Años desperdiciados

Estamos a punto de comenzar un nuevo año, que desafortunadamente no viene con los mejores augurios. Como si el país careciera de problemas, en lo que va de su segundo mandato Cristina Fernández de Kirchner decidió ignorar las numerosas señales de deterioro que la economía mostró aquí y allá y este último tramo inevitablemente no será la excepción.

A lo largo de los últimos años, el Gobierno se limitó a hacer un control de los daños generados por sus políticas. Primero, estableció el cepo cambiario para detener el frenesí de los ahorristas por refugiarse en la moneda americana ante la ausencia de alternativas que les permitieran preservar el poder de compra de su dinero en un contexto de alta inflación y atraso cambiario. Posteriormente, apeló a las fuertes restricciones a las importaciones y a la penalización impositiva del turismo para hacer frente a la escasez estructural de dólares que la deteriorada competitividad de la producción local fue provocando. Y, por último, traicionando uno de los principios más enfatizados en la última década, buscó recomponer los vínculos con el sistema financiero global para intentar aflojar todas esas restricciones que vienen asfixiando a la actividad económica. Si bien los fallos judiciales favorables a los fondos buitre obstaculizaron este último propósito, el Gobierno ha vuelto a financiarse en los mercados internacionales reiniciado el proceso de endeudamiento de la Argentina tantas veces vilipendiado.

Pero en ningún momento de los más de 3 años de gestión ha habido un intento serio por restablecer las bases del crecimiento económico que se ha perdido. De acuerdo a las estadísticas oficiales, el nivel de actividad se incrementó 0,9% en el 2012 y 2,9% en el 2013. Y, para este año, lo hará en torno al 0%, habiéndose registrado una caída interanual en 5 de los últimos 7 meses informados por el Indec. Esto es claramente insuficiente siquiera para mantener el nivel de empleo y de ingresos de la población. De hecho, las cuestionadas cifras del organismo ubicaron en el tercer trimestre del 2014 al desempleo en uno sus niveles más altos desde el inicio del mandato presidencial (7,5%) y el salario real cayó en estos 2 últimos años, en forma moderada en el 2013 y de manera más significativa en el año que está terminado.

El Gobierno seguramente apelará a todos los recursos que tenga a mano en el año electoral que se inicia para evitar que estas variables, de alto impacto político, continúen deteriorándose. Utilizará todo el financiamiento que pueda conseguir y echará mano a todas las reservas internacionales disponibles con ese fin. Pero, indudablemente, no tomará una sola medida que le alivie la tarea al próximo gobierno a los efectos de situar nuevamente a la economía argentina en la senda del crecimiento.

De este modo, se habrá perdido un año más. Un año más deslindándonos de la responsabilidad de asumir los sacrificios necesarios para formular un proyecto de país sólido y sustentable. Y esto no es gratuito. Cada año que nos demoramos en generar las condiciones para la reactivación de la inversión privada y, de este modo, el aumento de la capacidad del país para producir bienes y servicios, en el contexto de una población creciente, nos volvemos en promedio más pobres. Y, si bien el Gobierno viene logrando con relativo éxito ocultar esta realidad, utilizando el capital acumulado durante el boom de la década pasada y el financiamiento que ha comenzado a obtener en los últimos meses, tarde o temprano deberemos enfrentarnos a ella. 

Cerrando el círculo

Una vez más, la historia económica argentina cierra su trayectoria circular, con la peculiaridad en esta oportunidad de que es el mismo gobierno el que completa el movimiento de un extremo al otro del círculo. Y, tras impulsar y presentar un modelo económico como la antítesis virtuosa de su opuesto, termina abrazando disimuladamente a este último en esta etapa postrera de su mandato.

Es que, con el plan de pagar en forma anticipada y canjear el Boden 2015 y emitir nueva deuda por 3.000 millones de dólares, se puede dar por finalizada la política de “desendeudamiento” de este gobierno, una de las principales características distintivas del modelo actual en relación al vilipendiado esquema de los años ´90. No es que no hubiera comenzado antes este nuevo ciclo, con las recientes emisiones de bonos dollar linked, pero lo que, obligadas por las circunstancias, ya no harán más las autoridades es pagar deuda con reservas. Con la nueva estrategia, en la medida en que lo permitan los mercados y la conveniencia política, claramente se intentará pagar la deuda vigente, sus intereses y una parte del creciente déficit fiscal primario con la emisión de nuevos títulos.

