¿El mismo contenido en un envoltorio distinto?

Las medidas que semana a semana viene tomando el nuevo equipo económico confirman la impresión inicial. Los cambios en el modelo sólo se limitan a una mayor predisposición para resolver los numerosos conflictos del estado argentino con las empresas internacionales que han litigado contra el país en el CIADI, con el Club de París y con los fondos buitre, la remoción de sus elementos más recalcitrantes para la opinión pública y el establishment, como Guillermo Moreno y, en menor medida, Mercedes Marcó del Pont, y una aceleración del aumento del dólar oficial para detener la pérdida de reservas del Banco Central. Las cuestiones realmente esenciales de la economía, como la baja de la inflación, el establecimiento de un tipo de cambio real que permita normalizar el mercado cambiario y restaurar el crecimiento del sector exportador y la reducción del gasto público necesaria para avanzar en esos dos aspectos clave, han sido hasta el momento soslayadas y los anuncios que se van conociendo no hacen más que reducir la probabilidad de que el Gobierno nos sorprenda con novedades en estas áreas.

Ejemplos de esto son los nuevos recargos de la AFIP al turismo y a las compras con tarjeta en el exterior y las restricciones que se impusieron para la primera parte del 2014 a las importaciones de automóviles y equipos electrónicos y de oficina. Si el Gobierno estuviera buscando el momento oportuno, tal vez en medio de las vacaciones de verano, para corregir el valor del dólar oficial y ubicarlo en el nivel “óptimo”, que se encuentra por encima de 8 pesos y por debajo de 9,50 pesos, no hubieran sido necesarias esas medidas. El nuevo valor del dólar oficial sería suficiente para desalentar el turismo argentino en el exterior y las compras de bienes importados, con la ventaja adicional de que sería un estímulo muy importante para la producción local de bienes y servicios para los mercados externos y para el turismo extranjero en nuestro país.

Si queremos encontrar motivos para el optimismo a pesar de estas señales contrarias a esa postura, podemos pensar que el Gobierno ha optado por el camino del gradualismo, a partir de la conveniencia política pero también del deseo de no provocar ninguna conmoción en la población a través de medidas que tengan un fuerte impacto en su situación. Pero, lamentablemente, la historia argentina de los últimos 70 años no es muy alentadora en este sentido. Por ejemplo, en este período nunca se pudo ir desde una situación de atraso cambiario hacia un tipo de cambio real competitivo en forma gradual, siempre se lo ha hecho en forma brusca. En lo que respecta a la inflación, la historia tampoco nos brinda un gran estímulo. En los últimos 70 años, sólo 4 veces se logró reducir la inflación a un dígito, tras haber subido por encima del 20%. En tres de ellas (1953, 1993 y 2003), el esfuerzo antiinflacionario fue producto de un “trauma”: la inflación más alta en más de un siglo en 1951, del 50%, la hiperinflación de 1989 y el colapso de la convertibilidad en 2002. La única excepción: 1968.

Esperemos que el nuevo equipo económico logre su cometido, si realmente lo es, de revertir el atraso cambiario en forma gradual y que no sea necesario volver a atravesar una situación traumática para resolver el problema de la inflación. Pero en la medida en que no veamos medidas más contundentes y resultados, habrá cada vez menos dudas de que el rumbo económico actual es el mismo contenido en un envoltorio distinto.

Un comienzo sin sorpresas

Pasados los primeros 15 días de gestión del nuevo equipo económico no hubo ninguna sorpresa. Sólo se profundizaron las líneas de acción que se han venido planteando a lo largo del año en distintos frentes. En el área de la energía, el principio de acuerdo con Repsol por la expropiación del control accionario de YPF marca una continuidad con los intentos de activar la explotación de los vastos recursos que el país posee. Las negociaciones con la petrolera española también se inscriben dentro de la estrategia, explicitada luego de la derrota en las primarias abiertas, de comenzar a resolver los numerosos conflictos con empresas extranjeras en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, con el objeto de destrabar créditos de organismos multilaterales y preparar el terreno para un retorno a los mercados de capitales internacionales. A su vez, en el ámbito cambiario, la nueva gestión económica aceleró la tasa de incremento del dólar oficial, que anualizada ascendió en estos últimos 15 días al 65%. Nuevamente, no se trata de un enfoque distinto, teniendo en cuenta que a lo largo del año el Gobierno ha ido modificando la tasa de devaluación en forma brusca y que, por ejemplo, en la segunda mitad de agosto la misma alcanzó el 46% anual. Es decir, ya se había reconocido meses atrás que no se podía permitir que la inflación continuara ubicándose por encima de la variación del dólar oficial como en los últimos años, por el daño que esto provoca a las economías regionales y al crecimiento de las exportaciones y por el incentivo que brinda a la demanda de bienes extranjeros y al turismo argentino en el exterior, y que había que comenzar a revertir este proceso.

En definitiva, la estrategia parece ser clara: a los fines de detener la fuerte caída de reservas que viene registrando el Banco Central a lo largo del año y que son el único recurso con el que cuenta el Gobierno para mantener el control de la situación económica e imponer su propia agenda, pretende atraer inversiones extranjeras en el sector energético, conseguir, en lo inmediato, préstamos de organismos multilaterales y, más adelante, acceder a los mercados de capitales internacionales y, a través del aumento del dólar oficial, incentivar ventas al exterior demoradas a la espera de un cambio más favorable y desalentar las compras de bienes importados y el turismo en el extranjero, al encarecerlos. Esto último, con un enfoque gradual, mirando semana a semana el impacto sobre la inflación y sobre el humor del público.

Desde esta perspectiva, algunas decisiones que muchos esperaban, las de mayor impacto político, como el recorte de los subsidios a los servicios públicos, una brusca devaluación del tipo de cambio oficial o un plan antiinflacionario, parecen seguir quedando relegadas, a la expectativa de que la estrategia puesta en marcha brinde los resultados esperados. ¿Porqué asumir el elevado costo político de cualquiera de estas medidas, que posiblemente sepultaría las posibilidades electorales del Gobierno en las elecciones del 2015, si esta estrategia le permite mantener la situación económica bajo control hasta entonces? Habrá que ver si las próximas semanas confirman esta lectura o ponen en evidencia sus errores.

Por el momento, si bien las directrices planteadas son, en líneas generales, acertadas el comienzo de este nuevo equipo económico no conmueve. Habría que ir mucho más a fondo en distintos ámbitos para poner a la economía nuevamente en marcha y evitar un deterioro de la situación de la población en los próximos años. Pero lo cierto es que tal vez no se debía esperar otra cosa. Después de todo, inevitablemente los intereses políticos siempre prevalecen sobre el interés general.  

¿Se viene un cambio en las políticas económicas?

Hoy nos encontramos frente al inicio de una nueva etapa política en la Argentina. La derrota electoral del Gobierno ha descartado la posibilidad de Cristina Fernández de presentarse como candidata a presidente nuevamente en el 2015 y, por lo tanto, alguien que no pertenece al matrimonio Kirchner se sentará en el sillón de Rivadavia a partir del 10 de diciembre de ese año.

Esto no implica necesariamente un cambio en las políticas económicas que se vienen aplicando. Por empezar, el Frente para la Victoria continúa siendo la principal fuerza política a nivel nacional y, de mantener en el 2015 el caudal de votos de las elecciones del 27 de octubre, tendría serias chances de, al menos, llegar a un ballotage si la oposición replicara este escenario de atomización. Por otra parte, una victoria de la oposición tampoco nos garantizaría un cambio de rumbo económico. Desde el regreso de la democracia en 1983, los golpes de timón en materia económica (en 1989 y 2002) fueron el producto inevitable de las circunstancias, una imposición de la realidad, y no una elección de nuestros dirigentes. Se tuvo que llegar a una hiperinflación en un caso y a una desocupación del 25% en el otro, al borde del estallido social en ambos, para que los gobernantes modificaran las políticas económicas vigentes. ¿Porqué entonces habría de suceder algo distinto ahora?

