Avances en la lucha contra la inflación

En las últimas semanas se viene registrando una mejora en las expectativas inflacionarias. No sólo viene influyendo en esto la firme postura del Banco Central, que se atrevió a subir las tasas de interés en un año electoral para dejar bien claro que las necesidades políticas del Gobierno no lo van a desviar de su objetivo, sino también los buenos resultados que se vienen dando en algunas negociaciones salariales importantes, como la del sector de la construcción o el comercio, en donde los sindicatos aceptaron aumentos del orden del 21%, una cifra que meses atrás parecía difícil de alcanzar.

En este contexto, el último relevamiento de expectativas de mercado (REM) que publica mensualmente la autoridad monetaria presentó una baja cercana al punto porcentual en el pronóstico de la inflación de los próximos 12 meses, tanto a nivel de GBA como nacional. Estos pronósticos la ubican en el 18% en el primer caso y 17,5% en el segundo.

Y si bien es cierto que en promedio los analistas no esperan que se cumpla con la meta establecida por el Banco Central para este 2017, de entre el 12% y el 17%, proyectando un 21,4% a nivel GBA y un 20,7% a nivel nacional, coinciden en que la entidad va a lograr mantener un trayectoria descendente en el ritmo de aumento de los precios, que podría ubicarse en un dígito para el 2019 (9,9% en GBA).

De todos modos, la contracara de este éxito que se viene teniendo en la lucha contra la inflación es que descansa en una parte importante en la estabilidad del dólar y, por ende, en el creciente atraso cambiario. Y si bien puede haber una responsabilidad parcial del Banco Central en esto, lo cierto es que, con un déficit fiscal total, considerando nación y provincias, del 8% del PBI o superior y un amplio financiamiento internacional disponible, a la larga o a la corta resulta inevitable una apreciación del tipo de cambio real como la que se viene registrando.

Este proceso viene golpeando a numerosos sectores (la industria cayó un 4,6% interanual el año pasado y un 2,4% interanual en el primer trimestre del 2017), en un contexto además en el que correctamente se viene abriendo gradualmente la economía a la competencia de las importaciones. Los exportadores y aquellos que compiten con las importaciones deben lidiar con una situación en la que los precios de sus productos se mantienen fijos mientras siguen incrementándose sus costos.

El Gobierno se comprometió a reducir el déficit fiscal a un nivel razonable durante los próximos años, lo que podría ir aflojando las tendencias hacia el atraso cambiario, pero habrá que ver si los plazos planteados son acertados. Las autoridades deben lograr configurar una economía suficientemente competitiva y viable antes de que se agote el crédito externo del que gozan para evitar que tengamos que atravesar una vez más el trauma de una crisis.

En definitiva, están ganando la “batalla” contra la inflación pero persisten importantes interrogantes de que puedan ganar la “guerra” de poner a la economía argentina en la senda del crecimiento sostenible.

Una economía esquizofrénica

El notable éxito del blanqueo de capitales, que se cerró con la formalización de activos por 116.800 millones de dólares, superando con holgura los pronósticos iniciales más optimistas, puso en evidencia una vez más la existencia de múltiples facetas contradictorias en la economía argentina, que el Gobierno no logra amalgamar.

La administración despierta la simpatía, la confianza y el apoyo de importantes sectores del empresariado local y extranjero, algo que sin dudas se cristalizó en la predisposición de una buena parte de quienes tenían una porción de su patrimonio no declarado para sincerarlo, un hecho también favorecido por el contexto internacional. Sin embargo, esa simpatía, confianza y apoyo no terminan de transformarse en las inversiones productivas que la economía necesita con desesperación para lograr arrancar tras 5 años de estancamiento.

La evolución de la inversión total a lo largo del 2016, de acuerdo a los dato del INDEC, es una evidencia contundente de este punto. Ella fue el componente de la demanda global que más cayó en todo el año, con el 5,5%. Peor aún: la caída más fuerte se registró en los 2 últimos trimestres, del 8,2% y 7,7% respectivamente.