El abandono de esta bandera se suma a la cada vez más patente vacuidad de otra de las jactancias de este gobierno, la de impulsar un modelo “productivo”, en oposición al “financiero” de la década del ´90. Ya hace mucho tiempo que las empresas industriales vienen doblegándose ante el peso de los crecientes costos y un valor del dólar que no va a la par de los mismos. Y en estos últimos años se han sumado las restricciones a las importaciones que, con la escasez de insumos que genera, les ponen un freno de mano a las actividades que permanecen en pie. Como resultado de esto, la producción industrial, de acuerdo al propio Indec, ha caído en términos interanuales en los últimos 15 meses.

El único rubro en el cual el Gobierno aun puede establecer diferencias con respecto a lo sucedido durante los años ´90 es la tasa de desocupación, que si bien viene creciendo, aun se encuentra por debajo de los niveles en los que se situó en aquella época. A partir de 1994 la misma no bajó del 11,4% y en el estallido de la convertibilidad alcanzó el 22,6%. El Indec la ubicó en el tercer trimestre de este año en el 7,5% y los que cuestionan la veracidad de esta cifra concuerdan en que todavía no llega al 10%. Habrá que ver las preferencias de las autoridades económicas en el 2015. Parece difícil que en un año electoral toleren una baja significativa del salario real, lo que muy probablemente sería a costa de un aumento del desempleo. ¿Podríamos llegar a ver entonces en el último año consecutivo de un integrante del matrimonio Kirchner en el poder el desvanecimiento de este último motivo de vanagloria?

Sea como fuere, la política argentina nos da una vez más una muestra de su cinismo, de una lógica según la cual cualquier medio es válido para preservar el poder y hasta el principio aparentemente más arraigado se puede acomodar de acuerdo a la conveniencia. Desde ya, nadie puede mirar para un costado. Estos especímenes llegan a ese lugar y se mantienen en él gracias a nuestros votos.

Pax cambiaria y desempleo: dos caras de la misma moneda

El aumento en el índice de desocupación, que reconoció el propio Instituto de Estadísticas y Censos para el tercer trimestre de este año en relación al mismo período del anterior, del 6,8% al 7,5%, y que el Gobierno se empeña en presentar como el resultado de los coletazos de la situación económica internacional sobre nuestro país, es consecuencia directa, además de otros factores, de la estrategia que han elegido las autoridades para controlar la situación en el mercado cambiario y hacer frente a la escasez estructural de divisas que sus propias políticas han provocado.

En los últimos años, los aumentos de los costos en dólares, el cepo cambiario y, de manera más general, la ausencia de líneas estratégicas de mediano y largo plazo y la incertidumbre macroeconómica han desincentivado casi por completo la inversión en el sector exportador y en el de sustitución de importaciones, poniéndole un freno a la capacidad de la economía para aumentar la oferta de divisas. Y, cuando los excedentes comerciales y el stock de reservas acumulado en el Banco Central comenzaron a agotarse, se optó por aplicar las fuertes restricciones a las importaciones a las que nos venimos acostumbrando, en lugar de corregir los estímulos para reactivar la inversión en los sectores productivos generadores de dólares.

Entonces, lo que en las últimas semanas se ha presentado como un triunfo de las autoridades económicas, que lograron restablecer la calma en el mercado cambiario, está íntimamente ligado con el fracaso en el frente laboral. Es la otra cara de la misma moneda. Para detener la pérdida de reservas que alimentaba las expectativas devaluatorias, el Gobierno limitó el acceso a los dólares por parte de los importadores. Esto no sólo obstaculiza la posibilidad de las empresas de crear nuevos puestos de trabajo, al privarlas de insumos necesarios para su actividad, sino que retroalimenta la escasez estructural de divisas al impedir el acceso de los empresarios a los bienes de capital necesarios para ampliar la capacidad productiva en el sector exportador o en el de sustitución de importaciones, a la vez que genera incertidumbre sobre la disponibilidad futura de insumos.

Parece claro que este panorama se va a mantener durante el 2015. El Gobierno podrá aflojar un poco las restricciones a las importaciones en la medida en que llegue a un acuerdo con los fondos buitres que, por lo menos, permita la refinanciación de los pagos de deuda comprometidos para el año que viene. Y también es muy factible que, al acercarse el fin del mandato, esté más dispuesto a tolerar una pérdida de reservas a cambio de unos puntos menos en la tasa de desocupación. Pero casi con seguridad no va a tomar medidas de fondo para corregir el estancamiento en la generación de divisas, lo que le pone un techo a las posibilidades de crecimiento de la economía y, por ende, a la capacidad para revertir la tendencia de deterioro del mercado laboral.

