Lo que dejó la tormenta

En los últimos días se conocieron un conjunto de datos que muestran una consolidación de la estabilización financiera que logró el Gobierno a partir de septiembre. El principal de ellos es la desaceleración de la inflación, que cerró noviembre por debajo del 3%, lejos del 5,4% de octubre y el 6,5% del mes anterior. Ya se vislumbra un 2019 con tasas de inflación que tenderían a ubicarse entre el 2% y 2,5% mensual.

Otro dato elocuente del cambio en las condiciones financieras es la fuerte reducción de la salida de capitales. Como señala el informe cambiario del Banco Central correspondiente al mes de octubre, el flujo negativo provocado por operaciones del sector privado no financiero pasó de más de 6.000 millones de dólares en mayo a poco más de 1.000 millones en octubre.

El Gobierno se vio obligado por las circunstancias a realizar en este 2018 el ajuste que había buscado aplicar con cuentagotas desde que se inició el mandato. Pero, al menos, ha logrado hasta el momento que la situación no se descontrole y sigue con vida de cara a las elecciones presidenciales del año que viene.

Ahora bien, ¿se han hecho las correcciones que la economía requiere para salir del estancamiento en el que se encuentra inmersa desde el 2012? La razón básica de este estancamiento es una falta de rentabilidad en el sector privado, provocada por la alta carga tributaria y el costo laboral. Por lo tanto, para que la actividad vuelva a crecer en forma sostenida, se requiere un esquema que restituya esa rentabilidad de manera de impulsar la inversión privada, que es el principal motor de una economía capitalista.

Por el momento, las autoridades hicieron recaer el peso de esa ecuación sobre los salarios, que, de acuerdo a la información del Indec, acumularon una caída de casi 14% en los primeros 9 meses del año, una pérdida que casi con seguridad será mayor cuando se publiquen los datos de octubre. Es de esperar, como ya se viene viendo en las últimas semanas, que los sindicatos hagan sentir sus reclamos para recomponer el poder adquisitivo de los ingresos de sus afiliados. Y, en la medida en que esto suceda, se debería compensarlo con una reducción impositiva, lo que implicaría recortar el gasto público, algo que le ha planteado enormes dificultades al Gobierno. De lo contrario, se podría ingresar nuevamente en una situación de inestabilidad.

En definitiva, respondiendo a la emergencia como pudo, la administración distribuyó los costos del ajuste que hace años exige la economía de una manera que posiblemente no pueda sostenerse en el tiempo. Sin embargo, si bien las elecciones del año que viene son vistas como un factor de incertidumbre, con la amenaza del regreso del populismo como un motivo real de preocupación, también son una oportunidad para consolidar el rumbo. A diferencia de lo sucedido en 2015, en donde el ganador llegó al poder sin haber reconocido ante la sociedad cuál era la magnitud de la tarea que había por delante, a finales del año que viene puede asumir un gobierno con el apoyo necesario para mejorar el trabajo que se hizo a las apuradas en estos últimos meses.

En la búsqueda del equilibrio

Algunos datos que se conocieron a finales del mes pasado muestran que el Gobierno, a casi 3 años del inicio de su gestión, finalmente comienza a lograr que dos variables macroeconómicas fundamentales se acerquen hacia el equilibrio.

Por un lado, en septiembre el saldo comercial mostró su primer superávit en 21 meses, de 314 millones de dólares. La última vez que se había registrado un resultado positivo había sido en diciembre de 2016, de 55 millones de dólares. Esta mejora de la balanza comercial fue producto de la fuerte devaluación que se registró este año. Se apoyó en esta etapa preliminar en el derrumbe de las importaciones (21%). Es de esperar que, en la medida en que se mantenga un tipo de cambio real competitivo, junto con un clima más favorable para las actividades agropecuarias, las exportaciones comiencen a mostrar mayor dinamismo en los próximos meses.