Y es que mes a mes las estadísticas confirman la percepción que uno tiene: si bien el Gobierno parece tener la vocación de ir en el rumbo adecuado y el diagnóstico correcto para hacerlo, le falta el poder político, la convicción, el coraje o sencillamente no termina de encontrar el timing para ir a fondo con las medidas que la economía requiere para retomar la senda del crecimiento.

En su afán por bajar lo más rápidamente posible la inflación, se muestra indiferente o se resigna a la profundización del atraso cambiario, que enturbia las perspectivas de inversión para todos aquellos sectores que compiten con el mundo, que observan con preocupación cómo sus costos crecen más que los precios de los bienes y servicios que producen. Mientras tanto, no avanza con la decisión que se requiere en la reducción de la carga tributaria, que sigue teniendo en nuestro país una participación en el PBI significativamente más alta que en el resto de los países de la región y que aplasta la rentabilidad empresaria. El contexto político tampoco ayuda, con ningún sector de la oposición mostrando consenso con el rumbo elegido o planteando modificaciones en la dirección correcta.

Es indudable que, con este panorama, aun con la mayor empatía hacia este gobierno, los empresarios no se van a lanzar masivamente a poner en marcha proyectos de inversión. Estos continuarán llegando en cuentagotas y muy probablemente no serán suficientes para darle a la economía el vigor que requiere en los próximos años.

El Gobierno tiene una extraordinaria oportunidad para modificar esta situación en las próximas elecciones. Si logra una adhesión lo suficientemente amplia, podrá brindar un horizonte algo más claro a los inversores y ganar la confianza que necesita para avanzar con mayor decisión con las medidas que hoy se necesitan. Pero deberá esforzarse bastante más de lo que lo viene haciendo para convencer a la sociedad de que estamos bien encaminados y que la alternativa nos lleva directo al precipicio.

Un crecimiento que plantea dudas hacia el futuro

En las últimas semanas se vienen sumando estadísticas que indicarían que terminó la recesión en la que se encontraba inmersa la economía, tras 4 trimestres consecutivos de caída de la actividad entre el cuarto de 2015 y el tercero de 2016. Si bien todavía el INDEC no publicó los datos correspondientes al último trimestre del año pasado, los resultados del Estimador Mensual de Actividad Económica del organismo (con un crecimiento nulo en octubre, de 1,2% en noviembre y de 1,6% en diciembre, siempre en relación al mes anterior) anticiparían que el período va a registrar una evolución positiva.

A esto también se agrega la mejora en las estadísticas de los sectores que más arrastraron hacia abajo el PBI el año pasado, como la industria y la construcción. La primera de ellas (que cayó cerca de un 5% en el 2016 y que tuvo en algunos meses retracciones cercanas al 8%) en enero registró una caída interanual de apenas el 1,1%, la más baja desde febrero del año pasado. Con la segunda sucedió algo similar: había caído alrededor del 13% en 2016 pero en enero se contrajo apenas un 2,4% interanual, el mejor desempeño de, por lo menos, los últimos 13 meses.

Las estadísticas van confirmando lo que se esperaba. A medida que se van recuperando los salarios reales, especialmente castigados en el primer semestre del 2016, y, con ellos, el consumo, comienza a ponerse en marcha la obra pública, completamente paralizada durante ese período, y continúa cobrando impulso el sector agropecuario, altamente beneficiado por la salida del cepo cambiario y la reducción y eliminación de las retenciones y las restricciones a las exportaciones, la economía comienza a repuntar.

Sin embargo, los interrogantes más importantes no pasan por si la economía va a crecer o no este año sino más bien por cuál va a ser la calidad de ese crecimiento y si va a poder sostenerse en el tiempo. Y, parados donde estamos ahora, existen serias dudas de que esto vaya a suceder.

Es que, para que haya un crecimiento sólido y sostenible, es necesario que la economía presente un conjunto razonable de sectores con buenas perspectivas de rentabilidad para los próximos años y con capacidad para competir con el mundo. Pero, con un proceso de atraso cambiario en marcha y que tiende a profundizarse, con autoridades económicas que no terminan de avanzar con una reducción significativa de la carga tributaria y con una sociedad que no muestra un consenso suficientemente amplio sobre el rumbo que se ha tomado, no se están generando esas condiciones.

