Artífices de nuestro propio destino

Resultan muy llamativos los vaivenes de electrocardiograma que viene mostrando el mercado de capitales local al ritmo de los rumores políticos que mejoran o empeoran las perspectivas de los principales candidatos presidenciales para las elecciones de octubre. 

A la luz de la experiencia histórica de la Argentina, parece desmedido el optimismo que despierta la posibilidad de una victoria de Mauricio Macri. Si bien uno está dispuesto a las gratas sorpresas, cuesta imaginar que la nueva administración pueda introducir las correcciones que se requieren en la proporción adecuada para que la economía ingrese en un proceso de crecimiento sostenible sin sufrir un desgaste político que erosione la base de apoyo necesaria para garantizar la gobernabilidad.

No tiene porqué repetirse la historia, pero no hay que olvidar las dificultades que encontró el gobierno de Fernando De la Rúa, entre 1999 y 2001, para lograr ese equilibrio esquivo en nuestro país entre consistencia económica y gobernabilidad. Tres economistas de incuestionables calificaciones, como José Luis Machinea, Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo, echaron mano a diversas herramientas para torcer el destino de crisis de la economía, desde el aumento de los impuestos y el recorte del gasto público hasta la canasta de monedas y los planes de competitividad, pero en todos los casos chocaron contra la compleja realidad política de la Argentina.

Por lo tanto, en lugar de creer ingenuamente que el futuro va a ser luminoso si gana un candidato y completamente sombrío si se impone otro, tal vez debemos trabajar, cada uno desde su lugar, para construir en conjunto un modelo de país que despierte el mayor nivel de adhesión posible en la sociedad y que, a partir de esa legitimidad, se pueda mantener en el tiempo, una condición fundamental para que la Argentina pueda desarrollar su potencial. 

Desde esta perspectiva, no debería haber una disyuntiva entre la continuidad o el cambio sino que se debe procurar una continuidad con cambios, de modo de mejorar el funcionamiento de la economía pero sin alienar el apoyo de las miles de personas que encontraron en el modelo actual una contención y una luz de esperanza para el futuro luego de la profunda crisis de la salida de la convertibilidad. De lo contrario, los perdedores de hoy estarán agazapados, esperando su oportunidad para volver dentro de algunos años y revertir los cambios que se hayan introducido en el interín. Y, así, perderemos todos. Seguiremos deambulando entre rachas y crisis recurrentes, sin brindarle soluciones permanentes a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En síntesis, debemos ser artífices de nuestro propio destino, no dejarlo exclusivamente en manos de los políticos, que más que nada están interesados en llegar y permanecer en el poder y saben aprovechar al máximo las divisiones existentes en la sociedad que en las últimas décadas no hemos podido superar.

Una economía dominada por la cautela

Con su insistencia en no tolerar subas mayores al 28% en los salarios, exponiéndose así a las medidas de fuerza que varios sindicatos anunciaron para los próximos días, el Gobierno muestra una vez más cuál es su prioridad en lo que queda del mandato: entregar la economía lo más calmada posible el 10 de diciembre y deslindarse de la responsabilidad de cualquier medida que tomen las nuevas autoridades que pueda afectar el bolsillo de los argentinos.

Contrariamente a lo que algunos pensábamos, el Gobierno se está inclinando por la tranquilidad, en lugar de propiciar una mejora del consumo y de la actividad, que podría brindar algún rédito político pero que también entrañaría claras amenazas económicas. Es por eso que no dio lugar a aumentos salariales mayores, que hubieran aliviado el clima sindical, que sólo introdujo mejoras modestas en el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores o que deslizó hacia abajo con mucha timidez la tasa de interés.

El punto clave es que mientras mayor sea el incremento en el ingreso disponible de los consumidores en los próximos meses, mayor va a ser el aumento de la demanda de importaciones de bienes finales y de insumos destinados a la producción local y del dólar ahorro, que mes tras mes viene batiendo records. Y, teniendo en cuenta que aun en este período del año que es por cuestiones estacionales el de mayor ingreso de dólares las reservas internacionales del Banco Central están prácticamente estancadas, mayor es la fuerza con la que éstas pueden comenzar a caer.

Y, para evitar cualquier sobresalto, el Gobierno debe llegar al último tramo de su mandato con las reservas suficientes para hacer frente a la dolarización de carteras que muy probablemente se va a dar en ese momento. Es que, frente a la opinión bastante extendida de que la próxima administración va a propiciar una fuerte devaluación del peso, muchos de los ahorristas que en los últimos meses se volcaron hacia los depósitos en pesos para aprovechar la quietud del dólar (los depósitos a plazo en pesos en el sistema financiero aumentaron más del 25% en lo que va del año) van a regresar a los activos en la moneda norteamericana a medida que se acerque el 10 de diciembre.