En síntesis, el 2014 será recordado como el año en que comenzaron a sufrirse en carne viva los efectos de los errores de política económica que se viene cometiendo desde hace mucho tiempo. El aumento en la desocupación y la caída en el salario real que se registraron este año son el resultado directo de esos errores y, en lo que queda de su gestión, el Gobierno podrá limitarlos pero difícilmente revertirlos.

Una calma poco prometedora

En las últimas semanas el Gobierno logró restablecer la calma en el mercado cambiario. Con la ayuda o la contabilidad creativa del intercambio de monedas con China y el impulso de los dólares tardíos de la cosecha tras el acuerdo negociado con las cerealeras, las autoridades económicas detuvieron la sangría en las reservas del Banco Central y reafirmaron la intención de mantener el dólar oficial incrementándose en cámara lenta en estos meses finales del año, indudablemente buscando anticiparse a cualquier motivo de descontento social durante diciembre.

Lo que podrá traer enero tal vez ni siquiera Cristina Fernández de Kirchner lo sabe. Da la impresión de que todo estará sujeto a lo que dicten las encuestas de opinión y a la interpretación que el círculo íntimo de la presidente haga de ellas. Si la recesión comienza a complicar los cálculos electorales y el flujo de dólares no permite aliviar las restricciones a las importaciones que le ponen el freno de mano a la economía, es muy posible que se decida acomodar el relato y buscar el mejor acuerdo posible con los holdouts. Pero si, desde la óptica de las autoridades, un arreglo de este tipo plantea una ecuación política desfavorable no podemos descartar que se intente llegar a octubre rasqueteando los dólares de donde y al costo que se pueda, echándole la culpa de las penurias a los fondos buitre y a “sus aliados” en Estados Unidos y aquí.

Por lo pronto, el Gobierno viene ganando tiempo y conservando sus fuerzas para hacer frente a las próximas turbulencias. Esto obviamente no es gratuito. Sea cual fuere la táctica elegida, poco provecho sacará la economía de ella. Las condiciones para el crecimiento hoy son nulas. La trayectoria completamente imprevisible de los precios relativos ante un gobierno sin plan y un cambio de administración en menos de 1 año torna imposible definir con un mínimo grado de certeza cuáles son las alternativas de inversión que brindan perspectivas razonables para los próximos años. Y sin inversión el crecimiento se verá completamente limitado.

Puede servir como consuelo o agregar motivos para el desasosiego saber que las elecciones económicas de las autoridades actuales no ofrecen nada novedoso. Hablando sobre la situación del país entre 1955 y 1967, el economista cubano Carlos Díaz Alejandro decía en 1970: “Es cierto que el estrangulamiento de divisas se había agravado hasta tal punto que la reasignación de recursos necesaria para corregirlo se tornaba cada vez más dificultosa. Resultaba, entonces, tentador adoptar políticas que sacaran el mejor provecho de una mala situación en vez de encarar de frente los problemas de divisas”.

Este pasaje bien podría referirse al estado actual de la economía. Hasta que no se resuelva el problema de competitividad que ésta tiene, que ha tornado estructural la escasez de moneda extranjera, el país no va a retomar la senda del crecimiento. Sólo nos queda esperar que la manera de pensar reflejada en el texto citado no se replique en el mandato presidencial que se inaugurará en diciembre del año que viene, sea quien sea el que reciba el cetro.

¿70 años no son nada?

Si bien a lo largo de la era kirchnerista en muchas ocasiones se pudo trazar paralelismos con el gobierno peronista de 1946-55, nunca antes estas similitudes se han multiplicado tanto como en las últimas semanas.

Por ejemplo, el discurso que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dio luego de que el país fuera declarado en desacato por el juez Thomas Griesa por ignorar su sentencia e intentar cambiar la jurisdiccion del pago de la deuda reestructurada, evocó el slogan de campaña del primer peronismo, “Braden o Perón”, con el que se aludía a la intervención norteamericana en los asuntos nacionales a través de su embajador local de aquel entonces, Spruille Braden.

