¿Una sociedad que no madura?

El paro general del 10 de abril se presenta como una señal preocupante de que la sociedad argentina sigue siendo incapaz de construir consensos para distribuir los costos y beneficios de sus éxitos y fracasos económicos. Aun en la situación actual, en la que la economía se ha estancado y resulta evidente la necesidad de introducir un conjunto de correcciones que exigen un sacrificio moderado de todos los argentinos, sigue habiendo sectores importantes, con gran poder de movilización y capacidad de daño, que no parecen dispuestos a sentarse a negociar y hacer su aporte.

Como si las experiencias traumáticas del pasado no les hubieran enseñado nada, parecen elegir una vez más el camino atravesado tantas veces y con tan malos resultados. Como si fuera necesario volver a vivir situaciones tan extremas como las de 1989 o 2002 para que tomen conciencia de la necesidad de los cambios y los esfuerzos que ellos implican.

Todavía queda la esperanza de que la situación actual sea la consecuencia de una forma de conducción que durante la última década ha evadido mayormente toda forma de diálogo con la oposición política y el resto de los sectores dirigenciales. Resulta natural que, habiendo procurado a lo largo de su gestión imponer sus políticas sin ofrecer el más mínimo margen para la negociación, las autoridades actuales, aun si lo desearan, hoy carecerían de la credibilidad necesaria para sentarse en cualquier mesa de diálogo seria y suficientemente abarcativa. Es posible, entonces, que, de haber un cambio de signo político luego de las elecciones presidenciales del año que viene, se inaugure un nuevo estilo de conducción y se abra una etapa de intercambio constructivo entre las diversas fuerzas sociales. Pero, por el momento, los antecedentes justifican encender las luces de alarma.

Es que continuar en los próximos años en este rumbo sólo extenderá en el tiempo el estancamiento en el que la economía argentina ha ingresado, que le impide aprovechar plenamente las múltiples oportunidades que el mundo hoy nos ofrece para mejorar la situación de los vastos sectores de la población que han quedado rezagados en las últimas décadas.

Para que la economía pueda superar esta situación de parálisis en la que se encuentra, se requiere la colaboración, el esfuerzo y la madurez de todos los sectores sociales. Debe haber un reconocimiento conjunto de las dificultades que se afrontan, un debate serio y responsable sobre la manera de distribuir los costos y un rediseño del juego político que le permita a la Argentina corregir la alta inestabilidad económica que ha tenido en las últimas décadas.

Toda la clase dirigente debe poner en un lugar absolutamente prioritario la solución del problema de la inflación. Un ambiente macroeconómico estable y previsible es una condición necesaria, si bien no suficiente, para alcanzar los niveles de inversión en capital físico y humano que se requieren para lograr una mejora firme y sostenible en las condiciones de vida de la población.

En síntesis, la falta de predisposición al diálogo de importantes sectores de la dirigencia argentina es quizás el síntoma más grave del escenario actual y el que plantea el principal signo de interrogación de cara al futuro.

Un ajuste inevitable

Comenzando con la huelga general convocada para el 10 de abril por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, en estos próximos meses seguramente veremos un gran aprovechamiento político por parte de los representantes de los distintos sectores de la oposición de la necesidad del Gobierno de avanzar en el ajuste de la economía. Y lo que todos deben tener claro es que todo aquel político que diga que este ajuste se puede o se debe evitar les está mintiendo.

El principal problema que enfrenta la economía es la inflación. Esta ha llegado a un nivel excesivamente elevado, que compromete seriamente las posibilidades de crecimiento para los próximos años y requiere una solución urgente. Y el primer paso que se debe dar, dentro de una larga serie de medidas, para comenzar a resolver este tema es que el Gobierno deje de financiarse con la impresión de dinero por parte del Banco Central. Parte de este objetivo se puede lograr consiguiendo financiamiento privado, tanto local como internacional, pero con certeza se deberá “ajustar” la tasa de crecimiento que el gasto público viene mostrando en los últimos años.

