Buscando un lugar en la Historia

A la luz de lo que sucedió en el 2016, en el que las expectativas de muchos respecto a los avances que se iban a lograr en materia económica se vieron en mayor o menor medida defraudadas, surge naturalmente la siguiente pregunta: ¿Puede un gobierno con ambiciones de continuidad corregir problemas tan graves como los que heredó la administración actual?

Cuesta encontrar en la historia económica argentina de las últimas décadas un gobierno que haya aplicado un programa de ajuste exitoso, entendiendo como tal a un programa que haya restablecido ciertos equilibrios macroeconómicos básicos, generando las condiciones para un crecimiento sostenible de la economía. Los que vienen inmediatamente a la cabeza son el Plan de Convertibilidad aplicado por Domingo Cavallo a partir de abril de 1991 y las gestiones de Jorge Remes Lenicov y Roberto Lavagna a partir de comienzos de 2002. Al primero de estos casos lo podemos tomar con ciertas reservas, dado que las rigideces monetarias que incorporó fueron el germen de la crisis siguiente, pero el período más largo en cerca de 70 años con una inflación de un dígito a que dio lugar es un logro que no se puede despreciar y podría haber sido aprovechado con excelentes resultados si se hubieran aplicado las políticas adecuadas luego de la salida del régimen.

Pero un hecho distintivo y característico de esos programas es que fueron aplicados luego de crisis traumáticas que habían generado en la sociedad una gran demanda de cambio y una predisposición a asumir ciertos sacrificios. Por ejemplo, el Plan de Convertibilidad se aplicó tras una caída del 12,7% del PBI y del 25% del salario real entre 1987 y 1990 y la devaluación y las medidas de estabilización del 2002 se tomaron tras una recesión que se había extendido durante 3 años y que había llevado el índice de desocupación a más del 17% en el 2001, sin olvidar también la crisis financiera que se había desarrollado a lo largo de ese año y que había llevado a la aplicación de restricciones al retiro de los depósitos bancarios a finales de ese año. Es decir, la evidencia histórica indicaría que, para aceptar la aplicación de medidas económicas que tienen un efecto negativo sobre el poder adquisitivo de sus salarios o que implican la pérdida de empleos o de beneficios para un sector de la población, los argentinos tienen que estar tocando fondo, tienen que verse sumidos en una crisis de magnitud, y las autoridades no deben poder encontrar otra salida posible.

Si la historia fuera a repetirse, algo que no necesariamente debe ser así, esto significaría que la administración actual continuará en líneas generales por el camino que trazó en este primer año de gestión. Apelará al endeudamiento hasta donde los mercados de capitales se lo permitan y sólo realizará correcciones fiscales y de precios relativos significativas si se ve obligada por las circunstancias.

Es imposible predecir el futuro pero lo que sí se puede afirmar es que si, como algunos esperan, el Gobierno avanza con el ajuste, que aplicó con cuentagotas en su primer año de gestión, luego de las elecciones del año que viene y tiene éxito en la aplicación del mismo, será el primero en décadas en lograrlo y se ganará un lugar de privilegio en la Historia.

Un año más y seguimos en el mismo lugar

Estamos a un puñado de días de completar el primer año de la administración de Mauricio Macri y, a pesar del ímpetu inicial y las expectativas que generó, queda la sensación de que nos hemos movido muy poco, si es que nos movimos algo, hacia la construcción de un esquema que brinde un marco favorable para el crecimiento económico sostenido.

La gestión económica apenas se puede jactar en estos casi 12 meses del arreglo con los acreedores internacionales para salir del default y el levantamiento de las restricciones cambiarias, dos hechos indiscutiblemente positivos pero que no representan en sí mismos soluciones de fondo a los importantes problemas que existen. También puede mostrar una actitud más decidida contra la inflación que el gobierno anterior pero con un enfoque que genera dudas y no garantiza resultados perdurables.

Dejando de lado esas cuestiones, poco ha cambiado en la economía. El déficit fiscal cerrará este año en el elevadísimo nivel en el que se lo recibió, en torno al 7% del PBI, una luz roja que titila con intensidad de cara al futuro de la economía argentina. El Gobierno no aprovechó este año sin elecciones para lograr algún avance importante en ese terreno, indudablemente condicionado por los estragos que la fuerte devaluación de diciembre causó en los ingresos de la población y la actividad económica.