La presidente busca instalar en el imaginario de ciertos sectores de la población que todas las cosas que se han logrado en estos últimos 11 años se encuentran amenazadas por un complot que involucra a los fondos buitres, el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados locales. De esta manera, procura desprenderse de la responsabilidad de los eventos económicos negativos que podrían sobrevenir en los próximos meses y evitar, así, el costo político que los mismos podrían tener para su administración.

Este no fue el único hecho que nos trasladó 70 años atrás en el tiempo. Al cierre de esta edición, el Banco Central (BCRA), en la primer medida firmada por su nuevo presidente, Alejandro Vanoli, introdujo un piso a las tasas de interés de los plazos fijos de menos de 350 mil pesos. Esta medida se suma a las exigencias aplicadas a los bancos para destinar una porción de sus depósitos al financiamiento de la inversión productiva a una tasa regulada y a los topes aplicados a las tasas de interés de los préstamos personales y prendarios hace unos meses. La decisión nos remite nuevamente a los albores del peronismo. Es que el sistema financiero se parece cada vez más a aquel que quedó configurado con la nacionalización de los depósitos de 1946, que transformó a todos los bancos de entonces en meros agentes del BCRA, que tomó a su cargo la determinación de las tasas de interés y la asignación del crédito en su totalidad, otorgando a las entidades una comisión por el cumplimiento de sus funciones de representación. Si bien todavía no se ha llegado tan lejos no debería sorprendernos que se siga avanzando en esa dirección.

Cuesta creer que el Gobierno apele a recursos políticos y económicos tan obsoletos y con tan malos antecedentes en nuestro país a la luz del desarrollo y progreso que se puede asociar con ellos. Seguramente, considera que va a encontrar un eco favorable en un sector lo suficientemente amplio de nuestra sociedad. Recién con los resultados de las próximas elecciones presidenciales podremos saber si esta visión es acertada. Mientras tanto, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para explicarles a quienes quieran escuchar a dónde nos han llevado ciertas antinomias ridículas y políticas equivocadas. No vaya a ser cosa que terminemos dándonos cuenta que en Argentina 70 años no son nada.

¿China al rescate?

Cuando parecía que las opciones del Gobierno eran cada vez más limitadas y que, de no mediar un volantazo en la gestión del conflicto con los fondos buitre, la economía se encaminaba hacia una mayor recesión, un aumento de la inflación o una combinación de ambas cosas, el Banco Central anunció que pondrá en marcha el swap de monedas que había suscripto en julio con su par de China pero que había quedado en duda luego del ingreso del país en default. Y, al cierre de esta edición, también se buscaba asegurar una serie de préstamos para financiar obras de infraestructura.

Resulta cada vez más clara la jugada del Gobierno: utilizar el financiamiento brindado por el país asiático para mantener firme la postura frente a los fondos buitre que tanto rédito político le ha brindado hasta ahora sin hacer frente a sus costos: una creciente escasez de dólares que ahoga a la economía ante la necesidad de imponer restricciones a las importaciones y establecer altas tasas de interés para evitar una nueva devaluación que golpee el bolsillo de los votantes.

Veremos en las próximas semanas si los fondos que aporta China son suficientes para aflojar las restricciones que enfrentan las autoridades económicas. Si el Gobierno encuentra con ellos un mayor margen para destrabar importaciones y/o bajar las tasas de interés sin que esto le impida manejar la suba del dólar oficial de acuerdo a sus objetivos.

De no funcionar esta estrategia, la administración kirchnerista tendrá la posibilidad en enero de aprovechar el vencimiento de la cláusula RUFO para modificar el enfoque que ha elegido para afrontar la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no aceptar su pedido de revisar los fallos judiciales favorables a los holdouts.

El panorama presenta aun numerosos interrogantes pero cuesta imaginar que un país que se ubica tercero en el mundo en reservas de hidrocarburos no convencionales y presenta un bajo nivel de endeudamiento público pueda atravesar serias dificultades en el futuro. Desde esta perspectiva, no sorprende en absoluto el apoyo chino, aunque todavía reste determinar con mayor precisión su magnitud. Las preguntas más importantes para los próximos años parecen ser cómo se va a distribuir esa formidable riqueza, qué concesiones se harán al capital extranjero a los efectos de su extracción, cómo puede afectar el florecimiento de esta actividad a otros sectores de la economía y cómo se va a utilizar el margen de financiamiento disponible y no, qué tan profunda va a ser la próxima crisis.