Pero a la vez, al problema inflacionario en los últimos años se le sumó el de la balanza de pagos, que es donde ha puesto el foco el Gobierno con la mayoría de las medidas que viene tomando desde el cambio del equipo económico en noviembre. En el 2013 el país registró un déficit en cuenta corriente de 13.000 millones de dólares que prácticamente explica toda la caída en las reservas internacionales que sufrió el Banco Central a lo largo del año. De los 13.000 millones, 7.600 millones surgieron del exceso de gasto de los argentinos en el intercambio de bienes y servicios con el exterior. El resto se relaciona con la posición deudora del país en el concierto de las naciones que, como tal, debe pagar anualmente intereses a sus acreedores externos y utilidades a las empresas extranjeras localizadas en el país. La cifra puede haberse visto agravada por el atesoramiento de mercadería por parte de los exportadores y el adelanto de compras por parte de los importadores, especulando con la devaluación que finalmente se produjo a finales de enero, pero sea como fuere es insoslayable para cualquier observador y debe ser enfrentada.

Dar cuenta de este problema exige reducir el gasto total de los argentinos en bienes y servicios, es decir un “ajuste” en el nivel de consumo de la población. Como sociedad, debemos gastar menos en la compra de bienes extranjeros y en viajes al exterior y transferir recursos humanos y de capital desde la producción de servicios para el mercado interno hacia la producción de bienes y servicios que sustituyan importaciones o puedan intercambiarse con el resto del mundo.

La resolución de estos problemas es inevitable. Si no se lo encara en forma voluntaria, el ajuste se va a provocar en forma involuntaria y caótica, como ya sucedió en otros momentos de la historia argentina. Por ejemplo, si no se contiene el gasto público y el Banco Central sigue emitiendo dinero para financiarlo, la inflación invariablemente le va a ganar a los salarios y el poder de compra de éstos va a disminuir a lo largo del tiempo. Asimismo, si no se logra aumentar la competitividad de los exportadores y de los sectores que compiten con las importaciones y no se morigera el crecimiento en el consumo que se registró en los últimos años, las reservas del Banco Central tarde o temprano se van a agotar y se va a producir una devaluación mucho más brusca que la de enero, que va a cercenar los ingresos de todos los argentinos de un plumazo.

Los dirigentes de la oposición pueden señalar que la situación actual es el producto de la decisión del Gobierno de expandir el consumo de la población más allá de sus posibilidades en los últimos 8 o 9 años y que, por lo tanto, éste es el único responsable del ajuste. También pueden proponer alternativas para que los esfuerzos que deben realizarse se distribuyan de la manera más equitativa posible y que no haya sectores que se beneficien de manera indebida con los cambios que se lleven a cabo. Lo que no pueden hacer bajo ninguna circunstancia es negar la necesidad del ajuste.

La ausencia de una estrategia

El Gobierno tendrá motivos de regocijo en estas últimas semanas en las que logró doblegar al dólar paralelo y frenar prácticamente la pérdida de reservas, mientras se anota algunos puntos a nivel internacional con el nuevo índice de precios que le exigió el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF, que aproximan la posibilidad de acceder a fondos frescos de los organismos multilaterales. Y, por si esto no fuera suficiente, el precio de la soja alcanzó en los últimos días los precios más altos de los últimos 8 meses.

Sin embargo, estas pequeñas victorias no ocultan la ausencia de una estrategia. A pesar de sus gestos “ortodoxos”, y como es de esperar después de 10 años, el Gobierno sigue siendo el mismo: sigue viviendo al día, sujetando sus decisiones a las encuestas, poniendo parches por aquí y por allá, actuando sobre las consecuencias pero no sobre las causas.

Un ejemplo muy ilustrativo de este modus operandi fue el reciente aumento de impuestos a los autos de alta gama. Cuando se diseñó la medida claramente se esperaba reducir las importaciones de estos vehículos, frenar la pérdida de reservas generada por este motivo y que no fuera necesaria una devaluación como la que finalmente se terminó dando. Al no lograrse este último objetivo, los precios de los autos aumentaron y las ventas cayeron más de lo que se pretendía inicialmente, por lo que, a dos meses de haber entrado en vigencia, el Gobierno planea modificar la alícuota impositiva aplicada.

La ausencia de una estrategia, la política de actuar sobre las consecuencias en lugar de sobre las causas, tiene claros costos. Se podrá restablecer la calma después de cada tormenta pero el proceso de deterioro no se detiene. Después de cada turbulencia nos encontramos peor de lo que estábamos luego de la anterior. En los últimos años el nivel de inflación ha ido aumentado, a la economía cada vez le cuesta más crecer y esto, al nivel de la población, se viene manifestando en una caída del poder adquisitivo de los salarios.