Pero lo más grave es que dejó que los avances que sí se habían logrado con la apertura del cepo cambiario y la devaluación en materia de precios relativos, restituyendo cierta competitividad al sector de bienes transables de la economía, se fueran diluyendo a lo largo del año. Las altas tasas de interés ofrecidas por el Banco Central y el endeudamiento de la Nación, las provincias y las empresas en los mercados internacionales alimentaron una oferta de dólares que mantuvo contenida la cotización de la divisa frente a una inflación que, si bien se desaceleró en los últimos meses, va a cerrar el año en torno al 40%.

Como resultado de esta inmovilidad, la economía argentina sigue descapitalizándose, con la única diferencia de que, en lugar de perder reservas internacionales, como durante los últimos años de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, hoy acumulamos deuda.

Estos resultados no son la exclusiva responsabilidad del gobierno actual. Se lo puede cuestionar a éste por su falta de liderazgo y por su incapacidad para construir un modelo económico superador y vendérselo a la sociedad. Pero los diversos dirigentes sociales tampoco muestran conciencia de los problemas ni predisposición para colaborar en su solución. Sólo parecen preocupados por preservar hasta el último centavo de los ingresos que tenía su sector al inicio del mandato, como si no existiera una evidencia suficiente de que, tal como están dadas las cosas, en ese nivel no son sostenibles en el tiempo.

Genera absoluta perplejidad ver cómo una sociedad que ya ha atravesado numerosas crisis traumáticas en las últimas décadas se entrega mansamente a una corriente que la arrastra nuevamente hacia el vacío. Así como las reservas en algún momento se iban a acabar, el financiamiento no estará disponible por siempre y si no utilizamos el margen que hoy existe para hacer las correcciones en forma voluntaria y ordenada, éstas se van a efectuar en forma involuntaria y caótica el día que el financiamiento se agote.

Una cruzada solitaria y riesgosa

El anuncio de metas de inflación del 12% al 17% para el año que viene realizado por el Banco Central (BCRA) semanas atrás termina de confirmar algo que se venía vislumbrando desde el inicio de la actual administración: la autoridad monetaria lleva adelante una cruzada solitaria, obsesiva y riesgosa contra el problema inflacionario.

Coincido plenamente con la importancia que se le asigna a esta cuestión. Definitivamente, la economía no va despegar realmente hasta que se logre una estabilización de los precios. Es cierto, como dijo el titular del BCRA Federico Sturzenegger, que “una inflación del 1% mensual no le sirve a la Argentina”. Una inflación de más de un dígito anual genera incertidumbre sobre lo que va a suceder en los próximos años con todos los precios relativos, dificultando la evaluación de cualquier proyecto de inversión y obligando a desestimar todos aquellos proyectos que, con los precios relativos actuales, no ofrezcan una rentabilidad lo suficientemente alta como para tolerar una modificación en el escenario. Por lo tanto, la inversión, y, en consecuencia, el crecimiento de la economía, se ve restringida, con todo lo que ello implica para el bienestar de los habitantes y para enfrentar flagelos tan acuciantes como la pobreza en la que se encuentra sumido un tercio de la población.

Sin embargo, esto no justifica emprender una lucha a cualquier costo para resolver el problema. Por ejemplo: ¿de qué serviría batir a la inflación si esto se logra atrasando el tipo de cambio, afectando de este modo la competitividad de la economía y sembrando la semilla de una crisis de balanza de pagos en el futuro, como sucedió en la década del ´90?

Ese es uno de los riesgos que se presenta si se insiste con el objetivo que se ha planteado. Es que parece difícil imaginar que el año que viene los sindicatos, que ya hoy vienen reclamando una reapertura de las negociaciones salariales para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos meses, acepten aumentos inferiores al 25%. Esto significa que, para lograr una inflación que se ubique dentro del rango objetivo, se va a tener que aplicar una política monetaria fuertemente restrictiva que va a continuar atrasando peligrosamente el tipo de cambio y que puede, además, comprometer el crecimiento que se prevé y se necesita como el agua para llegar con buenas posibilidades a las elecciones de medio término.

Por importante que sea, la lucha contra la inflación no es una tarea de una sola persona, una sola institución o un solo instrumento de política económica. Huelga decir que en un país como el nuestro se trata de una misión muy difícil para la cual nadie tiene la fórmula infalible. Pero, indudablemente, una solución exitosa y perdurable del problema exigirá un esfuerzo fiscal más decidido por parte del Gobierno, una mayor predisposición al diálogo y a la posibilidad de forjar acuerdos, tanto de los autoridades políticas como del resto de los dirigentes, sindicales, empresarios y de la oposición, y más paciencia y vocación para comunicarle a la sociedad la importancia de llegar a buen puerto en este ámbito por parte de los responsables de la política económica. 