Sin embargo, no hay que dejar de reconocer que Argentina ha desafiado a los pronósticos optimistas en el pasado y siempre puede sumar a su larga lista un nuevo fracaso.

Dólar paralelo: una alternativa para quienes no confían en el próximo gobierno

Los valores que alcanzó el dólar paralelo en sus distintas variantes (contado con liquidación, bolsa, blue) en los últimos días parecen revelar un frenesí cortoplacista que no se detiene a considerar el futuro con la suficiente reflexión.

Estamos a pocos meses de lo que parece ser el fin de una etapa política y lo que viene después puede entrañar importantes cambios en lo económico. Claramente, quien compre dólares hoy para guardarlos debajo del colchón o en una caja de seguridad por los próximos 2 años o más, debe analizar cuáles son sus expectativas respecto al proceso político que se puede iniciar en diciembre del 2015.

Aquellos que esperan una normalización económica a partir de entonces, con un acuerdo con los holdouts, un levantamiento del cepo cambiario y un plan económico que apunte a reducir la inflación, pueden apostar a obtener un mejor rendimiento para sus ahorros colocándolos en un plazo fijo en pesos en un banco de primera línea que comprando dólares en el mercado paralelo a los valores que se registraron en los últimos días.

La ecuación es sencilla: si, por ejemplo, esperamos una inflación del 40% para este año, del 40% para el 2015 y del 25% para el 2016, sería razonable prever un dólar que no supere los 17,80 pesos a finales de 2016. En un escenario con ingreso de capitales y acceso al financiamiento externo, que es altamente probable con un nuevo gobierno, incluso podría esperarse un dólar por debajo de esos niveles. Hoy se puede conseguir una tasa de interés del 21,5% anual en pesos en un banco de primera línea del mercado local, lo que implica que para superar el rendimiento de un plazo fijo en los próximos dos años, habría que comprar dólares por debajo de 12 pesos. Comprar dólares por encima de este valor implicaría, de verificarse el escenario propuesto, una pérdida de dinero. Hay que incluir supuestos de inflación más elevados para los 3 años considerados para que los depósitos en pesos en el sistema bancario sean menos atractivos que el dólar paralelo a los valores que éste mostró en los últimos cierres.

Indudablemente la Argentina es un país imprevisible en el que cualquier cosa puede suceder pero quienes confían en que el próximo gobierno será portador de una mayor racionalidad económica, tendrá una actitud más amigable hacia los mercados y, antes que cualquier otra cosa, aprovechará el crédito inicial que toda nueva etapa política brinda para buscar capitalizar las enormes oportunidades que la economía argentina presenta, no deben caer en el frenesí comprador que cada tanto despierta la moneda americana, a veces motivado por errores del Gobierno pero otras por la visión cortoplacista de muchos argentinos.

Las ventajas del default

Ya parece inevitable que el default en el que ingresó nuestro país se extienda hasta el año que viene. Aun si finalmente los bancos internacionales le compraran los bonos impagos a los fondos buitre, en cualquier momento el resto de los holdouts podría obtener un fallo favorable del juez Thomas Griesa que prolongara el impasse.

El Gobierno pareció confirmar esta perspectiva días atrás, al anunciar un conjunto de medidas con las que pretende enfrentar los efectos que tendrá sobre la economía la falta de acuerdo. El propio discurso de Cristina Fernández de Kirchner, al realizar estos anuncios, estuvo claramente dirigido a disuadir a la población de ceder a las inclinaciones que provoca el default: consumir menos y demandar más dólares. Se busca mantener a la economía en movimiento con los limitados recursos con los que se cuenta.

En estos meses, el equipo económico deberá preservar un delicado equilibrio. En la medida en que aumente la actividad económica, con el incremento del gasto público y la expansión del crédito, se generará presión sobre el mercado cambiario, al subir la demanda de importaciones, tanto de bienes finales como de insumos para la producción local. Y una baja en las tasas de interés, como la que se aplicó en los últimos días a las Lebac, también puede provocar presión en ese sentido al incentivar a los ahorristas a volcarse a la compra de dólares. Y si las reservas empiezan a caer como consecuencia de estos factores, se puede entrar rápidamente en una situación como la de finales del año pasado. En el mejor trimestre del año en este aspecto, por la liquidación de la cosecha de soja, el Banco Central sumó apenas poco más de 2.000 millones de dólares a las reservas. Claramente, los próximos 5 meses muestran un margen extremadamente acotado, en un contexto social que va ir adquiriendo mayor sensibilidad con la cercanía de las fiestas de fin de año.