Esperemos que las autoridades nos sorprendan con un golpe de timón de último momento pero, a juzgar por la forma en la que viene avanzando la temporada de negociaciones salariales, no debemos tener muchas expectativas. Sin un plan inflacionario, sin metas, sin compromisos del Gobierno ni adhesiones del resto de los sectores sociales, parece sumamente difícil que se logre imponer una pauta de aumentos por debajo del 30%. Y esto configuraría un escenario en el cual la inflación difícilmente se ubique en este 2014 por debajo de esa cifra. Por lo tanto, estaríamos ingresando en el 2015 con más inflación, con condiciones aun más desfavorables para el crecimiento económico y con un salario real, casi con seguridad, más bajo que el de inicios de este año. En otras palabras, continuaríamos nuestra lenta pero constante caída por la larga pendiente del deterioro económico.

Medidas acertadas, rumbo incierto

Indiscutiblemente, las medidas que se vienen tomando desde el cambio de gabinete allá por noviembre están bien encaminadas, principalmente, desde el golpe de timón de finales de enero, cuando se comprendió que se estaba trabajando con un grado de improvisación inaceptable y que había que darle referencias al público y a los mercados si no se quería agotar las reservas en un puñado de meses.

En síntesis, tanto la devaluación, como la política monetaria más restrictiva, la presentación del nuevo índice de inflación, el acuerdo con Repsol por la estatización de YPF y el casi descontado recorte de los subsidios a los servicios públicos son todas medidas que venimos pidiendo hace rato y el Gobierno merece ser reconocido por avanzar con ellas, independientemente de si lo hizo arrinconado entre la espada y la pared o a partir de una auténtica comprensión de la necesidad de sanear la economía para retomar la senda del crecimiento.

Sin embargo, falta un elemento esencial para dar finalmente la vuelta a la página y mirar el futuro con cierto optimismo. Falta un plan que le dé un sentido claro a todo lo que se ha hecho, una hoja de ruta que nos permita vislumbrar claramente el rumbo y que defina los compromisos y sacrificios que deben asumir cada uno de los actores y, por sobre todas las cosas, que descarte de cuajo la interpretación que hoy se le puede dar a los hechos de que el Gobierno carece de estrategia y en verdad lo único que busca es llegar al 10 de diciembre del 2015 evitando el colapso de la economía.

Un ejemplo de los problemas que la ausencia de un conjunto de metas claras plantea son las negociaciones salariales que se han iniciado en estos días. Es completamente justificado pedirle a los trabajadores que moderen sus reclamos en estos momentos de crisis y que acepten una caída del salario real pero es natural que en un escenario de aceleración inflacionaria y sin un horizonte definido ellos se excedan en los salarios nominales que exigen. Cuánto más sencillas serían estas negociaciones, si bien no un trámite, si el Gobierno fijara objetivos de inflación para este año y los que vienen. Seguramente, al principio habría dudas respecto a estos compromisos pero se iría ganando credibilidad en la medida en que se los fuera cumpliendo.

Esto también sería esencial para avanzar en la reestructuración que la economía requiere. En la última década, la política económica favoreció una expansión desmedida en el sector de bienes destinados al mercado interno, básicamente los servicios, en desmedro de los destinados al mercado externo, la cual ha sido una de las principales causas de la crisis de balanza de pagos que estamos viviendo en los últimos meses. Inevitablemente, en los próximos años se debe modificar esta matriz. Un panorama hacia adelante en el que la inflación tienda a bajar, estabilizando o, idealmente, reduciendo aun más los costos laborales en dólares, sería un estímulo importante para el sector exportador y las empresas que compiten con las importaciones, y facilitaría la transferencia de los recursos humanos y de capital necesaria para ello.

Lamentablemente, es de esperar que el Gobierno se incline por la improvisación y evite los compromisos de mediano y largo plazo, que pueden condicionarlo y obligarlo a asumir costos políticos “innecesarios”. Pero, de esta manera, todo será más arduo y la recuperación tardará en llegar. 

El momento de compartir el esfuerzo

Todos saben o intuyen que ha llegado el momento de ajustarse el cinturón. En estos últimos años, los argentinos venimos incrementando nuestro consumo por encima de nuestras posibilidades y, si bien esta situación se ha podido sostener a costa de echar mano a las reservas internacionales del Banco Central, que cayeron alrededor del 30% en el 2013, como lo indica el rápido agotamiento de las mismas, los plazos para modificar este comportamiento  se vienen acortando cada vez más.

