En
los primeros 7 meses del año el déficit fiscal primario se redujo en términos
reales en apenas un 1,8% en relación al mismo período del 2015. Teniendo en
cuenta el punto de partida, con un déficit financiero en torno al 7% del PBI, y
el hecho de que, a medida que nos vayamos acercando a las elecciones
legislativas del año que viene, las presiones por un mayor gasto se van a ir
incrementando, el panorama no parece el más halagüeño.
Pero,
quizás, lo más preocupante no son estos fríos números, que, dado el
aparentemente abundante financiamiento disponible y los resultados más o menos
abultados que puede brindar el blanqueo de capitales, no plantean una
particular urgencia, sino la sensación de que existe una cierta inconciencia
social en relación al uso de los recursos públicos y, lo que es más importante,
no hay ningún intento por parte de la autoridades de plantear un debate amplio
y sostenido sobre esta cuestión.
Esta
inconciencia social se ha manifestado en forma evidente ante los esfuerzos del
Gobierno por readecuar el marco tarifario de los servicios públicos, más allá de
la torpeza y la incapacidad para diseñar los aumentos de manera satisfactoria
que mostraron los funcionarios responsables. Fuera de los ámbitos
especializados es difícil encontrar personas que comprendan cabalmente la
necesidad y la justicia de reducir la enorme carga de subsidios que pesa sobre
el erario público. A muchos ciudadanos, por no decir la gran mayoría, les
cuesta entender que el costo que no se asume hoy en forma voluntaria y ordenada
se enfrentará mañana en forma involuntaria y caótica, y, por ende, con un grado
mucho mayor de injusticia.
Es
fundamental que las autoridades le expliquen claramente a la sociedad cuál es
el estado de las cuentas públicas y porqué es importante ordenarlas. Y que, a
partir de esto, plantee un serio debate que incluya a todas las fuerzas
políticas y sociales para encontrar la manera más justa, más conveniente y que
responda mejor a las demandas de la población.
Las
consecuencias de la insolvencia fiscal no constituyen un conocimiento cuya
comprensión esté fuera del alcance de aquellos que no son economistas o no
tuvieron una formación universitaria. Se trata meramente de mostrar cómo, a lo
largo de la historia argentina, los desequilibrios importantes en las cuentas
públicas se encontraron íntimamente asociados a crisis económicas que
provocaron grandes padecimientos a vastos sectores de la sociedad que podrían
haber sido evitados. Esto se observa claramente, por ejemplo, si tomamos 3 eventos
muy recordados de los últimos 50 años como el Rodrigazo, la hiperinflación y la
salida de la convertibilidad. En todos estos casos, en los años anteriores al
inicio o al peor momento de la crisis se registraron déficits financieros del
sector público argentino (incluyendo provincias y municipios) en torno al 7%
del PBI (6,53% en 1974, 7,04% en 1987 y 7,03% en 2001).
Dada
la magnitud del desequilibrio fiscal actual, de no ser por el margen de
financiamiento con el que cuenta, por su deuda pública relativamente baja en
relación al PBI, y el contexto internacional extremadamente favorable que
existe, hoy nuestro país estaría atravesando o se encontraría al borde de una
crisis comparable a aquellas. Debe aprovecharse esta segunda oportunidad que
nos brinda el acceso al financiamiento internacional logrado por este gobierno
para intentar evitar los errores y sufrimientos del pasado.
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