Una oportunidad para construir un país serio

La convocatoria de la presidente, Cristina Fernández de Kirchner, a debatir el modelo económico puede haber estado teñida de un tono desafiante, puede no haber sido lo suficientemente sincera, pero tiene la virtud de haber dado en el clavo: si la Argentina quiere dejar de una vez por todas de rebotar entre el éxito y el fracaso, de vivir entre la euforia y la más dolorosa incertidumbre, de avanzar 3 pasos para luego retroceder 2 y medio, los dirigentes de todos los ámbitos de la vida pública deben ponerse de acuerdo en un modelo básico de país, que sea luego respetado por quienes se hacen cargo de la administración de la nación.

Y, de mantenerse en octubre los resultados de las primarias abiertas del 11 de agosto, se abre una oportunidad para este diálogo. Indudablemente, ningún gobierno que comande una clara mayoría electoral va a sentir la necesidad de apelar a este tipo de discusiones. Pero para un gobierno con poco más de un cuarto del electorado a su favor, un acuerdo de estas características puede permitirle recuperar la legitimidad perdida y mostrarle a la sociedad que el mensaje de las urnas ha sido adecuadamente comprendido.

En este contexto, uno de los temas sobre los que definitivamente los argentinos tenemos que tomar una resolución es la inflación. La persistencia de este problema en nuestro país responde básicamente a dos motivos: por un lado, una sociedad que la tolera sin comprender los costos que ella entraña y, por el otro, su utilidad para el gobierno de turno. La inflación permite redistribuir el ingreso sin asumir costos políticos, al menos en el corto plazo. Si un gobierno quiere entregarle recursos a un determinado sector de la sociedad lo correcto sería sacárselos a otro, a través de un aumento de los impuestos o una reducción del gasto público destinado al mismo. Pero esto implicaría un costo político: el gobierno muy probablemente perdería el favor de aquel sector que debió ceder una parte de sus ingresos. Una política inflacionaria evita este disgusto. Le permite al gobierno extraer los recursos de toda la población, al reducir la capacidad de compra de los ingresos de los habitantes, sin tener que asumir la responsabilidad de esa decisión. Siempre puede echarle la culpa del aumento de los precios, como bien sabemos, a los “empresarios inescrupulosos, que buscan apropiarse de una porción mayor de la riqueza”.

Lo ideal sería que la sociedad comprendiera este subterfugio y castigara a los gobiernos cuando los precios comienzan a subir más allá de lo recomendable. Pero teniendo en cuenta que en la Argentina esto no parece ser por el momento posible sería provechoso que la clase política se ponga de acuerdo en dejar de utilizar esta herramienta para beneficio propio. Y sería positivo no sólo a los fines de evitar que en el futuro se vuelvan a registrar episodios inflacionarios sino también para que en la actualidad el partido gobernante no deba cargar solo con los eventuales costos políticos que puede involucrar la solución del problema.

Deben resultar claros para todos los enormes costos que tiene la inflación en el mediano y largo plazo y que está comenzando a sufrir la economía argentina en estos últimos dos años. Al generar una elevada incertidumbre sobre lo que puede suceder con los precios relativos, la inflación afecta sensiblemente a la inversión. Un empresario o un emprendedor cualquiera pueden calcular la rentabilidad de un proyecto hoy pero no pueden saber qué va a pasar con esa rentabilidad en los próximos años, porque no tienen la menor idea de si los precios de los bienes o servicios que producen van a aumentar más o menos que sus costos. Por lo tanto, sólo aquellos proyectos con una alta rentabilidad se llevan adelante. Y en la medida en la que son pocos los proyectos que se llevan a adelante, son pocos los nuevos puestos de trabajo que se crean, lo que termina impactando en los salarios. La falta de oportunidades laborales provoca que a los trabajadores no les quede otra que aceptar salarios cada vez menores. 

Es fundamental que en la nueva etapa que se inicia, los dirigentes políticos tengan muy presentes estas cuestiones. Si entienden que la utilización de la economía para sus propios fines debe tener límites claros, pueden estar sentando las bases para finalmente comenzar a construir un país serio.