En este contexto, es altamente factible que se ingrese en un proceso de crecimiento completamente dependiente del financiamiento externo disponible, que podrá extenderse durante este año, el que viene y porqué no también el 2019 pero que tarde o temprano, cuando ese financiamiento se corte, se va a frenar brusca y estrepitosamente, con graves consecuencias políticas y sociales.

¿Un enfoque gradualista?

El recorrido que viene mostrando el dólar en estas primeras semanas del año, que empeora la perspectiva de atraso cambiario que ya desde un principio se vislumbraba para este 2017, genera dudas ya no de si el enfoque gradualista que viene aplicando el Gobierno tiene posibilidades de éxito sino directamente si efectivamente se está aplicando tal enfoque.

Es que lo más probable es que, a medida que vaya avanzando el año, la situación de los productores locales que compiten con el mundo se parezca cada vez más a aquella que atravesaban antes de la asunción de las actuales autoridades y que se había modificado sustancialmente luego de la salida del cepo cambiario y la devaluación subsiguiente y la reducción y eliminación de las retenciones y de las restricciones a las exportaciones.

El Gobierno insiste en sus manifestaciones en que hay que incrementar la productividad y bajar los costos, para lo cual se anotó recientemente en su haber la reforma del sistema de ART, y cada tanto deja trascender que planea continuar reduciendo la presión tributaria para mejorar de este modo la competitividad de las empresas. Pero, mientras aguardan anuncios concretos, éstas observan con impotencia como su rentabilidad se va desmoronando bajo el peso de una inflación que avanza con mayor rapidez que el precio de sus bienes y servicios.

Todo esto se viene reflejando cruelmente en los números negativos de la balanza de pagos. Aun con una caída de la economía en torno al 2,5% el año pasado, el déficit en cuenta corriente se ubicó en alrededor de 14 mil millones de dólares. Existe la posibilidad de que este año, en el que se prevé un crecimiento de aproximadamente el 3%, el desequilibrio supere al de 2015, de 16.800 millones de dólares, el más alto desde 1994, que es cuando se inicia la serie que publica el Indec.

Es decir que, a 2 años del cambio de gobierno, nuestro país continuará registrando un fuerte desequilibrio en el intercambio con el resto del mundo. Pudo sostener su nivel de consumo, primero, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, apelando a las reservas internacionales acumuladas durante el boom de los commodities y, ahora, gracias al financiamiento internacional obtenido tras el acuerdo con los holdouts pero, de cerrarse el acceso al mismo, tendrá que atravesar un ajuste de importantes proporciones y de graves implicancias sociales y políticas.

Uno puede ser indulgente con la actual administración y decir que hace lo que puede en un ambiente plagado de restricciones, tras haber recibido una pesada herencia, con una clase dirigente excesivamente oportunista y una sociedad que no parece conciente del estado real de la economía. Pero, para que el enfoque gradual que eligió, que indudablemente parece el único viable en un país como el nuestro, rinda sus frutos es necesario que vaya mostrando avances, por pequeños que sean, en todos los frentes. Sólo de esa manera se logrará ingresar en el círculo virtuoso que se requiere para que la economía se ponga en marcha en forma sólida y sostenida.

2017: un año clave para saber hacia dónde vamos

El año que recién comienza tiene la particularidad de que van a ser menos importantes los resultados económicos que se obtengan que la forma de llegar a ellos. Esto siempre es así pero más aun en un año en el que las autoridades se pueden ver tentadas a buscar los resultados fáciles, tangibles y de corto plazo que le pueden garantizar la victoria en las elecciones de medio término y allanar el camino político en la segunda mitad del mandato.