Sin embargo, lo que aparenta ser un panorama desalentador, ante una mirada más profunda, no es tal cosa. Si el Gobierno hubiera llegado a un acuerdo con los holdouts y ampliado su acceso a los mercados de capitales, se enfrentaría con menos restricciones para expandir el gasto público y bajar las tasas de interés a los efectos de mejorar la situación de la economía. Pero, con el poco tiempo que le queda y los problemas de credibilidad que afronta, difícilmente realizaría un cambio profundo en el esquema económico que pusiera en marcha un proceso de crecimiento sostenible. Por lo tanto, a los numerosos problemas que se le están dejando al próximo gobierno se le sumaría un mayor endeudamiento público, un área en la que hasta el momento, y poniendo a un lado las objeciones que pueden hacerse, el kirchnerismo está entregando una buena herencia.

Es decir, como están las cosas, el Gobierno tendrá restringido el acceso al financiamiento, lo que lo obligará a llevar adelante una gestión más cuidadosa, al menos por unos meses más. Y esto le dará a la próxima administración, cuando llegue su turno, la posibilidad de poner en marcha sus políticas con un legado menos pesado de por medio.

Un arduo camino por delante

La mayoría de los analistas descuentan el logro de algún tipo de acuerdo entre la Argentina y los tenedores de bonos que no ingresaron a los canjes del 2005 y 2010. Sin embargo, de cumplirse esta expectativa, no se tratará en absoluto del final del camino sino del comienzo de uno bastante arduo.

Es que un resultado favorable de las negociaciones de ningún modo resolverá por sí solo los importantes problemas que tiene la economía, como la inflación y el estancamiento. Como mucho, le permitirá al Gobierno hacer frente a los vencimientos de deuda que tiene de aquí hasta el final del mandato y, al aflojar la restricción externa, tomar medidas para morigerar la caída en la actividad económica, tales como una baja en la tasa de interés y una flexibilización de las restricciones a las importaciones. También puede permitirles a las autoridades mantener bajo control la situación inflacionaria, al contener las presiones sobre el mercado cambiario y evitar la posibilidad de una nueva devaluación como la de enero. Pero no más que eso.

Para lograr avances sustanciosos sobre la inflación e insuflarle nuevamente dinamismo a la economía se requieren un conjunto de medidas que ni siquiera han sido esbozadas y que difícilmente sean tomadas por el actual gobierno. Por el lado del aumento de los precios, lo más que se puede esperar, a partir del regreso a los mercados de capitales, es que se deje de financiar al Tesoro con emisión de dinero por parte del Banco Central, pero esto sería apenas el comienzo de la tarea. Se necesita, además, un plan, con metas de inflación, con una fuerte disciplina monetaria y fiscal y con el compromiso de los sectores empresarios y sindicales de ir acomodando los aumentos de precios y salarios a dichas metas. A su vez, para que la economía vuelva a crecer en forma sustentable, habrá que restablecer la competitividad que se llegó a tener a lo largo de la segunda mitad de la década pasada. Y si no se quiere lograr esto con una devaluación y una caída de los salarios reales se tendrá que avanzar con una reducción del tamaño del Estado que permita bajar la carga impositiva que pesa sobre el sector privado.   

Se trata en todos los casos de medidas que requieren un capital político del cual el Gobierno hoy carece y, aun si lo tuviera, difícilmente lo utilizaría a poco más de un año de las próximas elecciones presidenciales.

En definitiva, hay un arduo camino por delante y, casi con seguridad, no será ésta la gestión que comience a desandarlo. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para que el próximo gobierno tenga la responsabilidad necesaria para avanzar con estos cambios y se deje de rifar el futuro de los argentinos en la ruleta rusa de la política.

Un país en el que todo vale

La reciente decisión del Gobierno de aplicar topes a las tasas de interés de los préstamos presonales y prendarios, que habían subido significativamente en los últimos meses como consecuencia de la política monetaria restrictiva del Banco Central, pone en evidencia una vez más que en nuestro país, para las autoridades, todo vale a los fines de cumplir con sus objetivos políticos de corto plazo, aunque esto implique violentar las leyes más básicas de la economía.

