Optimismo moderado

Al cierre de esta edición, Mauricio Macri está iniciando su mandato como nuevo presidente de la república. Su promesa de avanzar con las medidas que la economía necesita para volver a crecer tras 4 años de estancamiento y la composición de su gabinete con personas con la calificación y la seriedad necesarias para implementarlas invitan al optimismo. Sin embargo, los antecedentes históricos deben introducir una cuota de moderación en nuestras expectativas y actuar como un llamado a todos los argentinos a participar desde sus lugares para facilitar el proceso y contribuir a darle forma.

Para ilustrar las dificultades que el nuevo gobierno tiene por delante, se puede tomar por ejemplo la problemática del atraso cambiario, un tema que a lo largo de la campaña y en las semanas previas a la asunción ha prometido resolver. Esta problemática ha sido frecuente a lo largo de la historia económica argentina y aquellas administraciones que intentaron corregirla no tuvieron un buen final, si bien este resultado no puede ser atribuido exclusivamente a sus decisiones económicas.

Repasando los últimos 60 años, encontramos correcciones cambiarias de una magnitud como la que se podría requerir en la actualidad o mayor a fines de 1958, en 1967, en 1975, en 1981, en 1982 y en 2002. Hubo también una devaluación importante en 1989 pero ésta se dio en el marco de los intentos por detener el estallido hiperinflacionario de ese año y no con el objetivo de poner fin a un período más o menos prolongado de atraso cambiario. En todos los casos, la devaluación dio lugar a una importante caída del poder adquisitivo de los salarios que condicionó políticamente a las autoridades y seguramente contribuyó a su posterior caída. Esta caída del salario real fue de 25% en 1959, del 7% en 1967 (un impacto morigerado por la suba de las retenciones que se aplicó a los productos de la canasta familiar), del 35% en 1975, del 10% en 1981, del 10% también en 1982 y del 19% en 2002. En el primer caso, el gobierno de Arturo Frondizi fue derrocado por un golpe militar en marzo de 1962. Si bien es cierto que su salida del poder se dio más de 3 años después de la fuerte medida cambiaria que tomó, los salarios reales se mantuvieron significativamente por debajo de los niveles vigentes antes de la medida durante el resto de su gestión, aportando un motivo de malestar. El segundo caso es el menos trascedente por el impacto acotado de la devaluación. Aun así, el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía fue turbulento y se interrumpió en junio de 1970, con su reemplazo por otro representante militar, Roberto Levingston. Tras las medidas económicas de junio de 1975, la administración de Isabel Perón duró menos de 9 meses, aquejada desde ya por problemas que no se limitaban exclusivamente a lo económico. En 1981, Roberto Viola tuvo un mandato de apenas 8 meses y medio y, en 1982, Leopoldo Galtieri, de sólo 6. Aunque el desplazamiento de este último fue provocado por la derrota en la guerra de  Malvinas, muchas veces se ha señalado que con este conflicto se buscó una distracción de las dificultades económicas que el país atravesaba en aquel momento. Por último, en 2002 Eduardo Duhalde permaneció en el poder 17 meses luego de anunciar la salida de la convertibilidad.

A favor de Macri, hay que decir que, excepto en el caso de Frondizi, en el resto, las medidas fueron tomadas por presidentes que no habían sido elegidos por el voto popular y por lo tanto carecían de la legitimidad política suficiente para tomar decisiones que tuvieran un impacto tan fuerte sobre el nivel de ingresos de la población. Incluso el propio líder radical tenía una legitimidad cuestionable ya que había llegado a la presidencia favorecido por la proscripción del peronismo.

Estos antecedentes plantean, entonces, una oportunidad y también una advertencia a la hora de avanzar en la introducción de las modificaciones que la economía necesita. Indudablemente, tanto los asesores políticos y económicos del presidente como el resto de los integrantes de la sociedad debemos aprender de la experiencia del pasado para no caer en los mismos errores que han llevado a que la Argentina sea mirada con perplejidad en el mundo como un país que nunca termina de concretar su potencial.

Con el desafío de cambiar la historia

Estamos a pocas semanas del inicio de una nueva etapa en la historia de la Argentina, con el final del mandato de Cristina Fernández de Kirchner y el inicio del de Mauricio Macri o Daniel Scioli. Y, frente a este nuevo hito, se renueva la esperanza de que finalmente los argentinos dejemos viejos vicios de lado y comencemos a construir una nación nueva, con un futuro más prometedor.

En el ámbito económico, la expectativa es que el país abandone de una vez por todas el sendero de violentas crisis recurrentes que viene transitando desde hace 40 años. En este período, los argentinos atravesamos 4 episodios en los que el PBI cayó durante por lo menos 2 años consecutivos y acumuló una reducción superior al 4%: en 1975/76, con una merma del 4%, en 1981/2, con una del 11,3%, en 1988/90, del 12,7%, y en 1999/2002, del 24,1%. Si la próxima administración no acierta con las medidas necesarias para corregir los importantes problemas de fondo que presenta la economía, indudablemente el desenlace va a ser un nuevo episodio de este tipo y se marcará un nuevo trauma en la castigada memoria colectiva.

Este ciclo ininterrumpido de crisis no es malo solamente por la magnitud de las mismas y sus graves consecuencias sobre el entramado social. Al provocar constantes y prolongadas interrupciones en el proceso de acumulación de capital por parte de la sociedad, la alejan de su potencial productivo y condenan a los habitantes a un nivel de vida inferior a sus posibilidades.

Claramente, para el logro de este objetivo, no basta con la voluntad de quien se imponga en las elecciones del 22 de noviembre. Se requerirá del compromiso de las fuerzas políticas que queden en la oposición, de los dirigentes empresarios y sindicales y, por sobre todas las cosas, de la exigencia de todos los integrantes de la sociedad, que ya manifestaron mayoritariamente una sonora demanda de cambio el último 25 de octubre. Es que no se debe ignorar que la trayectoria económica que viene siguiendo el país en los últimos 40 años es el resultado de un complejo comportamiento social en el que los distintos actores buscan apropiarse de los méritos y los beneficios en las épocas de auge y evadir las responsabilidades y las pérdidas en las de caída, en lugar de asumir y repartir en forma colectiva tanto los logros como los fracasos.