Jugando con fuego

Como muchos medios se apresuraron a indicar, en julio se registró la mayor tasa mensual de incremento del dólar oficial en 4 años. Era natural que esto sucediera. En los últimos meses se sumaron las presiones en ese sentido: una caída del 26% del superávit comercial en el primer semestre, una depreciación del real en relación al dólar mayor al 10% en lo que va del año, una caída de las reservas internacionales del Banco Central de más de 6.000 millones de dólares y, como si esto fuera poco, una caída del precio de la soja, que en los últimos días registró los valores más bajos desde el 2010.

Como el Gobierno se resiste, por el evidente costo político que entraña y por la falta de credibilidad que se ha ganado, a enfrentar todos estos problemas con la única solución posible - acomodar el dólar oficial por encima de los 8 pesos acompañando este movimiento con un riguroso plan antiinflacionario -, entonces apela a esta depreciación más acelerada del peso para continuar ganando tiempo y ver si logra llegar a los tumbos hasta el 2015. Busca evitar que los exportadores continúen perdiendo competitividad, de modo tal de amortiguar el deterioro del saldo comercial y la consecuente pérdida de reservas del Banco Central.

Pero esta decisión tiene sus riesgos. En los últimos años el Gobierno expandió el nivel de consumo de la población en forma desmedida. De no haber sido por la contención del valor del dólar, la inflación hubiera sido más alta. El incremento controlado del precio de la moneda americana, al mismo tiempo que afectó la rentabilidad de los exportadores, evitó que los precios de los bienes comercializables internacionalmente aumentaran al ritmo al que lo hicieron los de los bienes que se comercializan sólo a nivel local, como la mayoría de los servicios y algunos bienes industriales altamente protegidos contra las importaciones. Por lo tanto, si, para preservar la competitividad de los exportadores, en los próximos meses las autoridades económicas mantienen la tasa de devaluación de julio (más del 25% anual), deberían reducir el ritmo de crecimiento de la demanda agregada. De lo contrario, se terminará inevitablemente en una aceleración de la inflación.

Lamentablemente, ése parece el panorama más probable. ¿Podemos darle un mínimo crédito a la posibilidad de que en medio de una campaña electoral que puede resultar decisiva para el futuro del kirchnerismo el Gobierno decida enfriar el crecimiento del consumo que se encuentra indisociablemente unido a su éxito en estos últimos 10 años?

Una aceleración de la inflación no será gratuita. Significará extender la cantidad de años que se requerirá para restablecer el funcionamiento normal de la economía y, de esta forma, brindar un horizonte previsible a todos aquellos que disponen de capital para invertir en las distintas actividades productivas. Y hasta que eso suceda, la inversión seguirá siendo a cuentagotas, poniendo un límite a la creación de puestos de trabajo, incrementando la puja por los ingresos entre los distintos sectores de la sociedad y amenazando la recuperación del poder de compra de los salarios que han logrado los trabajadores en la última década. El Gobierno está jugando con fuego y el problema más grave es que quienes nos vamos a quemar vamos a ser todos nosotros.

Moreno y los molinos de viento

El secretario de comercio interior, Guillermo Moreno, se ha tomado como una cuestión personal controlar el mercado cambiario informal, que nuevamente se disparó en los últimos días alcanzando valores que no se registraban hacía varias semanas. Pero no debe albergar esperanzas de éxito. Podrá intimidar a los operadores cambiarios, restringir todo lo que desee los mercados, pero no podrá convencer a quienes demandan dólares de que en el contexto actual la moneda americana no es una opción de inversión difícil de superar, al menos en el corto plazo. Y la responsabilidad de esto recae exclusivamente en las políticas económicas de este gobierno y no en “oscuros intereses financieros” que, a lo sumo, sólo podrán acelerar la llegada del momento de la verdad.