La otra variable que se viene moviendo hacia el equilibrio es el déficit fiscal primario. En los primeros 9 meses del año, éste se ubicó en el 1,3% del PBI, con un sobrecumplimiento del 0,6% de la meta estipulada para el período (1,9% del PBI). El Gobierno viene avanzando con firmeza hacia el objetivo del 2,7% del PBI para este año y el 0% para el que viene.

Si las autoridades económicas continúan en este rumbo pueden llegar a restablecer los superávits gemelos que se registraron entre el 2003 y el 2008 y que fueron sin lugar a duda una condición esencial para la expansión que se logró en ese período. En la medida en que el Gobierno estabilice la economía manteniendo estos equilibrios que se están alcanzando, se estarán sentando las bases para poner en marcha un proceso de crecimiento sólido.

Sin embargo, el fuerte impacto que, en términos de salarios reales y actividad económica, viene teniendo este proceso de corrección macroeconómica y la creciente cercanía de las elecciones presidenciales del 2019 generan interrogantes acerca de la capacidad del Gobierno para mantener esos logros. En agosto, el último dato disponible, los salarios habían perdido un 12,5% contra la inflación en los últimos 12 meses y la brecha seguramente aumentará en septiembre y octubre. Muy posiblemente termine el año entre el 15% y el 20%. Y, al cierre de esta edición, se conoció que en septiembre la industria se desplomó un 11,5% y la construcción cayó un 4,2% en relación al mismo mes del año pasado. La administración deberá lidiar con la reacción de la población frente a esta dura realidad y los resultados de las encuestas sobre la contienda presidencial que vayan apareciendo pueden ejercer una influencia desafortunada sobre las decisiones económicas.

De todos modos, la división del peronismo, el daño que ha causado en algunos de sus candidatos el escándalo de los Cuadernos de las Coimas y la ausencia, hasta el momento, de alternativas de peso pueden permitir tal vez que por primera vez en la historia reciente el electorado apoye a un gobierno inmerso en la gestión de una crisis que no se puede atribuir por completo a su autoría, un favor del que no gozó el radicalismo en 1989 ni la Alianza en el 2001. 

El costo de la falta de credibilidad

Muy posiblemente, en cualquier país un apoyo como el que recibió la Argentina de parte del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a los vencimientos de la deuda pública hasta el 2020, el compromiso del Gobierno de reducir a cero el déficit fiscal primario y la fuerte corrección del dólar habrían bastado para restablecer la confianza y poner la economía en marcha.

Es indudable que si las autoridades económicas logran cumplir el compromiso fiscal y la cotización del dólar no se vuelve a atrasar en los próximos meses en forma excesiva en relación a la inflación, habrán logrado tres años después del inicio de la gestión dejar atrás los importantes desequilibrios económicos que dejó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El problema es que, tras siete décadas de malas administraciones económicas, no alcanza con compromisos y proyecciones. Todos estamos esperando ver cómo el Gobierno responde a las crecientes demandas de la sociedad en un período que impondrá importantes sacrificios, hasta qué punto cederá a estas demandas y cómo quedará la consistencia del programa frente a las posibles concesiones. Y, aun si se mantiene fiel al libreto, sabemos que una derrota electoral en las próximas elecciones posiblemente pondría fin a este intento de ordenar la economía.

Por lo tanto, lamentablemente, en los próximos meses sufriremos las consecuencias de una larga historia de irresponsabilidades en materia económica que hacen que el compás de espera y las dudas se prolonguen por más tiempo que el que sería necesario en un país normal, extendiendo la duración de la recesión y agregando de este modo dificultades adicionales para que la implementación del programa sea exitosa.

Nadie puede anticipar cuál va a ser el resultado que se va a lograr con el esquema económico puesto en marcha luego del anuncio del nuevo acuerdo con el fondo. Va a ser un buen test de los avances que hemos tenido como sociedad tras décadas de crisis. Si la dirigencia política, sindical, empresaria, los medios, etc., están a la altura de las circunstancias y logramos atravesar la situación en forma ordenada, buscando encontrar los equilibrios consistentes con la realidad económica de la Argentina y con el contexto internacional adverso que se planteó en estos últimos meses, saldremos fortalecidos y podremos sentar las bases para poner en marcha un proceso de crecimiento sólido que puede extenderse en el tiempo.