Un hecho que podría alimentar la esperanza del cambio es la posibilidad de que llegue al gobierno en forma democrática por primera vez desde la reforma electoral de 1912 una fuerza política que no es ni el peronismo ni el radicalismo, si bien éste último forma parte de ella. Es válida la expectativa de que, en caso de asumir el poder, este partido incorpore nuevas prácticas y hábitos de conducción distintos en el manejo del poder ejecutivo.

Sea como fuere, quien asuma el 10 de diciembre afronta el enorme desafío de torcer la historia. Desde aquí, le damos todo nuestro apoyo y acompañamiento en esa empresa.

Pidiendo la hora

El Gobierno parece estar saliéndose con su cometido y está llegando a las elecciones presidenciales sin haber cedido un milímetro al “club de los devaluadores”, los fondos buitre y aquellos que “quieren ajustar” porque “nunca pasaron hambre”. Pero no lo hace con elegancia. Lo hace prácticamente pidiendo la hora, pasando la gorra entre sus amigos para que no se le acaben las pocas reservas que quedan o, al menos, para poder disputar las acusaciones de la oposición de que está dejando al Banco Central “pelado”.

Y la estrategia, a juzgar por los pronósticos de los encuestadores, parece estar dando sus frutos, con Daniel Scioli con chances de ganar los comicios en primera vuelta. De confirmarse estas predicciones, el tildado por algunos economistas opositores como “el peor ministro de economía de la historia” se irá a dormir el 25 de octubre con la íntima satisfacción de haber viabilizado con su gestión la victoria del candidato oficialista en un período de estrecheces que en nada se compara con los períodos previos a los triunfos electorales del 2007 o el 2011.

Los que no nos iremos a dormir satisfechos somos todos aquellos que soñamos con un país distinto: con un país estable, predecible, en el que se apliquen planes de largo plazo, en el que la gente no tenga que apostar todos sus ahorros en una timba, en el cual la supremacía de la política sobre la economía no sea tan brutal. Y no porque Scioli sea necesariamente un peor candidato que Mauricio Macri o Sergio Massa. ¿Quién puede asegurar con absoluta certeza cuál de estos políticos tiene la capacidad, la visión y las posibilidades para lograr los objetivos planteados?

Pero un triunfo del oficialismo es una victoria de la negación, de la vista gorda, de la mentira, de patear los problemas para adelante, de la falta de diálogo y acuerdos, de la priorización del corto por sobre el largo plazo, por no hablar de la corrupción, de la que han abundado acusaciones que aun no han sido confirmadas debidamente en los tribunales. Una victoria del oficialismo implica que una parte mayoritaria de la sociedad (al menos en los términos establecidos por la Constitución para la elección presidencial) está avalando, por ignorancia, negligencia o indiferencia, todas estas cuestiones. Y resulta altamente improbable que una sociedad que permite todas estas prácticas políticas pueda construir una nación como la que muchos ambicionamos.

¿Cuál es la actitud que debemos tomar si finalmente se confirman los pronósticos de las encuestas frente a este diagnóstico tan pesimista? Indudablemente, debemos redoblar los esfuerzos para trabajar sobre la educación y la concientización de la población pero, más que nada, debemos hacer una autocrítica y ver cuáles de todas esas prácticas que lamentamos en la dirigencia política adoptamos nosotros en nuestra vida cotidiana, cuando realizamos negocios, contratamos servicios o nos manejamos por la vía pública, contribuyendo a sostenerlas y perpetuarlas.

El ejemplo de Brasil

Los sucesos que vienen aconteciendo en Brasil deben ser seguidos de cerca por aquellos que quieren tener una idea más clara de cómo puede ser las cosas en nuestro país luego de las elecciones, a juzgar por los importantes puntos en común entre las dos naciones vecinas en estos últimos años.

Ambos países vienen mostrando una economía con poco lustre. La de Brasil creció al 1,76% en 2012, al 2,74% en 2013, al 0,15% en 2014 y se contrajo un 1,15% en el primer trimestre del 2015. La de Argentina presentó cifras del 1,9%, 2,9%, 0,5% y 1,1% para los mismos períodos. Con este telón de fondo y un año casi exacto de diferencia, llegaron a sus respectivas elecciones presidenciales. Tanto en Brasil el año pasado como en nuestro país éste, los partidos gobernantes esgrimieron la carta de la continuidad en materia económica sin anticipar la necesidad de cambios importantes para revertir el proceso de estancamiento. Asimismo, ambos vecinos están cerrando sus respectivos años electorales con enormes déficits fiscales (cerca del 6% del PBI en Brasil y se estima en cerca del 7% del PBI aquí).

Tras obtener la victoria electoral, y asegurar un nuevo mandato para el partido gobernante, la presidente brasileña Dilma Rousseff hizo lo que había asegurado que no era necesario. Con el objeto expreso de recuperar la confianza de los inversores para volver a poner a la economía en el sendero del crecimiento, puso en marcha un plan económico ortodoxo, de ajuste fiscal y devaluación de la moneda. Si bien, a medida que la recesión en el país vecino se fue profundizando y el apoyo político se fue evaporando, los objetivos se fueron flexibilizando, inicialmente se pretendía lograr un superávit fiscal primario del 1,2% del PBI en 2015 y superior al 2% del PBI en 2016. Al mismo tiempo, al cierre de esta edición la moneda brasileña llevaba perdido un 55% de su valor respecto al dólar desde el día siguiente del ballotage en el que se impuso Rousseff.

El resultado en términos políticos ha sido ampliamente negativo. La popularidad de la mandataria brasileña cayó al 8% en agosto, la más baja para un presidente desde el fin de la dictadura militar de ese país en 1985. Desde ya que la situación no se vio favorecida por el escándalo de corrupción en el que se vio envuelto el partido gobernante pero si el panorama económico no se hubiera vuelto tan sombrío, indudablemente, la imagen de la presidente no se hubiera visto tan afectada. Habría que ver hasta qué punto también incidió en esta cuestión la violación por parte de Rousseff de las promesas de la campaña. Sería completamente válido y, hasta un síntoma de madurez política, que la población, en general, y el sistema institucional, en particular, castiguen a un político por aplicar en su gestión de gobierno políticas completamente distintas a las de su plataforma electoral.

