2013: una economía dominada por la política

Más que nunca, el acontecer económico del 2013 estará plenamente regido por lo que suceda en el terreno político. El kirchnerismo define su futuro y la economía será rehén de este hecho. Muy probablemente, en la medida en que las encuestas no brinden los resultados esperados, el Gobierno acelerará el crecimiento del gasto público a los efectos de modificar el humor popular, con las consecuencias que esto puede tener sobre la inflación.

De todos modos, el kirchnerismo ya no encontrará en la economía una aliada tan dócil y bien dispuesta. Así como en el 2010 y el 2011 pudo lograr un importante crecimiento de la actividad sin un incremento sensible de los precios sobre los salarios, es de prever que en las condiciones actuales alcanzar niveles de crecimiento semejantes tendría un costo mucho más alto en términos de caída del salario real. Esto se debe a que en ese se entonces se partió de una caída de la actividad de más del 3% y una tasa de desempleo del 8.7% en el 2009, que brindaron un margen mucho mayor para el aumento en el nivel de actividad que el que existe hoy en día. Las estimaciones más pesimistas sitúan al crecimiento del 2012 en torno al 0.5% y el nivel de desempleo es del 7.6%. Por otra parte, el hecho de que la inversión se haya derrumbado el año pasado también le pone un límite a las posibilidades de expansión. Por lo tanto, el Gobierno podría encontrar que los puntos que recupera en las encuestas como consecuencia del mayor movimiento económico se esfuman como resultado de los efectos de la inflación sobre el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.

Pero tal vez, el interrogante económico más importante a develar en el 2013 tiene que ver con las consecuencias que podría tener una eventual derrota del kirchnerismo, entendida como que no logra imponer por ninguno de los mecanismos disponibles la posibilidad de la relección de Cristina Fernández de Kirchner para el 2015.

Si acepta su derrota y admite la transición, el 2014 y el 2015 podrían ser años de normalización económica. Las fuerzas políticas con chances electorales tendrían entonces buenos motivos para utilizar ese período para poner en orden la economía sin cargar con los costos políticos que esto pudiera involucrar y podrían participar en alguna clase de acuerdo que viabilice el proceso.

Pero la derrota también podría impulsar al kirchnerismo a buscar por todos los medios posibles el debilitamiento de las alternativas políticas y la instalación de un candidato propio, con efectos inciertos sobre la economía. En un contexto de alta incertidumbre política y de gran dependencia del Gobierno del desempeño económico, un recrudecimiento de la inflación sería altamente probable.

Afortunadamente, todos podemos ser protagonistas de lo que suceda y forjar en forma conjunta nuestro destino. El proceso electoral del 2013 nos da la posibilidad de manifestar cuál es el país que queremos y cuáles son nuestras prioridades y si el mensaje es lo suficientemente claro, seguramente no será ignorado.

 

Las disyuntivas económicas del 2013 y más allá

Si el Gobierno continúa en el 2013 resistiéndose a introducir los cambios que la economía argentina requiere para volver a crecer a todo su potencial, a lo largo del camino se irá dando cuenta que tiene que elegir entre alternativas cada vez más desagradables.

Principalmente como consecuencia de la elevada inflación, que genera una gran incertidumbre respecto a lo que puede suceder con los precios relativos de la economía dificultando enormemente calcular la rentabilidad de cualquier proyecto productivo, la tasa de inversión en la Argentina se encuentra claramente por debajo de sus posibilidades. Y este hecho se ha visto exacerbado en el 2012 como resultado de los parches que el Gobierno aplicó a la economía para evitar enfrentar el problema inflacionario, como es el caso de las restricciones a la compra de moneda extranjera y a las importaciones. La víctima más evidente fue la construcción, desalentada por una caída de las ventas de inmuebles que en la Capital Federal se encontró en torno al 30% a lo largo del año. Pero muchos otros proyectos se dejaron de lado ante la imposibilidad de tener garantizado el suministro de las maquinarias y los insumos importados necesarios para llevar adelante la producción.

El hecho de que, como consecuencia de sus propias políticas, la tasa de inversión de la economía se encuentra por debajo de sus posibilidades obligará al Gobierno a optar en forma cada vez más inevitable entre una mayor inflación y un mayor desempleo. Finalmente, esta falsa disyuntiva, muchas veces esgrimida por los defensores de la política económica de los últimos 10 años para justificar la creciente inflación, se va a hacer realidad.

Esto se debe a que una menor inversión reduce el crecimiento de la demanda de trabajo del sector privado. Por lo tanto, baja la capacidad de la economía para absorber a todos los trabajadores que, como resultado del crecimiento de la población, se incorporan año a año al mercado laboral. Frente a un excedente de oferta en el mercado laboral, una posibilidad para restablecer el equilibrio es una caída del salario real. Esto incrementa el interés de las empresas en contratar nuevos trabajadores. Sin embargo, es poco probable que eso suceda en el contexto actual. Lo más factible es que los sindicatos obtengan aumentos de salarios por lo menos iguales que la inflación del año anterior y, si el Gobierno, con sus políticas fiscal y monetaria, convalida una inflación semejante, el salario real se mantendría, impidiendo reducir el excedente de oferta existente. Si el Gobierno, entonces, quiere impedir que la desocupación aumente tiene dos alternativas. Por un lado, puede incrementar la inflación por encima del nivel del año anterior a través de una expansión del gasto público, la oferta monetaria o una combinación de estos dos instrumentos. Con un incremento de los precios mayor al de los salarios se lograría la caída en el salario real que se requiere para incrementar la demanda de trabajadores por parte del sector privado. Por otro lado, el Gobierno podría reducir la desocupación haciendo que el sector público, tanto nacional, como provincial y municipal, absorba una parte o todos los trabajadores excedentes. Pero si la incorporación de estos trabajadores a la nómina salarial estatal provoca que la demanda total de bienes y servicios crezca por encima de la capacidad de producción de la economía también se va a generar un incremento de la inflación. Mientras mayor sea el excedente de oferta de trabajadores mayor va a ser el riesgo de que esto suceda.

El punto importante es que en la medida en que, precisamente, la capacidad de producción de bienes y servicios del país crece cada vez más lentamente, el margen de maniobra del Gobierno se reduce significativamente. La probabilidad de que el sector privado cree los suficientes puestos de trabajo disminuye y la disyuntiva Inflación/Desempleo se torna cada vez más inevitable.

La historia nos muestra qué es lo que está en juego. En 1970 el índice de precios al consumidor creció 21.7%. Tuvieron que pasar más de 20 años para que la inflación anual cayera por debajo de esa cifra. Durante la mayor parte de ese período, que fue uno de los de más bajo crecimiento económico de la historia argentina, los gobiernos priorizaron mantener bajo el nivel de desempleo a costa de una creciente inflación. Si bien las condiciones internacionales le ponen hoy al crecimiento un piso superior al que existía entonces las posibilidades de creación de riqueza y bienestar que se pueden desperdiciar si se continúa en esta dirección pueden ser equivalentes. No se trata de elegir entre el desempleo y la inflación sino entre el crecimiento y el estancamiento. En este año electoral tenemos la oportunidad hacer oír nuestra voz y rechazar el rumbo equivocado.