No estamos descubriendo nada nuevo pero esto resulta un poco más sorpresivo en el nuevo contexto en el que el Gobierno ha hecho un leve giro hacia la ortodoxia y, ante la necesidad de fondos frescos, se muestra más preocupado por complacer a los centros financieros internacionales.

Fiel a su estilo, una vez más el Gobierno ataca los efectos de sus políticas económicas en lugar de las causas. La causa de las altas tasas de interés que hay en la actualidad es la elevada inflación. Los ahorristas argentinos ya saben que en el largo plazo el dólar se mueve a la par de la inflación de modo que si las tasas de interés se encuentran por debajo de esta última es más conveniente volcarse hacia la compra de divisas. Por lo tanto, la manera de reducir las tasas de interés es bajando el ritmo de aumento de los precios. Un intento del Banco Central por forzar una baja de las mismas aumentando la liquidez provocaría presiones en el mercado cambiario y amenazaría nuevamente sus reservas.

Viéndose de manos atadas, con los topes a las tasas de interés, el Gobierno busca entonces presentarse como el protector de los intereses de la sociedad contra los empresarios “inescrupulosos” y los banqueros “usureros”. Para la mayoría de los consumidores, el beneficio de esta medida va a ser acotado, seguramente imperceptible. Pero lo que importa es el mensaje, en este momento de estancamiento en el que las autoridades quieren hacer todo lo posible por atribuir a otros las responsabilidades de la malaria.

Veremos cómo maneja el Gobierno el posible daño colateral de la iniciativa, que es el segmento de consumidores que probablemente pierda su acceso al crédito porque la rentabilidad que brindará con los límites a las tasas quizás no sea suficiente para que el banco o la compañía financiera se tomen el esfuerzo de captar fondos en el mercado para darle financiamiento. Es de imaginar que el Gobierno ha estimado que este segmento es reducido o, al menos, mucho más pequeño que aquél que se beneficiará con la medida porque de lo contrario no la hubiera tomado. En todo caso, no debemos sorprendernos si en los próximos meses la Anses o el Banco Nación lanzan una línea de crédito especial para individuos de bajos recursos.

Pero, más allá de la medida en sí misma, queda la preocupación, que no está limitada sólo a esta gestión, del poder excesivo que tienen los gobiernos en la Argentina, que, en función de sus necesidades, pueden tomar prácticamente cualquier medida, incluso aquellas que tienen que ver con el funcionamiento básico del sistema económico. Esto plantea una enorme incertidumbre de cara al futuro y es un importante obstáculo en el camino si la Argentina pretende reducir de manera significativa la pobreza y la marginalidad. Para que una economía tenga el dinamismo necesario para ir resolviendo las asignaturas pendientes es fundamental que los gobernantes no tengan vía libre para hacer con ella lo que les parezca si la conveniencia política así lo dicta.

¿Un motivo para festejar?

Indudablemente, el acuerdo del Gobierno con el Club de París es una noticia positiva para el país. Y, en la medida en que no se vea eclipsada por una decisión desfavorable de la Corte Suprema de los Estados Unidos en relación al conflicto con los acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda del 2005 y 2010, servirá para aliviar la tensión con la que viene funcionando la economía en los últimos meses y le brindará cierto margen de maniobra a las autoridades para no tener que implementar el ajuste brusco que a todas luces buscan evitar.

Sin embargo, algo que debería ser motivo de beneplácito, y seguramente en la mayoría de los países lo es, en el nuestro puede transformarse en un motivo de preocupación. Y es que la clase política argentina a lo largo de la historia reciente ha tenido una fuerte propensión a evadir la solución de los problemas económicos en la medida en que esto fuera posible. Las grandes crisis económicas que se registraron en los últimos 30 años de vida democrática fueron un resultado de esto. El gobierno de Raúl Alfonsín convivió con tasas de inflación que, excepto un muy breve período tras la puesta en marcha del Plan Austral en 1985, siempre se ubicaron por encima del 3% mensual y con desequilibrios fiscales que, incluso en los mejores años, nunca cayeron por debajo del 4% del PBI. Resultó inevitable, entonces, ante la no corrección de estos problemas, el estallido hiperinflacionario que no dejó otra alternativa que poner las cosas en su lugar como consecuencia de la profunda debacle económica que generó. Las gestiones de Carlos Menem y Fernando De la Rúa extendieron en el tiempo una situación de atraso cambiario que desde 1994 había instalado el nivel de desempleo por encima del 10% y que había provocado déficits en la cuenta corriente del balance de pagos en forma ininterrumpida desde 1991. El financiamiento externo y el ingreso de capitales que hubo durante el período permitieron a las autoridades nuevamente posponer la solución de los desbarajustes existentes hasta que la crisis del 2002 volvió a tornar inevitable esta alternativa.