El debate ausente

En los primeros 7 meses del año el déficit fiscal primario se redujo en términos reales en apenas un 1,8% en relación al mismo período del 2015. Teniendo en cuenta el punto de partida, con un déficit financiero en torno al 7% del PBI, y el hecho de que, a medida que nos vayamos acercando a las elecciones legislativas del año que viene, las presiones por un mayor gasto se van a ir incrementando, el panorama no parece el más halagüeño.

Pero, quizás, lo más preocupante no son estos fríos números, que, dado el aparentemente abundante financiamiento disponible y los resultados más o menos abultados que puede brindar el blanqueo de capitales, no plantean una particular urgencia, sino la sensación de que existe una cierta inconciencia social en relación al uso de los recursos públicos y, lo que es más importante, no hay ningún intento por parte de la autoridades de plantear un debate amplio y sostenido sobre esta cuestión.

Esta inconciencia social se ha manifestado en forma evidente ante los esfuerzos del Gobierno por readecuar el marco tarifario de los servicios públicos, más allá de la torpeza y la incapacidad para diseñar los aumentos de manera satisfactoria que mostraron los funcionarios responsables. Fuera de los ámbitos especializados es difícil encontrar personas que comprendan cabalmente la necesidad y la justicia de reducir la enorme carga de subsidios que pesa sobre el erario público. A muchos ciudadanos, por no decir la gran mayoría, les cuesta entender que el costo que no se asume hoy en forma voluntaria y ordenada se enfrentará mañana en forma involuntaria y caótica, y, por ende, con un grado mucho mayor de injusticia.

Es fundamental que las autoridades le expliquen claramente a la sociedad cuál es el estado de las cuentas públicas y porqué es importante ordenarlas. Y que, a partir de esto, plantee un serio debate que incluya a todas las fuerzas políticas y sociales para encontrar la manera más justa, más conveniente y que responda mejor a las demandas de la población.

Las consecuencias de la insolvencia fiscal no constituyen un conocimiento cuya comprensión esté fuera del alcance de aquellos que no son economistas o no tuvieron una formación universitaria. Se trata meramente de mostrar cómo, a lo largo de la historia argentina, los desequilibrios importantes en las cuentas públicas se encontraron íntimamente asociados a crisis económicas que provocaron grandes padecimientos a vastos sectores de la sociedad que podrían haber sido evitados. Esto se observa claramente, por ejemplo, si tomamos 3 eventos muy recordados de los últimos 50 años como el Rodrigazo, la hiperinflación y la salida de la convertibilidad. En todos estos casos, en los años anteriores al inicio o al peor momento de la crisis se registraron déficits financieros del sector público argentino (incluyendo provincias y municipios) en torno al 7% del PBI (6,53% en 1974, 7,04% en 1987 y 7,03% en 2001).

Dada la magnitud del desequilibrio fiscal actual, de no ser por el margen de financiamiento con el que cuenta, por su deuda pública relativamente baja en relación al PBI, y el contexto internacional extremadamente favorable que existe, hoy nuestro país estaría atravesando o se encontraría al borde de una crisis comparable a aquellas. Debe aprovecharse esta segunda oportunidad que nos brinda el acceso al financiamiento internacional logrado por este gobierno para intentar evitar los errores y sufrimientos del pasado.

Esperando al 2018

Muchos de aquellos que, con la llegada de la nueva administración, esperaban un avance firme y convencido hacia el reordenamiento de la economía deben estar archivando sus ilusiones para el futuro, a juzgar por los eventos que día tras día se van conociendo.

Por si quedaba alguna duda de que el Gobierno había decidido postergar para más adelante la solución del enorme déficit fiscal que heredó y que se yergue como una espada de Damocles sobre el futuro de la economía, en los últimos días abundan las noticias para convencerse de que esto es un hecho. Es el caso, por ejemplo, del resultado de la recaudación impositiva de julio, con un aumento interanual del 23,4% contra una inflación superior al 40%, producto, principalmente, de la eliminación de las retenciones a las exportaciones y la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias; la devolución de los 29 mil millones de pesos a las obras sociales; o las importantes trabas que viene enfrentando el aumento de las tarifas de los servicios públicos.

