¿Tras las huellas de Menem?

Es prácticamente un hecho que Alberto Fernández iniciará el 10 de diciembre el quinto período de gobierno del peronismo en nuestro país, tras los de 1946/55, 1973/76, 1989/99 y 2003/15. E, intentando dilucidar qué es lo que nos puede deparar la nueva administración peronista, uno puede identificar una importante coincidencia económica entre el mandato que se iniciará en diciembre y aquél que inició Carlos Menem en 1989. Todo indicaría que, al igual que el riojano, Fernández no se va a ver beneficiado por un comportamiento particularmente favorable de los términos del intercambio de nuestro país.

Pareciera que las condiciones van a ser completamente distintas a las del resto de los gobiernos peronistas, en los cuales la evolución de la relación entre los precios de las exportaciones y las importaciones argentinas hizo posible llevar adelante políticas económicas fuertemente expansivas sin chocar en forma inmediata contra la restricción externa. Los primeros dos gobiernos de Juan Domingo Perón, por ejemplo, se iniciaron en 1946 con un salto en los términos del intercambio superior al 50% respecto al año anterior y los mismos continuaron subiendo hasta alcanzar el máximo de todo el siglo en 1948. Nuevamente, al llegar, primero, Héctor Cámpora y, más tarde, Perón, a la presidencia en 1973, se registró un nuevo salto en los términos del intercambio, en este caso del 25%. La bonanza en esta oportunidad fue más breve y terminó desembocando dos años después en el Rodrigazo, ya con María Estela Martínez de Perón en la presidencia tras la muerte del caudillo. Es más conocido cómo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se beneficiaron con términos del intercambio favorables, con la peculiaridad de que la suba que comenzó a registrarse meses antes de las elecciones de 2003 continuó casi ininterrumpidamente hasta el punto máximo alcanzado en 2012. Por el contrario, Menem asumió con términos del intercambio históricamente bajos que recién empezaron a subir tímidamente en su cuarto año de gestión.

Por lo tanto, Fernández deberá buscar las pistas para el éxito más en la gestión económica de este último que en las experiencias de su compañera de fórmula o del líder histórico de su partido. De darse, de acuerdo a lo esperado, una evolución de los términos del intercambio similar o peor a la registrada en la década del ´90, no podrá impulsar el crecimiento promoviendo un aumento de los salarios reales y una expansión del gasto público como lo hicieron aquellos. Las posibilidades de crecimiento de la Argentina durante su mandato van a quedar sujetas a su capacidad para dinamizar la inversión privada y las exportaciones y, por lo tanto, deberá llevar adelante políticas económicas que logren restablecer la confianza de los inversores locales e internacionales, como aquellas que permitan alcanzar la solvencia fiscal, asegurar un adecuado funcionamiento de los mercados y estabilizar los precios.

Si, a pesar de las restricciones que existen, por convicción o para hacer frente a las presiones de los socios de su coalición, el próximo presidente busca caminos alternativos hacia el crecimiento lo más probable es que se termine de completar esta nueva “década perdida” que se inició en 2012 durante la última gestión peronista.

Rehenes de una disputa por el poder

En estas semanas traumáticas que venimos atravesando, que se agregarán a la atiborrada crónica de bochornos económicos de nuestro país, una cosa debe quedar completamente clara: más allá de los problemas que aun presenta la economía, los sucesos que estamos viviendo son el resultado de una disputa política en la que los participantes en ningún momento repararon en los graves riesgos a los que estaban exponiendo a la economía y a la población.

Tanto desde el Gobierno como desde la oposición no se tomaron las medidas necesarias para evitar este desenlace que profundiza la inestabilidad de la economía y genera un desperdicio innecesario de las reservas del Banco Central. El oficialismo debería haber contemplado el riesgo que entrañaban unas elecciones primarias que no resolvían nada pero que si producían un resultado negativo generaban un vacío de poder excesivamente prolongado. También fue corresponsable en la generación del pánico que despierta la perspectiva de un gobierno de Alberto Fernández en algunos sectores de la población. La oposición por su parte sacó el mayor partido posible de la indefinición de su postura en materia económica Apuntalada por la crisis económica y por un marco institucional que no impone restricciones, convenció a propios y extraños de que cualquier cosa es posible a partir del 10 de diciembre.

Esta experiencia tan desafortunada debe impulsar a la sociedad en general y a la dirigencia política en particular a generar un marco institucional que modifique estas reglas de juego perversas según las cuales cualquier cosa puede suceder en materia económica con un cambio en el signo político de un gobierno. 

Y en este marco institucional, el compromiso por la solvencia fiscal debe ocupar un lugar de privilegio y ser garantizado con todas las herramientas legales que sea posible formular. El déficit fiscal es el responsable último de todas las crisis económicas que vienen asolando a nuestro país durante los últimos 45 años. Si uno observa las crisis de 1975/6, 1981/2, 1988/90, 1999/02 y la actual, en todos los casos va a encontrar en los años precedentes un deterioro de la situación fiscal y dificultades crecientes para financiar el desequilibrio de las cuentas públicas. Y en la actualidad, cuando parecía que el Gobierno venía avanzando hacia la corrección del problema fiscal, la crisis se desató nuevamente con la victoria de Alberto Fernández en las PASO, que hizo resurgir con fuerza las dudas acerca de que las autoridades que van a asumir el 10 de diciembre van a utilizar todos los medios a su alcance para generar un resultado positivo y sostenible en los próximos años.

Toda crisis entraña una oportunidad y la que aparece claramente en esta ocasión es la de generar los consensos que han sido esquivos hasta aquí para lograr los acuerdos básicos necesarios para brindar cierta previsibilidad respecto al futuro de la economía. Si no aprovechamos esta oportunidad, muy posiblemente continuaremos en esta espiral descendente por la cual venimos cayendo en las últimas décadas, que nos aleja cada vez más de los países exitosos y nos acerca a aquellos que alguna vez creímos haber dejado atrás.