El Gobierno, indudablemente, ha tomado nota del asunto. La fuerte aceleración en el ritmo de incremento del dólar oficial es una clara evidencia de eso. El restablecimiento de la competitividad del sector exportador es uno de los componentes que debe tener cualquier plan para enfrentar la situación actual. Sin embargo, sin un plan antinflacionario serio, que vaya más allá de un acuerdo de precios como el anunciado, pocas serán las ganancias de competitividad y alto el riesgo de acelerar el proceso inflacionario en curso.

Pero, a juzgar por el horror que el Gobierno parece sentir por la aplicación de las verdaderas soluciones que la situación económica exige, es válido preguntarse hasta qué punto la responsabilidad de este impasse recae completamente en las autoridades actuales. ¿No hay en el fondo una sociedad que sólo está dispuesta a algún sacrificio cuando está hundida en las crisis más profundas? ¿No hay una falta de patriotismo, de ciudadanos sólo preocupados por su situación personal, dispuestos a mantenerla o mejorarla a cualquier precio, aun a costa del empobrecimiento de la Nación? ¿Y arraigada en esto, una cultura política renuente a los compromisos y al establecimiento de reglas de juego que impidan los excesos de los gobiernos de turno en los períodos de bonanza?

Los vergonzosos acontecimientos de diciembre, con las fuerzas policiales de numerosas provincias abandonando a su suerte a los ciudadanos que juraron proteger por un reclamo salarial, por más justo que éste sea, parecen ser una respuesta contundente a los interrogantes planteados, sin que sea siquiera necesario especular sobre el grado de participación que pudieron tener algunos sectores políticos en los eventos.

En este escenario, parece realmente difícil imaginar una sociedad dispuesta a asumir los sacrificios que este momento económico requiere, no importa que tan bien distribuido esté el esfuerzo entre todos los ciudadanos. Por ejemplo, cuesta pensar en los consumidores aceptando dócilmente un aumento en las tarifas de los servicios públicos. O en los sindicatos reconociendo la imposibilidad de seguir pagando los salarios en dólares vigentes en la actualidad. O en los argentinos, en su conjunto, concediendo que los recursos públicos son limitados y que debemos acordar en forma pacífica y, a través de los canales institucionales, cuáles son los mejores usos que podemos darles.

Esperemos que el 2014 sea un año en el que podamos madurar como sociedad. Que con la conciencia de los riesgos que corremos, estemos todos dispuestos, aquellos que más tienen doblemente, a aportar su grano de arena para que podamos sortear la difícil situación en la que nos encontramos. De lo contrario, seguiremos caminando con los ojos vendados hacia el próximo precipicio.

2014: el año que vivimos en peligro

El panorama económico que presenta este 2014 que acaba de comenzar es realmente poco alentador. Aun si el Gobierno acertase con las medidas que debe tomar, parece difícil evitar que este año empeore nuestra situación económica.

Por ejemplo, si el equipo económico tuviese éxito en mantener una cantidad razonable de reservas internacionales en las arcas del Banco Central y un nivel de desempleo como el actual, lo más probable es que esto sea a costa de una mayor inflación y una caída en el poder adquisitivo de los salarios. Por el contrario, si priorizase contener la inflación y evitar un deterioro de los salarios reales, podríamos empezar a observar un incremento en la desocupación. Esto tiene que ver básicamente con que el proceso inflacionario, el atraso cambiario y la incertidumbre general respecto a lo que puede suceder con las principales variables de la economía han desincentivado en los últimos años la inversión y han debilitado fuertemente la capacidad del sector privado para incrementar la oferta de bienes y servicios y crear nuevos puestos de trabajo.

La situación sería aun más alarmante si continuara el drenaje de reservas del Banco Central y el Gobierno se viera obligado a aumentar más la tasa de incremento del dólar oficial o, finalmente, a realizar una corrección brusca en la cotización de la divisa. Esto provocaría un salto en la tasa de inflación, como en Venezuela, en donde, tras la devaluación de febrero de 2013, la inflación pasó del 20% a más del 50%. Este escenario también implicaría una fuerte caída en el poder de compra de nuestros ingresos. Y lo que es peor, si la situación no fuera acompañada por un plan económico convincente se establecería un nuevo piso a la inflación, lo que dañaría aun más las perspectivas de los salarios y el empleo para el futuro y reavivaría el fantasma de los traumas inflacionarios del pasado.