El secretario debería saber que si uno analiza los últimos 60 años de historia económica argentina, el valor que registró el dólar paralelo en los últimos días no sólo que no es alto sino que hasta se podría decir que es bajo. De hecho, el dólar libre cerró 35 de esos 60 años por encima de ese valor. Más aun, en los períodos en los que se desdobló el mercado cambiario, el dólar paralelo alcanzó valores mucho más altos no sólo que los de los últimos días sino también que el máximo de 10,45 pesos registrado a comienzos de mayo. Entre 1948 y 1959, el dólar registró un máximo equivalente a 21 pesos de hoy en 1951. Entre 1964 y 1966, llegó a un pico de 10,86 pesos de hoy en 1965. En el período 1971-1976, registró 19,90 pesos de hoy en 1975. Finalmente, entre 1982 y 1989, alcanzó el máximo en 1983, de 14,70 pesos de hoy.

Por otra parte, siempre que hubo un proceso de apreciación real del tipo del cambio como el actual, la situación desembocó en una brusca devaluación en la que el dólar oficial alcanzó valores significativamente mayores que los de los últimos días. Tras la devaluación de 1959, el dólar oficial cerró el año a un equivalente de 11,83 pesos hoy. Tras el “rodrigazo”, en 1975, el dólar oficial terminó el año en un valor comparable a 10,71 pesos de hoy. Un valor similar registró el dólar oficial a finales de 1982, cuando el gobierno militar abandonó por completo su política de intentar ganar el favor de la clase media argentina permitiéndole comprar dólares baratos en forma irrestricta (“plata dulce”). Finalmente, en el 2002, a la salida de la convertibilidad, el dólar oficial finalizó el año a un equivalente de 12,61 pesos de hoy.

Todo esto configura un escenario en el cual aquel que tiene un ahorro difícilmente no se vea tentando con comprar dólares a los valores que éste presenta hoy en el mercado paralelo. Y no porque sea un vendepatria sino sencillamente porque es la única manera que tiene de mantener el poder adquisitivo de su dinero con un riesgo bajo. Si es un inversor conservador sabe que, incluso comprando dólares a 10,71 pesos, muy probablemente podrá conservar el valor real de sus ahorros, al menos hasta que este gobierno o el que venga después libere el tipo de cambio oficial. Es que ése es precisamente el valor más bajo que presentó el tipo de cambio real oficial a lo largo de los últimos 60 años a la salida de un proceso de atraso cambiario como el actual. Para que quede claro, para tener un tipo de cambio real igual al de hoy en un período de tiempo determinado, el valor del dólar en el mercado tiene que aumentar lo mismo que la inflación. Esto significa que si uno compra dólares a 10,71 pesos hoy y, tras la devaluación, el dólar oficial alcanza un tipo de cambio real equivalente a 10,71 pesos de hoy, se va a haber podido, en forma aproximada, mantener el poder adquisitivo de los ahorros.

Para los inversores mas atrevidos, el terreno es aun más prometedor. Estos inversores pueden apostar a que, antes o inmediatamente después de la devaluación del dólar oficial, la moneda americana alcance en el mercado paralelo valores semejantes a los máximos que alcanzó en otros períodos de la historia en los que hubo un mercado cambiario desdoblado. Aun comprando por encima de 11 pesos o de 12 pesos de hoy, podrían llegar a obtener ganancias sobre la inflación si el dólar vuelve alcanzar valores como los 14,70 de 1983 o, ni hablar, los 19,90 de 1975. Sería una apuesta más atrevida pero quién puede asegurar que esto no va a suceder, teniendo en cuenta que el valor máximo mínimo que alcanzó el dólar libre durante un período con desdoblamiento cambiario fue 10,86 pesos de hoy en 1965, en un momento en el cual el tipo de cambio oficial no estaba tan apreciado como ahora y que, además, se extendió menos de lo que promete prolongarse el cepo cambiario actual.

