Una oportunidad que se va desvaneciendo

Van pasando los meses del nuevo mandato presidencial y se puede observar, con cierta decepción, que se está desaprovechando una importante oportunidad que abría el cambio de régimen: convocar a las distintas fuerzas sociales a debatir un proyecto de país de largo plazo.

Si hay un factor que definitivamente contribuyó en estos últimos 70 años al atraso relativo de Argentina en el concierto de las naciones ha sido la falta de un consenso elemental sobre ciertos lineamientos en materia económica y social. Como ya se ha dicho tantas veces, a lo largo de las distintas administraciones el país ha venido oscilando entre esquemas contrapuestos, lo que ha provocado enormes perjuicios a las posibilidades de desarrollo de la nación.

Esto resulta de particular importancia en un área al que el Gobierno le viene dando un gran protagonismo en sus manifestaciones, que es la de la inversión privada. Las autoridades consideran que tomar un conjunto de medidas que restablezcan la rentabilidad empresaria y generar un clima favorable es suficiente para que ella se dispare. Pero qué proyecto productivo se puede llevar adelante en un país en el que no se sabe lo que va a suceder después de las próximas elecciones. Ciertamente, con los antecedentes de la Argentina, qué garantía existe de que el programa económico actual se mantenga luego de los comicios del 2017 o del 2019. Por lo tanto, es imposible evaluar con una mínima precisión cualquier proyecto de inversión y, por lo tanto, sólo se llevan adelante aquellos que presentan una alta rentabilidad esperada que pueda soportar los posibles cambios de rumbo o, por lo menos, por la que valga la pena arriesgarse a que eso suceda.

Indudablemente, un poderoso recurso para impulsar la inversión productiva sería un acuerdo político y social de envergadura que siente ciertas bases respecto de hacia dónde quiere ir el país. Qué sectores productivos se quiere priorizar y cómo. Qué grado de apertura hacia el mundo se pretende. Cuál es el tamaño que debe tener el sector público y cómo debe ser la estructura impositiva que lo financie. Cómo debe funcionar el mercado laboral.

Lamentablemente, la postura de amplios sectores de la oposición sobre una cuestión tan básica para el funcionamiento de la economía como la posibilidad de las empresas de despedir personal en caso de considerarlo necesario, en una situación que difícilmente puede ser calificada de emergencia o crítica, no brinda grandes esperanzas de que se pueda avanzar seriamente en torno a un acuerdo de esas características. Este hecho pone en evidencia una vez más el alto grado de oportunismo que prima en numerosos actores de la política argentina, que están dispuestos a modificar las reglas de juego más básicas a fin de anotarse un puntito frente a los votantes. Y, en este contexto, será sumamente difícil poner en marcha un proceso de crecimiento sostenible. Seguiremos como un barco a la deriva, anhelando la llegada de un viento favorable que nos impulse y atemorizándonos cada vez que una tormenta nos pone nuevamente al borde del naufragio.

¿Abusando de la suerte?

Los aumentos generalizados de tarifas anunciados a comienzos de abril pueden ser recibidos con beneplácito por aquellos que impulsan un enfoque de shock para resolver los numerosos e importantes problemas que presenta la economía pero son un motivo de preocupación para quienes creemos que se debe avanzar con cautela en un país en el que cualquier paso en falso puede determinar rápidamente el fracaso de una administración.

Resulta difícil discutir la necesidad y la justicia de estos aumentos tarifarios. El enorme déficit fiscal, que es una espada de Damocles que pende sobre el futuro de la economía, y el carácter regresivo en términos distributivos de los subsidios vigentes tornan imperativa una medida de este tipo. Las dudas surgen al analizar el momento elegido.

En plena temporada de negociaciones salariales, inevitablemente, estos incrementos tarifarios van a ser contemplados seriamente a la hora de los reclamos por parte de los líderes sindicales y pueden determinar aumentos mayores que los que se hubieran concretado de otro modo. Nadie puede asegurar que si los anuncios se hubieran efectuado luego de las paritarias no habría una reapertura de las mismas pero da la impresión de que, planteada de esta manera, la jugada es más riesgosa.

Los mayores aumentos salariales que esto puede provocar sumarán presiones inflacionarias, con lo que esto puede significar en términos de expectativas y de confianza en un gobierno que insiste en una proyección de incremento de los precios para este 2016 cada vez más difícil de cumplir del 25%. Y pueden obligar a las autoridades a extender en el tiempo e, incluso, incrementar la rigurosidad de una política de tasas de interés que golpea fuertemente a la actividad económica y desalienta toda posibilidad de recuperación.

