¿Tras las huellas de Menem?

Es prácticamente un hecho que Alberto Fernández iniciará el 10 de diciembre el quinto período de gobierno del peronismo en nuestro país, tras los de 1946/55, 1973/76, 1989/99 y 2003/15. E, intentando dilucidar qué es lo que nos puede deparar la nueva administración peronista, uno puede identificar una importante coincidencia económica entre el mandato que se iniciará en diciembre y aquél que inició Carlos Menem en 1989. Todo indicaría que, al igual que el riojano, Fernández no se va a ver beneficiado por un comportamiento particularmente favorable de los términos del intercambio de nuestro país.

Pareciera que las condiciones van a ser completamente distintas a las del resto de los gobiernos peronistas, en los cuales la evolución de la relación entre los precios de las exportaciones y las importaciones argentinas hizo posible llevar adelante políticas económicas fuertemente expansivas sin chocar en forma inmediata contra la restricción externa. Los primeros dos gobiernos de Juan Domingo Perón, por ejemplo, se iniciaron en 1946 con un salto en los términos del intercambio superior al 50% respecto al año anterior y los mismos continuaron subiendo hasta alcanzar el máximo de todo el siglo en 1948. Nuevamente, al llegar, primero, Héctor Cámpora y, más tarde, Perón, a la presidencia en 1973, se registró un nuevo salto en los términos del intercambio, en este caso del 25%. La bonanza en esta oportunidad fue más breve y terminó desembocando dos años después en el Rodrigazo, ya con María Estela Martínez de Perón en la presidencia tras la muerte del caudillo. Es más conocido cómo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se beneficiaron con términos del intercambio favorables, con la peculiaridad de que la suba que comenzó a registrarse meses antes de las elecciones de 2003 continuó casi ininterrumpidamente hasta el punto máximo alcanzado en 2012. Por el contrario, Menem asumió con términos del intercambio históricamente bajos que recién empezaron a subir tímidamente en su cuarto año de gestión.

Por lo tanto, Fernández deberá buscar las pistas para el éxito más en la gestión económica de este último que en las experiencias de su compañera de fórmula o del líder histórico de su partido. De darse, de acuerdo a lo esperado, una evolución de los términos del intercambio similar o peor a la registrada en la década del ´90, no podrá impulsar el crecimiento promoviendo un aumento de los salarios reales y una expansión del gasto público como lo hicieron aquellos. Las posibilidades de crecimiento de la Argentina durante su mandato van a quedar sujetas a su capacidad para dinamizar la inversión privada y las exportaciones y, por lo tanto, deberá llevar adelante políticas económicas que logren restablecer la confianza de los inversores locales e internacionales, como aquellas que permitan alcanzar la solvencia fiscal, asegurar un adecuado funcionamiento de los mercados y estabilizar los precios.

Si, a pesar de las restricciones que existen, por convicción o para hacer frente a las presiones de los socios de su coalición, el próximo presidente busca caminos alternativos hacia el crecimiento lo más probable es que se termine de completar esta nueva “década perdida” que se inició en 2012 durante la última gestión peronista.

Rehenes de una disputa por el poder

En estas semanas traumáticas que venimos atravesando, que se agregarán a la atiborrada crónica de bochornos económicos de nuestro país, una cosa debe quedar completamente clara: más allá de los problemas que aun presenta la economía, los sucesos que estamos viviendo son el resultado de una disputa política en la que los participantes en ningún momento repararon en los graves riesgos a los que estaban exponiendo a la economía y a la población.

Tanto desde el Gobierno como desde la oposición no se tomaron las medidas necesarias para evitar este desenlace que profundiza la inestabilidad de la economía y genera un desperdicio innecesario de las reservas del Banco Central. El oficialismo debería haber contemplado el riesgo que entrañaban unas elecciones primarias que no resolvían nada pero que si producían un resultado negativo generaban un vacío de poder excesivamente prolongado. También fue corresponsable en la generación del pánico que despierta la perspectiva de un gobierno de Alberto Fernández en algunos sectores de la población. La oposición por su parte sacó el mayor partido posible de la indefinición de su postura en materia económica Apuntalada por la crisis económica y por un marco institucional que no impone restricciones, convenció a propios y extraños de que cualquier cosa es posible a partir del 10 de diciembre.