Sin embargo, a aquellos que tenemos una naturaleza optimista nos gusta detenernos en las señales esperanzadoras y no en los motivos para el desaliento. Y los eventos que se vienen dando en los últimos meses en los países sudamericanos muestran claramente el camino a seguir, incluso a aquellos a quienes les cuesta hilar fino. Por un lado, está el caso de Venezuela, que presenta en forma anticipada hacia dónde llevan la políticas económicas que se vienen aplicando en nuestro país: aceleración inflacionaria (ya supera el 50% anual allí), escasez de bienes de consumo e insumos, estancamiento económico, etc. Y, sin el carisma de Hugo Chavez, al actual presidente, Ricardo Maduro, le está costando manejar el desgaste político que todo esto conlleva, al punto de que se empieza a dudar de que pueda terminar su mandato. Mientras tanto, otros países vecinos permitan visualizar cómo el éxito político no está disociado de las políticas económicas responsables, del respeto de los equilibrios macroeconómicos básicos. En Brasil, tras las manifestaciones que hace algunos meses lastimaron su popularidad (ojalá en la Argentina debatiéramos si es mejor utilizar los recursos públicos en la construcción de estadios de fútbol o en la educación), la presidente Dilma Rouseff se ha recuperado y aparece perfilada para ganar un nuevo mandato (el cuarto consecutivo) para el Partido de los Trabajadores (PT) en el 2014. En Chile, Michelle Bachelet es la favorita a llegar nuevamente a la presidencia en las próximas semanas, con lo que se transformaría en la primera persona en alcanzar dos veces esta posición desde el regreso de la democracia en el país transandino.

La evidencia está ahí para que los políticos argentinos la analicen. Aun para un líder de condiciones únicas como Chavez hubiera sido difícil gobernar hoy Venezuela. Los beneficios de corto plazo de sus políticas económicas ya han quedado en el pasado y lo que queda por delante es un camino arduo y sinuoso, si es que deciden mantener el rumbo. En el resto de los países de la región, aun con las dificultades propias de cada caso, el panorama es más alentador y los políticos en el poder están obteniendo réditos de ello. ¿Porqué no ser optimistas entonces?

Momento de decirle la verdad a la gente

Hoy existe un consenso prácticamente total entre los economistas, independientemente de su posicionamiento ideológico, respecto a las medidas de fondo que deben tomarse para enderezar el rumbo económico. Incluso aquellos economistas vinculados al Gobierno que no temen herir la sensibilidad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, coinciden en el diagnóstico general y en la receta básica.

De acuerdo a este diagnóstico, los problemas de fondo de la economía son la elevada inflación y el atraso cambiario. El contexto inflacionario afecta la capacidad de los empresarios para tomar decisiones de inversión. Pueden calcular la rentabilidad de un proyecto hoy pero no pueden saber qué va a pasar con ella en los próximos años, porque no tienen la menor idea de si los precios de los bienes o servicios que producen van a aumentar más o menos que sus costos. Por lo tanto, sólo aquellos proyectos con una alta rentabilidad se llevan adelante y la inversión se resiente, afectando la capacidad de la economía de crear puestos de trabajo. El atraso cambiario, a su vez, genera una tendencia hacia la insuficiencia de divisas. Esto se debe a que, por un lado, al bajar la rentabilidad de la producción de bienes exportables y al generar la expectativa de una devaluación en el corto o mediano plazo, desalienta la inversión en el sector exportador e incentiva la acumulación de stocks provocando una tendencia al estancamiento de las exportaciones. Y, por el otro, al abaratar en términos relativos los productos importados y el turismo en el exterior, impulsa su consumo. Como se entiende claramente, el crecimiento más rápido de las importaciones y el más lento de las exportaciones provoca una necesidad creciente de moneda extranjera, algo que resulta evidente en estos días en que la situación está siendo afrontada gracias a las reservas acumuladas en el Banco Central en los tiempos de vacas gordas.

Existe un consenso general en que, para resolver estos problemas, se requiere un plan económico que incluya una devaluación significativa del tipo de cambio oficial y un programa antiinflacionario. Para ser viable, este plan debe involucrar una importante reducción en el déficit del sector público, algo que puede comenzar a ejecutarse con la eliminación de los subsidios a los servicios públicos, una parte importante de los cuales es completamente injustificada desde cualquier enfoque ideológico desde el cual se la mire. Podrá haber discrepancias respecto a cuál debe ser el nuevo valor del dólar, si debe haber superávit fiscal o un déficit moderado es aceptable y si este resultado debe ser alcanzado con más impuestos o menos gasto público y, en este último caso, en qué áreas debe recortarse el gasto, pero las coincidencias básicas son notablemente amplias.

Los políticos deben tomar nota de este consenso general entre los economistas. Tras las elecciones legislativas y de cara al 2015, parece haber una gran paridad entre las 3 o 4 fuerzas políticas con chances de llegar a la presidencia. Por lo tanto, existe una oportunidad única para elaborar un acuerdo en el cual estas fuerzas compartan los costos políticos de enderezar el rumbo económico. Todos se beneficiarían con un acuerdo de estas características. No se puede predecir a ciencia cierta a quién le va a explotar la bomba de tiempo económica que hoy está activada. Puede explotarle a este gobierno pero también al próximo. De modo que todos aquellos que tienen chances de ganar en el 2015 están igualmente expuestos a tener que terminar asumiendo todo el costo político ellos solos. ¿Están dispuestos a jugar a esta ruleta rusa?

Alcanzar este acuerdo permitiría sacar ciertas premisas económicas básicas de la ecuación política, contribuiría a sentar las bases para poner en marcha un proceso serio de desarrollo y, por encima de todas las cosas, mostraría, tal vez por primera vez en los últimos 40 o 50 años, una clase política dispuesta a decirle la verdad a la gente antes de que la crisis económica hable por sí sola.

Soluciones fáciles que extienden la agonía

El último informe del Banco Central sobre la evolución del mercado cambiario en el segundo trimestre del 2013 permite ahondar en los detalles de la importante caída de las reservas internacionales que viene registrando la entidad y que en las últimas semanas se ubicaron en niveles que no se veían desde el 2007.

De los alrededor de 6 mil millones de dólares que abandonaron las arcas de la autoridad monetaria en el primer semestre del año, cerca de 2,5 mil millones correspondieron al pago de intereses por compromisos asumidos por el estado o por el sector privado y poco más de 5 mil millones, al pago de vencimientos de capital por estos préstamos. Una parte de estos egresos fue compensada por un exiguo ingreso neto de capitales externos para inversiones (unos 1,3 mil millones). Algunas cuentas menores, positivas y negativas, explican la diferencia restante.

Un rubro que debe destacarse especialmente y que muy probablemente será atendido por el Gobierno luego de las elecciones de octubre es el saldo de servicios, uno de cuyos componentes centrales es el turismo. En el primer semestre del 2013, el saldo negativo en esta área prácticamente neutralizó el saldo positivo obtenido en el balance de mercaderías, de casi 5 mil millones de dólares. Es decir, el excedente de dinero obtenido por las mayores exportaciones de bienes en relación a las importaciones se debió utilizar casi en su totalidad para pagar el exceso de compras de servicios por sobre las ventas externas de los mismos. Y en este hecho incidieron de manera significativa los crecientes viajes y gastos con tarjeta de los argentinos en el exterior y el cada vez menor flujo de turistas extranjeros hacia nuestro país. Es particularmente preocupante la dinámica que viene presentando este rubro, que pasó de un déficit de apenas mil millones en el 2011 a uno de casi 4 mil millones el año pasado y a más de 4,5 mil millones en el primer semestre de este año. Los ingresos por servicios pasaron de 2,8 mil millones en el segundo trimestre de 2011 a 2 mil millones en el segundo trimestre de este año en tanto que los egresos se incrementaron de 3,1 mil millones a 4,4 mil millones en el mismo período.

A la luz de estos números, los próximos pasos del Gobierno parecen cantados. Le resultará difícil revertir la sangría de fondos por vencimientos de capital de los préstamos vigentes en un escenario en el que no logra resolver los numerosos conflictos que tiene a nivel internacional tanto con los acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda como con las empresas, como por ejemplo Repsol, que vienen litigando contra el país en el CIADI. Tampoco parece muy probable, por los costos políticos involucrados, que haga una corrección brusca del tipo de cambio oficial para restablecer la competitividad de los exportadores y de las empresas que compiten con las importaciones de manera tal de recuperar el saldo comercial, que viene cayendo significativamente este último año. Por sus resultados inmediatos y costos políticos acotados, lo más factible es que se incline por el desdoblamiento del mercado cambiario formal a través de la introducción de un dólar turista que cotice en un nivel cercano al del dólar paralelo. En este mercado se liquidarían todas las operaciones de argentinos y extranjeros relacionadas con el turismo, lo que desalentaría los viajes y las compras de los argentinos en el exterior, que se tornarían significativamente más caras, y alentaría la llegada de los turistas extranjeros al país, debido a que se tornaría más económico para ellos.

