Un éxito que podría ser un fracaso

En los últimos días comenzó a debatirse en el Congreso el blanqueo de capitales, este nuevo intento por reincorporar a la economía los miles de millones de dólares no declarados que los argentinos tienen en el exterior o en cajas de seguridad.

La decisión de avanzar con este nuevo blanqueo puede ser interpretada como un intento del Gobierno por aprovechar la oportunidad que brinda un contexto internacional más hostil para aquellos que buscan ocultar su dinero de las autoridades impositivas, con la cada vez mayor frecuencia de eventos tales como los Panama Papers o los Swiss Leaks, que dejaron al descubierto información financiera sensible de miles de presuntos evasores, y la mayor predisposición de los gobiernos a cooperar en la lucha contra los defraudadores del fisco.

Pero también puede ser vista como una necesidad política, no sólo para recuperar la iniciativa luego de haber sufrido un traspié con la sanción de la ley antidespidos, como algunos observadores señalaron, sino también como una herramienta para llegar con la economía en mejores condiciones a las elecciones del año que viene. Posiblemente, empieza a resultar cada vez más evidente para los estrategas del Gobierno que la inversión privada no muestra el entusiasmo con el que se soñaba inicialmente y que la inflación viene con demasiado impulso como para detenerse a tiempo para la campaña. Y las cuentas fiscales no dejan demasiado espacio para el electoralismo si no se quiere llevar al límite de sus posibilidades el margen de endeudamiento que hoy existe.

Es en este contexto que el blanqueo se presenta como una interesante posibilidad: por un lado, podría permitir incrementar el gasto público sin tener que apelar a una mayor emisión de deuda. En segundo lugar, aumentaría el ingreso de divisas a nuestra economía, lo que mejoraría las chances de mantener el dólar contenido una vez que se termine la liquidación de la cosecha de soja y más allá de lo que suceda con los flujos financieros. Este punto es esencial porque, a la luz de la evolución que vienen teniendo los precios y la situación sindical, un cierto grado de apreciación real del peso será indispensable para llegar con una inflación razonable a las elecciones, además del impulso adicional que puede brindar generando una recuperación en el poder de compra de los salarios.

Sin embargo, un eventual éxito del blanqueo podría ser la antesala de un nuevo fracaso. Porque podría ser para la economía lo que es un analgésico para un enfermo. Puede generar una situación de bienestar temporal pero cuando se termine la dosis recetada por el médico si no atacamos las causas de la afección el dolor volverá y lo hará con creces. Esto podría suceder con la economía. Una vez que se agoten los fondos provenientes del blanqueo, si el Gobierno no siguió avanzando con las medidas necesarias para poner en orden la economía, puede encontrarse con desequilibrios similares a los de diciembre del 2015 pero con menos confianza y capital político para afrontarlos.

El fin de la temporada de malas noticias económicas

En los últimos días se percibe un claro cambio de tónica en los anuncios económicos del Gobierno. Las malas noticias se van espaciando y comienzan a predominar los lanzamientos de obras, beneficios impositivos y crediticios y excepciones a los aumentos tarifarios anunciados semanas atrás.

La estrategia fue clara desde un principio: concentrar las medidas impopulares en los primeros meses de gestión, ligándolas lo más posible a la herencia recibida, y dejar el terreno despejado para poner la economía en marcha y llegar a las elecciones del año que viene con un ritmo aceptable de crecimiento y con los malos recuerdos lo más lejos posible en el tiempo.

Sin embargo, existen un conjunto de cuestiones que el Gobierno deberá tener muy presente para que, primero, esta estrategia le permita obtener un resultado electoral exitoso el año que viene y, en segundo término, para que, aun ganando, no se encuentre con una segunda parte del mandato que sea más cuesta arriba que esta primera.

Por un lado, en las últimas semanas existen diversos reportes acerca de las dificultades de gestión que viene teniendo la administración. La falta de experiencia, la desconfianza en el aparato burocrático y el deseo de revisar todo lo que se ha heredado están afectando fuertemente el funcionamiento del estado. Esto presenta el riesgo de que, aun cuando tenga el deseo y los recursos para recomponer en los próximos meses la situación de los sectores más golpeados por las medidas económicas de esta primera etapa, carezca de la capacidad para llegar en tiempo y forma hacia ellos.

