A la luz de lo que sucedió en el 2016, en
el que las expectativas de muchos respecto a los avances que se iban a lograr
en materia económica se vieron en mayor o menor medida defraudadas, surge
naturalmente la siguiente pregunta: ¿Puede un gobierno con ambiciones de
continuidad corregir problemas tan graves como los que heredó la administración
actual?
Cuesta encontrar en la historia
económica argentina de las últimas décadas un gobierno que haya aplicado un
programa de ajuste exitoso, entendiendo como tal a un programa que haya
restablecido ciertos equilibrios macroeconómicos básicos, generando las condiciones
para un crecimiento sostenible de la economía. Los que vienen inmediatamente a
la cabeza son el Plan de Convertibilidad aplicado por Domingo Cavallo a partir
de abril de 1991 y las gestiones de Jorge Remes Lenicov y Roberto Lavagna a
partir de comienzos de 2002. Al primero de estos casos lo podemos tomar con
ciertas reservas, dado que las rigideces monetarias que incorporó fueron el
germen de la crisis siguiente, pero el período más largo en cerca de 70 años
con una inflación de un dígito a que dio lugar es un logro que no se puede
despreciar y podría haber sido aprovechado con excelentes resultados si se
hubieran aplicado las políticas adecuadas luego de la salida del régimen.
Pero un hecho distintivo y
característico de esos programas es que fueron aplicados luego de crisis
traumáticas que habían generado en la sociedad una gran demanda de cambio y una
predisposición a asumir ciertos sacrificios. Por ejemplo, el Plan de
Convertibilidad se aplicó tras una caída del 12,7% del PBI y del 25% del
salario real entre 1987 y 1990 y la devaluación y las medidas de estabilización
del 2002 se tomaron tras una recesión que se había extendido durante 3 años y
que había llevado el índice de desocupación a más del 17% en el 2001, sin
olvidar también la crisis financiera que se había desarrollado a lo largo de
ese año y que había llevado a la aplicación de restricciones al retiro de los
depósitos bancarios a finales de ese año. Es decir, la evidencia histórica
indicaría que, para aceptar la aplicación de medidas económicas que tienen un
efecto negativo sobre el poder adquisitivo de sus salarios o que implican la
pérdida de empleos o de beneficios para un sector de la población, los
argentinos tienen que estar tocando fondo, tienen que verse sumidos en una
crisis de magnitud, y las autoridades no deben poder encontrar otra salida
posible.
Si la historia fuera a repetirse, algo
que no necesariamente debe ser así, esto significaría que la administración
actual continuará en líneas generales por el camino que trazó en este primer
año de gestión. Apelará al endeudamiento hasta donde los mercados de capitales se
lo permitan y sólo realizará correcciones fiscales y de precios relativos
significativas si se ve obligada por las circunstancias.
Es imposible predecir el futuro pero lo
que sí se puede afirmar es que si, como algunos esperan, el Gobierno avanza con
el ajuste, que aplicó con cuentagotas en su primer año de gestión, luego de las
elecciones del año que viene y tiene éxito en la aplicación del mismo, será el
primero en décadas en lograrlo y se ganará un lugar de privilegio en la Historia.
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