se sienten perjudicados por ellas deben mirar al otro como un rival, como alguien que se quiere quedar con algo que no le pertenece o con quien no pueden compartir la vida en sociedad. La única manera de que la Argentina pueda finalmente ingresar en la senda del desarrollo es a través del consenso. Las sociedades que están divididas, que se disputan el poder y los recursos en lugar de trabajar en conjunto para generar una mayor riqueza, se sumergen en el estancamiento y el atraso económico.

Los países más exitosos de las últimas décadas son aquellos en los que la clase dirigente logró un consenso en torno a un modelo de país y se mantuvo fiel al mismo. Se podrán encontrar algunos fracasos pero son más numerosos los éxitos. Esto es lo que debemos reclamar a los políticos, en lugar de premiar a aquellos que medran con el desacuerdo y la fragmentación.

Préstamos disponibles, ¿para qué?

En los últimos días circularon versiones de que el Gobierno va a seguir con las compañías de seguros de vida y retiro el mismo plan de acción que aplicó a los bancos semanas atrás: las obligará a invertir una parte de sus recursos en proyectos de inversión del sector productivo.

Si bien hay quien puede cuestionar esto, no hay dudas de lo fundamental que es asegurar una razonable disponibilidad de crédito para la inversión en el sector productivo. La inversión en capital físico y humano es la base del crecimiento económico y de la creación de la riqueza que le permite a una sociedad incrementar su nivel de vida.

Sin embargo, ¿de qué sirve la existencia de una oferta abundante de crédito para la inversión si no se generan las condiciones para que ésta se lleve adelante?  Y en este punto no es cuestión de detenerse en los argumentos habituales sobre “seguridad jurídica” o “reglas de juego claras”, que si bien es indiscutible que tienen su influencia en las decisiones de inversión poseen un carácter relativamente subjetivo.

El asunto es que la convivencia de una inflación en torno al 25% con un dólar que crece sistemáticamente a un ritmo menor al de los precios, a la que se suman las extendidas restricciones cambiarias, todo esto en un escenario político que torna altamente improbable cualquier cambio de trayectoria, hacen que los sectores que ofrecen un horizonte favorable sean escasos.

Por ejemplo, es difícil pensar en invertir en la exportación de bienes industriales. Con salarios que crecen año a año por encima del precio de venta, que está sujeto al dólar, aun los sectores que todavía mantienen algo de rentabilidad presentan perspectivas desfavorables. El turismo también presenta un panorama desalentador. Con los precios de los bienes y servicios locales subiendo en promedio en dólares, la Argentina cada vez es un destino más caro y por lo tanto menos atractivo para los visitantes extranjeros.

La construcción es otro sector que presenta interrogantes hacia el futuro. Este mercado debe acomodarse al cimbronazo que le provocó el cepo cambiario. Habrá que esperar a que los precios encuentren finalmente su punto de equilibrio para que los inversores vuelvan a colocar su dinero en esta actividad sin el temor a sufrir una pérdida de capital.

Se podría decir que puede haber posibilidades interesantes en el sector de sustitución de importaciones al abrigo de las restricciones que comenzaron a aplicarse este año. Sin embargo, ¿quién les asegura a quienes inviertan allí que en el 2015 no va a venir un nuevo gobierno que elimine las trabas que hoy existen dejando al sector expuesto a la competencia de los productos extranjeros?

Los sectores con mejores perspectivas hoy son el de commodities, con sus elevados precios, y el de servicios. Resulta irónico que este “modelo productivo” con el que el Gobierno se jacta de haber recuperado a la industria hoy brinde las mejores oportunidades en las producciones primaria y terciaria. 