Por otro lado, para que la economía se reponga y llegue a la campaña electoral con un ritmo de crecimiento aceptable, se necesitará el aporte de la inversión privada, algo que el propio Gobierno ha manifestado en numerosas oportunidades. Sin embargo, sus dificultades para formular un rumbo claro conspiran contra ella. Un interrogante particularmente serio tiene que ver con el tipo de cambio real. La devaluación y la eliminación de las retenciones habían planteado un panorama alentador para los exportadores argentinos al inicio de la gestión pero hoy muchos de ellos deben estar empezando a dudar acerca de sus posibilidades para los próximos meses, frente a un dólar que viene perdiendo por paliza frente a la inflación y la perspectiva cada vez más probable de que se lo utilice como ancla antinflacionaria para llegar con los precios contenidos a las elecciones del año que viene.

Vinculado con esto, se abre el último de los interrogantes. Existe un riesgo claro de que el esfuerzo electoral haga que el Gobierno pierda terreno en los importantes avances que se lograron hacia el indispensable reordenamiento de la economía. O porque utilice el dólar como ancla inflacionaria y para mejorar el poder adquisitivo de los salarios. O porque se exceda en el aumento del gasto público. Podría suceder entonces que llegara a diciembre del 2017 con una situación no muy distinta a la del comienzo de su mandato, nada más que con la confianza debilitada y un margen menor de endeudamiento.

El panorama no es sencillo. Esperemos que las autoridades puedan corregir a tiempo las deficiencias y obtengan la confianza y el apoyo del sector empresario necesarios para que la economía se ponga lo antes posible en marcha. Pero, por sobre todas las cosas, que no sacrifique los avances que ha logrado en pos de un resultado electoral. Sería un gran cambio para la política argentina y un importante salto hacia el futuro.

Una oportunidad que se va desvaneciendo

Van pasando los meses del nuevo mandato presidencial y se puede observar, con cierta decepción, que se está desaprovechando una importante oportunidad que abría el cambio de régimen: convocar a las distintas fuerzas sociales a debatir un proyecto de país de largo plazo.

Si hay un factor que definitivamente contribuyó en estos últimos 70 años al atraso relativo de Argentina en el concierto de las naciones ha sido la falta de un consenso elemental sobre ciertos lineamientos en materia económica y social. Como ya se ha dicho tantas veces, a lo largo de las distintas administraciones el país ha venido oscilando entre esquemas contrapuestos, lo que ha provocado enormes perjuicios a las posibilidades de desarrollo de la nación.

Esto resulta de particular importancia en un área al que el Gobierno le viene dando un gran protagonismo en sus manifestaciones, que es la de la inversión privada. Las autoridades consideran que tomar un conjunto de medidas que restablezcan la rentabilidad empresaria y generar un clima favorable es suficiente para que ella se dispare. Pero qué proyecto productivo se puede llevar adelante en un país en el que no se sabe lo que va a suceder después de las próximas elecciones. Ciertamente, con los antecedentes de la Argentina, qué garantía existe de que el programa económico actual se mantenga luego de los comicios del 2017 o del 2019. Por lo tanto, es imposible evaluar con una mínima precisión cualquier proyecto de inversión y, por lo tanto, sólo se llevan adelante aquellos que presentan una alta rentabilidad esperada que pueda soportar los posibles cambios de rumbo o, por lo menos, por la que valga la pena arriesgarse a que eso suceda.

Indudablemente, un poderoso recurso para impulsar la inversión productiva sería un acuerdo político y social de envergadura que siente ciertas bases respecto de hacia dónde quiere ir el país. Qué sectores productivos se quiere priorizar y cómo. Qué grado de apertura hacia el mundo se pretende. Cuál es el tamaño que debe tener el sector público y cómo debe ser la estructura impositiva que lo financie. Cómo debe funcionar el mercado laboral.

Lamentablemente, la postura de amplios sectores de la oposición sobre una cuestión tan básica para el funcionamiento de la economía como la posibilidad de las empresas de despedir personal en caso de considerarlo necesario, en una situación que difícilmente puede ser calificada de emergencia o crítica, no brinda grandes esperanzas de que se pueda avanzar seriamente en torno a un acuerdo de esas características. Este hecho pone en evidencia una vez más el alto grado de oportunismo que prima en numerosos actores de la política argentina, que están dispuestos a modificar las reglas de juego más básicas a fin de anotarse un puntito frente a los votantes. Y, en este contexto, será sumamente difícil poner en marcha un proceso de crecimiento sostenible. Seguiremos como un barco a la deriva, anhelando la llegada de un viento favorable que nos impulse y atemorizándonos cada vez que una tormenta nos pone nuevamente al borde del naufragio.