Mientras tanto, mes tras mes se van diluyendo las ganancias que la salida del cepo cambiario y la devaluación le había generado al sector de bienes transables de la economía, con un dólar que en lo que va del año aumentó alrededor de un 14%, contra una inflación, en el mismo período, superior al 30%. Según el último relevamiento de expectativas del mercado publicado por el Banco Central, se espera para fin de año un dólar de 16,2 pesos. Difícil imaginar, dado el contexto actual, una cifra superior a esa y bien podría ubicarse por debajo, de acuerdo a lo que suceda con el blanqueo de capitales y las decisiones que tome la autoridad monetaria en relación a la tasa de interés, en el marco de su lucha solitaria contra la inflación. Pero, aun suponiendo que la divisa alcance ese valor, estaríamos hablando de un tipo de cambio real comparable con el de finales de 2011, el año en el que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner instauró las restricciones para la compra de dólares para hacer frente a la pérdida de reservas internacionales que estaba sufriendo. Resulta fundamental aumentar la competitividad de la producción argentina, de modo de incrementar las exportaciones y generar las divisas necesarias para adquirir los bienes y servicios que requiere nuestra economía y hacer frente a nuestros compromisos internacionales sin depender del financiamiento externo. Retroceder de esta manera en un área en la que se habían logrado avances importantes y se habían asumido costos mayores resulta desalentador.

El Gobierno puede esgrimir en su favor un clima más favorable para los negocios y una retórica más amigable respecto a la iniciativa privada que la de su antecesor pero no parece que esto sea suficiente para poner en marcha un proceso de inversión vigoroso en los sectores estratégicos de la economía. Y, en la medida en que eso no suceda, las autoridades económicas se pueden ver obligadas por las exigencias electorales a ocupar el vacío con mayor gasto público, amenazando con agravar los problemas estructurales existentes a fin de satisfacer las necesidades políticas inmediatas.

Todo indicaría entonces que aquellos optimistas y bienpensados que creen que, por primera vez en nuestra historia, el sistema político argentino va a brindar una solución a los problemas de la economía sin verse obligado a hacerlo por la explosión de una nueva crisis deberán esperar hasta después de las elecciones legislativas del año que viene para renovar su esperanza.

Controlar la ansiedad

Se inició finalmente el segundo semestre en el que, en parte, por un error de comunicación del Gobierno y, en parte, por la ansiedad innata de los argentinos, se esperan cambios inmediatos en el acontecer económico, como si fuera posible solucionar los enormes problemas heredados de la gestión anterior en apenas 6 meses.

Y lo cierto es que las autoridades económicas enfrentan un dilema nada sencillo de resolver. Cuentan con las herramientas para generar una recuperación rápida de la economía, a fin de llevar algo de calma a los numerosos sectores de la sociedad que vienen manifestando su disgusto y fortalecer, así, la viabilidad política de la administración, pero si se entusiasman excesivamente con esta solución fácil pueden terminar comprometiendo la posibilidad de sentar las bases para un crecimiento sólido y sustentable, que tardaría más en llegar pero que es el único camino posible hacia el desarrollo.

Por ejemplo, el Gobierno hoy cuenta con acceso al financiamiento, algo que se ve potenciado por los fondos que pueden ingresar a través del blanqueo de capitales, como para incrementar fuertemente el gasto público y reactivar la economía por esa vía. Pero, de este modo, mantendría o agravaría el elevado desequilibrio fiscal que heredó de la administración kirchnerista, abriendo claros interrogantes de cara al futuro que no pueden más que afectar las decisiones de inversión privada tan fundamentales para poner en marcha un proceso de crecimiento sostenido.

En la misma línea, si, para bajar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de los salarios, las autoridades económicas favorecen una política que lleve a una apreciación excesiva del tipo de cambio real, es decir, a un dólar que vaya subiendo muy por debajo de la inflación, también van a comprometer las posibilidades de crecimiento a futuro. Muchas de aquellas empresas que luego de la devaluación de diciembre habían vuelto a encontrar números atractivos en sus proyectos de inversión hoy están viendo reducirse esos márgenes y aquellas que todavía cuentan con un plafón como para entusiasmarse tienen motivos para dudar de que en el futuro las cosas vayan a seguir siendo así.

En definitiva, los principales líderes de este proceso deben decidir si prefieren arriesgar las posibilidades de supervivencia política en función de avanzar en el fortalecimiento de la economía argentina, asegurándose un lugar de privilegio a los ojos de las futuras generaciones, o si, por el contrario, van a priorizar, como lo han hecho tantos antes de ellos, la supervivencia política, con el riesgo de dejar la economía, al final del mandato, en peores condiciones que aquellas en las que la recibieron.

