En los últimos días comenzó a debatirse en el Congreso el blanqueo de
capitales, este nuevo intento por reincorporar a la economía los miles de
millones de dólares no declarados que los argentinos tienen en el exterior o en
cajas de seguridad.
La
decisión de avanzar con este nuevo blanqueo puede ser interpretada como un
intento del Gobierno por aprovechar la oportunidad que brinda un contexto
internacional más hostil para aquellos que buscan ocultar su dinero de las
autoridades impositivas, con la cada vez mayor frecuencia de eventos tales como
los Panama Papers o los Swiss Leaks, que dejaron al descubierto información
financiera sensible de miles de presuntos evasores, y la mayor predisposición
de los gobiernos a cooperar en la lucha contra los defraudadores del fisco.
Pero
también puede ser vista como una necesidad política, no sólo para recuperar la
iniciativa luego de haber sufrido un traspié con la sanción de la ley
antidespidos, como algunos observadores señalaron, sino también como una
herramienta para llegar con la economía en mejores condiciones a las elecciones
del año que viene. Posiblemente, empieza a resultar cada vez más evidente para
los estrategas del Gobierno que la inversión privada no muestra el entusiasmo
con el que se soñaba inicialmente y que la inflación viene con demasiado
impulso como para detenerse a tiempo para la campaña. Y las cuentas fiscales no
dejan demasiado espacio para el electoralismo si no se quiere llevar al límite
de sus posibilidades el margen de endeudamiento que hoy existe.
Es
en este contexto que el blanqueo se presenta como una interesante posibilidad: por
un lado, podría permitir incrementar el gasto público sin tener que apelar a
una mayor emisión de deuda. En segundo lugar, aumentaría el ingreso de divisas
a nuestra economía, lo que mejoraría las chances de mantener el dólar contenido
una vez que se termine la liquidación de la cosecha de soja y más allá de lo
que suceda con los flujos financieros. Este punto es esencial porque, a la luz
de la evolución que vienen teniendo los precios y la situación sindical, un
cierto grado de apreciación real del peso será indispensable para llegar con
una inflación razonable a las elecciones, además del impulso adicional que
puede brindar generando una recuperación en el poder de compra de los salarios.
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