Si, por el contrario, caemos en las mezquindades sectoriales y en la autocomplacencia e insistimos en reclamos que son incompatibles con nuestras posibilidades, estaremos contribuyendo nuestro grano de arena para perpetuar la inestabilidad que ha caracterizado la economía argentina en los últimos 70 años y que ha determinado su continuo retroceso respecto a buena parte de los países del mundo y, sin lugar a dudas, a todos aquellos con los que nos gustaría compararnos.

¿El Plan Primavera de Macri?

El anuncio del Gobierno de un paquete de medidas para reducir el déficit fiscal primario a cero en el 2019, la promesa de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la intervención más decidida del Banco Central en el mercado cambiario permitieron frenar la nueva corrida cambiaria que llevó al dólar a superar durante algunas ruedas los $40.

Cuando nos preguntamos si esto marcará el último capítulo de este período de turbulencias financieras, un conjunto de similitudes trae a la memoria el fallido Plan Primavera que implementó el gobierno de Raúl Alfonsín en 1988. La primera y menos importante de estas similitudes es la fecha aproximada: aquel plan se anunció el 2 de agosto de ese año y éste el 3 de septiembre del actual. En segundo lugar, al igual que ahora, ese programa fue una respuesta al impacto que estaba teniendo en la economía local un contexto internacional adverso. Los términos del intercambio del país habían caído en 1987 a su nivel más bajo en décadas y se mantuvieron en niveles históricamente bajos a lo largo de 1988. Por último, había entonces un gobierno crecientemente debilitado por la situación económica que tenía por delante una elección presidencial que podía dar como resultado un regreso del populismo (el Carlos Menem del Salariazo que finalmente no fue en aquel momento y Cristina Fernández de Kirchner hoy).

Lo cierto es que solo el panorama de una victoria electoral de una alternativa populista o la posibilidad de un manotazo de ahogado del Gobierno frente a la perspectiva de una derrota en los comicios del año que viene pueden explicar que haya habido personas dispuestas a pagar $40 o más por el dólar en un contexto de tasas de interés en pesos del 60%. Uno tiene que considerar altamente probable que en los próximos meses vaya a restablecerse el control de cambios o a dispararse una espiral de precios y salarios para volcarse a la moneda americana a semejante precio en las condiciones actuales.

La mala gestión del gobierno radical, en parte consecuencia de su debilidad electoral, y las crecientes posibilidades de una victoria de Menem se combinaron para que, tras una estabilización temporal a fines de 1988, la economía ingresara en la vorágine que desencadenó la hiperinflación de 1989. ¿Puede haber un desenlace similar hoy? Claramente, no existen las condiciones para una híper. La inflación actual no alcanza el 4% mensual cuando en 1988 había llegado a superar el 20% mensual, con un pico de 28% en agosto de ese año. ¿Pero puede suceder que, tras la estabilización lograda en los últimos días, la situación económica se deteriore nuevamente y la inflación continúe acelerándose?

Indudablemente el riesgo existe pero así como hay semejanzas con aquella época también hay importantes diferencias: por un lado, en un claro contraste con el gobierno de Alfonsín la administración actual cuenta con el fuerte apoyo de la comunidad internacional, lo que puede redundar en recursos esenciales para hacer frente a las turbulencias. En segundo lugar, se trata de un gobierno que está más identificado con las políticas económicas que el momento requiere que la gestión radical, que había llegado al poder con un discurso de centroizquierda y un fuerte apoyo de ese sector. Por otra parte, a diferencia del Menem de 1989, Cristina Fernández de Kirchner llegará a la elección del año que viene con un gran desgaste y una porción muy importante del electorado en su contra. Resta ver cuál será el aporte del peronismo “racional”, que le haría un gran servicio al país si manifestara con mayor claridad cuál es su postura frente a los graves problemas de la economía y las soluciones que propone, de manera tal de despejar los temores que también puede generar la perspectiva de que gane alguno de sus candidatos.