Posiblemente al Gobierno sólo le interesan los golpes de efecto que producen sus anuncios en sus potenciales votantes pero si fuera sincero en sus intenciones claramente está equivocando el orden de los factores. Primero debe procurar que haya un modelo económico con señales de precios claras, coherente y que se pueda mantener en el tiempo, de forma tal que los empresarios y emprendedores encuentran una gama amplia de alternativas de inversión con una rentabilidad esperada atractiva. Recién después debe preocuparse por garantizar una oferta de crédito en condiciones razonables para que puedan aprovechar estas oportunidades.

El éxito de los controles

El informe sobre el mercado de cambios del segundo trimestre del año publicado en los últimos días por el Banco Central evidencia que el Gobierno cumplió claramente con el objetivo que se había fijado al establecer los controles para la compra de dólares a fines de octubre del año pasado: reducir al mínimo la fuga de capitales. La salida de capitales del período, de US$ 2.663 millones, fue la menor desde el cuarto trimestre del 2003 y marca el punto más bajo desde que en el tercer trimestre del año pasado el retiro de dólares del sistema alcanzara los 11.483 millones.

Las medidas frenaron la fuga de capitales y el drenaje que ésta estaba provocando sobre las reservas internacionales del Banco Central. De hecho, estas cayeron sólo US$ 29 millones en el primer semestre del año contra US$ 5.175 millones en el segundo semestre del año pasado. Sin embargo, al no enfrentarse la raíz del problema, que son la inflación y los efectos que ésta viene teniendo sobre la competitividad externa de la economía, lo único que se logró es postergar el momento de la verdad, algo posiblemente muy beneficioso en términos políticos pero sumamente pernicioso en términos económicos.

Es que si los salarios se incrementan en dólares por encima del aumento en la productividad las empresas exportadoras y las que compiten con las importaciones van perdiendo rentabilidad y frenando su crecimiento. Y si esta situación se mantiene en el tiempo pierden mercados. Si, en este contexto, la economía sigue creciendo, al deterioro de las exportaciones y de los sectores que compiten con las importaciones se suma un aumento de la demanda de importaciones. Y, entonces, el superávit comercial que aun existe se transformará inevitablemente en un déficit y las reservas internacionales del Banco Central deberán utilizarse, además de para pagar los vencimientos de capital e intereses de los compromisos externos del Gobierno y el sector privado, para financiar ese déficit.

Por lo tanto, en algún momento del tiempo que es imposible determinar con exactitud porque depende de numerosos factores, el estado argentino se quedará sin reservas o tendrá un saldo lo suficientemente reducido como para no tener otra alternativa que hacer frente finalmente al problema que hoy se pateó para más adelante.

El daño económico de mantener esta situación tiene dos aspectos centrales. Por un lado, el desequilibrio que existe hoy es mucho más fácil de corregir que el que habrá dentro de unos años. Al no enfrentarse el problema, lo más factible es que el desequilibrio se vaya agudizando y lo que hoy se resolvería con bajar la tasa de inflación a un tercio y subir el dólar en un 10 o 20% en unos años tal vez requiera bajar el ritmo de crecimiento de los precios a un quinto y ajustar el tipo de cambio en un 50 o 100%. Y cuanto mayor es la corrección que debe aplicarse mayores son las consecuencias en términos de caída de la actividad e inestabilidad social.

Por otra parte, es de esperar que, hasta que se realice dicha corrección, la inversión privada caiga en forma significativa. Es muy difícil hacer cualquier tipo de proyección en un escenario en el cual todos los precios relevantes de la economía pueden cambiar bruscamente en el mediano plazo, tanto como resultado de que se incremente el desequilibrio o finalmente se lo corrija. Por lo tanto, se crearán puestos de trabajo de menor calidad y retribución, se desperdiciará el potencial productivo de los recursos humanos argentinos y se enviará malas señales hacia los jóvenes que hoy están decidiendo cuál será su capacitación profesional, retrasando aun más años el punto de inicio de un proyecto de desarrollo serio como el que en algún momento de los últimos 10 años se insinuó.

