Los
aumentos generalizados de tarifas anunciados a comienzos de abril pueden ser
recibidos con beneplácito por aquellos que impulsan un enfoque de shock para
resolver los numerosos e importantes problemas que presenta la economía pero son
un motivo de preocupación para quienes creemos que se debe avanzar con cautela
en un país en el que cualquier paso en falso puede determinar rápidamente el
fracaso de una administración.
Resulta
difícil discutir la necesidad y la justicia de estos aumentos tarifarios. El
enorme déficit fiscal, que es una espada de Damocles que pende sobre el futuro
de la economía, y el carácter regresivo en términos distributivos de los
subsidios vigentes tornan imperativa una medida de este tipo. Las dudas surgen
al analizar el momento elegido.
En
plena temporada de negociaciones salariales, inevitablemente, estos incrementos
tarifarios van a ser contemplados seriamente a la hora de los reclamos por
parte de los líderes sindicales y pueden determinar aumentos mayores que los
que se hubieran concretado de otro modo. Nadie puede asegurar que si los
anuncios se hubieran efectuado luego de las paritarias no habría una reapertura
de las mismas pero da la impresión de que, planteada de esta manera, la jugada
es más riesgosa.
Los
mayores aumentos salariales que esto puede provocar sumarán presiones
inflacionarias, con lo que esto puede significar en términos de expectativas y
de confianza en un gobierno que insiste en una proyección de incremento de los
precios para este 2016 cada vez más difícil de cumplir del 25%. Y pueden
obligar a las autoridades a extender en el tiempo e, incluso, incrementar la
rigurosidad de una política de tasas de interés que golpea fuertemente a la
actividad económica y desalienta toda posibilidad de recuperación.
Uno
imagina que, con la pérdida de ingresos provocada por la eliminación de las
retenciones y la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, más
la perspectiva de una merma mayor, con las modificaciones adicionales que se
pretende introducir a ese tributo en el Congreso y los proyectos para reducir
el IVA a los productos de la canasta de consumo, el panorama para cumplir con el
objetivo de déficit fiscal para el 2016 presentado por el ministro de Hacienda
y Finanzas en enero lucía sombrío y que se intentó mejorar esta situación. Pero
con otro error no se corrige un error previo y ésta es la sensación que deja la
decisión de aumentar las tarifas del modo en que se lo hizo.
Indudablemente,
el Gobierno quedó arrinconado en su propia retórica. Tanto viene insistiendo en
que en el segundo semestre va a haber un cambio de tendencia en la inflación
que, cuando vio que los números no le cerraban de ningún modo, se sintió en la
obligación de adelantar todas las decisiones tarifarias, que habrían tenido un
efecto negativo sobre esa posibilidad.
No
se puede asegurar que la jugada le va a salir mal pero, después de haber tenido
éxito con la salida del cepo cambiario y la fuerte devaluación consecuente, la
eliminación de las retenciones y el fuerte aumento de las tarifas de
electricidad y de haber logrado una importante victoria política con la
aprobación del acuerdo con los holdouts,
uno se pregunta si no hay un exceso de confianza en la administración que la
está llevando a perder el sentido de la realidad y abusar excesivamente de su
suerte.
No hay comentarios:
Publicar un comentario