El lado positivo de la devaluación

Mientras se publican día tras día distintas estadísticas que dan cuenta del fuerte impacto de la devaluación del peso de los últimos meses sobre el nivel de actividad económica, a fines de julio se conocieron un par de datos que reflejan el lado positivo que siempre tiene un incremento en el tipo de cambio: la reducción del desequilibrio externo.

Por un lado, el déficit comercial de junio, de 382 millones dólares, fue el más bajo de los últimos 14 meses, un periodo en el cual se registraron desequilibrios mensuales de hasta 1.510 millones en noviembre del año pasado. Las exportaciones ascendieron a 5.076 millones y las importaciones, a 5.458 millones, con una caída interanual del 7,5%, la primera desde noviembre de 2016. Por otro lado, en junio también se registró una caída del 33% del déficit de turismo en relación al mismo mes del año pasado. Los egresos por viajes y otros pagos con tarjeta en el exterior y transporte de pasajeros hacia otros países sumaron en el mes 731 millones de dólares, su nivel más bajo desde junio de 2015.

Naturalmente, el brusco aumento del precio de los bienes y servicios extranjeros provocado por la devaluación del peso generó una contracción de la demanda de los mismos por parte de los residentes nacionales. En una segunda etapa, debería comenzar a registrarse un aumento de las exportaciones motivado por la mejora de la rentabilidad generada por la corrección cambiaria. Este aumento se debe dar, primero, por un mayor uso de la capacidad instalada y, después, de darse las condiciones adecuadas, por un incremento de la capacidad de producción a través de la realización de inversiones.

En este último punto es en donde surgen los interrogantes. Es que los buenos indicadores que se vienen registrando no son todavía el resultado de una mejora estructural de la economía. En estos últimos meses los dólares que vienen ingresando para cubrir el déficit fiscal pasaron de financiar el exceso de importaciones y de gastos de los argentinos en el exterior a financiar la fuga de capitales. Si la fuga de capitales se interrumpiera o este gobierno o el que venga después decidiera restablecer el control de cambios y/o subir aranceles e imponer restricciones a las importaciones, el valor real del dólar, que hoy favorece a las actividades exportadoras, podría caer nuevamente.

La única manera de transformar estas buenas señales del frente externo en el puntapié inicial para un proceso de crecimiento equilibrado es, por un lado, que el Gobierno avance en el cumplimiento del compromiso que asumió con el Fondo Monetario Internacional de reducir con mayor determinación el déficit fiscal, un objetivo que indudablemente no será fácil de lograr, de cara a un 2019 con elecciones presidenciales. Y, por otro lado, es importante que las fuerzas políticas con chances de llegar al poder generen consensos básicos respecto a los lineamientos que seguirá la economía argentina en los próximos años, de manera tal que aquellas empresas que estén dispuestas a desarrollar el potencial exportador del país no se vean disuadidas de hacerlo por la posibilidad de que en cualquier momento se tomen medidas que cambien de un plumazo la ecuación de rentabilidad de las inversiones necesarias.

El momento de distribuir los costos

La administración de Cristina Fernández de Kirchner se las ingenió en los últimos años de su mandato para evitar hacer los ajustes económicos cuya necesidad comenzó a resultar crecientemente evidente a partir de finales de 2011. La expansión de los salarios reales y el gasto público que se había registrado hasta entonces se estrelló contra el final del boom de los precios de los productos agropecuarios argentinos en los mercados internacionales y la desaceleración y luego profunda recesión de Brasil.

Reconociendo la necesidad de realizar importantes correcciones en el rumbo económico, el gobierno de Mauricio Macri eligió el camino del gradualismo. La apuesta parecía razonable: las medidas que había que tomar eran tremendamente impopulares y las condiciones que existían al inicio de la gestión permitían distribuir el dolor a lo largo del tiempo y lograr, de este modo, una probabilidad más alta de ser reelecto en el 2019.