A su vez, si el Gobierno hiciera lo que debería hacer, es decir, avanzar en el establecimiento de un dólar más competitivo y poner manos a la obra en la lucha contra la inflación, dos objetivos que implican una fuerte contención del gasto público y, tal vez, un aumento mayor al que hemos visto este año en la tasa de interés, consecuentemente, al menos en el mediano plazo, nuestra situación personal también se deterioraría. Por ejemplo, porque una reducción de los subsidios a los servicios públicos nos haría pagar mayores cuentas de luz y gas y nos dejaría menos ingresos disponibles para otros consumos. O porque el saldo de nuestra tarjeta de crédito vendría cada vez más abultado como consecuencia del mayor costo financiero. Además, un Gobierno más constreñido fiscalmente no podría salir a compensar las deficiencias del sector privado para generar empleo.

En síntesis, todos los escenarios posibles para este 2014, lamentablemente, plantean una situación económica que implica una pérdida de ingresos, una falta de oportunidades de empleo o ambas cosas.

Es importante destacar, de todas formas, que el último escenario propuesto al menos tiene la ventaja de ir sentando las bases para que la economía retorne eventualmente a la senda del crecimiento. Sería un esfuerzo que oportunamente rendiría sus frutos, en términos de multiplicar la creación de puestos de trabajo y generar una mejora en los ingresos. En el resto de los casos, sólo se trataría de continuar extendiendo en el tiempo el proceso de deterioro de la economía que comenzó hace algunos años.

¿El mismo contenido en un envoltorio distinto?

Las medidas que semana a semana viene tomando el nuevo equipo económico confirman la impresión inicial. Los cambios en el modelo sólo se limitan a una mayor predisposición para resolver los numerosos conflictos del estado argentino con las empresas internacionales que han litigado contra el país en el CIADI, con el Club de París y con los fondos buitre, la remoción de sus elementos más recalcitrantes para la opinión pública y el establishment, como Guillermo Moreno y, en menor medida, Mercedes Marcó del Pont, y una aceleración del aumento del dólar oficial para detener la pérdida de reservas del Banco Central. Las cuestiones realmente esenciales de la economía, como la baja de la inflación, el establecimiento de un tipo de cambio real que permita normalizar el mercado cambiario y restaurar el crecimiento del sector exportador y la reducción del gasto público necesaria para avanzar en esos dos aspectos clave, han sido hasta el momento soslayadas y los anuncios que se van conociendo no hacen más que reducir la probabilidad de que el Gobierno nos sorprenda con novedades en estas áreas.

Ejemplos de esto son los nuevos recargos de la AFIP al turismo y a las compras con tarjeta en el exterior y las restricciones que se impusieron para la primera parte del 2014 a las importaciones de automóviles y equipos electrónicos y de oficina. Si el Gobierno estuviera buscando el momento oportuno, tal vez en medio de las vacaciones de verano, para corregir el valor del dólar oficial y ubicarlo en el nivel “óptimo”, que se encuentra por encima de 8 pesos y por debajo de 9,50 pesos, no hubieran sido necesarias esas medidas. El nuevo valor del dólar oficial sería suficiente para desalentar el turismo argentino en el exterior y las compras de bienes importados, con la ventaja adicional de que sería un estímulo muy importante para la producción local de bienes y servicios para los mercados externos y para el turismo extranjero en nuestro país.

Si queremos encontrar motivos para el optimismo a pesar de estas señales contrarias a esa postura, podemos pensar que el Gobierno ha optado por el camino del gradualismo, a partir de la conveniencia política pero también del deseo de no provocar ninguna conmoción en la población a través de medidas que tengan un fuerte impacto en su situación. Pero, lamentablemente, la historia argentina de los últimos 70 años no es muy alentadora en este sentido. Por ejemplo, en este período nunca se pudo ir desde una situación de atraso cambiario hacia un tipo de cambio real competitivo en forma gradual, siempre se lo ha hecho en forma brusca. En lo que respecta a la inflación, la historia tampoco nos brinda un gran estímulo. En los últimos 70 años, sólo 4 veces se logró reducir la inflación a un dígito, tras haber subido por encima del 20%. En tres de ellas (1953, 1993 y 2003), el esfuerzo antiinflacionario fue producto de un “trauma”: la inflación más alta en más de un siglo en 1951, del 50%, la hiperinflación de 1989 y el colapso de la convertibilidad en 2002. La única excepción: 1968.

Esperemos que el nuevo equipo económico logre su cometido, si realmente lo es, de revertir el atraso cambiario en forma gradual y que no sea necesario volver a atravesar una situación traumática para resolver el problema de la inflación. Pero en la medida en que no veamos medidas más contundentes y resultados, habrá cada vez menos dudas de que el rumbo económico actual es el mismo contenido en un envoltorio distinto.