Esta experiencia tan desafortunada debe impulsar a la sociedad en general y a la dirigencia política en particular a generar un marco institucional que modifique estas reglas de juego perversas según las cuales cualquier cosa puede suceder en materia económica con un cambio en el signo político de un gobierno. 

Y en este marco institucional, el compromiso por la solvencia fiscal debe ocupar un lugar de privilegio y ser garantizado con todas las herramientas legales que sea posible formular. El déficit fiscal es el responsable último de todas las crisis económicas que vienen asolando a nuestro país durante los últimos 45 años. Si uno observa las crisis de 1975/6, 1981/2, 1988/90, 1999/02 y la actual, en todos los casos va a encontrar en los años precedentes un deterioro de la situación fiscal y dificultades crecientes para financiar el desequilibrio de las cuentas públicas. Y en la actualidad, cuando parecía que el Gobierno venía avanzando hacia la corrección del problema fiscal, la crisis se desató nuevamente con la victoria de Alberto Fernández en las PASO, que hizo resurgir con fuerza las dudas acerca de que las autoridades que van a asumir el 10 de diciembre van a utilizar todos los medios a su alcance para generar un resultado positivo y sostenible en los próximos años.

Toda crisis entraña una oportunidad y la que aparece claramente en esta ocasión es la de generar los consensos que han sido esquivos hasta aquí para lograr los acuerdos básicos necesarios para brindar cierta previsibilidad respecto al futuro de la economía. Si no aprovechamos esta oportunidad, muy posiblemente continuaremos en esta espiral descendente por la cual venimos cayendo en las últimas décadas, que nos aleja cada vez más de los países exitosos y nos acerca a aquellos que alguna vez creímos haber dejado atrás.

El costo de la política argentina

Los datos publicados esta semana por el Indec sobre la evolución de la industria y la construcción volvieron a poner paños fríos sobre las expectativas de reactivación, que se habían visto alimentadas semanas atrás por el primer incremento interanual de la actividad económica en 15 meses. La industria y la construcción no solo continuaron mostrando en junio importantes caídas respecto al mismo mes del año pasado (6,9% y 11,8% respectivamente) sino que también volvieron al terreno negativo en la evolución de la serie desestacionalizada, tras dos meses consecutivos de crecimiento.

Y sin lugar a dudas un factor central detrás de este escenario es el funcionamiento de la política argentina. El debilitamiento de la coalición gobernante como consecuencia de la recesión y la posibilidad de un nuevo cambio de rumbo en la conducción de la economía generó una gran incertidumbre respecto al futuro en los últimos meses que paralizó la inversión.

De hecho, la inversión es el componente de la demanda agregada que más ha caído en los últimos meses, con una reducción interanual del 5,7% en el 2018, según los datos del Indec, y del 13,4% en el primer semestre de este año, según los datos más actualizados de la consultora de Orlando Ferreres.

La falta de adhesión de las principales fuerzas políticas de la Argentina a un conjunto de premisas económicas básicas que garanticen que en caso de un cambio de coalición gobernante no se realicen modificaciones de fondo en el esquema económico tiene como consecuencia un desaprovechamiento de las oportunidades de inversión que existen en nuestro país.

¿Cuántos proyectos no se llevaron adelante y puestos de trabajo no se crearon como consecuencia de la incertidumbre respecto a la rentabilidad que estos proyectos van a tener en caso de producirse un cambio de gobierno? Es difícil de precisar pero seguramente es una cifra importante que representa el costo para la sociedad argentina de un sistema político que hace más de 70 años no genera un esquema económico relativamente estable.