Esta solución no devolvería a la economía a la senda del crecimiento pero le permitiría al Gobierno reducir el drenaje de reservas internacionales y seguir esquivando las decisiones importantes y los costos políticos que ellas entrañan. Una salida fácil que lo único que hace es extender la agonía.

Una oportunidad para construir un país serio

La convocatoria de la presidente, Cristina Fernández de Kirchner, a debatir el modelo económico puede haber estado teñida de un tono desafiante, puede no haber sido lo suficientemente sincera, pero tiene la virtud de haber dado en el clavo: si la Argentina quiere dejar de una vez por todas de rebotar entre el éxito y el fracaso, de vivir entre la euforia y la más dolorosa incertidumbre, de avanzar 3 pasos para luego retroceder 2 y medio, los dirigentes de todos los ámbitos de la vida pública deben ponerse de acuerdo en un modelo básico de país, que sea luego respetado por quienes se hacen cargo de la administración de la nación.

Y, de mantenerse en octubre los resultados de las primarias abiertas del 11 de agosto, se abre una oportunidad para este diálogo. Indudablemente, ningún gobierno que comande una clara mayoría electoral va a sentir la necesidad de apelar a este tipo de discusiones. Pero para un gobierno con poco más de un cuarto del electorado a su favor, un acuerdo de estas características puede permitirle recuperar la legitimidad perdida y mostrarle a la sociedad que el mensaje de las urnas ha sido adecuadamente comprendido.

En este contexto, uno de los temas sobre los que definitivamente los argentinos tenemos que tomar una resolución es la inflación. La persistencia de este problema en nuestro país responde básicamente a dos motivos: por un lado, una sociedad que la tolera sin comprender los costos que ella entraña y, por el otro, su utilidad para el gobierno de turno. La inflación permite redistribuir el ingreso sin asumir costos políticos, al menos en el corto plazo. Si un gobierno quiere entregarle recursos a un determinado sector de la sociedad lo correcto sería sacárselos a otro, a través de un aumento de los impuestos o una reducción del gasto público destinado al mismo. Pero esto implicaría un costo político: el gobierno muy probablemente perdería el favor de aquel sector que debió ceder una parte de sus ingresos. Una política inflacionaria evita este disgusto. Le permite al gobierno extraer los recursos de toda la población, al reducir la capacidad de compra de los ingresos de los habitantes, sin tener que asumir la responsabilidad de esa decisión. Siempre puede echarle la culpa del aumento de los precios, como bien sabemos, a los “empresarios inescrupulosos, que buscan apropiarse de una porción mayor de la riqueza”.

Lo ideal sería que la sociedad comprendiera este subterfugio y castigara a los gobiernos cuando los precios comienzan a subir más allá de lo recomendable. Pero teniendo en cuenta que en la Argentina esto no parece ser por el momento posible sería provechoso que la clase política se ponga de acuerdo en dejar de utilizar esta herramienta para beneficio propio. Y sería positivo no sólo a los fines de evitar que en el futuro se vuelvan a registrar episodios inflacionarios sino también para que en la actualidad el partido gobernante no deba cargar solo con los eventuales costos políticos que puede involucrar la solución del problema.

Deben resultar claros para todos los enormes costos que tiene la inflación en el mediano y largo plazo y que está comenzando a sufrir la economía argentina en estos últimos dos años. Al generar una elevada incertidumbre sobre lo que puede suceder con los precios relativos, la inflación afecta sensiblemente a la inversión. Un empresario o un emprendedor cualquiera pueden calcular la rentabilidad de un proyecto hoy pero no pueden saber qué va a pasar con esa rentabilidad en los próximos años, porque no tienen la menor idea de si los precios de los bienes o servicios que producen van a aumentar más o menos que sus costos. Por lo tanto, sólo aquellos proyectos con una alta rentabilidad se llevan adelante. Y en la medida en la que son pocos los proyectos que se llevan a adelante, son pocos los nuevos puestos de trabajo que se crean, lo que termina impactando en los salarios. La falta de oportunidades laborales provoca que a los trabajadores no les quede otra que aceptar salarios cada vez menores. 

Es fundamental que en la nueva etapa que se inicia, los dirigentes políticos tengan muy presentes estas cuestiones. Si entienden que la utilización de la economía para sus propios fines debe tener límites claros, pueden estar sentando las bases para finalmente comenzar a construir un país serio.

Jugando con fuego

Como muchos medios se apresuraron a indicar, en julio se registró la mayor tasa mensual de incremento del dólar oficial en 4 años. Era natural que esto sucediera. En los últimos meses se sumaron las presiones en ese sentido: una caída del 26% del superávit comercial en el primer semestre, una depreciación del real en relación al dólar mayor al 10% en lo que va del año, una caída de las reservas internacionales del Banco Central de más de 6.000 millones de dólares y, como si esto fuera poco, una caída del precio de la soja, que en los últimos días registró los valores más bajos desde el 2010.

Como el Gobierno se resiste, por el evidente costo político que entraña y por la falta de credibilidad que se ha ganado, a enfrentar todos estos problemas con la única solución posible - acomodar el dólar oficial por encima de los 8 pesos acompañando este movimiento con un riguroso plan antiinflacionario -, entonces apela a esta depreciación más acelerada del peso para continuar ganando tiempo y ver si logra llegar a los tumbos hasta el 2015. Busca evitar que los exportadores continúen perdiendo competitividad, de modo tal de amortiguar el deterioro del saldo comercial y la consecuente pérdida de reservas del Banco Central.

Pero esta decisión tiene sus riesgos. En los últimos años el Gobierno expandió el nivel de consumo de la población en forma desmedida. De no haber sido por la contención del valor del dólar, la inflación hubiera sido más alta. El incremento controlado del precio de la moneda americana, al mismo tiempo que afectó la rentabilidad de los exportadores, evitó que los precios de los bienes comercializables internacionalmente aumentaran al ritmo al que lo hicieron los de los bienes que se comercializan sólo a nivel local, como la mayoría de los servicios y algunos bienes industriales altamente protegidos contra las importaciones. Por lo tanto, si, para preservar la competitividad de los exportadores, en los próximos meses las autoridades económicas mantienen la tasa de devaluación de julio (más del 25% anual), deberían reducir el ritmo de crecimiento de la demanda agregada. De lo contrario, se terminará inevitablemente en una aceleración de la inflación.

Lamentablemente, ése parece el panorama más probable. ¿Podemos darle un mínimo crédito a la posibilidad de que en medio de una campaña electoral que puede resultar decisiva para el futuro del kirchnerismo el Gobierno decida enfriar el crecimiento del consumo que se encuentra indisociablemente unido a su éxito en estos últimos 10 años?

Una aceleración de la inflación no será gratuita. Significará extender la cantidad de años que se requerirá para restablecer el funcionamiento normal de la economía y, de esta forma, brindar un horizonte previsible a todos aquellos que disponen de capital para invertir en las distintas actividades productivas. Y hasta que eso suceda, la inversión seguirá siendo a cuentagotas, poniendo un límite a la creación de puestos de trabajo, incrementando la puja por los ingresos entre los distintos sectores de la sociedad y amenazando la recuperación del poder de compra de los salarios que han logrado los trabajadores en la última década. El Gobierno está jugando con fuego y el problema más grave es que quienes nos vamos a quemar vamos a ser todos nosotros.

Moreno y los molinos de viento

El secretario de comercio interior, Guillermo Moreno, se ha tomado como una cuestión personal controlar el mercado cambiario informal, que nuevamente se disparó en los últimos días alcanzando valores que no se registraban hacía varias semanas. Pero no debe albergar esperanzas de éxito. Podrá intimidar a los operadores cambiarios, restringir todo lo que desee los mercados, pero no podrá convencer a quienes demandan dólares de que en el contexto actual la moneda americana no es una opción de inversión difícil de superar, al menos en el corto plazo. Y la responsabilidad de esto recae exclusivamente en las políticas económicas de este gobierno y no en “oscuros intereses financieros” que, a lo sumo, sólo podrán acelerar la llegada del momento de la verdad.