Desde esta perspectiva, el éxito de los controles cambiarios se transforma en una victoria pírrica, es decir en un triunfo que resulta más costoso de lo que hubiera sido una derrota y que nos deja cada vez más lejos del verdadero objetivo.

El futuro del euro en sus manos

Mientras todos esperan soluciones mágicas de los burócratas o el banco central europeos, lo cierto es que el futuro del euro hoy está exclusivamente en las manos de los pueblos de los países menos productivos de la zona, que deben decidir en algún momento si pertenecer a este club justifica seguir soportando años de austeridad y de desempleo.

Es que el problema de fondo que desde hace varios años presenta la eurozona es la elevada diferencia de productividad entre los países que la integran. Se encuentran por un lado Alemania, Holanda y un puñado de países ricos, que consumen menos de lo que producen, y por el otro España, Italia, en menor medida Francia, y otros países menores, que consumen por encima de sus posibilidades productivas, de su capacidad para colocar bienes y servicios en los mercados internacionales. Excepto en el caso de Francia, esta situación se da prácticamente desde la implantación de la moneda única en el año 1999 e implica que durante todos estos años los habitantes de los últimos países pudieron mantener un nivel de vida que va más allá de sus posibilidades reales gracias a que los primeros los financiaron. Por ejemplo, en el 2007, el último año de euforia europea, España, Italia y Francia registraron déficits en cuenta corriente (el indicador que precisamente refleja el exceso de consumo por sobre las posibilidades productivas de un país) de 105, 38 y 20 mil millones de euros respectivamente. Se trata del 10%, el 2.4% y el 1% del PBI respectivamente. A su vez, Alemania acumuló ese año un superávit de 181 mil millones de euros.

La insolvencia de los gobiernos que se encuentra en la superficie de la crisis es una manifestación de este problema de fondo. Es que un país que tiene una baja competitividad externa (una baja relación exportaciones/PBI), para sostener un determinado nivel de empleo, requiere un gasto público mayor en relación al PBI que un país de mayor productividad. Esto incrementa la probabilidad de que tenga un sector público insolvente.

Llegado el momento y, como consecuencia de diversos disparadores, los pueblos de los países más productivos decidieron que no quieren seguir financiando el nivel de vida de sus vecinos. Frente a esto, los países menos productivos no tuvieron otra alternativa que buscar la manera de incrementar su capacidad de producción de bienes comercializables internacionalmente. Para ello, en lo inmediato, deben reducir el salario real de sus trabajadores de modo tal que las empresas que producen esos bienes en ellos puedan ser competitivas globalmente. Pueden lograr esto saliendo del euro y volviendo a sus viejas monedas, que perderían el valor rápidamente bajando el costo de los salarios locales en términos internacionales. Pero si quieren permanecer en el euro, para lograr lo mismo, deben bajar los salarios nominales. Este es un proceso lento que, para alcanzar el mismo objetivo, requiere atravesar años de desempleo y de flexibilización de las leyes laborales, con un incremento del malestar social y, en consecuencia, alta inestabilidad política, que es lo que estamos viendo hoy en estos países.

En los últimos 5 años han seguido este camino. España, Italia y Francia partieron de niveles de desempleo del 8.3%, 6.1% y 8% respectivamente y hoy tienen un 24.8%, un 10.1% y un 9.6% de sus trabajadores buscando empleo sin conseguirlo. A pesar de ello, siguen presentando importantes déficits en cuenta corriente del 3.5%, 3.3% y 2% del PBI respectivamente. Esto significa que sus sectores productores de bienes comercializables internacionalmente todavía se encuentran lejos de poseer el volumen suficiente para permitirles hacer frente a su demanda de importaciones, aun a pesar de que esta última se ha reducido significativamente en los últimos años como consecuencia de los planes de ajuste que se vienen aplicando. Por lo tanto, les resta un largo camino por recorrer si quieren permanecer junto a Alemania en la zona del euro.