Indudablemente, para que éste no termine siendo el triste destino, la sociedad deberá jugar su parte. Aquellos que tienen influencia sobre la opinión pública no deben dejarse llevar por el oportunismo o por una genuina ansiedad a exigirles a las autoridades objetivos imposibles. Corregir los importantes desequilibrios económicos que dejó el gobierno anterior es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo y si esto no se entiende cabalmente nos veremos obligados a atravesar dificultades más graves que las actuales en un futuro no muy lejano.

Un éxito que podría ser un fracaso

En los últimos días comenzó a debatirse en el Congreso el blanqueo de capitales, este nuevo intento por reincorporar a la economía los miles de millones de dólares no declarados que los argentinos tienen en el exterior o en cajas de seguridad.

La decisión de avanzar con este nuevo blanqueo puede ser interpretada como un intento del Gobierno por aprovechar la oportunidad que brinda un contexto internacional más hostil para aquellos que buscan ocultar su dinero de las autoridades impositivas, con la cada vez mayor frecuencia de eventos tales como los Panama Papers o los Swiss Leaks, que dejaron al descubierto información financiera sensible de miles de presuntos evasores, y la mayor predisposición de los gobiernos a cooperar en la lucha contra los defraudadores del fisco.

Pero también puede ser vista como una necesidad política, no sólo para recuperar la iniciativa luego de haber sufrido un traspié con la sanción de la ley antidespidos, como algunos observadores señalaron, sino también como una herramienta para llegar con la economía en mejores condiciones a las elecciones del año que viene. Posiblemente, empieza a resultar cada vez más evidente para los estrategas del Gobierno que la inversión privada no muestra el entusiasmo con el que se soñaba inicialmente y que la inflación viene con demasiado impulso como para detenerse a tiempo para la campaña. Y las cuentas fiscales no dejan demasiado espacio para el electoralismo si no se quiere llevar al límite de sus posibilidades el margen de endeudamiento que hoy existe.

Es en este contexto que el blanqueo se presenta como una interesante posibilidad: por un lado, podría permitir incrementar el gasto público sin tener que apelar a una mayor emisión de deuda. En segundo lugar, aumentaría el ingreso de divisas a nuestra economía, lo que mejoraría las chances de mantener el dólar contenido una vez que se termine la liquidación de la cosecha de soja y más allá de lo que suceda con los flujos financieros. Este punto es esencial porque, a la luz de la evolución que vienen teniendo los precios y la situación sindical, un cierto grado de apreciación real del peso será indispensable para llegar con una inflación razonable a las elecciones, además del impulso adicional que puede brindar generando una recuperación en el poder de compra de los salarios.

Sin embargo, un eventual éxito del blanqueo podría ser la antesala de un nuevo fracaso. Porque podría ser para la economía lo que es un analgésico para un enfermo. Puede generar una situación de bienestar temporal pero cuando se termine la dosis recetada por el médico si no atacamos las causas de la afección el dolor volverá y lo hará con creces. Esto podría suceder con la economía. Una vez que se agoten los fondos provenientes del blanqueo, si el Gobierno no siguió avanzando con las medidas necesarias para poner en orden la economía, puede encontrarse con desequilibrios similares a los de diciembre del 2015 pero con menos confianza y capital político para afrontarlos.

El fin de la temporada de malas noticias económicas

En los últimos días se percibe un claro cambio de tónica en los anuncios económicos del Gobierno. Las malas noticias se van espaciando y comienzan a predominar los lanzamientos de obras, beneficios impositivos y crediticios y excepciones a los aumentos tarifarios anunciados semanas atrás.

La estrategia fue clara desde un principio: concentrar las medidas impopulares en los primeros meses de gestión, ligándolas lo más posible a la herencia recibida, y dejar el terreno despejado para poner la economía en marcha y llegar a las elecciones del año que viene con un ritmo aceptable de crecimiento y con los malos recuerdos lo más lejos posible en el tiempo.

Sin embargo, existen un conjunto de cuestiones que el Gobierno deberá tener muy presente para que, primero, esta estrategia le permita obtener un resultado electoral exitoso el año que viene y, en segundo término, para que, aun ganando, no se encuentre con una segunda parte del mandato que sea más cuesta arriba que esta primera.