Muchos antes que Moreno intentaron domeñar un dólar desbocado. Utilizaron diversas metodologías pero, al final del día, tuvieron la misma suerte. A la vista de esto, y suponiendo que la intención del Gobierno sea mantener el dólar oficial por debajo del nivel que equilibraría las cuentas externas de la economía en tanto y en cuanto posea un saldo disponible de reservas internacionales en el Banco Central, lo mejor es que se resigne y que dosifique en forma más astuta su energía. Que deje de luchar contra los molinos de viento. En lugar de desperdiciar su tiempo en una política del terror que lo único que puede lograr es generar rentas extraordinarias para los operadores cambiarios que se animen a enfrentarlo, que elija la mejor manera de utilizar los recursos decrecientes con los que cuenta (básicamente, las tenencias de títulos públicos en dólares de la Anses y las reservas del Central) para ajustar el valor del dólar paralelo a las necesidades políticas del Gobierno.

Una sociedad que no aprende de sus errores

La fuerte pérdida de reservas internacionales que viene registrando el Banco Central, el manotazo de ahogado del blanqueo de capitales y las cada vez más desatinadas intervenciones del Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para contener la suba de los precios nos permiten vislumbrar con creciente claridad la próxima crisis económica que viene asomando por el horizonte.

Se trata como tantas otras veces de una crisis evitable pero que el perverso esquema de incentivos que existe en nuestro país torna prácticamente inexorable.

Y esto se debe básicamente a que la sociedad argentina, por algún motivo difícil de entender, no ha aprendido una lección que la mayoría de los países ya tiene completamente asimilada: que la inflación es un fenómeno con consecuencias indeseables y que cuando comienza a subir hay que hacer lo que sea necesario para frenarla. Este comportamiento se observa no sólo en las economías más desarrolladas del mundo sino también en los países emergentes, algunos de los cuales comparten con el nuestro una nutrida historia inflacionaria. Genera cierta envidia ver, por ejemplo, que en Brasil existe una gran preocupación oficial porque la inflación se está acercando al 7% anual y se toman medidas para bajarla, en un claro contraste con lo que sucede aquí.

Uno puede comprender que esta lección no sea fácil de aprender para un país que no tiene una historia inflacionaria. La inflación puede no tener efectos inmediatos. En la medida en que los salarios se vayan actualizando al ritmo del aumento de los precios los trabajadores no percibirán que su situación se ve afectada por el proceso. El problema es que una inflación elevada tiene como consecuencia un nivel de inversión más bajo. Esto se debe a que en los contextos inflacionarios resulta muy difícil para los empresarios proyectar el rumbo de los precios relevantes para la toma de sus decisiones de inversión. Algo que es rentable hoy puede no serlo en absoluto mañana porque los precios de los insumos o los salarios pueden aumentar más que el precio del bien o servicio que se pretende producir. Y una menor inversión lleva a un menor crecimiento y a salarios reales más bajos. Pero hay una demora entre el momento en el que se inicia el proceso inflacionario y el momento en el cual los salarios reales caen y, por este motivo, la sociedad debe aprender a reaccionar frente a la alarma y no frente al hecho consumado, cuando ya es muy tarde y se ha perdido tiempo precioso para evitarlo.

Sin embargo, resulta increíble que en la Argentina, con la rica experiencia en materia de crecimiento de los precios que tiene, todavía se siga ignorando por completo el ruidoso sonido de la alarma inflacionaria. La sociedad debería haber castigado al partido gobernante en las elecciones del 2007 por haber permitido que la inflación alcanzara el 18,7% ese mismo año, pero no lo hizo. Tuvo una nueva oportunidad para decirle que no a la inflación en las elecciones presidenciales del 2011, con un aumentos de los precios por encima del 20% tanto ese año como el anterior, con un resultado similar.

¿Porqué vamos entonces a esperar del gobierno de turno un comportamiento responsable que la propia sociedad no exige? ¿Qué se requiere para que ésta aprenda finalmente de los errores que tanto le han costado en el pasado? ¿Porqué otros países, como Brasil o Perú, que han pasado por experiencias similares a la nuestra, han asimilado las enseñanzas de la inflación y nosotros no? Deberemos responder estas preguntas en forma satisfactoria y buscar las soluciones adecuadas si queremos quebrar algún día la recurrencia interminable de crisis económicas que viene registrando en los últimos 70 años la Argentina y que no sólo no nos permite avanzar hacia una nueva etapa del desarrollo sino que acrecienta nuestro atraso.