Son, entonces, los propios pueblos de países como España, Italia y Francia, por nombrar a los más importantes, los que deben afrontar el debate acerca de si los beneficios de pertenecer a la zona euro compensan los enormes costos de continuar por este sendero. Este debate ha estado presente en las contiendas electorales que se llevaron a cabo en los últimos años. Por el momento, los defensores del euro vienen imponiéndose. Pero cada vez en forma más ajustada. 

El gobierno y los ahorristas

La semana pasada el Gobierno mostró una vez más que prioriza los golpes de efecto dirigidos a su auditorio, la búsqueda de unos pocos puntos en los sondeos de opinión, sobre el impacto que sus decisiones pueden tener en la confianza de los actores que determinan los movimientos de las principales variables económicas.

Es que las características y la manera de anunciar la normativa que obliga a las principales entidades financieras argentinas a prestar un 5% de sus depósitos a empresas para financiar proyectos de inversión a una tasa de interés fija del 15% anual y a un plazo mínimo de 3 años estuvieron claramente dirigidas a galvanizar al desencantado electorado del Frente para la Victoria intentando presentar a un gobierno que se planta frente a los “intereses financieros” para impulsar el “modelo productivo” y el “crecimiento con inclusión social” cuando en verdad lo único que se está haciendo es obligando a los bancos a prestarle a las empresas a tasa subsidiada con el dinero de los ahorristas. De acuerdo a lo establecido en la normativa, se corre un doble riesgo. Por un lado, al obligar a los bancos a prestar un monto mínimo en un plazo máximo existe la posibilidad de que le entreguen ese dinero a empresas que no brindan las garantías suficientes, sólo para cumplir. Asimismo, al establecerse una tasa máxima fija en forma arbitraria es factible que estas líneas les generen pérdidas a las instituciones, que podrían incrementarse a lo largo del tiempo si la tasa de interés que las entidades pagan por los depósitos sube, como lo viene haciendo los últimos días.

El mismo objetivo, que es razonable, se podría haber perseguido de una manera mucho más prolija. Por ejemplo, se podría haber establecido que los bancos que no presten un 5% de sus depósitos a empresas para financiar proyectos de inversión deban cumplir con encajes (porcentaje de los depósitos que no pueden utilizar para préstamos) mayores que aquellos que sí lo hacen. De esta manera se genera un incentivo para que las entidades busquen empresas con proyectos de inversión sólidos y les presten dinero. Cada préstamo otorgado incrementaría la rentabilidad del banco que, de lo contrario, tendría el dinero inmovilizado. Y si la tasa de interés a la que el banco considera razonable prestar estos fondos, por los riesgos que asume y los costos en los que incurre, resulta elevada para el Gobierno, éste podría otorgar un subsidio, como lo viene haciendo exitosamente en los últimos años. De esta manera se lograría que los bancos reasignaran parte de los recursos que prestan al consumo a la inversión sin enviar una mala señal hacia los depositantes.

Si bien la porción de los depósitos que se ha establecido en la normativa es demasiado reducida como para afectar, llegado el caso, la solvencia de los bancos, el mensaje que reciben los depositantes es peligroso. “Vamos a utilizar el dinero que ustedes le confiaron a los bancos para lo que nosotros consideremos necesario”, parece decir el Gobierno. El 5% se puede transformar dentro de un tiempo en un 10% o un 20% o porqué no un 50% y en algún momento se puede terminar obligando a los bancos a financiar el creciente déficit del sector público, como ya sucedió en el pasado.

Con las restricciones a la compra de dólares y la disparada del dólar paralelo los depositantes comenzaron a perder el entusiasmo con una rentabilidad que en los últimos años, a pesar de perder frente a la inflación, les había permitido incrementar el valor de sus ahorros en dólares. De acuerdo a las estadísticas publicadas semanalmente por el Banco Central, mientras que en los primeros 4 meses del año los depósitos a plazo en pesos del sector privado se incrementaron en 19 mil millones, desde que se reforzaron las restricciones hace 2 meses el aumento fue de menos de 4 mil millones.