Mucho se habla de las reformas estructurales que se requieren en los próximos 4 años para poner en marcha la economía pero es más importante lograr de una vez por todas encontrar las coincidencias que seguramente existen entre los argentinos, dejando de lado la retórica del enfrentamiento y la descalificación, y generar los consensos que resultan indispensables para construir un futuro más alentador. Debe enfatizarse con claridad lo que está en juego, que es aquello que nos impide avanzar.

En definitiva: ¿de qué serviría avanzar con reformas que podrían ser desarticuladas una vez más si los vientos de cambio vuelven a soplar?

¿Los argentinos ya eligieron?

Independientemente de quién se imponga en las elecciones del próximo 27 de octubre, la evolución de los acontecimientos políticos hace pensar que los argentinos ya eligieron los lineamientos generales sobre los cuales deberá manejarse la economía en los próximos 4 años.

Esto se desprende de la decisión a la que se vieron obligadas las fuerzas con más chances en la contienda electoral de moverse hacia el centro del electorado, restándole peso a sus sectores más “puros” o radicales. Fue el caso de la incorporación de Miguel Ángel Pichetto a la fórmula oficialista y la de Alberto Fernández y Sergio Massa a la propuesta de la oposición.

Todo indicaría que, a diferencia de lo sucedido en otros momentos de la historia, la gran mayoría de los argentinos ya no cree en soluciones mágicas. Ya no se deja engañar por las viejas consignas de las principales fuerzas políticas como no pagar la deuda pública, cerrar la economía al mundo o demonizar al Fondo Monetario Internacional.  

Es temprano aun para llegar a una conclusión definitiva pero hay señales de una maduración de la sociedad, producto posiblemente del recambio generacional pero seguramente también del aprendizaje que extrajimos de esta constante prueba y error a la que nos vienen sometiendo los políticos en este experimento económico fallido que es la Argentina.

De este modo, el escenario que se ha configurado en las últimas semanas permite vislumbrar la posibilidad de que en Argentina se genere finalmente el tipo de alternancia política que prevalece en las economías capitalistas de mejor desempeño en las últimas décadas, en donde se suceden en el poder fuerzas de centroderecha y centroizquierda. Esto implica mantener a lo largo del tiempo un conjunto de premisas económicas básicas compartidas por la mayor parte del espectro político, con cambios en la superficie de acuerdo al signo del gobierno de turno.

Este sería un paso fundamental para poner en marcha un proceso de crecimiento sostenido. Es que resulta indudable que la elevada volatilidad de la política económica argentina ha sido un factor determinante en el atraso relativo que sufrió nuestro país en las últimas décadas. La constante modificación de las prioridades y objetivos, del grado de apertura de la economía, de la participación del Estado en la misma o de los precios relativos ha actuado como un constante desincentivo a la inversión privada, el principal motor de una economía capitalista.

Un marco económico más previsible podría haber sido el resultado del acuerdo que propuso el Gobierno sin éxito semanas atrás pero también puede surgir de una sociedad madura que ponga límites al accionar de los políticos.

Un respiro para el Gobierno en un año sinuoso

El dólar cerró mayo con el incremento más bajo desde enero, de solo 1,6%. El anuncio del Banco Central de que puede vender reservas en el mercado aun cuando la cotización de la divisa se encuentre por debajo del techo de la rebautizada zona de referencia cambiaria resultó exitoso para modificar la vertiginosa dinámica con la que el mercado venía comportándose desde febrero.

El Gobierno había pecado de ingenuo y la última escapada del dólar había acelerado la inflación y cercenado las chances de recuperación con el nuevo golpe que propinó al bolsillo de los argentinos. Así lo reflejan las cifras oficiales. En concordancia con el fogonazo inflacionario de marzo, del 4,7%, la actividad económica cayó en ese mes por primera vez luego de 3 meses de crecimiento, de acuerdo a la serie desestacionalizada que publica el Indec.