El secretario debería saber que si uno analiza los últimos 60 años de historia económica argentina, el valor que registró el dólar paralelo en los últimos días no sólo que no es alto sino que hasta se podría decir que es bajo. De hecho, el dólar libre cerró 35 de esos 60 años por encima de ese valor. Más aun, en los períodos en los que se desdobló el mercado cambiario, el dólar paralelo alcanzó valores mucho más altos no sólo que los de los últimos días sino también que el máximo de 10,45 pesos registrado a comienzos de mayo. Entre 1948 y 1959, el dólar registró un máximo equivalente a 21 pesos de hoy en 1951. Entre 1964 y 1966, llegó a un pico de 10,86 pesos de hoy en 1965. En el período 1971-1976, registró 19,90 pesos de hoy en 1975. Finalmente, entre 1982 y 1989, alcanzó el máximo en 1983, de 14,70 pesos de hoy.

Por otra parte, siempre que hubo un proceso de apreciación real del tipo del cambio como el actual, la situación desembocó en una brusca devaluación en la que el dólar oficial alcanzó valores significativamente mayores que los de los últimos días. Tras la devaluación de 1959, el dólar oficial cerró el año a un equivalente de 11,83 pesos hoy. Tras el “rodrigazo”, en 1975, el dólar oficial terminó el año en un valor comparable a 10,71 pesos de hoy. Un valor similar registró el dólar oficial a finales de 1982, cuando el gobierno militar abandonó por completo su política de intentar ganar el favor de la clase media argentina permitiéndole comprar dólares baratos en forma irrestricta (“plata dulce”). Finalmente, en el 2002, a la salida de la convertibilidad, el dólar oficial finalizó el año a un equivalente de 12,61 pesos de hoy.

Todo esto configura un escenario en el cual aquel que tiene un ahorro difícilmente no se vea tentando con comprar dólares a los valores que éste presenta hoy en el mercado paralelo. Y no porque sea un vendepatria sino sencillamente porque es la única manera que tiene de mantener el poder adquisitivo de su dinero con un riesgo bajo. Si es un inversor conservador sabe que, incluso comprando dólares a 10,71 pesos, muy probablemente podrá conservar el valor real de sus ahorros, al menos hasta que este gobierno o el que venga después libere el tipo de cambio oficial. Es que ése es precisamente el valor más bajo que presentó el tipo de cambio real oficial a lo largo de los últimos 60 años a la salida de un proceso de atraso cambiario como el actual. Para que quede claro, para tener un tipo de cambio real igual al de hoy en un período de tiempo determinado, el valor del dólar en el mercado tiene que aumentar lo mismo que la inflación. Esto significa que si uno compra dólares a 10,71 pesos hoy y, tras la devaluación, el dólar oficial alcanza un tipo de cambio real equivalente a 10,71 pesos de hoy, se va a haber podido, en forma aproximada, mantener el poder adquisitivo de los ahorros.

Para los inversores mas atrevidos, el terreno es aun más prometedor. Estos inversores pueden apostar a que, antes o inmediatamente después de la devaluación del dólar oficial, la moneda americana alcance en el mercado paralelo valores semejantes a los máximos que alcanzó en otros períodos de la historia en los que hubo un mercado cambiario desdoblado. Aun comprando por encima de 11 pesos o de 12 pesos de hoy, podrían llegar a obtener ganancias sobre la inflación si el dólar vuelve alcanzar valores como los 14,70 de 1983 o, ni hablar, los 19,90 de 1975. Sería una apuesta más atrevida pero quién puede asegurar que esto no va a suceder, teniendo en cuenta que el valor máximo mínimo que alcanzó el dólar libre durante un período con desdoblamiento cambiario fue 10,86 pesos de hoy en 1965, en un momento en el cual el tipo de cambio oficial no estaba tan apreciado como ahora y que, además, se extendió menos de lo que promete prolongarse el cepo cambiario actual.

Muchos antes que Moreno intentaron domeñar un dólar desbocado. Utilizaron diversas metodologías pero, al final del día, tuvieron la misma suerte. A la vista de esto, y suponiendo que la intención del Gobierno sea mantener el dólar oficial por debajo del nivel que equilibraría las cuentas externas de la economía en tanto y en cuanto posea un saldo disponible de reservas internacionales en el Banco Central, lo mejor es que se resigne y que dosifique en forma más astuta su energía. Que deje de luchar contra los molinos de viento. En lugar de desperdiciar su tiempo en una política del terror que lo único que puede lograr es generar rentas extraordinarias para los operadores cambiarios que se animen a enfrentarlo, que elija la mejor manera de utilizar los recursos decrecientes con los que cuenta (básicamente, las tenencias de títulos públicos en dólares de la Anses y las reservas del Central) para ajustar el valor del dólar paralelo a las necesidades políticas del Gobierno.

Una sociedad que no aprende de sus errores

La fuerte pérdida de reservas internacionales que viene registrando el Banco Central, el manotazo de ahogado del blanqueo de capitales y las cada vez más desatinadas intervenciones del Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para contener la suba de los precios nos permiten vislumbrar con creciente claridad la próxima crisis económica que viene asomando por el horizonte.

Se trata como tantas otras veces de una crisis evitable pero que el perverso esquema de incentivos que existe en nuestro país torna prácticamente inexorable.

Y esto se debe básicamente a que la sociedad argentina, por algún motivo difícil de entender, no ha aprendido una lección que la mayoría de los países ya tiene completamente asimilada: que la inflación es un fenómeno con consecuencias indeseables y que cuando comienza a subir hay que hacer lo que sea necesario para frenarla. Este comportamiento se observa no sólo en las economías más desarrolladas del mundo sino también en los países emergentes, algunos de los cuales comparten con el nuestro una nutrida historia inflacionaria. Genera cierta envidia ver, por ejemplo, que en Brasil existe una gran preocupación oficial porque la inflación se está acercando al 7% anual y se toman medidas para bajarla, en un claro contraste con lo que sucede aquí.

Uno puede comprender que esta lección no sea fácil de aprender para un país que no tiene una historia inflacionaria. La inflación puede no tener efectos inmediatos. En la medida en que los salarios se vayan actualizando al ritmo del aumento de los precios los trabajadores no percibirán que su situación se ve afectada por el proceso. El problema es que una inflación elevada tiene como consecuencia un nivel de inversión más bajo. Esto se debe a que en los contextos inflacionarios resulta muy difícil para los empresarios proyectar el rumbo de los precios relevantes para la toma de sus decisiones de inversión. Algo que es rentable hoy puede no serlo en absoluto mañana porque los precios de los insumos o los salarios pueden aumentar más que el precio del bien o servicio que se pretende producir. Y una menor inversión lleva a un menor crecimiento y a salarios reales más bajos. Pero hay una demora entre el momento en el que se inicia el proceso inflacionario y el momento en el cual los salarios reales caen y, por este motivo, la sociedad debe aprender a reaccionar frente a la alarma y no frente al hecho consumado, cuando ya es muy tarde y se ha perdido tiempo precioso para evitarlo.

Sin embargo, resulta increíble que en la Argentina, con la rica experiencia en materia de crecimiento de los precios que tiene, todavía se siga ignorando por completo el ruidoso sonido de la alarma inflacionaria. La sociedad debería haber castigado al partido gobernante en las elecciones del 2007 por haber permitido que la inflación alcanzara el 18,7% ese mismo año, pero no lo hizo. Tuvo una nueva oportunidad para decirle que no a la inflación en las elecciones presidenciales del 2011, con un aumentos de los precios por encima del 20% tanto ese año como el anterior, con un resultado similar.