De la “década ganada” a una nueva frustración económica

Con los congelamientos de precios y el programa “Mirar para cuidar” como los únicos recursos que el Gobierno viene desplegando para contener la inflación, resulta claro que se perderá un año más en la lucha contra este mal que amenaza transformar a esta gestión en una anomalía histórica: que aquellos que condujeron a la Argentina en una de las décadas con mejor desempeño económico de los últimos 70 años sean los responsables de hundir al país una vez más en la mediocridad que lo ha caracterizado.

Para analizar la performance económica de los últimos años no voy a tomar el producto bruto total ni per capita que, de acuerdo al año base que tomemos, puede dar lugar a interpretaciones erróneas cuando comparamos entre las distintas décadas. Voy a tomar el salario real industrial promedio, que nos indica la capacidad de compra del salario del trabajador menos calificado. Puede decirse que a lo largo de la historia argentina el aumento del bienestar de este sector ha coincidido con el del resto de la población, con excepciones aisladas. Además, de esta manera voy a hablar en el idioma de esta gestión, que se vanagloria de gobernar en favor de los más débiles.

Tomando los últimos 70 años, el salario real subió en las décadas del ´40, ´60 y entre el 2000 y el 2009 y cayó en las del ´50, ´70, ´80 y ´90. El asunto es que precisamente, exceptuando esta última década, se puede encontrar una estrecha vinculación entre la evolución del salario real y la inflación. En aquellos períodos en los que creció el salario real la inflación promedio se encontró por debajo del 22% anual. Por el contrario, en los que cayó se ubicó por encima de esa cifra, con los casos extremos de los ´70 y ´80, de aumentos de los precios promedio del 136% y el 750% respectivamente.

Esto tiene que ver con una sencilla razón. Para que crezca el poder adquisitivo del salario a lo largo del tiempo en un contexto de pleno empleo, la creación de nuevos puestos de trabajo por parte del sector productivo debe ser mayor que la cantidad de trabajadores que se incorporan al mercado laboral. Y para que esto suceda, debe haber un nivel de inversión suficiente, ya que es a través de ésta que se generan nuevos puestos de trabajo. La inflación desalienta la inversión. Esto se debe a que, cuando hay inflación, las relaciones entre los precios relevantes para aquel que decide si invertir su dinero o no en una actividad productiva son completamente inciertas. Algo que es rentable hoy puede no serlo en absoluto mañana, por ejemplo, porque los precios de los insumos o los salarios pueden aumentar más que el precio del bien o servicio que se pretende producir.

Es siguiendo esta lógica que, lamentablemente, es muy factible que este Gobierno devuelva a la Argentina a la triste realidad en la que estuvo sumida en la mayor parte de los últimos 60 años. En lo que va de esta década, la inflación promedia un 24,5%. Además, se viene registrando un proceso de deterioro en la competitividad externa de la economía debido a que el valor del dólar no viene subiendo a la par del incremento de los precios locales. Esto significa que este gobierno, o el que lo suceda, en algún momento van a tener que realizar una brusca devaluación. En este escenario, de no mediar un plan antiinflacionario no sólo que la inflación no va a bajar sino que se va a incrementar, algo que está experimentando en forma dolorosa en estos días Venezuela por motivos similares.

En definitiva, si las autoridades continúan evadiendo el problema de la inflación, la economía va a quedar en una situación similar a la que a lo largo de su historia resultó en una caída del salario real: una inflación promedio superior al 22%.

Es muy probable que el Gobierno planee no estar en el poder para cuando estos resultados sean visibles. Y seguramente intentará echarle la culpa a sus sucesores. Pero así como no podemos deslindar al gobierno militar de 1976-83 de su responsabilidad en los acontecimientos económicos de la década del ´80 ni a la gestión de Carlos Menem de la suya en la crisis catastrófica del 2001/2, de continuar en este sendero la administración actual no podrá negar haber sentado las bases de una nueva frustración económica para todos los argentinos, incluso aquellos que se jacta de proteger.