Sea como fuere, en caso de ganar las próximas elecciones, Daniel Scioli seguramente analizará en profundidad los sucesos económicos y políticos de Brasil de los últimos 12 meses. Sus dilemas serían semejantes a los de su colega: ¿toma las medidas que se requieren para salir del estancamiento económico en los primeros meses del mandato, arriesgándose a perder el capital político obtenido tras la victoria electoral, o adopta un enfoque gradual, exponiéndose a la posibilidad de que la economía siga acumulando desequilibrios y termine explotándole en algún punto del camino? Por lo pronto, siempre y cuando sea válido extrapolar el caso brasileño al nuestro, contaría con la ventaja de conocer de antemano los resultados de uno de estos ejes de acción.

El debate sobre el atraso cambiario: lo que dice la historia

A medida que se va aproximando el cambio de administración e intentamos discernir la forma que tendrá el enfoque económico con el que las nuevas autoridades enfrentarán los numerosos problemas que presenta la economía, surge naturalmente el interrogante acerca de lo que sucederá con el tipo de cambio, dado el significativo atraso que éste hoy registra.

Durante la campaña electoral, por la sensibilidad que este tema presenta, se ha preferido poner el énfasis en la reducción de la carga impositiva que hoy pesa sobre las economías regionales como la principal herramienta para hacer frente a la pérdida de competitividad de la economía. Como era de esperar, se han evitado las precisiones acerca del nivel del tipo de cambio real que podría propiciarse o tolerarse durante los próximos años. Nadie va a pretender ganar una elección presidencial en los tiempos que corren diciéndole a los trabajadores que va a bajar el poder adquisitivo de sus salarios apenas asuma el cargo.

Teniendo en cuenta, entonces, que los candidatos no han aportado pistas certeras sobre este particular, podemos recurrir a la historia argentina para intentar prever cuál puede ser la evolución, elegida por las autoridades o impuesta por la realidad, de la paridad cambiaria durante el próximo mandato.

Tomando los últimos 50 años de una serie de tipo de cambio real bilateral con Estados Unidos*, se observa que siempre que éste cayó por debajo de cierto nivel, la situación no se pudo sostener en el tiempo y la salida fue brusca. Por ejemplo, entre 1972 y 1975 el peso se ubicó en un nivel históricamente alto, semejante al de la actualidad, y el desenlace, iniciado con el Rodrigazo, derivó en el mayor pico inflacionario registrado en el país hasta entonces. Pocos años después se repitió el fenómeno, entre 1979 y 1981, con la tristemente célebre “tablita” de Martínez de Hoz. Nuevamente, el final fue traumático, con una caída de más del 11% del PBI y una nueva aceleración inflacionaria. Más recientemente, se encuentra la experiencia de la Convertibilidad. A diferencia de los procesos anteriores, la permanencia de un peso apreciado se extendió durante más tiempo, entre 1991 y 2002. Sin embargo, y tal vez por ese mismo motivo, el desenlace fue aun más turbulento: la economía se redujo en cerca de un 25% entre 1999 y 2002.

Podemos situar el inicio de la actual etapa de atraso cambiario en el 2012, año en el que el tipo de cambio real cayó a un nivel semejante al de los períodos reseñados. Si la historia ha de repetirse, sólo falta establecer el momento de la devaluación y la magnitud de la crisis que la acompañará. Por diversos motivos, parece difícil que la etapa actual pueda tener una duración similar a la de la Convertibilidad, principalmente por los problemas de Brasil. Hay que recordar que la devaluación del real a comienzos de 1999 marcó el inicio del fin de ese período, por el impacto que tuvo en la evolución de las exportaciones argentinas.

Si se pretende que la historia no se repita, se requerirá de un esfuerzo social importante. Se tendrá que compensar por otras vías el efecto negativo del atraso cambiario sobre la rentabilidad de las empresas exportadoras. Esperemos que esta vez podamos evitar las experiencias traumáticas del pasado. Lamentablemente, lo acontecido hasta el momento en la campaña electoral no permite vislumbrar una sociedad madura, conciente de sus fortalezas y dificultades y dispuesta a asumir los sacrificios necesarios.

¿Continuidad o cambio?

En una campaña electoral completamente vacía de debate sobre las políticas económicas a seguir durante los próximos 4 años, lo único que pareciera estar en juego es una disyuntiva vaga entre continuidad o cambio.

Sin embargo, lo cierto es que, tras 4 años de estancamiento económico y con el agotamiento de las reservas internacionales y del superávit comercial, la posibilidad de una continuidad de las políticas actuales durante la próxima administración es improbable, gane quien gane las elecciones presidenciales de octubre.

Hay que tener presente que en diciembre de 2011, cuando Cristina Fernández de Kirchner inició el actual mandato, las reservas del Banco Central se ubicaban en 46 mil millones de dólares y el superávit comercial, en torno a los 10 mil millones de dólares. Hoy, las arcas de la entidad monetaria, apuntaladas por préstamos del Banco Central de China, por los pagos de la deuda que no se pudieron realizar como consecuencia del bloqueo del juez Griesa y por otros atrasos, se ubican por debajo de los 34 mil millones de dólares. Y, en los primeros 5 meses del año, el superávit comercial apenas se acercó a los 800 millones de dólares. Es decir, al inicio del actual mandato, existía margen para que la economía se mantuviera en marcha, aun con crecientes dificultades, sin realizar cambios de fondo. Se podía utilizar el impulso del gasto público y de la expansión de la oferta de dinero, las herramientas al alcance de las autoridades, y confiar en el excedente comercial y las reservas existentes para hacer frente a las necesidades de divisas que pudieran surgir. Pero hoy ese margen es exiguo.