En definitiva, las autoridades económicas deben asegurarse que el aumento en el consumo resultante de los incrementos salariales, el menor impuesto a las ganancias, las tasas de interés más bajas u otras medidas que se pudieran tomar no comprometa sus posibilidades de contar con el suficiente poder de fuego en el Banco Central para contener las presiones cambiarias que pueda haber entonces.

Esto permite entender cómo un gobierno que durante más de una década esgrimió a la expansión del consumo como uno de sus mayores argumentos y que no mostró la menor moderación a la hora de incrementar los salarios, independientemente de la capacidad de las empresas para solventarlos, ha cambiado tan abruptamente sus consignas en estos últimos meses de su mandato, entregándose a la mayor de las cautelas con el fin de proteger artificialmente un legado que ya hace bastante despilfarró.  

¿Hacia un veranito económico preelectoral?

En las últimas semanas el Gobierno parece estar preparando el terreno para mejorar la situación económica y levantar el ánimo de los votantes justo a tiempo para las elecciones presidenciales.

Primero y principal, en línea con la clara asignación de prioridades que ha hecho luego del sobresalto cambiario de enero de 2014, se aseguró dotar al Banco Central con el suficiente poder de fuego para hacer frente a las crecientes necesidades de dólares que una economía con mayor movimiento va a tener. Para ello, colocó deuda en los mercados de capitales, sin reparar en los costos, y se espera que continúe apelando a esta fuente de recursos en las próximas semanas.

En segundo término, en forma demorada y sin satisfacer los reclamos sindicales, las autoridades avanzaron con la reducción del impuesto a las ganancias. Teniendo en cuenta su magnitud, se trata de una medida con efectos más políticos que económicos. Se pretende desarticular o, al menos, disputar la afirmación de los dirigentes de la oposición de que el Gobierno está “metiendo la mano en los bolsillos de los trabajadores”. De todos modos, se trata de 6 mil millones de pesos que en las próximas semanas los beneficiarios podrán volcar a la compra de bienes o servicios o a la del “dólar ahorro”.

Pero, sin lugar a dudas, el impulso más importante que recibirá la economía en los próximos meses provendrá de los aumentos salariales que oportunamente la administración se asegurará que lleguen a buen puerto. Muchos atribuyen la demora que se viene dando en las negociaciones paritarias a un inédito celo de las autoridades en relación al impacto inflacionario de incrementos salariales desmedidos pero esta hipótesis resulta poco creíble. ¿Qué beneficio recibe el Gobierno si la inflación cierra esta año más cerca del 20% que del 30%? El daño político de la alta inflación ya está hecho y no se va a revertir porque eso suceda. La demora en las paritarias bien podría perseguir el objetivo de situar las mejoras salariales lo más cerca posible de las elecciones, al mismo tiempo que se reduce el costo de divisas que van a tener.

Es que el impulso que recibirá la economía con estos aumentos, que se ubicarán en torno al 30%, se verá claramente reforzado por el dólar planchado. En los primeros 4 meses del año el valor de la moneda americana en el mercado oficial se incrementó poco más de un 4%. Excepto un cambio imprevisto en el escenario o algún error de cálculo, este ritmo devaluatorio se va a mantener, si no se aminora aun más, lo que implicará un incremento de menos del 13% para todo el año. Esto redundará en aumentos en el poder adquisitivo de los salarios, que se verán potenciados en los sectores de menores ingresos, debido a que los precios de los alimentos, que tienen un mayor peso en su canasta de consumo, subirán por debajo de la inflación. Desde ya, este incremento en el salario real empujará el consumo y aumentará la demanda de divisas para importaciones de bienes finales y de insumos para los productores locales.

Obviamente, cualquier mejora que pueda haber en los próximos meses será temporal y tendrá un costo importante en términos de endeudamiento y de la utilización de los pocos dólares que aun quedan de los abultados superávits comerciales de antaño. Quedará para el próximo gobierno la tarea de poner en marcha nuevamente un proceso de crecimiento genuino y sustentable, para lo cual indudablemente necesitará coraje, ideas y el apoyo de toda la sociedad.