La nueva medida puede acentuar este proceso. Y se debe tener en cuenta que al transformar los depósitos bancarios en una alternativa de inversión cada vez menos atractiva el gobierno lo único que logra es seguir empujando a los ahorristas e inversores hacia el dólar y generar así una presión adicional para el dólar paralelo que podría derivar en una brecha aun mayor entre éste y el dólar oficial.

En definitiva, por obtener unos escasos puntos políticos el Gobierno continúa minando la preferencia de los ahorristas por los depósitos bancarios y, al hacerlo, conspira contra su propio objetivo de pesificar la economía, de que los argentinos no sólo realicemos nuestras transacciones cotidianas en pesos sino también coloquemos nuestros ahorros en esta moneda.

Por un puñado de dólares

Quizás a algún distraído le haya costado entender, con razón, cómo en un país con reservas internacionales en el Banco Central de más de 46 mil millones de dólares y un superávit comercial que en los primeros 5 meses del año superó los 6 mil millones de dólares se vienen aplicando restricciones tan generalizadas a la compra de la moneda americana por parte de sus habitantes.

Sin embargo, los datos sobre comercio exterior publicados en los últimos días pueden ayudarlo a comprender lo que en una mirada superficial no parece tan sencillo. Es que en mayo, por segundo mes consecutivo, cayeron las exportaciones, un 7% tras registrar en abril una merma del 2%. Esto hizo que por primera vez desde que se implementaron en febrero las restricciones a las importaciones se registrara una reducción interanual en el superávit comercial (del 11%).

Como era de esperar, las restricciones a las importaciones no iban a poder detener en forma permanente el deterioro del superávit comercial y lo más factible es que este deterioro se vaya agudizando con el tiempo, en un contexto de crecientes costos para los exportadores y para las empresas que compiten contra las importaciones que aun se autorizan, por no hablar del desfavorable panorama internacional que, por ejemplo, ya ha afectado a la Argentina bajo la forma de una fuerte devaluación en Brasil que encareció las exportaciones locales a ese país.

El Gobierno podría detener el deterioro del superávit comercial básicamente de dos maneras. Podría bajar la inflación, la solución correcta, o devaluar el peso en una forma más abrupta y decidida que la que lo viene haciendo, una opción muy riesgosa que podría desembocar en un mayor nivel de inflación, agravando aun más el problema. Pero, por motivos políticos, no se ha inclinado por ninguna de estas alternativas. Se ha propuesto llegar lo más lejos posible con las reservas internacionales acumuladas en el Banco Central. Con estos recursos busca hacer frente a los vencimientos de la deuda pública en dólares y el inevitable déficit comercial que tarde o temprano esta política económica debería generar.

El año pasado la autoridad monetaria comenzó a experimentar una pérdida de reservas que, de haber continuado en el tiempo, hubiera echado por tierra este propósito. Mientras menos reservas tiene el Banco Central menos es el tiempo durante el cual el Gobierno puede cubrir esas necesidades financieras sin tener que aplicar una solución de fondo como las mencionadas. Por esta razón, se vio obligado a aplicar las restricciones a la compra de dólares que hoy nos resultan tan familiares y que han provocando el desdoblamiento del mercado cambiario, con un dólar oficial, de $4.52, coexistiendo con un dólar blue, de $5.98.  

El deterioro del saldo comercial, la única fuente de ingreso de dólares que tiene actualmente nuestra economía, y la renuencia del Gobierno a aplicar las soluciones que éste demanda son los motivos que se encuentran detrás de las odiosas restricciones que venimos encontrando en los últimos meses en los bancos y casas de cambio y a las que tendremos que acostumbrarnos a menos que en forma inesperada, por una vez, los políticos argentinos dejen de lado sus propios intereses y cumplan con su compromiso ante el pueblo.