Resulta indudable que la economía va a crecer y por muchos motivos. En primer lugar, porque todo el año la vamos a estar comparando con un 2016 bastante malo. En segundo lugar, porque es de esperar un buen desempeño del campo, uno de los sectores que más se benefició con el cambio de gobierno, por la devaluación tras la apertura del cepo cambiario, la reducción de las retenciones y la eliminación de las restricciones a las exportaciones de algunos de sus productos. Por otra parte, excepto que el mundo dé un vuelco brusco con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, el Gobierno cuenta con un margen de financiamiento disponible para impulsar la economía a través de la obra pública y otros gastos o rebajas impositivas que considere necesarias, sin tener que preocuparse en forma excesiva por el alto déficit fiscal. Asimismo, es de esperar una recuperación del salario real y, por ende, del consumo, teniendo en cuenta las presiones hacia el atraso cambiario que existen y los buenos ojos con los que los funcionarios pueden ver eso en un año electoral. Brasil también puede hacer su aporte. Tras una fuerte caída del PBI en los últimos 2 años, se espera una leve recuperación este año que puede generar una demanda adicional para la duramente golpeada industria argentina. La administración puede tener, además, la expectativa de que su discurso amigable con el mercado, los avances logrados en el reordenamiento de la economía y la disponibilidad de capitales argentinos recientemente blanqueados y en busca de oportunidades pueden alentar un crecimiento de la inversión privada que también haga su contribución al rebote.

El Gobierno seguramente estará monitoreando atentamente si los factores más genuinos (el crecimiento del campo, la inversión privada, las exportaciones a Brasil, etc.) son lo suficientemente fuertes para generar un crecimiento satisfactorio en términos políticos y hasta qué punto debe contribuir con los más artificiales (expansión del gasto público, aumento del salario real a costa del atraso cambiario) para lograr ese objetivo.

Este rebalanceo nos permitirá a fin de año saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Si el Gobierno, por debilidad en los factores genuinos, por malos resultados en las encuestas, para reducir la conflictividad social o por lo que fuere, se siente obligado a apelar en forma excesiva a los factores artificiales, esto redundará en un déficit fiscal más elevado, un problema de competitividad externa más pronunciado y una trayectoria de endeudamiento más insostenible. En otras palabras, nos habremos acercado más a la próxima gran crisis.

Se entiende que la sociedad en su conjunto, en este año en el que tendrá la oportunidad de manifestar su voluntad a través del voto, tendrá un rol fundamental. Si demanda resultados inmediatos, no hace distinción entre los motores genuinos y los artificiales del crecimiento, no hace una evaluación adecuada del estado de la economía y de los esfuerzos que éste requiere y vota en consecuencia, hará su contribución y será responsable del resultado final hacia el que nos encaminaremos.

Buscando un lugar en la Historia

A la luz de lo que sucedió en el 2016, en el que las expectativas de muchos respecto a los avances que se iban a lograr en materia económica se vieron en mayor o menor medida defraudadas, surge naturalmente la siguiente pregunta: ¿Puede un gobierno con ambiciones de continuidad corregir problemas tan graves como los que heredó la administración actual?

Cuesta encontrar en la historia económica argentina de las últimas décadas un gobierno que haya aplicado un programa de ajuste exitoso, entendiendo como tal a un programa que haya restablecido ciertos equilibrios macroeconómicos básicos, generando las condiciones para un crecimiento sostenible de la economía. Los que vienen inmediatamente a la cabeza son el Plan de Convertibilidad aplicado por Domingo Cavallo a partir de abril de 1991 y las gestiones de Jorge Remes Lenicov y Roberto Lavagna a partir de comienzos de 2002. Al primero de estos casos lo podemos tomar con ciertas reservas, dado que las rigideces monetarias que incorporó fueron el germen de la crisis siguiente, pero el período más largo en cerca de 70 años con una inflación de un dígito a que dio lugar es un logro que no se puede despreciar y podría haber sido aprovechado con excelentes resultados si se hubieran aplicado las políticas adecuadas luego de la salida del régimen.

Pero un hecho distintivo y característico de esos programas es que fueron aplicados luego de crisis traumáticas que habían generado en la sociedad una gran demanda de cambio y una predisposición a asumir ciertos sacrificios. Por ejemplo, el Plan de Convertibilidad se aplicó tras una caída del 12,7% del PBI y del 25% del salario real entre 1987 y 1990 y la devaluación y las medidas de estabilización del 2002 se tomaron tras una recesión que se había extendido durante 3 años y que había llevado el índice de desocupación a más del 17% en el 2001, sin olvidar también la crisis financiera que se había desarrollado a lo largo de ese año y que había llevado a la aplicación de restricciones al retiro de los depósitos bancarios a finales de ese año. Es decir, la evidencia histórica indicaría que, para aceptar la aplicación de medidas económicas que tienen un efecto negativo sobre el poder adquisitivo de sus salarios o que implican la pérdida de empleos o de beneficios para un sector de la población, los argentinos tienen que estar tocando fondo, tienen que verse sumidos en una crisis de magnitud, y las autoridades no deben poder encontrar otra salida posible.