¿Porqué vamos entonces a esperar del gobierno de turno un comportamiento responsable que la propia sociedad no exige? ¿Qué se requiere para que ésta aprenda finalmente de los errores que tanto le han costado en el pasado? ¿Porqué otros países, como Brasil o Perú, que han pasado por experiencias similares a la nuestra, han asimilado las enseñanzas de la inflación y nosotros no? Deberemos responder estas preguntas en forma satisfactoria y buscar las soluciones adecuadas si queremos quebrar algún día la recurrencia interminable de crisis económicas que viene registrando en los últimos 70 años la Argentina y que no sólo no nos permite avanzar hacia una nueva etapa del desarrollo sino que acrecienta nuestro atraso.

De la “década ganada” a una nueva frustración económica

Con los congelamientos de precios y el programa “Mirar para cuidar” como los únicos recursos que el Gobierno viene desplegando para contener la inflación, resulta claro que se perderá un año más en la lucha contra este mal que amenaza transformar a esta gestión en una anomalía histórica: que aquellos que condujeron a la Argentina en una de las décadas con mejor desempeño económico de los últimos 70 años sean los responsables de hundir al país una vez más en la mediocridad que lo ha caracterizado.

Para analizar la performance económica de los últimos años no voy a tomar el producto bruto total ni per capita que, de acuerdo al año base que tomemos, puede dar lugar a interpretaciones erróneas cuando comparamos entre las distintas décadas. Voy a tomar el salario real industrial promedio, que nos indica la capacidad de compra del salario del trabajador menos calificado. Puede decirse que a lo largo de la historia argentina el aumento del bienestar de este sector ha coincidido con el del resto de la población, con excepciones aisladas. Además, de esta manera voy a hablar en el idioma de esta gestión, que se vanagloria de gobernar en favor de los más débiles.

Tomando los últimos 70 años, el salario real subió en las décadas del ´40, ´60 y entre el 2000 y el 2009 y cayó en las del ´50, ´70, ´80 y ´90. El asunto es que precisamente, exceptuando esta última década, se puede encontrar una estrecha vinculación entre la evolución del salario real y la inflación. En aquellos períodos en los que creció el salario real la inflación promedio se encontró por debajo del 22% anual. Por el contrario, en los que cayó se ubicó por encima de esa cifra, con los casos extremos de los ´70 y ´80, de aumentos de los precios promedio del 136% y el 750% respectivamente.

Esto tiene que ver con una sencilla razón. Para que crezca el poder adquisitivo del salario a lo largo del tiempo en un contexto de pleno empleo, la creación de nuevos puestos de trabajo por parte del sector productivo debe ser mayor que la cantidad de trabajadores que se incorporan al mercado laboral. Y para que esto suceda, debe haber un nivel de inversión suficiente, ya que es a través de ésta que se generan nuevos puestos de trabajo. La inflación desalienta la inversión. Esto se debe a que, cuando hay inflación, las relaciones entre los precios relevantes para aquel que decide si invertir su dinero o no en una actividad productiva son completamente inciertas. Algo que es rentable hoy puede no serlo en absoluto mañana, por ejemplo, porque los precios de los insumos o los salarios pueden aumentar más que el precio del bien o servicio que se pretende producir.

Es siguiendo esta lógica que, lamentablemente, es muy factible que este Gobierno devuelva a la Argentina a la triste realidad en la que estuvo sumida en la mayor parte de los últimos 60 años. En lo que va de esta década, la inflación promedia un 24,5%. Además, se viene registrando un proceso de deterioro en la competitividad externa de la economía debido a que el valor del dólar no viene subiendo a la par del incremento de los precios locales. Esto significa que este gobierno, o el que lo suceda, en algún momento van a tener que realizar una brusca devaluación. En este escenario, de no mediar un plan antiinflacionario no sólo que la inflación no va a bajar sino que se va a incrementar, algo que está experimentando en forma dolorosa en estos días Venezuela por motivos similares.

En definitiva, si las autoridades continúan evadiendo el problema de la inflación, la economía va a quedar en una situación similar a la que a lo largo de su historia resultó en una caída del salario real: una inflación promedio superior al 22%.

Es muy probable que el Gobierno planee no estar en el poder para cuando estos resultados sean visibles. Y seguramente intentará echarle la culpa a sus sucesores. Pero así como no podemos deslindar al gobierno militar de 1976-83 de su responsabilidad en los acontecimientos económicos de la década del ´80 ni a la gestión de Carlos Menem de la suya en la crisis catastrófica del 2001/2, de continuar en este sendero la administración actual no podrá negar haber sentado las bases de una nueva frustración económica para todos los argentinos, incluso aquellos que se jacta de proteger.

La inflación no es un debate ideológico

Resulta claro a esta altura del año que el Gobierno eligió una vez más dejar fuera de sus prioridades la solución del problema de la inflación. Y tampoco parece que vaya a sorprendernos con un plan antiinflacionario luego de las elecciones. Por este motivo, es importante que a la hora de decidir su voto en los próximos comicios no piense exclusivamente en los beneficios que ha obtenido en los últimos años o en su situación particular hoy sino en cómo puede llegar a empeorar la capacidad de compra de su salario si el Gobierno continúa evadiendo el problema de la inflación.

Para que crezca el poder adquisitivo del salario a lo largo del tiempo en un contexto de pleno empleo, la creación de nuevos puestos de trabajo por parte del sector productivo debe ser mayor que la cantidad de trabajadores que se incorporan al mercado laboral. Y para que esto suceda, debe haber un nivel de inversión suficiente, ya que es a través de ésta que se generan nuevos puestos de trabajo. La inflación desalienta la inversión. Esto se debe a que, cuando hay inflación, las relaciones entre los precios relevantes para aquel que decide si invertir su dinero o no en una actividad productiva son completamente inciertas. Algo que es rentable hoy puede no serlo en absoluto mañana, por ejemplo, porque los precios de los insumos o los salarios pueden aumentar más que el precio del bien o servicio que se pretende producir. Por lo tanto, es de esperar que en un contexto inflacionario el salario real tienda a caer.

La historia económica argentina brinda evidencia clara en este sentido. Si uno observa las últimas 7 décadas, en todas aquellas en las que la inflación promedio se encontró por encima del 30% anual, los salarios reales cayeron. El salario real subió en las décadas del ´40, ´60 y entre el 2000 y el 2009. Por el contrario, cayó en las del ´50, ´70, ´80 y ´90. Esta última es la única década en la que no se cumplió el patrón. Con una inflación promedio del 3,7% entre 1992 y 1999, los salarios reales cayeron un 0,4% promedio.

Para entender lo sucedido en la década del ´90, hay que introducir un segundo elemento que tiene incidencia en el salario real, que es el tipo de cambio real. Esta variable determina básicamente cuál es el costo relativo de producir localmente un bien o servicio que se puede comercializar internacionalmente. Mientras más alto es el tipo de cambio real, más conveniente resulta producir esos bienes o servicios en la Argentina en relación a otros países y hay un mayor potencial para la creación de empleo en nuestro país. En los períodos en los que creció el salario real, una inflación menor al 30% coexistió con un tipo de cambio real promedio superior a 3,40 pesos por dólar, tomando como año de referencia el 2009.

En los años ´90, si bien la inflación fue baja el tipo de cambio real también fue bajo en términos históricos (promedió 2,20 pesos por dólar) y, además, a esto se sumó una reducción de la protección arancelaria de la industria. Esta combinación destruyó una gran cantidad de puestos de trabajo en ese sector y, además, desalentó la inversión en las actividades productivas que compiten con las importaciones y en el sector exportador. Esto hizo que la creación de puestos de trabajo no fuera suficiente para absorber a los nuevos trabajadores que se incorporaron al mercado laboral a lo largo del período, lo que tuvo como consecuencia un creciente desempleo y una presión a la baja de los salarios reales.

En lo que va de esta década, la inflación promedia un 24,5%. A su vez, el tipo de cambio real promedia 3 pesos por dólar y viene cayendo (cerró el 2012 en 2,70 pesos por dólar) como consecuencia de que la inflación invariablemente, año a año, supera al incremento en el valor del dólar oficial. Por lo tanto, en la actualidad la inflación se encuentra por debajo del 30%, el nivel máximo que históricamente ha coincidido con un salario real creciente, pero el tipo de cambio se encuentra debajo de 3,40 pesos por dólar, el nivel promedio mínimo que se registró durante los períodos en los que se incrementó el salario real.