¿Abusando de la suerte?

Los aumentos generalizados de tarifas anunciados a comienzos de abril pueden ser recibidos con beneplácito por aquellos que impulsan un enfoque de shock para resolver los numerosos e importantes problemas que presenta la economía pero son un motivo de preocupación para quienes creemos que se debe avanzar con cautela en un país en el que cualquier paso en falso puede determinar rápidamente el fracaso de una administración.

Resulta difícil discutir la necesidad y la justicia de estos aumentos tarifarios. El enorme déficit fiscal, que es una espada de Damocles que pende sobre el futuro de la economía, y el carácter regresivo en términos distributivos de los subsidios vigentes tornan imperativa una medida de este tipo. Las dudas surgen al analizar el momento elegido.

En plena temporada de negociaciones salariales, inevitablemente, estos incrementos tarifarios van a ser contemplados seriamente a la hora de los reclamos por parte de los líderes sindicales y pueden determinar aumentos mayores que los que se hubieran concretado de otro modo. Nadie puede asegurar que si los anuncios se hubieran efectuado luego de las paritarias no habría una reapertura de las mismas pero da la impresión de que, planteada de esta manera, la jugada es más riesgosa.

Los mayores aumentos salariales que esto puede provocar sumarán presiones inflacionarias, con lo que esto puede significar en términos de expectativas y de confianza en un gobierno que insiste en una proyección de incremento de los precios para este 2016 cada vez más difícil de cumplir del 25%. Y pueden obligar a las autoridades a extender en el tiempo e, incluso, incrementar la rigurosidad de una política de tasas de interés que golpea fuertemente a la actividad económica y desalienta toda posibilidad de recuperación.

Uno imagina que, con la pérdida de ingresos provocada por la eliminación de las retenciones y la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, más la perspectiva de una merma mayor, con las modificaciones adicionales que se pretende introducir a ese tributo en el Congreso y los proyectos para reducir el IVA a los productos de la canasta de consumo, el panorama para cumplir con el objetivo de déficit fiscal para el 2016 presentado por el ministro de Hacienda y Finanzas en enero lucía sombrío y que se intentó mejorar esta situación. Pero con otro error no se corrige un error previo y ésta es la sensación que deja la decisión de aumentar las tarifas del modo en que se lo hizo.

Indudablemente, el Gobierno quedó arrinconado en su propia retórica. Tanto viene insistiendo en que en el segundo semestre va a haber un cambio de tendencia en la inflación que, cuando vio que los números no le cerraban de ningún modo, se sintió en la obligación de adelantar todas las decisiones tarifarias, que habrían tenido un efecto negativo sobre esa posibilidad.

No se puede asegurar que la jugada le va a salir mal pero, después de haber tenido éxito con la salida del cepo cambiario y la fuerte devaluación consecuente, la eliminación de las retenciones y el fuerte aumento de las tarifas de electricidad y de haber logrado una importante victoria política con la aprobación del acuerdo con los holdouts, uno se pregunta si no hay un exceso de confianza en la administración que la está llevando a perder el sentido de la realidad y abusar excesivamente de su suerte.

Una pieza más en un complejo rompecabezas (4/3/16)

Ciertamente, el acuerdo que el Gobierno alcanzó con los fondos buitre y que pone la solución de este prolongado conflicto al alcance de la mano nunca puede ser un motivo de festejo. Terminar cediendo, tras más de 14 años, a las exigencias de un puñado de especuladores que se aprovecharon de la desesperación de los bonistas tras la cesación de pagos del país no es el mejor final para esta historia. Pero hay que aceptar que este resultado no es el producto de una decisión apresurada e irreflexiva de las autoridades actuales sino de un largo proceso plagado de errores que se pueden remontar a las propias condiciones de emisión de los bonos que en pocos días se terminarán de cancelar.

Pero si bien el acuerdo no es un motivo para el festejo es bienvenido que la administración haya podido insertar esta pieza esencial en el complejo rompecabezas económico que le dejó la gestión anterior y que viene intentando resolver.