Si la historia fuera a repetirse, algo que no necesariamente debe ser así, esto significaría que la administración actual continuará en líneas generales por el camino que trazó en este primer año de gestión. Apelará al endeudamiento hasta donde los mercados de capitales se lo permitan y sólo realizará correcciones fiscales y de precios relativos significativas si se ve obligada por las circunstancias.

Es imposible predecir el futuro pero lo que sí se puede afirmar es que si, como algunos esperan, el Gobierno avanza con el ajuste, que aplicó con cuentagotas en su primer año de gestión, luego de las elecciones del año que viene y tiene éxito en la aplicación del mismo, será el primero en décadas en lograrlo y se ganará un lugar de privilegio en la Historia.

Un año más y seguimos en el mismo lugar

Estamos a un puñado de días de completar el primer año de la administración de Mauricio Macri y, a pesar del ímpetu inicial y las expectativas que generó, queda la sensación de que nos hemos movido muy poco, si es que nos movimos algo, hacia la construcción de un esquema que brinde un marco favorable para el crecimiento económico sostenido.

La gestión económica apenas se puede jactar en estos casi 12 meses del arreglo con los acreedores internacionales para salir del default y el levantamiento de las restricciones cambiarias, dos hechos indiscutiblemente positivos pero que no representan en sí mismos soluciones de fondo a los importantes problemas que existen. También puede mostrar una actitud más decidida contra la inflación que el gobierno anterior pero con un enfoque que genera dudas y no garantiza resultados perdurables.

Dejando de lado esas cuestiones, poco ha cambiado en la economía. El déficit fiscal cerrará este año en el elevadísimo nivel en el que se lo recibió, en torno al 7% del PBI, una luz roja que titila con intensidad de cara al futuro de la economía argentina. El Gobierno no aprovechó este año sin elecciones para lograr algún avance importante en ese terreno, indudablemente condicionado por los estragos que la fuerte devaluación de diciembre causó en los ingresos de la población y la actividad económica.

Pero lo más grave es que dejó que los avances que sí se habían logrado con la apertura del cepo cambiario y la devaluación en materia de precios relativos, restituyendo cierta competitividad al sector de bienes transables de la economía, se fueran diluyendo a lo largo del año. Las altas tasas de interés ofrecidas por el Banco Central y el endeudamiento de la Nación, las provincias y las empresas en los mercados internacionales alimentaron una oferta de dólares que mantuvo contenida la cotización de la divisa frente a una inflación que, si bien se desaceleró en los últimos meses, va a cerrar el año en torno al 40%.

Como resultado de esta inmovilidad, la economía argentina sigue descapitalizándose, con la única diferencia de que, en lugar de perder reservas internacionales, como durante los últimos años de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, hoy acumulamos deuda.

Estos resultados no son la exclusiva responsabilidad del gobierno actual. Se lo puede cuestionar a éste por su falta de liderazgo y por su incapacidad para construir un modelo económico superador y vendérselo a la sociedad. Pero los diversos dirigentes sociales tampoco muestran conciencia de los problemas ni predisposición para colaborar en su solución. Sólo parecen preocupados por preservar hasta el último centavo de los ingresos que tenía su sector al inicio del mandato, como si no existiera una evidencia suficiente de que, tal como están dadas las cosas, en ese nivel no son sostenibles en el tiempo.

Genera absoluta perplejidad ver cómo una sociedad que ya ha atravesado numerosas crisis traumáticas en las últimas décadas se entrega mansamente a una corriente que la arrastra nuevamente hacia el vacío. Así como las reservas en algún momento se iban a acabar, el financiamiento no estará disponible por siempre y si no utilizamos el margen que hoy existe para hacer las correcciones en forma voluntaria y ordenada, éstas se van a efectuar en forma involuntaria y caótica el día que el financiamiento se agote.