Uno imagina que, con la pérdida de ingresos provocada por la eliminación de las retenciones y la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, más la perspectiva de una merma mayor, con las modificaciones adicionales que se pretende introducir a ese tributo en el Congreso y los proyectos para reducir el IVA a los productos de la canasta de consumo, el panorama para cumplir con el objetivo de déficit fiscal para el 2016 presentado por el ministro de Hacienda y Finanzas en enero lucía sombrío y que se intentó mejorar esta situación. Pero con otro error no se corrige un error previo y ésta es la sensación que deja la decisión de aumentar las tarifas del modo en que se lo hizo.

Indudablemente, el Gobierno quedó arrinconado en su propia retórica. Tanto viene insistiendo en que en el segundo semestre va a haber un cambio de tendencia en la inflación que, cuando vio que los números no le cerraban de ningún modo, se sintió en la obligación de adelantar todas las decisiones tarifarias, que habrían tenido un efecto negativo sobre esa posibilidad.

No se puede asegurar que la jugada le va a salir mal pero, después de haber tenido éxito con la salida del cepo cambiario y la fuerte devaluación consecuente, la eliminación de las retenciones y el fuerte aumento de las tarifas de electricidad y de haber logrado una importante victoria política con la aprobación del acuerdo con los holdouts, uno se pregunta si no hay un exceso de confianza en la administración que la está llevando a perder el sentido de la realidad y abusar excesivamente de su suerte.

Una pieza más en un complejo rompecabezas (4/3/16)

Ciertamente, el acuerdo que el Gobierno alcanzó con los fondos buitre y que pone la solución de este prolongado conflicto al alcance de la mano nunca puede ser un motivo de festejo. Terminar cediendo, tras más de 14 años, a las exigencias de un puñado de especuladores que se aprovecharon de la desesperación de los bonistas tras la cesación de pagos del país no es el mejor final para esta historia. Pero hay que aceptar que este resultado no es el producto de una decisión apresurada e irreflexiva de las autoridades actuales sino de un largo proceso plagado de errores que se pueden remontar a las propias condiciones de emisión de los bonos que en pocos días se terminarán de cancelar.

Pero si bien el acuerdo no es un motivo para el festejo es bienvenido que la administración haya podido insertar esta pieza esencial en el complejo rompecabezas económico que le dejó la gestión anterior y que viene intentando resolver.

Para ello, el Gobierno ha planteado una estrategia que, respondiendo indudablemente a la lectura política que hace de la situación, pone el énfasis en uno de los grandes problemas de la economía que es restablecer la rentabilidad esperada de los sectores más dinámicos. Ha avanzado en esta dirección a través de la devaluación y la eliminación de las retenciones, de la solución del conflicto con los holdouts, que debería provocar una caída en el costo de financiamiento en dólares del sector privado, y de un clima de negocios más favorable y previsible. Ha dejado para más adelante la solución de otro de los grandes problemas que presenta la economía, por su gran efecto desestabilizador, que es el enorme déficit fiscal. Busca contener este efecto desestabilizador a través del acuerdo con los fondos buitre y el acceso al financiamiento internacional que éste puede brindar. Con esta estrategia pretende limitar el inevitable costo político de modo tal de hacerlo más manejable.

Será esencial ver el curso de las negociaciones salariales y el accionar posterior de las autoridades para ver cuál es el grado de convicción y la predisposición para tolerar la reacción de los sectores perjudicados por el esquema elegido. Un termómetro, en este sentido, será lo que suceda con el salario real. Si logran completar el 2016 con una retracción del 5% o más en el mismo, mostrarán lealtad a su libreto y habrá motivos para mantener la expectativa.

Abundan las personas, fuera y dentro del Gobierno, que están ansiosas y hasta decepcionadas por el ritmo que vienen teniendo las reformas pero lo cierto es que nadie puede saber de antemano cuál es la estrategia que mejor cumple con las restricciones políticas y económicas que existen. Aquella estrategia que puede parecer más apropiada en lo económico puede violentar las limitaciones políticas y viceversa. La nueva administración está jugando sus cartas, con la legitimidad que el voto popular le otorga, y si, al menos, logra generar las condiciones para evitar la crisis que acecha al final del camino ya se puede considerar exitosa.