Lamentablemente para el Gobierno, en este 2018 se ha producido la tormenta perfecta. Se han combinado el fin del dinero barato en el mundo como consecuencia del endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos con la guerra comercial de Donald Trump y el efecto que ésta ha tenido en precios esenciales para la Argentina, como el de la soja, que se encuentra en su valor más bajo en casi 10 años. A eso hay que sumar la suba del petróleo y sus derivados (a su nivel más alto en más de 3 años), de los cuales el país es un importador neto, y la fuerte sequía que azotó al campo y que provocó la peor cosecha de soja de los últimos 9 años.

Frente a este escenario, las autoridades han tenido que modificar su hoja de ruta y se vieron obligadas a realizar el ajuste que venían intentando posponer. Ahora, solo pueden elegir la forma que le darán al mismo, cómo se va a distribuir su costo entre los distintos sectores de la sociedad, ya no el momento.

Esta decisión, que aun no resulta clara, es la que está en el corazón de la crisis cambiaria que viene sacudiendo a nuestro país en las últimas semanas. El Gobierno ha intentado dar una señal de que va a avanzar hacia el equilibrio fiscal, comprometiéndose con el Fondo Monetario Internacional a alcanzar un déficit primario del 1,3% del PBI el año que viene. Sin embargo, solo pueden entenderse los valores que ha alcanzado el dólar en las últimas semanas, aun con las excesivamente altas tasas de interés en pesos, a partir de una percepción por parte del mercado de que la administración no va a ser capaz de alcanzar ese objetivo, una duda más que razonable de cara a un año con elecciones presidenciales. En ese caso, el peso del ajuste recaería sobre los salarios del sector privado, con un tipo de cambio real más alto y el riesgo de una espiral inflacionaria.

En definitiva, el Gobierno se encuentra frente a esa disyuntiva: tendrá que dar señales claras y mostrar resultados concretos en las próximas semanas sobre cuáles van a ser los sectores que van a cargar con el peso del ajuste para estabilizar el mercado cambiario y empezar a sentar las bases para regresar a la senda del crecimiento económico que abandonamos hace 7 años.

Un desafío a la historia

Dentro de los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el Gobierno reafirmó el compromiso que ya había asumido con el pueblo argentino y sus acreedores de continuar en el 2019 con la reducción del déficit fiscal, incluso subiendo la apuesta, del original déficit primario del 2,2% del PBI a un objetivo del 1,3%, lo que va a representar una mejora del resultado fiscal de más de un 1 punto porcentual respecto a este año, en el que se apunta a un 2,7% del PBI.

Todo indica que la crisis cambiaria actuó como un llamado de atención que fue adecuadamente interpretado por la administración. Las especulaciones políticas y las ambiciones electorales habían provocado que se demoraran excesivamente las correcciones que exigía la economía desde el primer día del mandato. En este sentido, era muy poco reducir en poco más de 2,5 puntos porcentuales el déficit primario en 4 años, más aun si se tiene en cuenta que el crecimiento del endeudamiento y, por ende, de la carga de intereses compensa parte de lo que se gana en el resultado fiscal final.

De todos modos, habrá que ver si el Gobierno puede cumplir con el compromiso que ha asumido con el Fondo. No le resultará fácil. Si lo logra, se tratará de un hecho inédito en la historia económica de nuestro país desde el regreso de la democracia. Es que desde 1983 solo una vez se logró mejorar el resultado fiscal primario en más de 1 punto porcentual en un año con elecciones presidenciales. Y fue en las condiciones particulares que le planteó a la campaña electoral del 2003 el colapso económico del 2002. En el resto de los años electorales nunca se logró una mejora de esa magnitud. De hecho, solo en 1989 se obtuvo una reducción del déficit primario respecto a lo sucedido el año anterior (0,4 puntos porcentuales). En el resto de los años electorales siempre se registraron aumentos: 0,2 puntos porcentuales en 1995, 0,5 en 1999, 0,9 en 2007, 1,2 en 2011 y 0,5 en 2015.

