Ciertamente,
el acuerdo que el Gobierno alcanzó con los fondos buitre y que pone la solución
de este prolongado conflicto al alcance de la mano nunca puede ser un motivo de
festejo. Terminar cediendo, tras más de 14 años, a las exigencias de un puñado
de especuladores que se aprovecharon de la desesperación de los bonistas tras
la cesación de pagos del país no es el mejor final para esta historia. Pero hay
que aceptar que este resultado no es el producto de una decisión apresurada e
irreflexiva de las autoridades actuales sino de un largo proceso plagado de
errores que se pueden remontar a las propias condiciones de emisión de los
bonos que en pocos días se terminarán de cancelar.
Pero
si bien el acuerdo no es un motivo para el festejo es bienvenido que la
administración haya podido insertar esta pieza esencial en el complejo
rompecabezas económico que le dejó la gestión anterior y que viene intentando
resolver.
Para
ello, el Gobierno ha planteado una estrategia que, respondiendo indudablemente
a la lectura política que hace de la situación, pone el énfasis en uno de los
grandes problemas de la economía que es restablecer la rentabilidad esperada de
los sectores más dinámicos. Ha avanzado en esta dirección a través de la
devaluación y la eliminación de las retenciones, de la solución del conflicto
con los holdouts, que debería
provocar una caída en el costo de financiamiento en dólares del sector privado,
y de un clima de negocios más favorable y previsible. Ha dejado para más
adelante la solución de otro de los grandes problemas que presenta la economía,
por su gran efecto desestabilizador, que es el enorme déficit fiscal. Busca
contener este efecto desestabilizador a través del acuerdo con los fondos
buitre y el acceso al financiamiento internacional que éste puede brindar. Con
esta estrategia pretende limitar el inevitable costo político de modo tal de
hacerlo más manejable.
Será
esencial ver el curso de las negociaciones salariales y el accionar posterior
de las autoridades para ver cuál es el grado de convicción y la predisposición
para tolerar la reacción de los sectores perjudicados por el esquema elegido. Un
termómetro, en este sentido, será lo que suceda con el salario real. Si logran
completar el 2016 con una retracción del 5% o más en el mismo, mostrarán
lealtad a su libreto y habrá motivos para mantener la expectativa.
Abundan
las personas, fuera y dentro del Gobierno, que están ansiosas y hasta
decepcionadas por el ritmo que vienen teniendo las reformas pero lo cierto es
que nadie puede saber de antemano cuál es la estrategia que mejor cumple con
las restricciones políticas y económicas que existen. Aquella estrategia que
puede parecer más apropiada en lo económico puede violentar las limitaciones
políticas y viceversa. La nueva administración está jugando sus cartas, con la
legitimidad que el voto popular le otorga, y si, al menos, logra generar las
condiciones para evitar la crisis que acecha al final del camino ya se puede
considerar exitosa.
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