Para ello, el Gobierno ha planteado una estrategia que, respondiendo indudablemente a la lectura política que hace de la situación, pone el énfasis en uno de los grandes problemas de la economía que es restablecer la rentabilidad esperada de los sectores más dinámicos. Ha avanzado en esta dirección a través de la devaluación y la eliminación de las retenciones, de la solución del conflicto con los holdouts, que debería provocar una caída en el costo de financiamiento en dólares del sector privado, y de un clima de negocios más favorable y previsible. Ha dejado para más adelante la solución de otro de los grandes problemas que presenta la economía, por su gran efecto desestabilizador, que es el enorme déficit fiscal. Busca contener este efecto desestabilizador a través del acuerdo con los fondos buitre y el acceso al financiamiento internacional que éste puede brindar. Con esta estrategia pretende limitar el inevitable costo político de modo tal de hacerlo más manejable.

Será esencial ver el curso de las negociaciones salariales y el accionar posterior de las autoridades para ver cuál es el grado de convicción y la predisposición para tolerar la reacción de los sectores perjudicados por el esquema elegido. Un termómetro, en este sentido, será lo que suceda con el salario real. Si logran completar el 2016 con una retracción del 5% o más en el mismo, mostrarán lealtad a su libreto y habrá motivos para mantener la expectativa.

Abundan las personas, fuera y dentro del Gobierno, que están ansiosas y hasta decepcionadas por el ritmo que vienen teniendo las reformas pero lo cierto es que nadie puede saber de antemano cuál es la estrategia que mejor cumple con las restricciones políticas y económicas que existen. Aquella estrategia que puede parecer más apropiada en lo económico puede violentar las limitaciones políticas y viceversa. La nueva administración está jugando sus cartas, con la legitimidad que el voto popular le otorga, y si, al menos, logra generar las condiciones para evitar la crisis que acecha al final del camino ya se puede considerar exitosa.

Un delicado equilibrio

En estas primeras semanas del nuevo gobierno parece haber primado la sensatez y, lejos de las soluciones de shock que algunos proponían, se va en busca de un huidizo equilibrio: se trata de ir lo más lejos posible con las medidas que la economía requiere para salir de su prolongado letargo distribuyendo los costos de una manera tolerable para los distintos sectores, de modo de asegurar la paz social y garantizar un rumbo económico sostenible.

Aquellos que esperaban que en estas primeras semanas se avanzara con mayor decisión sobre problemas acuciantes y de gran trascendencia como el elevado déficit fiscal o que consideran que el nuevo valor del dólar oficial no es lo suficientemente alto como para incentivar a ciertos actores productivos a poner nuevamente manos a la obra o continúa siendo inconsistente con la enorme masa de pesos que emitió en los últimos años el Banco Central para cubrir las necesidades del Tesoro pueden estar ansiosos. Pero es indudable que si el Gobierno hace mal sus cálculos e intenta extraer de los sectores equivocados más de lo que éstos están dispuestos a ceder, el escenario se puede complicar fácilmente y las buenas expectativas que muchos tienen se pueden esfumar rápidamente.

El caso paradigmático es el que plantea el frente sindical. Con la eliminación de las retenciones y la devaluación y las subas de las tarifas de los servicios públicos que se prevén, las autoridades económicas le están aplicando una quita al poder adquisitivo de los salarios. Con el diálogo y los compromisos apropiados, es de imaginar que los líderes sindicales pueden estar dispuestos a aceptar una merma en el mismo pero esto tiene un límite y, si no se identifica correctamente, la situación puede desembocar en una alta conflictividad laboral o en un nivel de aumentos salariales que le ponga un piso muy elevado a la inflación o que empuje al Gobierno a embarcarse en una política monetaria excesivamente contractiva para someterla.

En cualquier caso, estamos hablando de todos escenarios poco compatibles con una recuperación sólida de la economía, que dependerá esencialmente de que se pueda trazar un programa consistente, que brinde un horizonte de rentabilidad para los diversos sectores que en los últimos años se han visto paralizados por un modelo que priorizó las necesidades políticas por sobre la viabilidad económica.

Desde ya, ninguno de estos escenarios resultaría alentador tampoco para las posibilidades electorales del partido gobernante en las elecciones legislativas del 2017.