Seguramente habrá muchos cuestionamientos en los próximos meses. Ya se anticipa una caída de la actividad económica que, según el último relevamiento de expectativas de mercado, se contraerá un 1% en el segundo trimestre y un 0,4% en el tercero, respecto al trimestre anterior. Sin lugar a dudas, algunos políticos aprovecharán la situación para atribuirle el rumbo elegido y las penurias sufridas al sometimiento de las autoridades argentinas a la voluntad del organismo internacional.

Pero si el Gobierno persevera, desafiando a la historia y aceptando el riesgo de perder las elecciones presidenciales del año que viene, se pueden abrir grandes oportunidades para la economía argentina. Lograr reducir el déficit fiscal primario en más de 1 punto porcentual en un año electoral por primera vez en la historia democrática reciente de nuestro país sin apelar a un incremento de la presión impositiva sobre el sector productivo enviará una fuerte señal a todos aquellos que toman las decisiones de inversión y puede dar el impulso que falta para que podamos salir finalmente del estancamiento en el que nos encontramos hace 7 años.

Las oportunidades de la crisis

Toda crisis genera oportunidades y la corrida cambiaria que sacudió a nuestro país en los últimos días y llevó al Gobierno a iniciar negociaciones con el Fondo Monetario Internacional no es la excepción. E, incluso, puede ser vista hasta como una bendición.

El camino elegido por las autoridades, seguramente a partir de las evaluaciones políticas y electorales, ponía a la economía argentina en una situación de extrema vulnerabilidad. Un déficit en la cuenta corriente del balance de pagos que en el 2017 fue de 15.300 millones de dólares planteaba una fuerte dependencia del financiamiento internacional, que podía interrumpirse en cualquier momento, como consecuencia de algún evento externo o sencillamente de la pérdida de confianza de los operadores extranjeros en nuestro país. Finalmente, esto sucedió, indudablemente antes de lo que hasta el analista más pesimista esperaba.

Y es precisamente en el hecho de que el shock se está produciendo en forma temprana donde radica la cuota de fortuna, posiblemente no para el Gobierno, que avanzaba confortablemente hacia la reelección y ahora deberá esforzarse para lograrla, pero sí para el resto de los argentinos, que tenemos ahora la oportunidad de corregir a tiempo el rumbo y evitar así la megacrisis que nos esperaba al final del camino.

La gran ventaja de vernos obligados hoy a hacer las correcciones que se venían demorando es que las autoridades económicas todavía tienen las herramientas para transitar hacia el nuevo equilibrio en forma ordenada. El Banco Central cuenta con reservas internacionales por 57 mil millones de dólares, el sector público presenta aun un bajo nivel de endeudamiento (28,5% del PBI, tomando la deuda con el sector privado y organismos bilaterales y multilaterales) y no tenemos ningún programa vigente con el Fondo Monetario Internacional.

Se trata de una situación muy distinta a aquella en la que nos podríamos encontrar si el shock, en lugar de producirse en este momento, se produjera más adelante en el tiempo, con una economía más endeudada o directamente en cesación de pagos y con un Banco Central con las bóvedas vacías, condiciones que en el pasado dieron lugar a crisis traumáticas como la de la hiperinflación en 1989 o la salida de la convertibilidad en 2002.

En definitiva, en un contexto relativamente favorable, hoy el Gobierno se ve obligado a recalcular la estrategia económica, avanzando en forma más rápida con la reducción del todavía considerable déficit fiscal, tal vez no limitándose casi exclusivamente al recorte de los subsidios a los servicios públicos, tolerando un tipo de cambio real más elevado, que favorezca la competitividad de la economía y permita ir reduciendo el enorme desequilibrio externo, y posiblemente retomando la agenda de reformas estructurales, que abandonó abruptamente luego de los incidentes registrados a fines del año pasado durante el trámite legislativo de la reforma previsional. Esto debe ser un motivo de alivio, para nada de preocupación.

Un crecimiento vulnerable

En las últimas semanas se conocieron datos muy positivos sobre la marcha de la economía. El nivel de actividad arrancó el año con un vigoroso crecimiento del 4,1% interanual en enero y febrero también se perfila muy bien, a juzgar por los incrementos del 16,6% en la construcción y el 5,3% en la industria que reportó el Indec para ese mes en relación a febrero de 2017.