La inflación no es un debate ideológico

Resulta claro a esta altura del año que el Gobierno eligió una vez más dejar fuera de sus prioridades la solución del problema de la inflación. Y tampoco parece que vaya a sorprendernos con un plan antiinflacionario luego de las elecciones. Por este motivo, es importante que a la hora de decidir su voto en los próximos comicios no piense exclusivamente en los beneficios que ha obtenido en los últimos años o en su situación particular hoy sino en cómo puede llegar a empeorar la capacidad de compra de su salario si el Gobierno continúa evadiendo el problema de la inflación.

Para que crezca el poder adquisitivo del salario a lo largo del tiempo en un contexto de pleno empleo, la creación de nuevos puestos de trabajo por parte del sector productivo debe ser mayor que la cantidad de trabajadores que se incorporan al mercado laboral. Y para que esto suceda, debe haber un nivel de inversión suficiente, ya que es a través de ésta que se generan nuevos puestos de trabajo. La inflación desalienta la inversión. Esto se debe a que, cuando hay inflación, las relaciones entre los precios relevantes para aquel que decide si invertir su dinero o no en una actividad productiva son completamente inciertas. Algo que es rentable hoy puede no serlo en absoluto mañana, por ejemplo, porque los precios de los insumos o los salarios pueden aumentar más que el precio del bien o servicio que se pretende producir. Por lo tanto, es de esperar que en un contexto inflacionario el salario real tienda a caer.

La historia económica argentina brinda evidencia clara en este sentido. Si uno observa las últimas 7 décadas, en todas aquellas en las que la inflación promedio se encontró por encima del 30% anual, los salarios reales cayeron. El salario real subió en las décadas del ´40, ´60 y entre el 2000 y el 2009. Por el contrario, cayó en las del ´50, ´70, ´80 y ´90. Esta última es la única década en la que no se cumplió el patrón. Con una inflación promedio del 3,7% entre 1992 y 1999, los salarios reales cayeron un 0,4% promedio.

Para entender lo sucedido en la década del ´90, hay que introducir un segundo elemento que tiene incidencia en el salario real, que es el tipo de cambio real. Esta variable determina básicamente cuál es el costo relativo de producir localmente un bien o servicio que se puede comercializar internacionalmente. Mientras más alto es el tipo de cambio real, más conveniente resulta producir esos bienes o servicios en la Argentina en relación a otros países y hay un mayor potencial para la creación de empleo en nuestro país. En los períodos en los que creció el salario real, una inflación menor al 30% coexistió con un tipo de cambio real promedio superior a 3,40 pesos por dólar, tomando como año de referencia el 2009.

En los años ´90, si bien la inflación fue baja el tipo de cambio real también fue bajo en términos históricos (promedió 2,20 pesos por dólar) y, además, a esto se sumó una reducción de la protección arancelaria de la industria. Esta combinación destruyó una gran cantidad de puestos de trabajo en ese sector y, además, desalentó la inversión en las actividades productivas que compiten con las importaciones y en el sector exportador. Esto hizo que la creación de puestos de trabajo no fuera suficiente para absorber a los nuevos trabajadores que se incorporaron al mercado laboral a lo largo del período, lo que tuvo como consecuencia un creciente desempleo y una presión a la baja de los salarios reales.

En lo que va de esta década, la inflación promedia un 24,5%. A su vez, el tipo de cambio real promedia 3 pesos por dólar y viene cayendo (cerró el 2012 en 2,70 pesos por dólar) como consecuencia de que la inflación invariablemente, año a año, supera al incremento en el valor del dólar oficial. Por lo tanto, en la actualidad la inflación se encuentra por debajo del 30%, el nivel máximo que históricamente ha coincidido con un salario real creciente, pero el tipo de cambio se encuentra debajo de 3,40 pesos por dólar, el nivel promedio mínimo que se registró durante los períodos en los que se incrementó el salario real.