Por un lado, en las últimas semanas existen diversos reportes acerca de las dificultades de gestión que viene teniendo la administración. La falta de experiencia, la desconfianza en el aparato burocrático y el deseo de revisar todo lo que se ha heredado están afectando fuertemente el funcionamiento del estado. Esto presenta el riesgo de que, aun cuando tenga el deseo y los recursos para recomponer en los próximos meses la situación de los sectores más golpeados por las medidas económicas de esta primera etapa, carezca de la capacidad para llegar en tiempo y forma hacia ellos.

Por otro lado, para que la economía se reponga y llegue a la campaña electoral con un ritmo de crecimiento aceptable, se necesitará el aporte de la inversión privada, algo que el propio Gobierno ha manifestado en numerosas oportunidades. Sin embargo, sus dificultades para formular un rumbo claro conspiran contra ella. Un interrogante particularmente serio tiene que ver con el tipo de cambio real. La devaluación y la eliminación de las retenciones habían planteado un panorama alentador para los exportadores argentinos al inicio de la gestión pero hoy muchos de ellos deben estar empezando a dudar acerca de sus posibilidades para los próximos meses, frente a un dólar que viene perdiendo por paliza frente a la inflación y la perspectiva cada vez más probable de que se lo utilice como ancla antinflacionaria para llegar con los precios contenidos a las elecciones del año que viene.

Vinculado con esto, se abre el último de los interrogantes. Existe un riesgo claro de que el esfuerzo electoral haga que el Gobierno pierda terreno en los importantes avances que se lograron hacia el indispensable reordenamiento de la economía. O porque utilice el dólar como ancla inflacionaria y para mejorar el poder adquisitivo de los salarios. O porque se exceda en el aumento del gasto público. Podría suceder entonces que llegara a diciembre del 2017 con una situación no muy distinta a la del comienzo de su mandato, nada más que con la confianza debilitada y un margen menor de endeudamiento.

El panorama no es sencillo. Esperemos que las autoridades puedan corregir a tiempo las deficiencias y obtengan la confianza y el apoyo del sector empresario necesarios para que la economía se ponga lo antes posible en marcha. Pero, por sobre todas las cosas, que no sacrifique los avances que ha logrado en pos de un resultado electoral. Sería un gran cambio para la política argentina y un importante salto hacia el futuro.

Una oportunidad que se va desvaneciendo

Van pasando los meses del nuevo mandato presidencial y se puede observar, con cierta decepción, que se está desaprovechando una importante oportunidad que abría el cambio de régimen: convocar a las distintas fuerzas sociales a debatir un proyecto de país de largo plazo.

Si hay un factor que definitivamente contribuyó en estos últimos 70 años al atraso relativo de Argentina en el concierto de las naciones ha sido la falta de un consenso elemental sobre ciertos lineamientos en materia económica y social. Como ya se ha dicho tantas veces, a lo largo de las distintas administraciones el país ha venido oscilando entre esquemas contrapuestos, lo que ha provocado enormes perjuicios a las posibilidades de desarrollo de la nación.

Esto resulta de particular importancia en un área al que el Gobierno le viene dando un gran protagonismo en sus manifestaciones, que es la de la inversión privada. Las autoridades consideran que tomar un conjunto de medidas que restablezcan la rentabilidad empresaria y generar un clima favorable es suficiente para que ella se dispare. Pero qué proyecto productivo se puede llevar adelante en un país en el que no se sabe lo que va a suceder después de las próximas elecciones. Ciertamente, con los antecedentes de la Argentina, qué garantía existe de que el programa económico actual se mantenga luego de los comicios del 2017 o del 2019. Por lo tanto, es imposible evaluar con una mínima precisión cualquier proyecto de inversión y, por lo tanto, sólo se llevan adelante aquellos que presentan una alta rentabilidad esperada que pueda soportar los posibles cambios de rumbo o, por lo menos, por la que valga la pena arriesgarse a que eso suceda.

Indudablemente, un poderoso recurso para impulsar la inversión productiva sería un acuerdo político y social de envergadura que siente ciertas bases respecto de hacia dónde quiere ir el país. Qué sectores productivos se quiere priorizar y cómo. Qué grado de apertura hacia el mundo se pretende. Cuál es el tamaño que debe tener el sector público y cómo debe ser la estructura impositiva que lo financie. Cómo debe funcionar el mercado laboral.