Si no se aplica un plan antiinflacionario, en algún momento en los próximos años, éste o el próximo gobierno se verá obligado a realizar una brusca devaluación, que provocará un salto en la inflación. Esto significa que, de no mediar una política antiinflacionaria, le resultará difícil a las autoridades mantener la inflación en torno a los niveles actuales. Y si lo lograran sería a costa de mantener o bajar aun más el tipo de cambio real. Es decir que, de un modo u otro, si se continúa evadiendo el problema de la inflación, la economía va a quedar en una situación similar a la que a lo largo de su historia resultó en una caída del salario real: una inflación promedio por encima del 30% o un tipo de cambio real promedio inferior a 3,40 pesos por dólar.

En definitiva, se debe tener en claro que la elección entre una economía con inflación o sin ella no es un debate ideológico, que involucra solamente a los economistas. El tratamiento que se le dé a la inflación va a tener un impacto inevitable en su bolsillo. En los últimos años, este impacto se pudo evitar por distintos motivos pero el margen para que esto siga sucediendo se está acabando. En octubre, estará en sus manos intentar impedir que en los próximos años la capacidad de compra de su salario caiga nuevamente por un tobogán.

Nota: Los datos estadísticos fueron elaborados en base a “Dos siglos de economía argentina 1810-2010”, Orlando Ferreres.

Un gobierno atrapado en su propio laberinto

El blanqueo de capitales anunciado hace pocos días por el Gobierno pone en evidencia una vez más su gran inventiva para encontrar “soluciones” alternativas a los problemas que va planteando la economía.

Y esto responde a que a lo largo de los años ha construido un discurso oficial tan obstinado y poco pragmático que la aplicación de cualquiera de las soluciones genuinas que exige la situación económica de turno pone en peligro la fidelidad de una buena parte de su electorado.

Cuando en el 2007 la inflación comenzó a superar los niveles recomendables, en lugar de enfrentar este problema a través de una contención en el crecimiento de la demanda de bienes y servicios que se venía registrando, la causa fundamental del aumento de los precios, prefirió evadirlo, en parte por temor a ser acusado de apelar a las políticas ortodoxas que tanto había criticado. Cuando, años más tarde, el proceso inflacionario provocó un creciente atraso cambiario y una violenta fuga de capitales, nuevamente y por motivos similares, esquivó enfrentar la causa principal de estos males y optó por imponer los controles cambiarios e ilegalizar el ahorro en divisas. Mientras tanto, decidió hacer frente al creciente déficit energético, con la expropiación de YPF, en lugar de una reformulación de la política de inversiones y precios de la energía.

Y, ahora, que las restricciones cambiarias han paralizado el mercado inmobiliario, con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo en el sector de la construcción, que el dólar informal ha subido más allá de los pronósticos más pesimistas de los funcionarios, desalentando fuertemente la inversión y generando una sensación de gran incertidumbre en buena parte de la población, y que la expropiación de YPF, con sus vastos depósitos de gas y petróleo no convencional, no ha brindado los frutos pretendidos, nuevamente, en lugar de tomar el toro por las astas, el Gobierno se aparece con este blanqueo de capitales que más que brindar soluciones a los problemas de la economía suscita graves sospechas sobre su verdadero propósito.

Podrá contribuir a recuperar modestamente las reservas del Banco Central, que han caído en 4 mil millones de dólares en lo que va del año, podrá brindar algo de fondos, aunque no los suficientes, para que YPF comience a explotar los vastos recursos que posee, podrá aliviar levemente el mercado inmobiliario, que en la Capital Federal se derrumbó cerca del 50% en los últimos 2 años, podrá poner temporalmente un techo al dólar paralelo. Pero no podrá revertir el proceso de deterioro que sufre la economía, que exige soluciones de fondo urgentes.

Lamentablemente, no podemos esperar que el Gobierno, en forma voluntaria, modifique esta situación. Resulta evidente que su manera de construir el discurso y de presentarse ante el electorado le ha ido cerrando puertas que se siente incapaz de atravesar. Ha quedado atrapado en el laberinto que fue trazando en estos años con el fin de mantenerse en el poder. Y la única manera de que encuentre la salida es que los argentinos se la muestren de una manera clara y contundente en las próximas elecciones.

Brecha cambiaria: sin motivos para la sorpresa

Mientras muchos miran con gran sorpresa e intranquilidad la loca carrera del dólar en el mercado informal, podemos hacer una pausa y revisar nuestra rica historia económica para encontrar motivos de sosiego o preocuparnos aun más.

Es que no es la primera vez que el valor del dólar paralelo, libre o, mejor dicho en la actualidad por su carácter ilegal, informal o blue, duplica al del dólar oficial o aquel que el Banco Central le reconoce a los exportadores al momento de liquidar sus ventas al exterior. Fue en 1948 cuando se dio por primera vez este hecho, con una brecha cambiaria del 108%. En los años siguientes la brecha se fue ampliando y, durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, en 1954, alcanzó un máximo del 406%. El gobierno militar que lo sucedió intentó cerrar la brecha sin demasiado éxito. Esta llegó a bajar al 97% para volver a ampliarse en los años subsiguientes. Fue recién durante el gobierno de Arturo Frondizi, en 1959, que se unificó finalmente el mercado cambiario. La situación se repitió años más tarde. En 1972 el valor del dólar libre se disparó nuevamente en relación al dólar oficial, más que duplicándolo. Al igual que lo que había sucedido dos décadas atrás, la brecha cambiaria se amplió y alcanzó un máximo del 226% en 1974, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. El mercado cambiario volvió a ser unificado en 1977 y a desdoblarse desde 1982 hasta 1989, si bien en este último período la brecha nunca alcanzó el 100%.

La observación de los datos históricos y de lo que sucedió, durante los períodos en los cuales la brecha cambiaria fue superior al 100%, con la economía y algunos de los aspectos más relevantes de ella para el ciudadano común (el nivel de actividad económica y el salario real, es decir la capacidad de compra de bienes y servicios del salario vigente en un momento dado) brinda tanto motivos para la tranquilidad como para la inquietud.

Por un lado, la llegada de la brecha cambiaria al 100% en ninguno de los dos casos desembocó inmediatamente en un colapso económico. Por el contrario, la ampliación posterior de la brecha convivió con un período de crecimiento económico e, incluso, de mejoras en el poder adquisitivo de los ingresos de los trabajadores. Entre 1948 y 1959, la economía creció en todos los años, excepto en 1949 y 1952, y el salario real cayó entre 1949 y 1952 para recuperarse desde entonces y alcanzar el máximo del período en 1958. Entre 1972 y 1974 la economía creció entre el 2.08% y el 5.41% y el salario real no sólo se incrementó en estos 3 años sino que en 1974 alcanzó el máximo histórico de acuerdo a la serie de salario real industrial consultada*. Es decir, si nos guiamos por lo que sucedió en el pasado, podemos encontrar algo de calma en la perspectiva de que el abismo no estaría a la vuelta de la esquina.

Sin embargo, por otro lado, los crecientes desequilibrios de la balanza de pagos que se registraron en ambos períodos, con un superávit comercial decreciente y una pérdida de reservas internacionales por parte del Banco Central, terminaron obligando a las autoridades de turno a aplicar fuertes correcciones en el dólar oficial, que provocaron bruscas caídas en el nivel de actividad y el salario real e importantes saltos en la tasa de inflación. En 1959, el dólar oficial aumentó un 348% provocando una caída del 6.46% en la economía, de más del 25% en el salario real e impulsando la inflación al nivel más alto de la historia hasta ese momento, del 102% anual. En 1975, el dólar oficial se incrementó un 720%, la actividad económica se retrajo un 1.4%, el salario real cayó un 37% entre ese año y el siguiente y la inflación alcanzó nuevamente el nivel más alto hasta entonces de la historia, del 335%.

En definitiva, los 2 períodos tuvieron un desenlace traumático, en particular por la violenta caída en la capacidad de compra de los salarios. Una situación angustiante que seguramente se vio agravada por el contexto de alta incertidumbre provocado por el desborde de los precios, en cada caso de una magnitud inédita.

La historia no necesariamente se repite pero si podemos aprender algo de ella es que lamentablemente los finales de estas novelas siempre fueron tristes. Para qué entonces ver la película hasta el final si nos podemos ahorrar el mal momento apagándola a tiempo.

