El
23 de octubre, el día después de las elecciones de medio término, se inicia un
período crucial para la economía argentina. Será indudablemente una etapa más
complicada para el gobierno que estos dos años que han pasado, en los cuales,
en gran parte por falta de experiencia, se fue más a los tumbos de lo que
debería haber sido necesario para obtener los resultados que están a la vista.
Lo
cierto es que, como hemos señalado en este espacio en más de una oportunidad,
más allá de los importantes avances que se lograron hacia a la normalización
del funcionamiento de la economía, hay variables macroeconómicas esenciales que
hoy se encuentran en una situación prácticamente similar a la de diciembre de
2015. Es el caso del déficit fiscal, que este año va a terminar en torno al 7%
del PBI si se consideran los intereses de la deuda pública y los desequilibrios
provinciales, y el atraso cambiario: tras el incremento significativo que tuvo
el tipo de cambio real luego de la salida del cepo, la inflación le viene
ganando en forma casi ininterrumpida a la evolución del dólar. Los resultados
de esto ya se están viendo en las cuentas externas, con un déficit comercial
superior a los 1.000 millones de dólares en agosto. Si se exceptúa el caso particular
de diciembre de 2015, se trata del saldo negativo mensual más elevado desde
1990, año en el que se inicia la serie que publica el Indec.
Es
decir que el Gobierno, tras un inicio en el que, con el objetivo aparente de
resolver estos problemas, se atrevió a tomar medidas de alto impacto sobre los
ingresos, como la mencionada salida del cepo y la devaluación que ésta provocó,
la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y la suba
de las tarifas de los servicios públicos, y amenazó con una reestructuración
importante del Estado, tal vez sintiéndose amparado por “la herencia recibida”,
está llegando a la mitad del mandato muy cerca del punto de partida.
Ya
sin el recurso de los ingresos extraordinarios del blanqueo de capitales que se
obtuvieron el año pasado y éste, las autoridades económicas deberán cumplir sí
o sí con el objetivo de déficit primario del 3,2% del PBI establecido para el
año que viene y del 2,2% del PBI, para el 2019. Y esto posiblemente implique
tomar decisiones sensibles, dependiendo de lo que suceda con una economía que
no tiene el crecimiento asegurado, ya que se puede encontrar con la dificultad
de una alta tasa de interés real si el Banco Central se empecina en alcanzar las
metas que fijó para los próximos dos años y, todo indica, deberá seguir soportando
la carga de un tipo de cambio atrasado que le pone un claro límite a la
expansión de las exportaciones y de aquellos sectores que enfrentan la
competencia de la producción extranjera.
No hay comentarios:
Publicar un comentario