Lamentablemente, la postura de amplios sectores de la oposición sobre una cuestión tan básica para el funcionamiento de la economía como la posibilidad de las empresas de despedir personal en caso de considerarlo necesario, en una situación que difícilmente puede ser calificada de emergencia o crítica, no brinda grandes esperanzas de que se pueda avanzar seriamente en torno a un acuerdo de esas características. Este hecho pone en evidencia una vez más el alto grado de oportunismo que prima en numerosos actores de la política argentina, que están dispuestos a modificar las reglas de juego más básicas a fin de anotarse un puntito frente a los votantes. Y, en este contexto, será sumamente difícil poner en marcha un proceso de crecimiento sostenible. Seguiremos como un barco a la deriva, anhelando la llegada de un viento favorable que nos impulse y atemorizándonos cada vez que una tormenta nos pone nuevamente al borde del naufragio.

¿Abusando de la suerte?

Los aumentos generalizados de tarifas anunciados a comienzos de abril pueden ser recibidos con beneplácito por aquellos que impulsan un enfoque de shock para resolver los numerosos e importantes problemas que presenta la economía pero son un motivo de preocupación para quienes creemos que se debe avanzar con cautela en un país en el que cualquier paso en falso puede determinar rápidamente el fracaso de una administración.

Resulta difícil discutir la necesidad y la justicia de estos aumentos tarifarios. El enorme déficit fiscal, que es una espada de Damocles que pende sobre el futuro de la economía, y el carácter regresivo en términos distributivos de los subsidios vigentes tornan imperativa una medida de este tipo. Las dudas surgen al analizar el momento elegido.

En plena temporada de negociaciones salariales, inevitablemente, estos incrementos tarifarios van a ser contemplados seriamente a la hora de los reclamos por parte de los líderes sindicales y pueden determinar aumentos mayores que los que se hubieran concretado de otro modo. Nadie puede asegurar que si los anuncios se hubieran efectuado luego de las paritarias no habría una reapertura de las mismas pero da la impresión de que, planteada de esta manera, la jugada es más riesgosa.

Los mayores aumentos salariales que esto puede provocar sumarán presiones inflacionarias, con lo que esto puede significar en términos de expectativas y de confianza en un gobierno que insiste en una proyección de incremento de los precios para este 2016 cada vez más difícil de cumplir del 25%. Y pueden obligar a las autoridades a extender en el tiempo e, incluso, incrementar la rigurosidad de una política de tasas de interés que golpea fuertemente a la actividad económica y desalienta toda posibilidad de recuperación.

Uno imagina que, con la pérdida de ingresos provocada por la eliminación de las retenciones y la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, más la perspectiva de una merma mayor, con las modificaciones adicionales que se pretende introducir a ese tributo en el Congreso y los proyectos para reducir el IVA a los productos de la canasta de consumo, el panorama para cumplir con el objetivo de déficit fiscal para el 2016 presentado por el ministro de Hacienda y Finanzas en enero lucía sombrío y que se intentó mejorar esta situación. Pero con otro error no se corrige un error previo y ésta es la sensación que deja la decisión de aumentar las tarifas del modo en que se lo hizo.

Indudablemente, el Gobierno quedó arrinconado en su propia retórica. Tanto viene insistiendo en que en el segundo semestre va a haber un cambio de tendencia en la inflación que, cuando vio que los números no le cerraban de ningún modo, se sintió en la obligación de adelantar todas las decisiones tarifarias, que habrían tenido un efecto negativo sobre esa posibilidad.

No se puede asegurar que la jugada le va a salir mal pero, después de haber tenido éxito con la salida del cepo cambiario y la fuerte devaluación consecuente, la eliminación de las retenciones y el fuerte aumento de las tarifas de electricidad y de haber logrado una importante victoria política con la aprobación del acuerdo con los holdouts, uno se pregunta si no hay un exceso de confianza en la administración que la está llevando a perder el sentido de la realidad y abusar excesivamente de su suerte.

Una pieza más en un complejo rompecabezas (4/3/16)

Ciertamente, el acuerdo que el Gobierno alcanzó con los fondos buitre y que pone la solución de este prolongado conflicto al alcance de la mano nunca puede ser un motivo de festejo. Terminar cediendo, tras más de 14 años, a las exigencias de un puñado de especuladores que se aprovecharon de la desesperación de los bonistas tras la cesación de pagos del país no es el mejor final para esta historia. Pero hay que aceptar que este resultado no es el producto de una decisión apresurada e irreflexiva de las autoridades actuales sino de un largo proceso plagado de errores que se pueden remontar a las propias condiciones de emisión de los bonos que en pocos días se terminarán de cancelar.

Pero si bien el acuerdo no es un motivo para el festejo es bienvenido que la administración haya podido insertar esta pieza esencial en el complejo rompecabezas económico que le dejó la gestión anterior y que viene intentando resolver.

