Un clásico electoral

En estos primeros meses del año se ha observado un claro cambio de estrategia por parte del Banco Central en el manejo del dólar oficial. Mientras que a lo largo del 2020 la entidad monetaria permitió una suba que estuvo alineada con la evolución de la inflación, en este 2021 la cotización oficial viene perdiendo en forma creciente contra el aumento de los precios (creció sólo un 0,2% menos en enero pero subió a un 0,7% menos en febrero y un 1,6%, en marzo).

Se trata de un tema recurrente en los años electorales a lo largo de la historia económica argentina y que tuvo una expresión reciente durante las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner. El dólar se atrasó de manera significativa durante el 2011, que terminó con el establecimiento del cepo cambiario. Volvió a atrasarse durante el 2013, para pegar un salto luego de las elecciones legislativas de ese año, con un aumento de más del 35% en los tres meses posteriores. Y en el 2015 nuevamente se rezagó contra la inflación, con un importante sacrificio de las reservas del Banco Central, que cayeron más del 26% entre finales de julio y principios de diciembre, cuando asumió el nuevo gobierno.

La lógica es sencilla: sin considerar el efecto de otras variables, un dólar que avanza por debajo de la inflación permite que los salarios tiendan a subir por encima de ella, generando una oportuna ganancia en el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores de cara a las elecciones.

Si bien ésta es una estrategia que puede resultar tentadora, simpática y posiblemente inevitable en un contexto económico normal, es muy cuestionable en la grave situación que estamos atravesando actualmente, con una pobreza del 42% y con una inversión que se contrajo interanualmente los últimos 3 años, con una caída acumulada cercana al 40%.

La caída del dólar en términos reales se suma a la serie de desincentivos que hoy existe para la inversión en el sector exportador, que es la vía rápida de salida al crecimiento y a la recuperación del empleo y los ingresos y la reducción de la pobreza. Es un nuevo signo de interrogación para una ecuación de rentabilidad que ya enfrenta la amenaza constante de nuevos tributos para bajar un déficit fiscal enorme, la maraña de regulaciones laborales y las dudas permanentes sobre la disponibilidad y precios de los insumos necesarios para llevar adelante cualquier proyecto productivo.

Teniendo en cuenta todo esto, uno esperaría ver en la sociedad y en sus representantes un sentido de urgencia que no resulta evidente. Puede ser que la virulencia de la pandemia y el éxito del relato oficial en adjudicar todos los males económicos a ella y a la gestión anterior hayan instalado una sensación de resignación en la población. Seguramente, las elecciones legislativas nos darán una respuesta.

La grieta y el desplome de la inversión

Todo indicaría que el Gobierno va a intentar demorar la solución de los numerosos problemas que enfrenta la economía argentina al menos hasta después de las elecciones, extendiendo por varios meses más la incertidumbre que viene paralizando la inversión privada desde el segundo semestre del 2018.

Según los datos del Indec, la inversión cayó en forma interanual en forma ininterrumpida desde el tercer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2020, último dato publicado, es decir nueve trimestres consecutivos. En ocho de esos trimestres las caídas fueron superiores al 10% y en tres, superiores al 20%, solo uno de ellos durante la pandemia. Por lo tanto, a la importante pérdida de ingresos que hubo por la subutilización de la capacidad instalada, hay que agregar aquellos que se pierden por no haberse realizado inversiones que se habrían llevado adelante en un contexto político y económico más favorable.

Se trata de una gran tragedia económica, que tiene su expresión estadística más cruenta en un nivel de pobreza que en el primer semestre del año pasado superó el 40%.

Más allá de los efectos indudables de la pandemia, la causa que está en el fondo de esta tragedia es la grieta que atraviesa a la sociedad argentina y le impide ponerse de acuerdo en torno a un esquema económico que genere un horizonte previsible para todos aquellos actores dispuestos a invertir en el país. La grieta implica movernos cada una cierta cantidad de tiempo de un modelo de país a otro distinto, lo que desalienta cualquier proyecto de inversión. 

La difícil situación en la que nos encontramos actualmente debe servir como un estímulo para buscar las coincidencias, que sin duda existen. En Argentina hay una clara mayoría de la población en favor de un Estado presente, que asista los sectores más vulnerables y que ofrezca una salud y una educación pública de calidad en el marco de una economía capitalista. Pero para que esto sea posible el financiamiento de ese Estado no debe asfixiar a la actividad privada. No es una cosa o la otra. Por eso, se debe castigar a los políticos cuando debilitan al Estado pero también cuando llevan adelante políticas que perjudican al sector privado y desalientan la inversión.

