La convocatoria de la presidente, Cristina Fernández de
Kirchner, a debatir el modelo económico puede haber estado teñida de un tono
desafiante, puede no haber sido lo suficientemente sincera, pero tiene la virtud
de haber dado en el clavo: si la
Argentina quiere dejar de una vez por todas de rebotar entre
el éxito y el fracaso, de vivir entre la euforia y la más dolorosa
incertidumbre, de avanzar 3 pasos para luego retroceder 2 y medio, los
dirigentes de todos los ámbitos de la vida pública deben ponerse de acuerdo en
un modelo básico de país, que sea luego respetado por quienes se hacen cargo de
la administración de la nación.
Y, de mantenerse en octubre los resultados de las primarias
abiertas del 11 de agosto, se abre una oportunidad para este diálogo.
Indudablemente, ningún gobierno que comande una clara mayoría electoral va a
sentir la necesidad de apelar a este tipo de discusiones. Pero para un gobierno
con poco más de un cuarto del electorado a su favor, un acuerdo de estas
características puede permitirle recuperar la legitimidad perdida y mostrarle a
la sociedad que el mensaje de las urnas ha sido adecuadamente comprendido.
En este contexto, uno de los temas sobre los que
definitivamente los argentinos tenemos que tomar una resolución es la
inflación. La persistencia de este problema en nuestro país responde
básicamente a dos motivos: por un lado, una sociedad que la tolera sin
comprender los costos que ella entraña y, por el otro, su utilidad para el gobierno
de turno. La inflación permite redistribuir el ingreso sin asumir costos
políticos, al menos en el corto plazo. Si un gobierno quiere entregarle
recursos a un determinado sector de la sociedad lo correcto sería sacárselos a
otro, a través de un aumento de los impuestos o una reducción del gasto público
destinado al mismo. Pero esto implicaría un costo político: el gobierno muy
probablemente perdería el favor de aquel sector que debió ceder una parte de
sus ingresos. Una política inflacionaria evita este disgusto. Le permite al
gobierno extraer los recursos de toda la población, al reducir la capacidad de
compra de los ingresos de los habitantes, sin tener que asumir la
responsabilidad de esa decisión. Siempre puede echarle la culpa del aumento de
los precios, como bien sabemos, a los “empresarios inescrupulosos, que buscan
apropiarse de una porción mayor de la riqueza”.
Lo ideal sería que la sociedad comprendiera este subterfugio
y castigara a los gobiernos cuando los precios comienzan a subir más allá de lo
recomendable. Pero teniendo en cuenta que en la Argentina esto no parece
ser por el momento posible sería provechoso que la clase política se ponga de
acuerdo en dejar de utilizar esta herramienta para beneficio propio. Y sería
positivo no sólo a los fines de evitar que en el futuro se vuelvan a registrar
episodios inflacionarios sino también para que en la actualidad el partido
gobernante no deba cargar solo con los eventuales costos políticos que puede involucrar
la solución del problema.
Deben resultar claros para todos los enormes costos que
tiene la inflación en el mediano y largo plazo y que está comenzando a sufrir
la economía argentina en estos últimos dos años. Al generar una elevada
incertidumbre sobre lo que puede suceder con los precios relativos, la
inflación afecta sensiblemente a la inversión. Un empresario o un emprendedor
cualquiera pueden calcular la rentabilidad de un proyecto hoy pero no pueden
saber qué va a pasar con esa rentabilidad en los próximos años, porque no
tienen la menor idea de si los precios de los bienes o servicios que producen
van a aumentar más o menos que sus costos. Por lo tanto, sólo aquellos
proyectos con una alta rentabilidad se llevan adelante. Y en la medida en la
que son pocos los proyectos que se llevan a adelante, son pocos los nuevos
puestos de trabajo que se crean, lo que termina impactando en los salarios. La
falta de oportunidades laborales provoca que a los trabajadores no les quede
otra que aceptar salarios cada vez menores.
Es fundamental que en la nueva etapa que se inicia, los
dirigentes políticos tengan muy presentes estas cuestiones. Si entienden que la
utilización de la economía para sus propios fines debe tener límites claros,
pueden estar sentando las bases para finalmente comenzar a construir un país
serio.