Todo indica que las autoridades económicas ahora están en condiciones de mantener la estabilidad cambiaria que se logró en las últimas semanas, lo que le otorgará al Gobierno un importante respiro de cara a un año muy sinuoso por las dificultades que plantea la campaña electoral.

En este escenario, en los próximos meses la inflación debería tender a caer por debajo del 3% mensual y los salarios podrían empezar a crecer por encima de los precios, teniendo en cuenta que, con la excepción de diciembre, desde agosto del año pasado vienen incrementándose más del 2,7% mensual, con un máximo del 4% en marzo. A esto hay que sumar los aumentos del 11% otorgados a principios de este mes a los jubilados y pensionados y a los beneficiarios de asignaciones familiares, un segmento que incluye a más de 13,2 millones de personas.

Con el objeto de mejorar el humor social de cara a las elecciones, es de esperar que a esta recuperación en los ingresos reales se sume también un aumento del gasto público, desde ya dentro de las limitaciones impuestas por el acuerdo con el Fondo. Hay que tener en cuenta que en el primer cuatrimestre aquél cayó fuertemente en términos reales, con un incremento nominal de 32% en relación al mismo período del año pasado, contra una inflación promedio superior al 50%. 

En este contexto, a partir de junio podríamos empezar a observar tasas de crecimiento interanual positivas, si bien más que nada porque vamos a estar comparando con la segunda parte del 2018, que fue muy mala.

Ahora bien, cuán perdurable va a ser esta recuperación, si finalmente se concreta, va a depender de lo que suceda en las elecciones. Si se impone una alternativa que continúe con los lineamientos económicos planteados en los últimos años, la recuperación debería tender a extenderse y puede transformarse en un proceso de crecimiento sostenido. De lo contrario, la economía va a seguir en este subibaja estéril en el que nos encontramos desde el 2012 y puede ingresar en una dinámica muy peligrosa.

Es necesario un acuerdo político II

Resulta muy satisfactorio que aquello que planteé como una expresión de deseos en el último artículo sea el objeto de la convocatoria que en los últimos días el Gobierno lanzó para lograr un acuerdo en torno a 10 puntos que considera esenciales para darle previsibilidad a la economía argentina.

Como es habitual en nuestro país, la reacción inmediata de los políticos y los analistas ha sido buscar los motivos ocultos detrás de la iniciativa, que seguramente habrá, en lugar de evaluarla de acuerdo a sus propios méritos. Y, respecto a este punto, resulta indiscutible que en cualquier país, más aun en uno como el nuestro, lograr un acuerdo de estas características podría ser un paso fundamental para sentar las bases para poner en marcha un proceso de crecimiento sostenido.

Es indudable que, más allá de todos los errores que pueda haber cometido el Gobierno en materia económica y de las falencias del gradualismo, una cuestión que siempre condicionó las posibilidades de crecimiento de la economía fue la amenaza de un retorno del populismo a finales de este año. Aun en los sectores en donde existen márgenes de rentabilidad sumamente atractivos, los empresarios van a esperar por señales claras del arco político antes de llevar adelantes una inversión porque los réditos de la misma pueden esfumarse rápidamente con un cambio de gobierno y de esquema económico como el que resulta posible a la vuelta de cada elección presidencial.

Como dice la carta que el Gobierno envió a los gobernadores, dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas y la Iglesia, “claramente hemos tenido problemas para acordar sobre cuestiones básicas de nuestro desarrollo económico. Nuestra historia en este tema ha tenido muchos fracasos, convirtiendo a nuestro país en una paradoja mundial por la falta de desarrollo y la pobreza pese a nuestros recursos y nuestras potencialidades”. Sin lugar a dudas, nuestro comportamiento pendular a la hora de elegir un esquema económico ha tenido una incidencia fundamental en la trayectoria divergente que mostró en los últimos 70 años el PBI per capita de la Argentina respecto al de los principales países del mundo.