Si bien ese consenso es posible, esta visión no parece estar prevaleciendo en este 2021. A juzgar por dos de los principales temas en la agenda económica de estas primeras semanas del año (las modificaciones al impuesto a las ganancias y la reducción en los aumentos de las tarifas de los servicios públicos previstos inicialmente), los políticos interpretan que la clase media argentina está más preocupada por tener unos pesos más en el bolsillo que por la existencia de un programa económico que genere las condiciones necesarias para que las empresas inviertan y generen nuevos puestos de trabajo. Esperemos no tener que caer mucho más abajo para que la sociedad se despierte y encuentre el rumbo que ha perdido.

Intervencionismo a toda máquina

Todos aquellos que en 2019 votaron a Alberto Fernández con la expectativa de que en el ámbito económico iba a desarrollar un planteo propio, más parecido al del gobierno de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007 que al intervencionismo extremo del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner del 2011 al 2015, fueron comprobando a lo largo del 2020 cómo la realidad se alejaba cada vez más de aquello que esperaban.

Con el reciente cierre de las exportaciones de maíz, la administración de Alberto Fernández terminó de desplegar en forma completa la parafernalia que se había empleado entre 2011 y 2015 con el fin de obtener beneficios políticos de corto plazo pero con graves consecuencias sobre las perspectivas de crecimiento de la economía, que, aun antes del estallido de la pandemia de covid-19, se encontraba en un nivel inferior al del 2011.

Ya resulta imposible identificar diferencias entre la manera de gestionar la economía de hoy y la de aquellos años del segundo mandato de CFK. A lo largo del 2020 se fue cerrando cada vez más el cepo cambiario y, por lo tanto, incrementando la brecha entre el dólar oficial y el libre, se subieron las retenciones a las exportaciones, se incorporaron restricciones a las importaciones y controles de precios, se multiplicaron los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, retornó la regulación de las tasas de interés del sistema financiero y ahora se completó el esquema con el cierre de las exportaciones de maíz y la amenaza latente de volver a utilizar este recurso cuando el precio de algún bien de la canasta básica no resulte satisfactorio para las autoridades.

Estas políticas tienen un efecto muy nocivo sobre el sector exportador. Por ejemplo, el cepo cambiario tiende a generar una paridad entre la moneda extranjera y la doméstica que le es desfavorable al mismo tiempo que desalienta la inversión extranjera en el mismo. Las restricciones a las importaciones plantean dudas sobre al abastecimiento y precio de los insumos que requiere. Ni hablar de la amenaza de prohibiciones a las ventas en el exterior y las elevadas retenciones, que además pueden subir en cualquier momento ante la necesidad de tener que cerrar el enorme agujero fiscal.

La forma en la que este tipo de medidas desincentiva las exportaciones se observa en la evolución que éstas tuvieron en los últimos 10 años. Tras alcanzar un máximo de 83 mil millones de dólares en 2011, cayeron en los años siguientes, a medida que se iba levantando el aparato intervencionista, llegando a 57 mil millones en 2015. Durante el gobierno de Mauricio Macri, durante el cual se fue desarmando dicho aparato, volvieron a subir, alcanzando los 65 mil millones en 2019, pero en el 2020 se contrajeron nuevamente, sumando alrededor de 55 mil millones.

Una vez que la pandemia quede atrás, para que la economía pueda arrancar vigorosamente, se necesita un sector exportador funcionando a todo su potencial. Por lo tanto, en este 2021 podrá haber un rebote como el que espera el Gobierno de cara a las elecciones legislativas de octubre, en la medida en que no se tenga que apelar nuevamente a medidas tan restrictivas para la circulación de personas y bienes como el año pasado, pero el crecimiento genuino difícilmente llegue mientras el aparato intervencionista del 2011/5 que se ha levantado nuevamente durante el último año siga en pie.

Economía en el freezer

A un año del inicio de la gestión de Alberto Fernández y, más allá de los justificativos que pueda brindar la pandemia, se sigue demorando la generación de condiciones para que la economía vuelva a crecer. Se están cumpliendo 10 años desde que la economía ingresó en la situación de estancamiento en la que se encuentra y en todo este período las distintas autoridades económicas se resistieron a tomar las decisiones necesarias para revertirla.

Para lograr esto, se requiere estabilizar un conjunto de precios relativos de manera tal que todos aquellos que tienen proyectos productivos puedan realizar las inversiones con un riesgo razonable, sin el temor de que esos precios pueden modificarse en cualquier momento como consecuencia de una decisión del gobierno de turno. Sin duda que no es algo sencillo políticamente porque implica asignar costos a algunos sectores de la población, sea porque se tiene que reducir el gasto público o realizar reformas estructurales que afecten intereses existentes.