* Dos siglos de economía argentina 1810-2010, Orlando Ferreres.

Anhelos de cambio

La masiva manifestación realizada el 18 de abril puso en evidencia una vez más los grandes anhelos de cambio que se alojan en los corazones de miles de argentinos. Son múltiples los motivos del malestar de una parte importante de la sociedad argentina pero me voy a detener en los estrictamente económicos. Al disgusto con la inflación se le ha sumado en los últimos años el fastidio con lo que se ve como un deterioro cada vez mayor en la libertad económica. No solo han molestado las restricciones a la compra de dólares sino también la exasperante falta de transparencia con la que se maneja el mercado cambiario (con un mecanismo indescifrable, por ejemplo, para el otorgamiento de autorizaciones a la compra de divisas para quienes viajan al exterior). Y la actitud caprichosa y prepotente que ha caracterizado prácticamente a lo largo de toda su gestión a este gobierno se torna más intolerable en un contexto en el cual el desempeño de la economía pierde brillo día a día.

Sin embargo, a pesar de la impresionante demostración de desaprobación, resulta muy poco probable que el Gobierno cambie. La única posibilidad de que esto suceda es que perciba que comienza a erosionarse su base de sustentación. En este sentido, las manifestaciones del otro día no le dijeron nada nuevo. Ya sabe que hay una gran parte de la población, tal vez más del 50%, que está completamente en desacuerdo con los lineamientos básicos de esta gestión. Pero hay que recordar que, tal cual están planteadas las cosas hoy, con un 40% del electorado le alcanza para mantener el poder en el 2015 con una oposición dividida en la que a cualquier candidato le resultará muy difícil superar el 30%.

Si el Gobierno no vislumbra un deterioro en el apoyo de sus partidarios difícilmente introduzca cambios, excepto que se vea obligado por las circunstancias (algún shock externo grave, como un derrumbe en el precio de la soja o una disparada en el del petróleo), algo que no parece probable. Esto se debe a que son precisamente los cambios que debería llevar a cabo los que realmente pondrían en peligro el apoyo que aun mantiene.

Por ejemplo, ¿cómo haría para aplicar una política anti-inflacionaria sin que esto sea visto por sus partidarios como una concesión a las recetas del ajuste contra las que despotricó durante los últimos 10 años? Es que cualquier política seria en este sentido  requeriría algún tipo de “ajuste” en el comportamiento del gasto público. Y si bien no exigiría necesariamente la eliminación del déficit fiscal sí, de la emisión de dinero del Banco Central para financiar ese déficit. En este contexto debería salir a tomar deuda en los mercados de capitales y renunciaría así a otra de sus banderas favoritas de los últimos años, la del desendeudamiento, además de tener que evaluar seriamente la conveniencia de llegar a un acuerdo con los tan vilipendiados fondos buitre para bajar el costo de ese financiamiento.

O, ¿cómo haría para defender las credenciales progresistas de sus políticas frente a una devaluación de magnitud en el dólar oficial, como la que cada vez más se requiere para corregir los crecientes desequilibrios externos de la economía? Una devaluación del dólar oficial tendría un efecto inmediato en los precios de todos los bienes y servicios que se comercializan en los mercados internacionales causando de la noche a la mañana una brusca caída en el salario real de todos los trabajadores argentinos.

Estos dilemas se van tornando cada vez más complejos a medida que el tiempo pasa y se siguen demorando lo cambios que a la larga resultarán inevitables. Por ejemplo, en la medida en que no se detenga la inflación y el precio del dólar oficial continúe creciendo por debajo de ella, la devaluación necesaria para poner en equilibrio al sector externo de la economía va a ser cada vez más significativa.

En definitiva, está en manos de todos aquellos que apoyan a este gobierno y aquellos que lo integran darse cuenta que los cambios son inevitables y que lo único que pueden elegir es el momento en el que se van a realizar y cuán traumáticos van a ser. Debe resultar claro para ellos que los ajustes que se requieren no implican una mejora en la situación de un sector en particular de la población en detrimento de ellos. No se trata de quitarles aquellos beneficios que han conseguido en los últimos años para entregárselos a los manifestantes del 18 de abril. Se trata de ordenar la economía de modo tal que a aquellos que poseen algún capital les resulte más conveniente invertirlo en una actividad productiva que especular con el dólar “blue” o comprar un inmueble en Miami. Esta es la única manera de volver sostenible en el tiempo la recuperación de los salarios reales que experimentaron en los últimos años y que ahora se encuentra amenazada.

¿La economía que nos merecemos?

Los meses siguen pasando y el Gobierno continúa evadiendo los crecientes problemas que aquejan a la economía argentina. La inflación permanece en torno al 25% anual, el crecimiento económico ha quedado reducido a su mínima expresión, el superávit comercial acumuló una reducción del 57% en el primer bimestre y las reservas internacionales del Banco Central ya cayeron en lo que va del año lo mismo que en todo el 2012.

Sin embargo, hay que destacar que éste no es el primer gobierno que hace caso omiso de los crecientes problemas económicos, al menos si nos limitamos al período democrático ininterrumpido que venimos atravesando desde 1983. Tanto Raúl Alfonsín como Carlos Menem y Fernando de la Rúa demoraron en sus respectivos momentos las soluciones de fondo que el contexto exigía y fueron responsables de las tremendas crisis de 1989 y 2002 que dejaron una huella imborrable en la memoria de los argentinos.

Teniendo en cuenta esto, podemos aventurar que el desmanejo económico de las últimas 3 décadas no responde exclusivamente a la incapacidad o mala predisposición de los distintos gobiernos de turno. Hay en el fondo también una sociedad excesivamente individualista en la que los ciudadanos sólo reaccionan cuando se ve afectado su propio bolsillo. Una sociedad que juzga a sus líderes por los logros del pasado y no los errores del presente. Una sociedad que siempre corre detrás de los hechos en lugar de anticiparse a ellos. Es indiscutible que si una mayoría clara de la población quisiera algo distinto, el Gobierno se manejaría de otra manera.

Sin duda, hay un gran parte de la población que está en desacuerdo con la gestión económica. El problema es que entra en el juego ideológico que plantea el Gobierno. En el marco de una sociedad enfrentada, las partes pierden la capacidad para realizar un análisis objetivo de la realidad. Y, en este contexto, los partidarios del Gobierno aceptan como una verdad inapelable que el aumento de los precios es culpa de los empresarios, la suba del dólar, de los especuladores y la caída de las reservas, de los productores agropecuarios que retienen sus cosechas.

Y el Gobierno va quedando atrapado en su propia retórica, tal vez hasta creyéndola. Si la culpa de la inflación la tienen los empresarios entonces la mejor manera de combatirla es congelando los precios. Si la culpa de la suba del dólar la tienen los especuladores entonces hay que reprimir por todos los medios posibles la actividad del mercado cambiario. Y si la culpa de la caída de las reservas la tienen los productores agropecuarios posiblemente en cualquier momento decidan (ya lo tuvieron que desmentir) obligarlos a vender sus cosechas.

Es desalentador pensar que la historia nos condena, que en los últimos 30 años hemos preferido juntar los fragmentos que quedaron tras el estallido de la bomba (la hiperinflación en 1989 y el default en el 2002) que desactivarla cuando todavía había tiempo para ello.

Pero, no hay que dejar de soñar. El pueblo argentino puede aprender de sus errores y está al alcance de todos nosotros hacer que esto suceda. Todos podemos contribuir desde los distintos lugares que ocupamos en la sociedad. Hay que difundir y apoyar las ideas claras y bienintencionadas orientadas a la construcción de un país distinto. Y, más que nada, hay que dejar de ver a aquel que no piensa como nosotros como si fuera un enemigo: es alguien de quien podemos aprender y con quien podemos llegar a ponernos de acuerdo. De lo contrario, tendremos que hacernos cargo de que tenemos la economía que nos merecemos.

Economía bajo el agua

La tragedia acontecida los otros días, con las inundaciones en las ciudades de Buenos Aires y La Plata, nos invita a reflexionar atentamente respecto a la manera en que los argentinos, a través de los representantes políticos que elegimos, enfrentamos los problemas y las consecuencias que esto tiene.