Si no se aplica un plan antiinflacionario, en algún momento en los próximos años, éste o el próximo gobierno se verá obligado a realizar una brusca devaluación, que provocará un salto en la inflación. Esto significa que, de no mediar una política antiinflacionaria, le resultará difícil a las autoridades mantener la inflación en torno a los niveles actuales. Y si lo lograran sería a costa de mantener o bajar aun más el tipo de cambio real. Es decir que, de un modo u otro, si se continúa evadiendo el problema de la inflación, la economía va a quedar en una situación similar a la que a lo largo de su historia resultó en una caída del salario real: una inflación promedio por encima del 30% o un tipo de cambio real promedio inferior a 3,40 pesos por dólar.

En definitiva, se debe tener en claro que la elección entre una economía con inflación o sin ella no es un debate ideológico, que involucra solamente a los economistas. El tratamiento que se le dé a la inflación va a tener un impacto inevitable en su bolsillo. En los últimos años, este impacto se pudo evitar por distintos motivos pero el margen para que esto siga sucediendo se está acabando. En octubre, estará en sus manos intentar impedir que en los próximos años la capacidad de compra de su salario caiga nuevamente por un tobogán.

Nota: Los datos estadísticos fueron elaborados en base a “Dos siglos de economía argentina 1810-2010”, Orlando Ferreres.

Un gobierno atrapado en su propio laberinto

El blanqueo de capitales anunciado hace pocos días por el Gobierno pone en evidencia una vez más su gran inventiva para encontrar “soluciones” alternativas a los problemas que va planteando la economía.

Y esto responde a que a lo largo de los años ha construido un discurso oficial tan obstinado y poco pragmático que la aplicación de cualquiera de las soluciones genuinas que exige la situación económica de turno pone en peligro la fidelidad de una buena parte de su electorado.

Cuando en el 2007 la inflación comenzó a superar los niveles recomendables, en lugar de enfrentar este problema a través de una contención en el crecimiento de la demanda de bienes y servicios que se venía registrando, la causa fundamental del aumento de los precios, prefirió evadirlo, en parte por temor a ser acusado de apelar a las políticas ortodoxas que tanto había criticado. Cuando, años más tarde, el proceso inflacionario provocó un creciente atraso cambiario y una violenta fuga de capitales, nuevamente y por motivos similares, esquivó enfrentar la causa principal de estos males y optó por imponer los controles cambiarios e ilegalizar el ahorro en divisas. Mientras tanto, decidió hacer frente al creciente déficit energético, con la expropiación de YPF, en lugar de una reformulación de la política de inversiones y precios de la energía.

Y, ahora, que las restricciones cambiarias han paralizado el mercado inmobiliario, con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector de la construcción, que el dólar informal ha subido más allá de los pronósticos más pesimistas de los funcionarios, desalentando fuertemente la inversión y generando una sensación de gran incertidumbre en buena parte de la población, y que la expropiación de YPF, con sus vastos depósitos de gas y petróleo no convencional, no ha brindado los frutos pretendidos, nuevamente, en lugar de tomar el toro por las astas, el Gobierno se aparece con este blanqueo de capitales que más que brindar soluciones a los problemas de la economía suscita graves sospechas sobre su verdadero propósito.

Podrá contribuir a recuperar modestamente las reservas del Banco Central, que han caído en 4 mil millones de dólares en lo que va del año, podrá brindar algo de fondos, aunque no los suficientes, para que YPF comience a explotar los vastos recursos que posee, podrá aliviar levemente el mercado inmobiliario, que en la Capital Federal se derrumbó cerca del 50% en los últimos 2 años, podrá poner temporalmente un techo al dólar paralelo. Pero no podrá revertir el proceso de deterioro que sufre la economía, que exige soluciones de fondo urgentes.

Lamentablemente, no podemos esperar que el Gobierno, en forma voluntaria, modifique esta situación. Resulta evidente que su manera de construir el discurso y de presentarse ante el electorado le ha ido cerrando puertas que se siente incapaz de atravesar. Ha quedado atrapado en el laberinto que fue trazando en estos años con el fin de mantenerse en el poder. Y la única manera de que encuentre la salida es que los argentinos se la muestren de una manera clara y contundente en las próximas elecciones.