Sin motivos para el festejo

La colocación de deuda con la que el Gobierno días atrás consiguió casi tres veces la cantidad de dólares que pretendía provocó cierta euforia entre los principales funcionarios del ámbito económico. “Se demuestra de este modo que no es cierto que los fondos buitres nos habían puesto contra las cuerdas y nos llevaban al nocaut. El mito de que no hay financiamiento para la Argentina se cae”, señaló con aire triunfal el ministro de economía Axel Kicillof horas después de la publicación del resultado de la licitación. A su vez, el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, destacó al día siguiente: “Hoy las reservas internacionales subieron 1.247 millones, un día importante para los argentinos”, en relación al ingreso de los dólares obtenidos con la emisión en las arcas de la autoridad monetaria.

Pero, si bien es cierto que el resultado logrado por el Gobierno debe haber sorprendido a los analistas bien intencionados que en los últimos meses ponían en duda la capacidad de la administración para conseguir una cantidad de dólares considerable en los mercados voluntarios de deuda en el contexto del conflicto con los fondos buitre, el endeudamiento del país en sí mismo, sin formar parte de una estrategia integral para resolver los importantes problemas que presenta la economía, no puede ser jamás un motivo para el festejo. Más bien, si se utiliza una vez más, como en el pasado, para disimular los problemas y patear su solución para adelante, debe ser un motivo de preocupación.

Es que en nuestro país, la deuda pública neta, es decir, sin incluir la deuda del Tesoro con organismos del sector público, en relación al PBI, se encuentra en una situación relativamente favorable. Incorporando en ella la deuda en default, incluso considerando eventuales arreglos beneficiosos para los acreedores, no supera el 30%, cuando en Brasil, por ejemplo, se ubica en torno al 60%. La mayoría de los países del mundo tienen un endeudamiento superior al nuestro. Esto le brinda a la Argentina, bajo ciertas condiciones, la capacidad de acceder a un flujo de financiamiento que les puede permitir a las autoridades de turno esquivar las reformas necesarias para que se reactive la inversión privada y la economía recupere el dinamismo.

Para dar un ejemplo sencillo, mucho se habla de la necesidad de una devaluación del peso. Definitivamente, una devaluación exitosa reduciría los costos en dólares de las empresas exportadoras y mejoraría su rentabilidad, estimulándolas a aumentar su producción e incrementando, así, el ingreso de divisas para nuestra economía, lo que permitiría enfrentar los problemas de escasez que hoy existen. Sin embargo, desde la perspectiva de los políticos, una devaluación generará una caída en el salario real de los trabajadores y un costo político que puede ser importante. Es sumamente tentador, entonces, para ellos enfrentar la falta de divisas con endeudamiento externo, en lugar de con una corrección de la relación entre el peso y el dólar.

Pero esto no es gratuito. Cada año que nos demoramos en generar las condiciones para la reactivación de la inversión privada y, de este modo, el aumento de la capacidad del país para producir bienes y servicios, en el contexto de una población creciente, nos volvemos en promedio más pobres. Por lo tanto, si se utiliza al endeudamiento con esa finalidad indudablemente debemos preocuparnos por el futuro.

Muchos dólares, algunos interrogantes

Con la llegada de abril, comenzó la temporada de la liquidación de la cosecha de soja, el período del año en el que habitualmente se registra el mayor ingreso de dólares al país por sus exportaciones. Por ejemplo, en este mismo período del año pasado ingresaron 20.900 millones de dólares por ese concepto y en 2013, 22.300 millones. Esto contrasta con el resto de los trimestres de estos 2 últimos años, en donde las entradas por exportaciones alcanzaron un máximo de 20.000 millones, en el tercer trimestre del año pasado, y un mínimo de 15.200 millones, en el primer trimestre del mismo año.

El inicio de la temporada sojera se hizo sentir rápidamente en las reservas internacionales del Banco Central, que, al cierre de esta edición, se ubicaban en su nivel más alto del 2015, por encima de los 31.500 millones de dólares. También se percibió su efecto en el grifo cada vez más abierto del cepo cambiario. Tras vender 485 millones de dólares en marzo para fines de atesoramiento, fijando un nuevo récord mensual, la autoridad monetaria se mostró aun más generosa en este cuarto mes del año, desprendiéndose de 235 millones en sus primeros 5 días hábiles. Como es de esperar, esto presionó al dólar blue a la baja, ubicándolo en su nivel mínimo desde julio del año pasado.

Sin embargo, en el contexto de alivio y mayor holgura que este ingreso de dólares provoca, se plantea el interrogante de cuál va a ser el uso que el Gobierno le va a dar al flujo de divisas. Es que no se trata de una cantidad tan abundante para hacer frente a todas las necesidades que las autoridades tienen y, además, va a ser temporal.