El gobierno que asuma puede apostar a una oportuna recuperación de los precios de los productos agropecuarios, a que Brasil salga del estancamiento o al financiamiento externo que pueda conseguir en las condiciones actuales, pero ésta sería una apuesta sumamente arriesgada ya que implicaría dejar pasar la ventana de oportunidad política que brindará la victoria electoral.

Desde ya, la introducción de cambios en la orientación económica no implica necesariamente un resultado exitoso. Por ejemplo, se puede trazar ciertos paralelismos entre el panorama de hoy y el de finales de 1999, cuando asumió el gobierno de Fernando de la Rúa, si bien en ese momento la situación era un poco más acuciante, con un déficit comercial de alrededor de 2 mil millones de dólares, un nivel de deuda pública más comprometedor y reservas internacionales de 19 mil millones de dólares. En aquel entonces, como ahora, se requería un cambio para apuntalar a la economía. Se optó por el tristemente célebre “impuestazo” de José Luis Machinea, una medida con la que no se logró revertir el proceso de deterioro y que comenzó a pulverizar el capital político con el que contaba la administración.

En definitiva, la incertidumbre que hoy podemos tener respecto a lo que hará el próximo gobierno no pasa tanto por si habrá o no cambios en las políticas económicas actuales sino más bien por cuál será la profundidad, la naturaleza y la viabilidad política que éstos tendrán. Estas son las cuestiones que deberemos tener en mente cuando decidamos nuestro voto, sin contar, para ello, lamentablemente, con la ayuda de los candidatos, que a lo largo de la campaña se vienen esforzando por mantener sus planes, si es que los tienen, en el más absoluto de los secretos, limitándose a decirle a cada auditorio lo que éste quiere escuchar.

La misión principal del próximo gobierno

En la nota de tapa de esta edición se analiza en profundidad la situación crítica de las cuentas fiscales, con un déficit que, en la perspectiva histórica, sitúa a la actual gestión económica en una compañía de la que seguramente no se enorgullece. Como se verá más adelante, el resultado fiscal con el que se estima va a finalizar este año va a ser uno de los peores de la historia y se ubicará en niveles semejantes a los registrados en el rodrigazo, la crisis de la deuda de principios de la década del ´80 y la hiperinflación a finales de esa misma década. Con este logro, Axel Kicillof quedará emparentado con ministros de economía como Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo, José Martínez de Hoz, Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann o Juan Sourrouille, algunos de los cuales ha criticado fervientemente.

Dejando de lado las particularidades de cada período, un punto en común que se puede identificar en todos ellos es la existencia de una economía que perdió el impulso del sector privado y en la que el sector público ocupó su lugar hasta el punto que la capacidad de endeudamiento y las restricciones externas le permitieron. Y lo que, a lo largo de estas experiencias, reprimió el impulso privado fue la falta de rentabilidad o, cuando ésta existió, la falta de garantías de que fuera a mantenerse en el tiempo. Esto fue producto, entre otras cosas, de las políticas erráticas, de la arbitrariedad y el oportunismo de los distintos gobiernos y de la falta de consenso de la sociedad respecto al modelo de país que se pretendía.

Esto se observa claramente en la última década. Entre 2003 y 2008, los extraordinarios precios de los commodities y el dólar alto brindaron condiciones de rentabilidad para que el sector privado anotara una expansión notable, también favorecida por el punto de partida bajo. Fue así como las exportaciones, el motor fundamental de toda economía para crecer en forma sostenida, casi se triplicaron en dicho período, pasando de 25.700 millones de dólares en 2002 a 70.000 millones de dólares en 2008, el año previo a la crisis internacional, que tuvo un fuerte impacto en el comercio internacional. Desde 2009 en adelante, con el proceso de apreciación cambiaria, que le bajó la rentabilidad al sector exportador, y las medidas y el discurso de un gobierno que pareció en muchos momentos dispuesto a avanzar sobre las ganancias de las empresas, comenzó a sentirse cada vez con más fuerza el estancamiento del sector privado. Los resultados en materia de exportaciones han sido contundentes: tras alcanzar un máximo de 84 mil millones de dólares en 2011 y mantenerse en los 2 años siguientes cerca de ese nivel, se desplomaron en el 2014, a un total de 72 mil millones de dólares, y se ubicarían en un nivel aun más bajo este año.

Resulta indiscutible que la misión principal del próximo gobierno es encender nuevamente el fuego de la iniciativa privada. Debe lograr crear condiciones de rentabilidad y perspectivas de que esa rentabilidad se va a mantener en el tiempo para las empresas, principalmente en el sector exportador. Y mientras mayor sea la participación y el compromiso de la dirigencia política, sindical y empresaria en este proceso mejores van a ser los resultados. De nada servirá el mejor programa económico si no cuenta con el grado de legitimidad suficiente que esa participación le puede dar.

Si no logramos avanzar en esa dirección vamos a quedar sujetos al azar de los precios internacionales de los commodities y al financiamiento que podamos conseguir, disputándonos una torta que no nos ponemos de acuerdo cómo hacer crecer y esperando el golpe que nos arroje hacia la próxima crisis.

Artífices de nuestro propio destino

Resultan muy llamativos los vaivenes de electrocardiograma que viene mostrando el mercado de capitales local al ritmo de los rumores políticos que mejoran o empeoran las perspectivas de los principales candidatos presidenciales para las elecciones de octubre. 

A la luz de la experiencia histórica de la Argentina, parece desmedido el optimismo que despierta la posibilidad de una victoria de Mauricio Macri. Si bien uno está dispuesto a las gratas sorpresas, cuesta imaginar que la nueva administración pueda introducir las correcciones que se requieren en la proporción adecuada para que la economía ingrese en un proceso de crecimiento sostenible sin sufrir un desgaste político que erosione la base de apoyo necesaria para garantizar la gobernabilidad.

No tiene porqué repetirse la historia, pero no hay que olvidar las dificultades que encontró el gobierno de Fernando De la Rúa, entre 1999 y 2001, para lograr ese equilibrio esquivo en nuestro país entre consistencia económica y gobernabilidad. Tres economistas de incuestionables calificaciones, como José Luis Machinea, Ricardo López Murphy y Domingo Cavallo, echaron mano a diversas herramientas para torcer el destino de crisis de la economía, desde el aumento de los impuestos y el recorte del gasto público hasta la canasta de monedas y los planes de competitividad, pero en todos los casos chocaron contra la compleja realidad política de la Argentina.