Sin embargo, sin dejar de festejar el hecho de que la economía está creciendo por segundo año consecutivo por primera vez desde el 2011, no se puede soslayar los datos preocupantes que surgen mes a mes del intercambio comercial de nuestro país con el resto del mundo. En febrero, el déficit comercial volvió a superar los 900 millones de dólares y suma 1.872 millones en el primer bimestre. Todo parece indicar que este año se va a superar el saldo negativo récord del año pasado, de 8.471 millones de dólares.

Hay que tener en cuenta, además, que si al saldo de bienes se le agrega el de servicios reales el resultado negativo ascendió a 15.300 millones de dólares en 2017.

Todo esto significa que el crecimiento económico que viene teniendo el país es altamente dependiente del financiamiento internacional. Sólo es posible gracias a que los importadores argentinos obtienen de los emisores de deuda locales, principalmente el gobierno nacional y los provinciales, una parte significativa de las divisas que necesitan para realizar sus operaciones. No podrían alcanzar el volumen actual de transacciones utilizando solo las divisas generadas por las exportaciones. Este hecho le da una gran vulnerabilidad al crecimiento, que se transformaría en una caída estrepitosa si la oferta de dólares financieros se cortara por algún motivo, porque los inversores comienzan a dudar de la capacidad de nuestro país para pagar su creciente deuda (la externa se incrementó en el 2017 cerca del 30% y superó los 230 mil millones de dólares) o porque se dispara una fuga de capitales de los mercados emergentes a partir de algún evento externo.

Y si bien no se espera en el corto plazo un escenario de esas características resulta indudable que la amenaza de que eso suceda es hoy más sustanciosa que meses atrás, con el aumento en las tasas de interés internacionales que se registró en las primeras semanas del año y el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, que viene generando turbulencias en los mercados globales.

El Gobierno debe analizar seriamente si, frente a este terreno más accidentado, no debe modificar su hoja de ruta, con la que se siente claramente cómodo de cara a las elecciones presidenciales del 2019 pero que plantea evidentes riesgos. Aplicar un plan más ambicioso de reducción del déficit fiscal, favorecer un dólar más competitivo y retomar la agenda de reformas económicas que dejó relegada son algunas de las opciones que tiene a mano. En la medida en que prefiera mantener esta senda, el crecimiento que tanto costó conseguir continuará pendiendo de un hilo.

Amainan los ánimos reformistas

El ánimo reformista con el cual el Gobierno comenzó la segunda mitad de su mandato se viene deshilachando con el paso de las semanas. Tras haber logrado la aprobación en el Congreso de versiones bastante anodinas de las reformas tributaria y previsional, todo parece indicar que a la reforma laboral le aguarda el mismo destino, reduciéndose apenas a un proyecto de blanqueo de los trabajadores informales.

Una clara señal de este cambio de ánimo fue el discurso del presidente Mauricio Macri en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, donde enfatizó que “lo peor ya pasó y ahora vienen los años en los que vamos a crecer”, cuando la verdad es que apenas se puede decir que el proceso de reordenamiento de la economía comenzó y hay enormes esfuerzos por delante si queremos llegar a buen puerto sin estrellarnos una vez más contra una nueva crisis.

La única “lucha” que el Gobierno parece dispuesto a dar en esta primera etapa del año es la de intentar imponer una pauta de aumentos salariales cercana al 15% y sin cláusula gatillo en un año en el que las expectativas sitúan a la inflación en el 20%, no en la meta revisada en diciembre del año pasado.

Esto se suma al esfuerzo fiscal al que la administración se comprometió para el 2018, que implica bajar el déficit primario del 3,9% del PBI del año pasado al 3,2% del PBI.