Indudablemente, un objetivo prioritario del Gobierno en estas próximas semanas será intentar poner un freno a la caída de la actividad industrial, íntimamente ligada a la falta de insumos que las restricciones a las importaciones vienen provocándole al sector. Este cayó en febrero un 2,2% y suma 19 meses consecutivos de merma. En esta línea se encuentran los anuncios realizados por la presidente Cristina Fernández de Kirchner a finales de marzo de planes para el canje de electrodomésticos y la renovación del parque de taxis, entre otras medidas.

Merece un punto aparte la política de las autoridades económicas en relación al dólar ahorro. Ciertamente, sorprende la cantidad de reservas que están sacrificando con el fin de abastecer esta demanda, que años atrás fue vilipendiada, y que no se conformen con mantener en el 50% una brecha que llegó a superar el 80% en septiembre del año pasado. Uno imagina que tendrán el cálculo muy bien hecho de cuántos dólares necesitan de acá a diciembre y cuántos pueden conseguir para estar dispuestos a utilizar un volumen tan importante en algo que no parece ni por lejos lo más delicado políticamente. Como me decía hace poco un colega: “¿Qué porcentaje de las personas que compran dólares bajo esta modalidad puede llegar a votar por el candidato oficialista en octubre?”

Por último, el Gobierno tendrá que definir si necesita aprovechar la temporada sojera para aprovisionarse de los dólares que puede llegar a necesitar durante el resto del año. En este sentido, es de prever que si sabe que las reservas no van a alcanzar, mejor que la escasez se sienta ahora, a 6 meses de las elecciones, y no cuando los comicios sean inminentes.

En definitiva, en las próximas semanas recibiremos señales que nos permitirán ir desentrañando estos interrogantes. Podremos empezar a dilucidar si el Gobierno tiene margen para encarar el fin de ciclo con un espíritu festivo o si llegará a diciembre, con lo justo, pidiéndole la hora al referí.

Peleando por lo que no hay

En estas últimas semanas, en absoluta consonancia con la temporada electoral que se inicia, venimos atestiguando la proliferación de reclamos sectoriales de todo tipo que, de acuerdo a la evaluación política que de ellos hagan el gobierno nacional, los provinciales o los municipales, serán atendidos más o menos satisfactoriamente o desembocarán en conflictos abiertos.

Fue el caso, por ejemplo, de los reclamos docentes, que en la provincia de Buenos Aires lograron aumentos salariales del 38%, del paro del campo, que se llevó a cabo la semana pasada, y de la anunciada huelga del transporte, que, tras fallidas negociaciones con el gobierno por la actualización del impuesto a las ganancias, se ratificó para el 31 de marzo.

Que resulte esperable que en medio de la campaña electoral los distintos sectores busquen extraerle concesiones a un gobierno necesitado por las circunstancias, no torna menos sorprendente la naturaleza de los reclamos en el marco de una economía profundamente estancada y con un estado que registrará en este 2015 un déficit que se ubicará entre los más elevados de la historia, es decir, que no sólo no cuenta con el más mínimo margen para aumentar gastos o reducir impuestos sino que debe imperativamente hacer exactamente lo contrario.

Para revertir el deterioro que viene mostrando la economía y que, de continuar, va a provocar mayor desempleo, más caída del poder adquisitivo de los salarios o ambas cosas, inevitablemente se tiene que terminar con la inflación. La actividad económica no puede prosperar en un ambiente dominado por la total incertidumbre en relación a las principales variables que la determinan. Y, para que eso suceda, una condición esencial es dejar de financiar el déficit fiscal con la impresión de billetes por parte del Banco Central. Ello requerirá casi con certeza una reducción del mismo porque difícilmente se pueda financiarlo en forma genuina si sigue teniendo la magnitud que hoy presenta.

Por otra parte, para que la economía ingrese en una senda de crecimiento sostenible, también se requerirá algún grado de corrección del tipo de cambio real. Para recuperar el dinamismo de las exportaciones, para abrir el cepo cambiario y no dejar a las empresas que compiten contra las importaciones completamente indefensas ante la competencia extranjera, se necesita reducir los costos en dólares que enfrentan. Hay distintas maneras de lograr esto pero la más rápida y de efectos más amplios es una devaluación del peso por encima de la inflación. Y una medida de este tipo, al menos en una primera etapa, causaría inevitablemente una pérdida en la capacidad de compra de los salarios.