A primera vista, resulta notable que esto se haya demorado durante ya 10 años. Que durante una década los argentinos hayamos permanecidos impávidos frente a una sucesión de gobernantes que subordinaron de manera alevosa la economía a sus deseos de mantenerse en el poder. Pero lo cierto es que no es la primera vez que sucede algo así. Desde los años 70 el sistema político argentino viene mostrando una gran incapacidad para ordenar la economía una vez que ésta empieza a atravesar dificultades. Sucedió en la última etapa del gobierno peronista de 1973-76, luego durante toda la década del ´80, que terminó con la hiperinflación, y, más adelante, en los últimos años del régimen de convertibilidad, que tuvo como desenlace la profunda crisis del 2001/2.

 

Definitivamente, existe alguna especie de síndrome social que produce este resultado. Perdemos el tiempo tomando partido e intentando señalar culpables, en lugar de asumir la responsabilidad y gestionar las soluciones a través de nuestros representantes políticos, lo que puede implicar en situaciones de emergencia un trabajo conjunto del oficialismo y la oposición que nunca se da.

 

El costo de este comportamiento es enorme. En estos largos períodos de indefinición, de precios relativos inciertos, la inversión privada prácticamente se paraliza, lo que implica miles de millones de pesos menos de actividad económica e ingresos.

 

El elevado nivel de pobreza, que durante la pandemia subió al 44,2% de la población y alcanzó a 18 millones de personas, es la cara más dolorosa de este fracaso social y tal vez el principal estímulo para un pronto despertar. El año que viene, en las elecciones legislativas, tenemos una nueva oportunidad de elegir a aquellos políticos que vienen con soluciones nuevas por sobre los que dicen lo que nos gusta escuchar pero que nos trajo hasta acá.

Baño de realidad

El dólar tuvo que acercarse a los 200 pesos y ubicarse en uno de los valores más altos de la historia argentina en términos de poder adquisitivo para que finalmente el Gobierno se diera un baño de realidad y empezara a acomodar el rumbo de las políticas económicas.

La administración de Alberto Fernández venía mostrando una gran resistencia a encarar las soluciones que exige el problema de fondo que tiene la economía: un déficit fiscal muy importante que sólo puede financiarse con la impresión de moneda por parte de la autoridad monetaria. El costo de esto fue la escalada de la moneda americana durante octubre y, finalmente, esta vez sí, las autoridades económicas reaccionaron adecuadamente al mensaje y comenzaron a tomar medidas y enviar señales que se encuentran orientadas hacia la solución de ese problema.

Precisamente, el Ministerio de Economía realizó colocaciones de deuda con el objeto de reducir la necesidad de asistencia por parte del Banco Central a través de la emisión monetaria y la deuda del Tesoro con la entidad. En la misma línea, se comprometió a no solicitar esta asistencia bajo la forma de Adelantos Transitorios hasta fin de año. Y, aun más importante, el ministro Martín Guzmán adelantó que su equipo se encuentra trabajado para lograr una reducción mayor en el déficit fiscal del año que viene, apuntando a un resultado del 3,8% del PBI, en lugar del 4,5% incluido en el Presupuesto.

Este cambio de rumbo le permitió al Gobierno, al menos temporalmente, bajar el dólar en el mercado libre y detener la pérdida de reservas internacionales del Banco Central, que en octubre superó los 1.500 millones de dólares, alentando las apuestas por una fuerte devaluación del dólar oficial.

Habrá que ver ahora hasta dónde está dispuesto a llegar para recuperar la confianza de los agentes económicos, que en los últimos meses iniciaron una huída de los activos argentinos. Las autoridades económicas tendrán que obtener financiamiento y reducir el déficit fiscal hasta lograr que el nivel de emisión monetaria sea lo suficientemente bajo como para que los particulares y las empresas dejen de rechazar la moneda doméstica ante el riesgo de una devaluación que pulverice una vez más en la historia argentina su valor.

Pero por lo pronto va desde aquí un voto de confianza para el ministro, que, apremiado por las circunstancias, ha logrado encender una luz de esperanza para todos aquellos que observamos con grave preocupación la evolución de esta crisis económica que se ha visto agravada en este 2020 por el evento inédito de la pandemia. Esperemos que reciba todo el apoyo político que necesita y que no se transforme en un nuevo Quijote que pelea solitario contra molinos de viento.

La mentira de la inflación

Las medidas anunciadas por el Gobierno a mediados de septiembre y comienzos de octubre para frenar la caída de las reservas internacionales del Banco Central pusieron en clara evidencia la resistencia que existe a encarar las soluciones que exige el problema de fondo que tiene la economía: un déficit fiscal muy importante que sólo puede financiarse con la impresión de moneda por parte de la autoridad monetaria.