En definitiva, se trata de acertar en un delicado equilibrio, sabiendo que, a diferencia de otros momentos complicados de la historia económica argentina, se cuenta con un margen de financiamiento disponible que permite ir dosificando los costos a lo largo del tiempo.

Optimismo moderado

Al cierre de esta edición, Mauricio Macri está iniciando su mandato como nuevo presidente de la república. Su promesa de avanzar con las medidas que la economía necesita para volver a crecer tras 4 años de estancamiento y la composición de su gabinete con personas con la calificación y la seriedad necesarias para implementarlas invitan al optimismo. Sin embargo, los antecedentes históricos deben introducir una cuota de moderación en nuestras expectativas y actuar como un llamado a todos los argentinos a participar desde sus lugares para facilitar el proceso y contribuir a darle forma.

Para ilustrar las dificultades que el nuevo gobierno tiene por delante, se puede tomar por ejemplo la problemática del atraso cambiario, un tema que a lo largo de la campaña y en las semanas previas a la asunción ha prometido resolver. Esta problemática ha sido frecuente a lo largo de la historia económica argentina y aquellas administraciones que intentaron corregirla no tuvieron un buen final, si bien este resultado no puede ser atribuido exclusivamente a sus decisiones económicas.

Repasando los últimos 60 años, encontramos correcciones cambiarias de una magnitud como la que se podría requerir en la actualidad o mayor a fines de 1958, en 1967, en 1975, en 1981, en 1982 y en 2002. Hubo también una devaluación importante en 1989 pero ésta se dio en el marco de los intentos por detener el estallido hiperinflacionario de ese año y no con el objetivo de poner fin a un período más o menos prolongado de atraso cambiario. En todos los casos, la devaluación dio lugar a una importante caída del poder adquisitivo de los salarios que condicionó políticamente a las autoridades y seguramente contribuyó a su posterior caída. Esta caída del salario real fue de 25% en 1959, del 7% en 1967 (un impacto morigerado por la suba de las retenciones que se aplicó a los productos de la canasta familiar), del 35% en 1975, del 10% en 1981, del 10% también en 1982 y del 19% en 2002. En el primer caso, el gobierno de Arturo Frondizi fue derrocado por un golpe militar en marzo de 1962. Si bien es cierto que su salida del poder se dio más de 3 años después de la fuerte medida cambiaria que tomó, los salarios reales se mantuvieron significativamente por debajo de los niveles vigentes antes de la medida durante el resto de su gestión, aportando un motivo de malestar. El segundo caso es el menos trascedente por el impacto acotado de la devaluación. Aun así, el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía fue turbulento y se interrumpió en junio de 1970, con su reemplazo por otro representante militar, Roberto Levingston. Tras las medidas económicas de junio de 1975, la administración de Isabel Perón duró menos de 9 meses, aquejada desde ya por problemas que no se limitaban exclusivamente a lo económico. En 1981, Roberto Viola tuvo un mandato de apenas 8 meses y medio y, en 1982, Leopoldo Galtieri, de sólo 6. Aunque el desplazamiento de este último fue provocado por la derrota en la guerra de  Malvinas, muchas veces se ha señalado que con este conflicto se buscó una distracción de las dificultades económicas que el país atravesaba en aquel momento. Por último, en 2002 Eduardo Duhalde permaneció en el poder 17 meses luego de anunciar la salida de la convertibilidad.

A favor de Macri, hay que decir que, excepto en el caso de Frondizi, en el resto, las medidas fueron tomadas por presidentes que no habían sido elegidos por el voto popular y por lo tanto carecían de la legitimidad política suficiente para tomar decisiones que tuvieran un impacto tan fuerte sobre el nivel de ingresos de la población. Incluso el propio líder radical tenía una legitimidad cuestionable ya que había llegado a la presidencia favorecido por la proscripción del peronismo.

Estos antecedentes plantean, entonces, una oportunidad y también una advertencia a la hora de avanzar en la introducción de las modificaciones que la economía necesita. Indudablemente, tanto los asesores políticos y económicos del presidente como el resto de los integrantes de la sociedad debemos aprender de la experiencia del pasado para no caer en los mismos errores que han llevado a que la Argentina sea mirada con perplejidad en el mundo como un país que nunca termina de concretar su potencial.