Por otra parte, ninguno de los 10 puntos planteados por el Gobierno debería ser difícil de aceptar por ningún dirigente. Se trata de cuestiones que nadie discute en cualquier país capitalista serio. El único motivo que puede tener un político para rechazar esta propuesta es no querer tener limitantes en caso de llegar al poder. Por las características institucionales del país, el presidente que llega prácticamente tiene vía libre para hacer y deshacer a su antojo y esto quedaría condicionado por un acuerdo como el que se ha propuesto. Si participa en este convenio ya no podrá salirse del libreto, aun cuando en determinados momentos hacerlo pueda otorgar beneficios políticos de corto plazo.

Puede ser que avanzar con este acuerdo favorezca electoralmente al Gobierno pero no es momento para mezquindades. Las cosas se dieron así y hay una oportunidad para darle una vuelta de página a la turbulenta historia económica argentina de los últimos 70 años. Los votantes deben tomar nota de quiénes se comportan a la altura de las circunstancias y quiénes no.

Es necesario un acuerdo político

El primer día de abril el Banco Central tomó la decisión de garantizar una tasa de política monetaria mínima del 62,5% para todo el mes. El día anterior se habían incrementado los límites que tienen los bancos para invertir en Leliq, con el objetivo de acercar más el rendimiento de los plazos fijos a la tasa de referencia, una medida que en la primera semana de vigencia hizo que esa brecha se redujera en casi 6 puntos porcentuales.

Sin lugar a dudas, el creciente rigor monetario es cuestionable. No solo una tasa de interés real del 0,5% mensual y subiendo para un plazo fijo mayorista tomando la inflación esperada de abril, y mayor aun si tomamos la esperada para los próximos meses, es elevada y atenta contra el desarrollo normal de la actividad económica sino también multiplica peligrosamente el stock de Leliq, que ya llegó a superar el billón de pesos durante algunos días de marzo.

Sin embargo, ¿se puede juzgar al Gobierno por intentar defender con una tasa de interés excesiva una paridad cambiaria que no se encuentra alejada de la que muy posiblemente habría si los políticos de la oposición no amenazaran con un nuevo cambio de rumbo económico luego de las elecciones? ¿Porque este gobierno debería pagar el costo de una devaluación del peso que podría atribuirse más a las manifestaciones de la oposición que a su propio programa económico?

Es decir, hay buenas razones para considerar a la elevada tasa de interés real vigente el costo que todos los argentinos tenemos que pagar por tener una clase política que permite dar rienda suelta a cualquier tipo de especulaciones respecto al futuro de la economía. ¿Quién no se puede ver tentado a dolarizar sus ahorros cuando uno de los referentes económicos de uno de los principales candidatos presidenciales manifiesta públicamente que en caso de llegar al gobierno en diciembre se reimplantará el cepo cambiario? ¿Qué empresa puede poner en marcha una inversión productiva, no importa lo rentable que ésta pueda ser hoy, si a partir de diciembre se pueden restablecer las restricciones a las importaciones o sumar nuevos impuestos a las exportaciones, cambiando completamente la ecuación de esa inversión?

Se podría concluir, por lo tanto, que si la administración actual bajara la tasa de interés y dejara que el dólar se dispare hasta el extremo de la banda cambiaria o más allá se estaría inmolando y estaría permitiendo que actores políticos con igual o mayor responsabilidad sobre la situación económica actual lleguen al poder.

Si pretendemos que el país alguna vez pueda desarrollar el potencial largamente declamado y deje de retroceder en su posicionamiento relativo en el mundo, los argentinos debemos reclamar de una vez por todas que nuestros representantes políticos se pongan de acuerdo respecto a ciertos lineamientos básicos que permitan a los agentes económicos planificar y desarrollar sus proyectos de inversión sin tener que temer que en cualquier momento cambien las reglas de juego y volcar sus ahorros hacia esos proyectos sin tener que tomar resguardo contra la posibilidad de que los mismos sean pulverizados por la inflación o directamente expropiados por el gobierno de turno.