Al observar las terribles imágenes de la tragedia, quedó en evidencia la absoluta falta de expertise de nuestras autoridades para responder a un evento climático de estas características y dio la sensación de que sus consecuencias fueron mucho más graves de lo que habrían sido si se hubiera actuado de un modo más responsable.

Estableciendo un paralelo, parece haber sucedido lo mismo que lo que viene pasando en el plano económico en los últimos 30 años. Por ejemplo, el gobierno de Raúl Alfonsín, en la década del ´80, evadió la formulación y la implementación del plan económico que la problemática de ese entonces exigía. Como consecuencia de ello, los argentinos tuvimos que atravesar el trauma de uno de los peores estallidos inflacionarios de la historia económica mundial, con un aumento de los precios minoristas del 4.923,55% en 1989. Años después, las gestiones de Carlos Menem y Fernando de la Rúa también patearon la solución de los problemas económicos para adelante, priorizando las necesidades políticas de corto plazo por sobre el bienestar general de la población. El resultado: entre 1998 y 2002 el PBI cayó un 20% y la tasa de desempleo llegó a casi el 25%.

Ahora es el turno de Cristina Fernández de Kirchner, quien tras 6 años en el poder, continúa evadiendo la responsabilidad de corregir el rumbo de una economía que viene mostrando sobradas señales de alarma. Es difícil predecir cuáles van a ser las consecuencias en esta oportunidad pero si no nos despertamos a tiempo lo más probable es que volvamos a atravesar una situación traumática. Por ejemplo, de mantenerse el actual esquema económico es muy factible que avancemos hacia una aceleración inflacionaria. Por un lado, la brecha entre la inflación y el incremento del dólar oficial no puede persistir mucho tiempo más. Si no se actúa contra el aumento de los precios, en algún momento este gobierno, o el que venga después, va a tener que aplicar una fuerte corrección del dólar oficial y, de acuerdo a cómo ésta sea acompañada, puede provocar un salto en la tasa de inflación y un establecimiento de la misma en un nivel más alto que el actual. En la medida en que esto no genere un repudio electoral, el proceso podría repetirse hasta desembocar a la larga en un brote hiperinflacionario. Por otro lado, en este contexto inflacionario y de gran incertidumbre respecto a los precios relativos de la economía, es difícil imaginar una recuperación en la inversión privada y, por ende, en el ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, se puede producir un aumento en el desempleo ante la incapacidad del sector privado para absorber a una parte de los trabajadores que se incorporan año a año al mercado laboral. Si el Gobierno buscara contrarrestar esto incrementando el plantel de empleados públicos expandiría el creciente desequilibrio fiscal y también echaría leña al proceso inflacionario.

Lo peor es que cada una de estas crisis deja su huella. Al mantener en el tiempo modelos económicos que brindan los incentivos inadecuados a los ciudadanos, a la salida de cada crisis una porción de los mismos se encuentra con que la masa de conocimientos y experiencias adquirida en los últimos 10 años no es de utilidad en el nuevo escenario. Esto tiene un efecto negativo sobre la productividad de la fuerza de trabajo y es uno de los motivos que explica el retroceso relativo de la Argentina en las últimas décadas.

En definitiva, los argentinos, a juzgar por la forma en la que votamos, claramente premiamos a los líderes que priorizan los resultados de corto plazo. A aquellos que nos estimulan a consumir más allá de nuestras posibilidades, a costa del endeudamiento o de la inflación. Premiamos a quienes nos logran convencer de que somos mejores de lo que realmente somos en lugar de ayudarnos a mejorar. Lamentablemente, si seguimos actuando de esta manera, tarde o temprano una vez más vamos a terminar con la economía tapada por el agua.  

No entrar en el juego de los especuladores

Mientras desde los distintos lados del espectro ideológico se intercambian acusaciones y se atribuyen responsabilidades por el movimiento vertiginoso del dólar en el mercado informal, quiero detenerme unos instantes en el castigado ahorrista argentino que, tras haber sido esquilmado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia por gobiernos y especuladores, hoy mira con desconcierto lo que sucede y no sabe a ciencia cierta dónde colocar su dinero.

Resulta realmente tentador volcarse al dólar informal que, desde que se instauró el cepo cambiario a fines de octubre del 2011, no para de subir. En el 2012 aumentó un 43% y en lo que va del 2013 ya ganó cerca del 25%. Y, en la medida en que se mantenga el actual modelo económico, va a seguir subiendo.

Sin embargo, el ahorrista debe tener presente que, dados los niveles que alcanzó en los últimos días en el mercado paralelo, el dólar es una alternativa por lo menos cuestionable para colocar nuestro dinero. Simplificando el tema, esto tiene que ver con que las relaciones de cambio entre las distintas monedas en el largo plazo están ligadas con los diferenciales de inflación entre los países que las emiten. Si, partiendo de una situación de equilibrio externo, pleno empleo y crecimiento, un país tiene un inflación del 20% y el resto del mundo una del 5%, la moneda de ese país va a tender a depreciarse un 15% respecto al resto de las monedas. De lo contrario, sus exportadores no podrían seguir siendo competitivos en los mercados externos, las importaciones se tornarían excesivamente baratas y dañarían a los sectores de la economía doméstica que compiten con ellas y el país en cuestión comenzaría a enfrentar problemas de balanza de pagos (con caída de reservas internacionales o endeudamiento externo), un aumento en los niveles de desempleo o ambas cosas. De acuerdo a distintas estimaciones, el valor del dólar que hoy garantizaría el equilibrio externo y el pleno empleo de la economía argentina y le permitiría mantener una tasa de crecimiento razonable se encuentra entre 6.50 y 8 pesos. Siguiendo la lógica planteada, este valor, actualizado por la inflación que se registre de ahora en más, es al que va a tender a establecerse el dólar el día que este gobierno o el que lo suceda ponga en marcha un plan de normalización de la economía, con la implementación de un mercado libre y único de cambios. Esto significa que, aun tomando el nivel máximo de la franja, aquel que compró dólares en la última semana (el viernes cerró a 8,48 pesos) en el largo plazo va a experimentar una pérdida en el valor real del dinero invertido. Es decir, el poder adquisitivo de los dólares que adquirió va a ser menor que hoy. Podrá ganarle a la inflación en las próximas semanas, meses, quizás años (como ha sucedido en el 2012 y lo que va del 2013), pero cuando se normalice la economía el dólar se va a establecer en un valor que le va a provocar una pérdida frente a la inflación acumulada desde hoy hasta ese momento. Y el ahorrista común no puede confiar en que se va a desprender de los dólares en el momento indicado. Los especuladores, mejor informados que él, ya se habrán deshecho de sus tenencias antes que el ahorrista tenga el menor indicio de que eso es lo que conviene.

Esta explicación seguramente no le aclara demasiado el panorama al cada vez más desconcertado ahorrista: el dólar informal va a perder frente a la inflación pero ¿existe alguna alternativa de inversión que hoy nos permita ganarle o, al menos, empatarle al aumento de los precios? Ciertamente no abundan y posiblemente son demasiado sofisticadas para el ahorrista menos experimentado pero buscando, informándose y atreviéndose a algo distinto a lo conocido se pueden encontrar algunas opciones que brindan perspectivas interesantes. Por ejemplo, en el último año comenzaron a emitirse bonos denominados “dólar linked”, que son activos que se compran y cobran en pesos pero cuya rentabilidad está ligada a lo que suceda con el dólar oficial a lo largo de la vida del título. Siguiendo la lógica anterior, así como el dólar informal, a los valores actuales, a la larga va a perder frente a la inflación el dólar oficial le va a ganar, inevitablemente. Desde esta perspectiva, aquel que tenga su dinero invertido en estos bonos a la larga va a experimentar una ganancia en su poder adquisitivo. Desde ya, hay que inclinarse por aquellos bonos de grandes empresas que produzcan bienes o servicios con precios internacionales porque, de lo contrario, en caso de devaluación, el incremento brusco del valor de sus deudas podría ocasionarles problemas para cumplir con el pago de las mismas, como le sucedió a un gran número de deudores en el 2002.

Es indudable que el panorama no es sencillo y que requiere aguzar el ingenio y avanzar por caminos que no son los habituales, pero ésta es la manera de salir menos dañados de este mal momento y evitar que los únicos que se llenen los bolsillos, y a costa nuestra, sean los especuladores.