Por lo tanto, en lugar de creer ingenuamente que el futuro va a ser luminoso si gana un candidato y completamente sombrío si se impone otro, tal vez debemos trabajar, cada uno desde su lugar, para construir en conjunto un modelo de país que despierte el mayor nivel de adhesión posible en la sociedad y que, a partir de esa legitimidad, se pueda mantener en el tiempo, una condición fundamental para que la Argentina pueda desarrollar su potencial. 

Desde esta perspectiva, no debería haber una disyuntiva entre la continuidad o el cambio sino que se debe procurar una continuidad con cambios, de modo de mejorar el funcionamiento de la economía pero sin alienar el apoyo de las miles de personas que encontraron en el modelo actual una contención y una luz de esperanza para el futuro luego de la profunda crisis de la salida de la convertibilidad. De lo contrario, los perdedores de hoy estarán agazapados, esperando su oportunidad para volver dentro de algunos años y revertir los cambios que se hayan introducido en el interín. Y, así, perderemos todos. Seguiremos deambulando entre rachas y crisis recurrentes, sin brindarle soluciones permanentes a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En síntesis, debemos ser artífices de nuestro propio destino, no dejarlo exclusivamente en manos de los políticos, que más que nada están interesados en llegar y permanecer en el poder y saben aprovechar al máximo las divisiones existentes en la sociedad que en las últimas décadas no hemos podido superar.

Una economía dominada por la cautela

Con su insistencia en no tolerar subas mayores al 28% en los salarios, exponiéndose así a las medidas de fuerza que varios sindicatos anunciaron para los próximos días, el Gobierno muestra una vez más cuál es su prioridad en lo que queda del mandato: entregar la economía lo más calmada posible el 10 de diciembre y deslindarse de la responsabilidad de cualquier medida que tomen las nuevas autoridades que pueda afectar el bolsillo de los argentinos.

Contrariamente a lo que algunos pensábamos, el Gobierno se está inclinando por la tranquilidad, en lugar de propiciar una mejora del consumo y de la actividad, que podría brindar algún rédito político pero que también entrañaría claras amenazas económicas. Es por eso que no dio lugar a aumentos salariales mayores, que hubieran aliviado el clima sindical, que sólo introdujo mejoras modestas en el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores o que deslizó hacia abajo con mucha timidez la tasa de interés.

El punto clave es que mientras mayor sea el incremento en el ingreso disponible de los consumidores en los próximos meses, mayor va a ser el aumento de la demanda de importaciones de bienes finales y de insumos destinados a la producción local y del dólar ahorro, que mes tras mes viene batiendo records. Y, teniendo en cuenta que aun en este período del año que es por cuestiones estacionales el de mayor ingreso de dólares las reservas internacionales del Banco Central están prácticamente estancadas, mayor es la fuerza con la que éstas pueden comenzar a caer.

Y, para evitar cualquier sobresalto, el Gobierno debe llegar al último tramo de su mandato con las reservas suficientes para hacer frente a la dolarización de carteras que muy probablemente se va a dar en ese momento. Es que, frente a la opinión bastante extendida de que la próxima administración va a propiciar una fuerte devaluación del peso, muchos de los ahorristas que en los últimos meses se volcaron hacia los depósitos en pesos para aprovechar la quietud del dólar (los depósitos a plazo en pesos en el sistema financiero aumentaron más del 25% en lo que va del año) van a regresar a los activos en la moneda norteamericana a medida que se acerque el 10 de diciembre.

En definitiva, las autoridades económicas deben asegurarse que el aumento en el consumo resultante de los incrementos salariales, el menor impuesto a las ganancias, las tasas de interés más bajas u otras medidas que se pudieran tomar no comprometa sus posibilidades de contar con el suficiente poder de fuego en el Banco Central para contener las presiones cambiarias que pueda haber entonces.

Esto permite entender cómo un gobierno que durante más de una década esgrimió a la expansión del consumo como uno de sus mayores argumentos y que no mostró la menor moderación a la hora de incrementar los salarios, independientemente de la capacidad de las empresas para solventarlos, ha cambiado tan abruptamente sus consignas en estos últimos meses de su mandato, entregándose a la mayor de las cautelas con el fin de proteger artificialmente un legado que ya hace bastante despilfarró.  

¿Hacia un veranito económico preelectoral?

En las últimas semanas el Gobierno parece estar preparando el terreno para mejorar la situación económica y levantar el ánimo de los votantes justo a tiempo para las elecciones presidenciales.

Primero y principal, en línea con la clara asignación de prioridades que ha hecho luego del sobresalto cambiario de enero de 2014, se aseguró dotar al Banco Central con el suficiente poder de fuego para hacer frente a las crecientes necesidades de dólares que una economía con mayor movimiento va a tener. Para ello, colocó deuda en los mercados de capitales, sin reparar en los costos, y se espera que continúe apelando a esta fuente de recursos en las próximas semanas.

En segundo término, en forma demorada y sin satisfacer los reclamos sindicales, las autoridades avanzaron con la reducción del impuesto a las ganancias. Teniendo en cuenta su magnitud, se trata de una medida con efectos más políticos que económicos. Se pretende desarticular o, al menos, disputar la afirmación de los dirigentes de la oposición de que el Gobierno está “metiendo la mano en los bolsillos de los trabajadores”. De todos modos, se trata de 6 mil millones de pesos que en las próximas semanas los beneficiarios podrán volcar a la compra de bienes o servicios o a la del “dólar ahorro”.

Pero, sin lugar a dudas, el impulso más importante que recibirá la economía en los próximos meses provendrá de los aumentos salariales que oportunamente la administración se asegurará que lleguen a buen puerto. Muchos atribuyen la demora que se viene dando en las negociaciones paritarias a un inédito celo de las autoridades en relación al impacto inflacionario de incrementos salariales desmedidos pero esta hipótesis resulta poco creíble. ¿Qué beneficio recibe el Gobierno si la inflación cierra esta año más cerca del 20% que del 30%? El daño político de la alta inflación ya está hecho y no se va a revertir porque eso suceda. La demora en las paritarias bien podría perseguir el objetivo de situar las mejoras salariales lo más cerca posible de las elecciones, al mismo tiempo que se reduce el costo de divisas que van a tener.