Para ello, el Gobierno ha planteado una estrategia que, respondiendo indudablemente a la lectura política que hace de la situación, pone el énfasis en uno de los grandes problemas de la economía que es restablecer la rentabilidad esperada de los sectores más dinámicos. Ha avanzado en esta dirección a través de la devaluación y la eliminación de las retenciones, de la solución del conflicto con los holdouts, que debería provocar una caída en el costo de financiamiento en dólares del sector privado, y de un clima de negocios más favorable y previsible. Ha dejado para más adelante la solución de otro de los grandes problemas que presenta la economía, por su gran efecto desestabilizador, que es el enorme déficit fiscal. Busca contener este efecto desestabilizador a través del acuerdo con los fondos buitre y el acceso al financiamiento internacional que éste puede brindar. Con esta estrategia pretende limitar el inevitable costo político de modo tal de hacerlo más manejable.

Será esencial ver el curso de las negociaciones salariales y el accionar posterior de las autoridades para ver cuál es el grado de convicción y la predisposición para tolerar la reacción de los sectores perjudicados por el esquema elegido. Un termómetro, en este sentido, será lo que suceda con el salario real. Si logran completar el 2016 con una retracción del 5% o más en el mismo, mostrarán lealtad a su libreto y habrá motivos para mantener la expectativa.

Abundan las personas, fuera y dentro del Gobierno, que están ansiosas y hasta decepcionadas por el ritmo que vienen teniendo las reformas pero lo cierto es que nadie puede saber de antemano cuál es la estrategia que mejor cumple con las restricciones políticas y económicas que existen. Aquella estrategia que puede parecer más apropiada en lo económico puede violentar las limitaciones políticas y viceversa. La nueva administración está jugando sus cartas, con la legitimidad que el voto popular le otorga, y si, al menos, logra generar las condiciones para evitar la crisis que acecha al final del camino ya se puede considerar exitosa.

Un delicado equilibrio

En estas primeras semanas del nuevo gobierno parece haber primado la sensatez y, lejos de las soluciones de shock que algunos proponían, se va en busca de un huidizo equilibrio: se trata de ir lo más lejos posible con las medidas que la economía requiere para salir de su prolongado letargo distribuyendo los costos de una manera tolerable para los distintos sectores, de modo de asegurar la paz social y garantizar un rumbo económico sostenible.

Aquellos que esperaban que en estas primeras semanas se avanzara con mayor decisión sobre problemas acuciantes y de gran trascendencia como el elevado déficit fiscal o que consideran que el nuevo valor del dólar oficial no es lo suficientemente alto como para incentivar a ciertos actores productivos a poner nuevamente manos a la obra o continúa siendo inconsistente con la enorme masa de pesos que emitió en los últimos años el Banco Central para cubrir las necesidades del Tesoro pueden estar ansiosos. Pero es indudable que si el Gobierno hace mal sus cálculos e intenta extraer de los sectores equivocados más de lo que éstos están dispuestos a ceder, el escenario se puede complicar fácilmente y las buenas expectativas que muchos tienen se pueden esfumar rápidamente.

El caso paradigmático es el que plantea el frente sindical. Con la eliminación de las retenciones y la devaluación y las subas de las tarifas de los servicios públicos que se prevén, las autoridades económicas le están aplicando una quita al poder adquisitivo de los salarios. Con el diálogo y los compromisos apropiados, es de imaginar que los líderes sindicales pueden estar dispuestos a aceptar una merma en el mismo pero esto tiene un límite y, si no se identifica correctamente, la situación puede desembocar en una alta conflictividad laboral o en un nivel de aumentos salariales que le ponga un piso muy elevado a la inflación o que empuje al Gobierno a embarcarse en una política monetaria excesivamente contractiva para someterla.

En cualquier caso, estamos hablando de todos escenarios poco compatibles con una recuperación sólida de la economía, que dependerá esencialmente de que se pueda trazar un programa consistente, que brinde un horizonte de rentabilidad para los diversos sectores que en los últimos años se han visto paralizados por un modelo que priorizó las necesidades políticas por sobre la viabilidad económica.

Desde ya, ninguno de estos escenarios resultaría alentador tampoco para las posibilidades electorales del partido gobernante en las elecciones legislativas del 2017.

En definitiva, se trata de acertar en un delicado equilibrio, sabiendo que, a diferencia de otros momentos complicados de la historia económica argentina, se cuenta con un margen de financiamiento disponible que permite ir dosificando los costos a lo largo del tiempo.