El enorme gasto público, que llegó a superar el 40% del PBI en el 2015, y la dificultad para financiarlo se encuentran detrás, primero, del estancamiento de la economía que se inició en el 2012 y, a partir del 2018, de la profunda crisis, que fue agudizada por la pandemia de Covid-19.

Sin embargo, excepto el intento obligado por las circunstancias de la administración de Mauricio Macri en su última etapa, la clase política argentina se resiste año tras año a abordar la solución que el problema exige: alcanzar, de una vez por todas, el equilibrio de las cuentas públicas.

Y, tanto las medidas que se vienen tomando como las afirmaciones de los funcionarios, por ejemplo, del ministro de economía Martín Guzmán, que días atrás señaló que la reducción del gasto público “no es a lo que apuntamos”, parecen indicar que una vez más la reducción del déficit fiscal se dará a través de la inflación. Y si esto, efectivamente, termina siendo así el ministro le habrá mentido una vez más a la sociedad argentina. Porque si en los próximos meses el gasto público crece por debajo de la inflación el Gobierno va a estar recortándolo en términos de lo que se puede comprar con ese gasto público, por más que éste no se reduzca nominalmente. Estará haciéndolo en forma encubierta, tal vez echándoles la culpa a “los empresarios especuladores que aumentan los precios”.

Es notable cómo la mentira de la inflación continúa siendo eficaz 70 años después del inicio de la historia inflacionaria de la Argentina. Y no es sólo que hay una parte importante de la clase política completamente acostumbrada a mentir en relación a este tema sino también un porcentaje alto de la población que acepta esas mentiras sin titubear. 

Si, como todo parece indicar, se elige el camino de la solución inflacionaria para el problema fiscal se corre el riesgo de entrar en un conflicto distributivo, con una carrera de precios y salarios que va a impedir generar las condiciones necesarias para que la economía comience a recuperarse.

Al final del día, lo que se requiere es encontrar un nivel del gasto público que pueda ser financiado con una carga tributaria que no elimine los incentivos para la inversión privada. Sólo así la economía volverá a crecer en forma sostenida.

El día después de la pandemia

 A medida que se van habilitando nuevas actividades que fueron interrumpidas para evitar la propagación del coronavirus y la saturación del sistema sanitario y, habiéndose resuelto en forma exitosa la reestructuración de la deuda pública, se va acercando el día en que las autoridades deban concentrar todo su esfuerzo en ver cómo hacen para que la economía argentina salga del estancamiento en el que se encuentra desde el 2011.

Y aquí no se va a tratar meramente de lograr que la economía recupere el nivel que tenía antes del estallido de la pandemia. Se debe generar las condiciones para que de una vez por todas se ponga en marcha la inversión privada, el principal motor de crecimiento de una economía capitalista. Las políticas que se llevaron adelante desde el 2008 establecieron una serie de desincentivos para la inversión que se intentó desarticular durante la gestión anterior pero sin garantizar la permanencia de la nueva situación en el tiempo.

Lamentablemente, con el argumento de aliviar las dificultades que la población está atravesando como consecuencia de la crisis provocada por el Covid19, la administración actual viene retrocediendo en ese aspecto. Muy difícil que aquellos que tienen proyectos de inversión apuesten a un país en el que en cualquier momento se puede intervenir en forma arbitraria en el precio del bien o servicio que van a ofrecer, como sucedió hace algunas semanas con el congelamiento de las tarifas de internet, telefonía y TV por cable, y en el que sobre sus emprendimientos pende la amenaza constante de nuevos impuestos para cerrar el enorme agujero de las cuentas públicas. Un país, además, en el que no se tiene garantizado el acceso a los insumos necesarios para llevar adelante el proceso productivo, por los permanentes obstáculos a las importaciones y dificultades para acceder al mercado cambiario.

El Gobierno pretende dar una señal positiva con la aprobación del presupuesto nacional para el año que viene, con un déficit fiscal primario del 4,5% del PBI. Resulta positivo que se plantee para un año electoral una reducción tan significativa respecto a la cifra que se prevé para este 2020, superior al 8% del PBI, pero el problema es que el desequilibrio continuará siendo muy elevado y se mantendrá, al menos, durante un año más la incertidumbre sobre la posibilidad de nuevos avances del fisco sobre los ingresos de los particulares y las empresas.

Todo indicaría que tendremos que conformarnos con lo que se viene anunciando: se buscará la reactivación de la economía a través de la obra pública y de programas de préstamos blandos que van a chocar en algún punto contra la falta de divisas, poniendo presión sobre el mercado cambiario y alimentando la inflación, logrando apenas un rebote pero en modo alguno un crecimiento genuino.

Todo parece indicar, entonces, que completaremos una nueva década perdida sin poder ver luz al final del túnel.