La
reciente decisión del Gobierno de aplicar topes a las tasas de interés de los
préstamos presonales y prendarios, que habían subido significativamente en los
últimos meses como consecuencia de la política monetaria restrictiva del Banco
Central, pone en evidencia una vez más que en nuestro país, para las
autoridades, todo vale a los fines de cumplir con sus objetivos políticos de
corto plazo, aunque esto implique violentar las leyes más básicas de la
economía.
No
estamos descubriendo nada nuevo pero esto resulta un poco más sorpresivo en el
nuevo contexto en el que el Gobierno ha hecho un leve giro hacia la ortodoxia
y, ante la necesidad de fondos frescos, se muestra más preocupado por complacer
a los centros financieros internacionales.
Fiel a su estilo, una vez más el Gobierno ataca los efectos de
sus políticas económicas en lugar de las causas. La causa de las altas tasas de
interés que hay en la actualidad es la elevada inflación. Los ahorristas argentinos
ya saben que en el largo plazo el dólar se mueve a la par de la inflación de
modo que si las tasas de interés se encuentran por debajo de esta última es más
conveniente volcarse hacia la compra de divisas. Por lo tanto, la manera de
reducir las tasas de interés es bajando el ritmo de aumento de los precios. Un intento del Banco
Central por forzar una baja de las mismas aumentando la liquidez provocaría
presiones en el mercado cambiario y amenazaría nuevamente sus reservas.
Viéndose de manos atadas, con los topes a las tasas de
interés, el Gobierno busca entonces presentarse como el protector de los
intereses de la sociedad contra los empresarios “inescrupulosos” y los
banqueros “usureros”. Para la mayoría de los consumidores, el beneficio de esta
medida va a ser acotado, seguramente imperceptible. Pero lo que importa es el mensaje,
en este momento de estancamiento en el que las autoridades quieren hacer todo
lo posible por atribuir a otros las responsabilidades de la malaria.
Veremos
cómo maneja el Gobierno el posible daño colateral de la iniciativa, que es el
segmento de consumidores que probablemente pierda su acceso al crédito porque
la rentabilidad que brindará con los límites a las tasas quizás no sea
suficiente para que el banco o la compañía financiera se tomen el esfuerzo de
captar fondos en el mercado para darle financiamiento. Es de imaginar que el
Gobierno ha estimado que este segmento es reducido o, al menos, mucho más
pequeño que aquél que se beneficiará con la medida porque de lo contrario no la
hubiera tomado. En todo caso, no debemos sorprendernos si en los próximos meses
la Anses o el Banco Nación lanzan una línea de crédito especial para individuos
de bajos recursos.
Pero,
más allá de la medida en sí misma, queda la preocupación, que no está limitada
sólo a esta gestión, del poder excesivo que tienen los gobiernos en la
Argentina, que, en función de sus necesidades, pueden tomar prácticamente
cualquier medida, incluso aquellas que tienen que ver con el funcionamiento básico
del sistema económico. Esto plantea una enorme incertidumbre de cara al futuro
y es un importante obstáculo en el camino si la Argentina pretende reducir de
manera significativa la pobreza y la marginalidad. Para que una economía tenga
el dinamismo necesario para ir resolviendo las asignaturas pendientes es
fundamental que los gobernantes no tengan vía libre para hacer con ella lo que
les parezca si la conveniencia política así lo dicta.
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