Es que el impulso que recibirá la economía con estos aumentos, que se ubicarán en torno al 30%, se verá claramente reforzado por el dólar planchado. En los primeros 4 meses del año el valor de la moneda americana en el mercado oficial se incrementó poco más de un 4%. Excepto un cambio imprevisto en el escenario o algún error de cálculo, este ritmo devaluatorio se va a mantener, si no se aminora aun más, lo que implicará un incremento de menos del 13% para todo el año. Esto redundará en aumentos en el poder adquisitivo de los salarios, que se verán potenciados en los sectores de menores ingresos, debido a que los precios de los alimentos, que tienen un mayor peso en su canasta de consumo, subirán por debajo de la inflación. Desde ya, este incremento en el salario real empujará el consumo y aumentará la demanda de divisas para importaciones de bienes finales y de insumos para los productores locales.

Obviamente, cualquier mejora que pueda haber en los próximos meses será temporal y tendrá un costo importante en términos de endeudamiento y de la utilización de los pocos dólares que aun quedan de los abultados superávits comerciales de antaño. Quedará para el próximo gobierno la tarea de poner en marcha nuevamente un proceso de crecimiento genuino y sustentable, para lo cual indudablemente necesitará coraje, ideas y el apoyo de toda la sociedad.

Sin motivos para el festejo

La colocación de deuda con la que el Gobierno días atrás consiguió casi tres veces la cantidad de dólares que pretendía provocó cierta euforia entre los principales funcionarios del ámbito económico. “Se demuestra de este modo que no es cierto que los fondos buitres nos habían puesto contra las cuerdas y nos llevaban al nocaut. El mito de que no hay financiamiento para la Argentina se cae”, señaló con aire triunfal el ministro de economía Axel Kicillof horas después de la publicación del resultado de la licitación. A su vez, el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, destacó al día siguiente: “Hoy las reservas internacionales subieron 1.247 millones, un día importante para los argentinos”, en relación al ingreso de los dólares obtenidos con la emisión en las arcas de la autoridad monetaria.

Pero, si bien es cierto que el resultado logrado por el Gobierno debe haber sorprendido a los analistas bien intencionados que en los últimos meses ponían en duda la capacidad de la administración para conseguir una cantidad de dólares considerable en los mercados voluntarios de deuda en el contexto del conflicto con los fondos buitre, el endeudamiento del país en sí mismo, sin formar parte de una estrategia integral para resolver los importantes problemas que presenta la economía, no puede ser jamás un motivo para el festejo. Más bien, si se utiliza una vez más, como en el pasado, para disimular los problemas y patear su solución para adelante, debe ser un motivo de preocupación.

Es que en nuestro país, la deuda pública neta, es decir, sin incluir la deuda del Tesoro con organismos del sector público, en relación al PBI, se encuentra en una situación relativamente favorable. Incorporando en ella la deuda en default, incluso considerando eventuales arreglos beneficiosos para los acreedores, no supera el 30%, cuando en Brasil, por ejemplo, se ubica en torno al 60%. La mayoría de los países del mundo tienen un endeudamiento superior al nuestro. Esto le brinda a la Argentina, bajo ciertas condiciones, la capacidad de acceder a un flujo de financiamiento que les puede permitir a las autoridades de turno esquivar las reformas necesarias para que se reactive la inversión privada y la economía recupere el dinamismo.

Para dar un ejemplo sencillo, mucho se habla de la necesidad de una devaluación del peso. Definitivamente, una devaluación exitosa reduciría los costos en dólares de las empresas exportadoras y mejoraría su rentabilidad, estimulándolas a aumentar su producción e incrementando, así, el ingreso de divisas para nuestra economía, lo que permitiría enfrentar los problemas de escasez que hoy existen. Sin embargo, desde la perspectiva de los políticos, una devaluación generará una caída en el salario real de los trabajadores y un costo político que puede ser importante. Es sumamente tentador, entonces, para ellos enfrentar la falta de divisas con endeudamiento externo, en lugar de con una corrección de la relación entre el peso y el dólar.

Pero esto no es gratuito. Cada año que nos demoramos en generar las condiciones para la reactivación de la inversión privada y, de este modo, el aumento de la capacidad del país para producir bienes y servicios, en el contexto de una población creciente, nos volvemos en promedio más pobres. Por lo tanto, si se utiliza al endeudamiento con esa finalidad indudablemente debemos preocuparnos por el futuro.

Muchos dólares, algunos interrogantes

Con la llegada de abril, comenzó la temporada de la liquidación de la cosecha de soja, el período del año en el que habitualmente se registra el mayor ingreso de dólares al país por sus exportaciones. Por ejemplo, en este mismo período del año pasado ingresaron 20.900 millones de dólares por ese concepto y en 2013, 22.300 millones. Esto contrasta con el resto de los trimestres de estos 2 últimos años, en donde las entradas por exportaciones alcanzaron un máximo de 20.000 millones, en el tercer trimestre del año pasado, y un mínimo de 15.200 millones, en el primer trimestre del mismo año.

El inicio de la temporada sojera se hizo sentir rápidamente en las reservas internacionales del Banco Central, que, al cierre de esta edición, se ubicaban en su nivel más alto del 2015, por encima de los 31.500 millones de dólares. También se percibió su efecto en el grifo cada vez más abierto del cepo cambiario. Tras vender 485 millones de dólares en marzo para fines de atesoramiento, fijando un nuevo récord mensual, la autoridad monetaria se mostró aun más generosa en este cuarto mes del año, desprendiéndose de 235 millones en sus primeros 5 días hábiles. Como es de esperar, esto presionó al dólar blue a la baja, ubicándolo en su nivel mínimo desde julio del año pasado.