En definitiva, para reordenar la economía y ponerla nuevamente en marcha, se necesita atravesar un período en el que amplios sectores de la población sufrirán alguna merma temporal en sus ingresos reales. Sean aquellos que reciben beneficios del estado, los trabajadores en general o los empresarios del sector de servicios, que sufrirían una caída de sus ventas. Es decir, tenemos por delante un período que demandará un esfuerzo por parte de la sociedad, que podrá ser moderado, si se apela al financiamiento que el mundo puede estar dispuesto a ofrecerle a la Argentina, pero que no debe ser soslayado.

Seguramente, es completamente ingenuo pretender que los sectores en pugna atiendan estas cuestiones pero si los argentinos siguen haciendo frente a las dificultades viendo qué tajada adicional se pueden apropiar, en lugar de cuál es el aporte que pueden hacer para superarlas, el deterioro económico continuará. Y si esto sucede, ese esfuerzo, que todavía se puede distribuir de manera ordenada, en forma acorde a la capacidad de sacrificio de cada sector, atendiendo en forma mancomunada un objetivo que, al final del camino, brindará beneficios para todos, se impondrá en forma caótica, injusta, recayendo más sobre los que menos tienen, y amenazando una vez más la estabilidad institucional y política del país.

Un mercado cambiario que ya mira al próximo gobierno

El acomodamiento que ha tenido en las primeras semanas del año el dólar en el mercado paralelo puede responder, en parte, a las medidas que tomó el Gobierno para estabilizar las reservas del Banco Central, a la política de absorción de pesos de la autoridad monetaria y a las promesas bastante consistentes de no devaluar el peso de los funcionarios, pero más que nada es el resultado de los cálculos que comenzaron a hacer los operadores respecto a dónde puede ubicarse la moneda americana en un eventual mercado liberado durante el próximo gobierno.

Para restaurar el crecimiento, las nuevas autoridades que asuman en diciembre deberán levantar el cepo cambiario. Resulta indiscutible que la economía no puede funcionar sin un acceso libre a los insumos y equipos necesarios para llevar adelante cualquier actividad productiva, a la par que cualquier modelo de país que se elija requiere el impulso del ingreso de capitales, que hoy se ve completamente desincentivado con las restricciones vigentes.

El levantamiento del cepo provocará una unificación de los múltiples precios que hoy tiene el dólar en el mercado oficial y el paralelo y, lógicamente, los operadores, al tomar sus decisiones de compra/venta, están dando rienda suelta a sus especulaciones acerca de cuál va a ser el nivel en el que va a quedar la divisa tras esa unificación.

El valor que tiene hoy el dólar bursátil, en torno a los 12 pesos, es consistente con un nivel de 17,6 pesos a finales del 2016. Con un dólar en ese precio, quienes compran la divisa en el mercado bursátil hoy, obtendrían el mismo rendimiento que si utilizaran esos pesos para colocarlos en un plazo fijo a 30 días en un banco y renovarlo hasta entonces.

Ciertamente, un dólar de 17,6 pesos en un mercado unificado y libre de cambios a finales del 2016 es una apuesta razonable. Si uno proyecta el ritmo de devaluación actual, que parece ser aquél con el cual el Gobierno se siente cómodo para afrontar estos últimos meses de su mandato, estaríamos completando el 2015 con la divisa en torno a los 9,8 pesos. Esto implicaría que para llegar a finales del 2016 con la moneda americana en el nivel planteado se requeriría un aumento cercano al 80% a lo largo del próximo año. Si las autoridades económicas logran contener el salto inflacionario que eso puede provocar se estaría cerrando el año con un tipo de cambio real semejante al de finales del 2010. Se trataría, para muchos, de un nivel más que satisfactorio aunque distaría bastante del que había en el 2007, que algunos reclaman como el necesario para lograr un mayor desarrollo del sector industrial. De todos modos, teniendo en cuenta la capacidad de financiamiento disponible y las dificultades políticas que una devaluación de la magnitud plateada podría entrañar, es altamente probable que la próxima administración se vea tentada a moderar la corrección cambiaria, aunque se correría el riesgo de poner en marcha un nuevo ciclo de endeudamiento que podría eclosionar cuando se agote el margen disponible, al estilo del 2001/2.

En definitiva, tras cerca de 4 años padeciendo la represión de sus operaciones, los inversores pueden fantasear con la liberalización del mercado cambiario y con un peso argentino más cerca de su punto de equilibrio.