Parece poco frente a los enormes desequilibrios que aun persisten, como el propio déficit fiscal, que sumando los intereses de la deuda y los rojos provinciales llega al 7% del PBI, y el externo, con una balanza comercial que cerró el 2017 con un saldo negativo de 8.500 millones de dólares y que abrió el 2018 con uno de casi 1.000 millones de dólares. Todo esto, en un mundo que se va tornando menos favorable para un país con fuertes necesidades de financiamiento como el nuestro, con la suba en la tasa de interés del Bono del Tesoro norteamericano a 10 años, que se instaló en las últimas semanas cerca del 3%, y con la fuerte sequía que viene afectando al campo sumándose al cóctel.

¿Ha quedado traumado el Gobierno tras los disturbios que acompañaron el proceso de aprobación de la reforma previsional en diciembre del año pasado? ¿O sencillamente se reconoce sin la fuerza necesaria para lograr que reformas más ambiciosas atraviesen el trámite parlamentario, dada la constitución que hoy tiene el poder legislativo? ¿O ya tiene la cabeza demasiado puesta en las elecciones presidenciales del 2019, donde vislumbra una victoria segura y no quiere hacer nada que pueda amenazarla?

Son todos interrogantes que iremos desentrañando con el transcurrir de los próximos meses. De lo que no quedan dudas es que los ánimos reformistas han amainado y esto hace que se vayan formando importantes nubarrones en el horizonte económico de la Argentina.

Un año clave para avanzar con las reformas pendientes

Para este año se espera nuevamente un incremento de la actividad económica del 3%. El Gobierno ya enfatiza que, por primera vez desde el 2011, se van a encadenar dos años consecutivos de crecimiento y es cierto que éste no deja de ser un motivo de beneplácito. Pero, sin lugar a dudas, la tasa de crecimiento no es en modo alguno el tema económico más importante de este 2018. Lo más relevante va a ser cómo aprovechan las autoridades este año sin elecciones para lograr avances sólidos en la corrección de los importantes desequilibrios que presenta la economía y que, como quedó demostrado a finales del 2017 con la reforma previsional, plantean un importante desafío político para la administración.

Todos sabemos que hoy el Gobierno está jugando una carrera contra el tiempo. Debe dotar de viabilidad a la economía argentina antes de que se agote el financiamiento internacional, por la pérdida de confianza de los inversores extranjeros en el país o porque algún evento externo ahuyente los capitales de las economías emergentes. Y si los avances logrados este año son exiguos tendrá poco margen en el 2019 para hacer la plancha de cara a las elecciones presidenciales y alimentará las dudas que ya existen respecto a su capacidad y/o voluntad para corregir el rumbo.

Un test importante cuyo cumplimiento se da por descontado es el objetivo fiscal del 2018, del 3,2% del PBI, que no requerirá un esfuerzo menor de parte de las autoridades, habida cuenta que este año no se contará con los ingresos del blanqueo de capitales, que el año pasado representaron aproximadamente un 1% del PBI. Pero, ¿alcanza con esto? Es loable pero, a los ojos de la Historia, puede terminar resultando insuficiente.

A pesar de los amagues, el atraso cambiario claramente se mantendrá en este 2018. Con una meta de inflación que sigue siendo exigente y con correcciones tarifarias que continuarán a lo largo del año, se puede aspirar apenas a que el dólar le empate al aumento de los precios, extendiendo la agonía de un sector externo que en 2017 preocupó a propios y extraños.

Por eso, en estas últimas semanas el Gobierno está midiendo sus fuerzas para encarar tal vez la batalla más importante del 2018: la reforma laboral. Un avance claro en este ámbito puede devolverles a las empresas argentinas que compiten con el mundo al menos una parte del oxígeno que el atraso cambiario les está quitando. Los sindicalistas ya están mostrando los dientes, a juzgar por las declaraciones que hizo hace pocos días Luis Barrionuevo: “A los sindicatos los atacaron los militares, Alfonsín y De la Rúa y no terminaron su mandato”, advirtió.

Por lo tanto, no será la tasa de incremento de la actividad económica el indicador del éxito de la gestión en este año que acaba de comenzar. De poco puede servir a la larga ese crecimiento si al final del año no se ha logrado acotar en forma significativa la magnitud de los desequilibrios que hoy existen. La crisis que ellos son capaces de provocar puede barrer con ese crecimiento y mucho más.