Sin embargo, en el contexto de alivio y mayor holgura que este ingreso de dólares provoca, se plantea el interrogante de cuál va a ser el uso que el Gobierno le va a dar al flujo de divisas. Es que no se trata de una cantidad tan abundante para hacer frente a todas las necesidades que las autoridades tienen y, además, va a ser temporal.

Indudablemente, un objetivo prioritario del Gobierno en estas próximas semanas será intentar poner un freno a la caída de la actividad industrial, íntimamente ligada a la falta de insumos que las restricciones a las importaciones vienen provocándole al sector. Este cayó en febrero un 2,2% y suma 19 meses consecutivos de merma. En esta línea se encuentran los anuncios realizados por la presidente Cristina Fernández de Kirchner a finales de marzo de planes para el canje de electrodomésticos y la renovación del parque de taxis, entre otras medidas.

Merece un punto aparte la política de las autoridades económicas en relación al dólar ahorro. Ciertamente, sorprende la cantidad de reservas que están sacrificando con el fin de abastecer esta demanda, que años atrás fue vilipendiada, y que no se conformen con mantener en el 50% una brecha que llegó a superar el 80% en septiembre del año pasado. Uno imagina que tendrán el cálculo muy bien hecho de cuántos dólares necesitan de acá a diciembre y cuántos pueden conseguir para estar dispuestos a utilizar un volumen tan importante en algo que no parece ni por lejos lo más delicado políticamente. Como me decía hace poco un colega: “¿Qué porcentaje de las personas que compran dólares bajo esta modalidad puede llegar a votar por el candidato oficialista en octubre?”

Por último, el Gobierno tendrá que definir si necesita aprovechar la temporada sojera para aprovisionarse de los dólares que puede llegar a necesitar durante el resto del año. En este sentido, es de prever que si sabe que las reservas no van a alcanzar, mejor que la escasez se sienta ahora, a 6 meses de las elecciones, y no cuando los comicios sean inminentes.

En definitiva, en las próximas semanas recibiremos señales que nos permitirán ir desentrañando estos interrogantes. Podremos empezar a dilucidar si el Gobierno tiene margen para encarar el fin de ciclo con un espíritu festivo o si llegará a diciembre, con lo justo, pidiéndole la hora al referí.

Peleando por lo que no hay

En estas últimas semanas, en absoluta consonancia con la temporada electoral que se inicia, venimos atestiguando la proliferación de reclamos sectoriales de todo tipo que, de acuerdo a la evaluación política que de ellos hagan el gobierno nacional, los provinciales o los municipales, serán atendidos más o menos satisfactoriamente o desembocarán en conflictos abiertos.

Fue el caso, por ejemplo, de los reclamos docentes, que en la provincia de Buenos Aires lograron aumentos salariales del 38%, del paro del campo, que se llevó a cabo la semana pasada, y de la anunciada huelga del transporte, que, tras fallidas negociaciones con el gobierno por la actualización del impuesto a las ganancias, se ratificó para el 31 de marzo.

Que resulte esperable que en medio de la campaña electoral los distintos sectores busquen extraerle concesiones a un gobierno necesitado por las circunstancias, no torna menos sorprendente la naturaleza de los reclamos en el marco de una economía profundamente estancada y con un estado que registrará en este 2015 un déficit que se ubicará entre los más elevados de la historia, es decir, que no sólo no cuenta con el más mínimo margen para aumentar gastos o reducir impuestos sino que debe imperativamente hacer exactamente lo contrario.

Para revertir el deterioro que viene mostrando la economía y que, de continuar, va a provocar mayor desempleo, más caída del poder adquisitivo de los salarios o ambas cosas, inevitablemente se tiene que terminar con la inflación. La actividad económica no puede prosperar en un ambiente dominado por la total incertidumbre en relación a las principales variables que la determinan. Y, para que eso suceda, una condición esencial es dejar de financiar el déficit fiscal con la impresión de billetes por parte del Banco Central. Ello requerirá casi con certeza una reducción del mismo porque difícilmente se pueda financiarlo en forma genuina si sigue teniendo la magnitud que hoy presenta.

Por otra parte, para que la economía ingrese en una senda de crecimiento sostenible, también se requerirá algún grado de corrección del tipo de cambio real. Para recuperar el dinamismo de las exportaciones, para abrir el cepo cambiario y no dejar a las empresas que compiten contra las importaciones completamente indefensas ante la competencia extranjera, se necesita reducir los costos en dólares que enfrentan. Hay distintas maneras de lograr esto pero la más rápida y de efectos más amplios es una devaluación del peso por encima de la inflación. Y una medida de este tipo, al menos en una primera etapa, causaría inevitablemente una pérdida en la capacidad de compra de los salarios.

En definitiva, para reordenar la economía y ponerla nuevamente en marcha, se necesita atravesar un período en el que amplios sectores de la población sufrirán alguna merma temporal en sus ingresos reales. Sean aquellos que reciben beneficios del estado, los trabajadores en general o los empresarios del sector de servicios, que sufrirían una caída de sus ventas. Es decir, tenemos por delante un período que demandará un esfuerzo por parte de la sociedad, que podrá ser moderado, si se apela al financiamiento que el mundo puede estar dispuesto a ofrecerle a la Argentina, pero que no debe ser soslayado.

Seguramente, es completamente ingenuo pretender que los sectores en pugna atiendan estas cuestiones pero si los argentinos siguen haciendo frente a las dificultades viendo qué tajada adicional se pueden apropiar, en lugar de cuál es el aporte que pueden hacer para superarlas, el deterioro económico continuará. Y si esto sucede, ese esfuerzo, que todavía se puede distribuir de manera ordenada, en forma acorde a la capacidad de sacrificio de cada sector, atendiendo en forma mancomunada un objetivo que, al final del camino, brindará beneficios para todos, se impondrá en forma caótica, injusta, recayendo más sobre los que menos tienen, y amenazando una vez más la estabilidad institucional y política del país.

Un mercado cambiario que ya mira al próximo gobierno

El acomodamiento que ha tenido en las primeras semanas del año el dólar en el mercado paralelo puede responder, en parte, a las medidas que tomó el Gobierno para estabilizar las reservas del Banco Central, a la política de absorción de pesos de la autoridad monetaria y a las promesas bastante consistentes de no devaluar el peso de los funcionarios, pero más que nada es el resultado de los cálculos que comenzaron a hacer los operadores respecto a dónde puede ubicarse la moneda americana en un eventual mercado liberado durante el próximo gobierno.

Para restaurar el crecimiento, las nuevas autoridades que asuman en diciembre deberán levantar el cepo cambiario. Resulta indiscutible que la economía no puede funcionar sin un acceso libre a los insumos y equipos necesarios para llevar adelante cualquier actividad productiva, a la par que cualquier modelo de país que se elija requiere el impulso del ingreso de capitales, que hoy se ve completamente desincentivado con las restricciones vigentes.

El levantamiento del cepo provocará una unificación de los múltiples precios que hoy tiene el dólar en el mercado oficial y el paralelo y, lógicamente, los operadores, al tomar sus decisiones de compra/venta, están dando rienda suelta a sus especulaciones acerca de cuál va a ser el nivel en el que va a quedar la divisa tras esa unificación.

El valor que tiene hoy el dólar bursátil, en torno a los 12 pesos, es consistente con un nivel de 17,6 pesos a finales del 2016. Con un dólar en ese precio, quienes compran la divisa en el mercado bursátil hoy, obtendrían el mismo rendimiento que si utilizaran esos pesos para colocarlos en un plazo fijo a 30 días en un banco y renovarlo hasta entonces.

Ciertamente, un dólar de 17,6 pesos en un mercado unificado y libre de cambios a finales del 2016 es una apuesta razonable. Si uno proyecta el ritmo de devaluación actual, que parece ser aquél con el cual el Gobierno se siente cómodo para afrontar estos últimos meses de su mandato, estaríamos completando el 2015 con la divisa en torno a los 9,8 pesos. Esto implicaría que para llegar a finales del 2016 con la moneda americana en el nivel planteado se requeriría un aumento cercano al 80% a lo largo del próximo año. Si las autoridades económicas logran contener el salto inflacionario que eso puede provocar se estaría cerrando el año con un tipo de cambio real semejante al de finales del 2010. Se trataría, para muchos, de un nivel más que satisfactorio aunque distaría bastante del que había en el 2007, que algunos reclaman como el necesario para lograr un mayor desarrollo del sector industrial. De todos modos, teniendo en cuenta la capacidad de financiamiento disponible y las dificultades políticas que una devaluación de la magnitud plateada podría entrañar, es altamente probable que la próxima administración se vea tentada a moderar la corrección cambiaria, aunque se correría el riesgo de poner en marcha un nuevo ciclo de endeudamiento que podría eclosionar cuando se agote el margen disponible, al estilo del 2001/2.

En definitiva, tras cerca de 4 años padeciendo la represión de sus operaciones, los inversores pueden fantasear con la liberalización del mercado cambiario y con un peso argentino más cerca de su punto de equilibrio.

Los objetivos económicos del 2015

Si bien acabamos de ingresar en un año electoral en el que el panorama económico presenta un alto grado de incertidumbre, se puede aventurar algunos pronósticos, sabiendo que el Gobierno va a tener que encontrar un delicado equilibrio entre lo posible y lo ideal de acuerdo a sus objetivos políticos para este 2015.

Para empezar, seguramente procurará cerrar las negociaciones salariales con aumentos en torno al 30%. Eso explica, en parte, los esfuerzos que se tomó para clavar el dólar oficial en los últimos meses del 2014 y bajar, de ese modo, la inflación, que, de acuerdo a las estimaciones privadas, había superado el 41% anual en septiembre y octubre.

Con aumentos salariales en torno al 30%, el Gobierno muy probablemente intentará mantener la suba del dólar oficial en el 2015 entre un 20% y un 25%. Obviamente, existe la tentación de que esta suba sea lo menor posible, de modo de brindarle a sus votantes un aumento en el poder adquisitivo de sus salarios. El asunto es que mientras menor sea dicha suba mayores serán los requerimientos de financiamiento y/o de restricciones a las importaciones, a los fines de contener los efectos de la mayor demanda agregada sobre la disponibilidad de divisas. Esto sería algo poco conveniente en el escenario más probable, en el que se extiende el conflicto con los fondos buitre, y podría provocar un aumento indeseado en el nivel de desempleo.

Si las autoridades logran acomodar las variables económicas en los niveles mencionados, se podría esperar un desempeño de la actividad económica similar al del 2014 o un poco mejor y una inflación cercana al 30%.

A lo largo del año, es de esperar un intenso forcejeo entre las autoridades económicas y los productores y exportadores de granos para evitar el atesoramiento de la cosecha. Existirían fuertes incentivos para esto si se percibiera que puede haber una devaluación brusca del peso tras la asunción de la próxima administración. Pero, llegado el caso, el Gobierno puede apelar nuevamente a la emisión de títulos dollar linked para calmar la ansiedad de quienes temen cambiar sus divisas por una moneda que pierde valor día tras día.

El cepo cambiario continuará siendo un actor protagónico e inevitable de la realidad económica argentina. Con una inflación en torno al 30%, atraso cambiario y tasas de interés de entre el 20% y el 24%, dependiendo de si los depósitos son minoristas o mayoristas, si los ahorristas pudieran acceder en forma más libre al dólar oficial se volcarían hacia él en forma masiva. Aun con las restricciones vigentes, la compra de divisas para atesoramiento y turismo en el mercado oficial se consumió cerca de la mitad del superávit comercial durante el 2014. Deberemos estar contentos si las limitaciones no se profundizan.

Indudablemente, la economía presenta numerosos factores de inestabilidad, como el atraso cambiario, el cada vez más débil superávit comercial, el abultado y creciente déficit fiscal, la voluminosa emisión de dinero para financiarlo y el conflicto con los fondos buitre, entre otros, pero da la impresión de que el margen de maniobra aun disponible y, por sobre todas las cosas, la expectativa de que el cambio de gobierno va a traer consigo la aplicación de políticas económicas mas razonables y consistentes van a ser suficientes para sortearlos. En fin, no hay motivos para el festejo pero tampoco para la desesperación.