Vale preguntarse, entonces, ahora si el acuerdo con el Club de París no puede brindarle una nueva oportunidad a la clase política argentina para desentenderse de su obligación de formular un modelo económico aceptable para la sociedad y sostenible en el tiempo que le permita al país finalmente avanzar hacia la convergencia con los países más desarrollados. ¿Este gobierno y tal vez el que viene no utilizarán el financiamiento y el ingreso de capitales que dicho acuerdo puede facilitar para extender una vez más en el tiempo el tipo de cambio real bajo y con él salarios reales más altos, de modo tal que comiencen a acumularse déficits en cuenta corriente y aumentar el endeudamiento, hasta que la situación vuelva a ser insostenible y su corrección inevitable?

No sólo son graves las crisis, que por lo menos renuevan y transforman, sino también el tiempo que se pierde durante esos períodos de indecisión previos en los que los emprendedores no tienen un panorama lo suficientemente claro como para poner en marcha nuevos proyectos productivos o en los que las señales de precios los inducen a elegir aquellos que son menos convenientes. Se provoca así un desperdicio de capital que impide poner en movimiento el proceso de acumulación que nos podría llevar hacia el Primer Mundo.

La apuesta del Gobierno para el 2015

Si alguien todavía esperaba que el giro hacia la ortodoxia que hizo el Gobierno en los últimos meses iba a tener como resultado un ordenamiento de la economía y se iban a sentar las bases para una recuperación sólida y sustentable, los sucesos económicos que se vienen acumulando en las últimas semanas parecen echar por tierra esas expectativas.

Si bien esto ya había resultado suficientemente evidente con la renuncia de las autoridades a implementar algún tipo de plan contra la inflación, el principal problema que presenta la economía, la mayor rigurosidad monetaria, los guiños hacia el resto del mundo, con el acuerdo con Repsol por la nacionalización de YPF y el acercamiento con el Club de París, el nuevo índice de precios y el recorte de los subsidios a los servicios públicos daban algunos motivos para la esperanza.

Sin embargo, cada vez parece ir delineándose en forma más clara la apuesta del Gobierno: terminar de resolver lo antes y de la mejor manera posible los conflictos internacionales para obtener el financiamiento que le permita minimizar el ajuste. Es que mientras más recursos consiga menor será la necesidad de aumentar el valor del dólar, reducir el gasto público y mantener altas las tasas de interés, todas medidas de alto costo político y que comprometerían sus posibilidades de imponer un candidato en las elecciones presidenciales del 2015.

Y el comportamiento de los inversores extranjeros parece ser alentador para el desarrollo de esta estrategia, a juzgar, por ejemplo, por la avidez que mostraron días atrás por las acciones de YPF en Wall Street.

La poca tolerancia al costo político del ajuste ya es visible con la marcha atrás que el Gobierno viene dando con las tasas de interés, apenas ha comenzado a recibir un flujo constante de dólares como consecuencia de la venta de la cosecha de soja. Sabe que con la mayor disponibilidad de dólares podrá hacer frente a la mayor demanda de divisas por parte de los ahorristas que esta medida seguramente va a provocar, sin que esto se refleje en una pérdida de reservas.

Posiblemente haya que esperar hasta el final de la temporada sojera para comprobar cuál es efectivamente el plan del Gobierno. Si insiste en estas próximas semanas con un dólar de 8 pesos o que sube más lentamente que los precios, tasas de interés más bajas y un gasto público creciente (en los primeros meses de año se incrementó por encima del 40% anual), en ese momento inevitablemente va a tener que comenzar a colocar deuda en los mercados internacionales para impedir que las reservas empiecen a caer nuevamente y se reinicie el proceso de deterioro que se registró el año pasado y que terminó con la devaluación de enero.

La elección de ese camino no será una buena noticia porque implicará extender hasta por lo menos finales del 2015 esta situación de inestabilidad y de incertidumbre que desalienta la inversión productiva e impide aprovechar las múltiples oportunidades que hoy tiene el país. Pero es lamentablemente lo que más se ajusta a la vieja lógica política de la Argentina que aun no hemos podido dejar atrás.

¿Regreso a los ´90?

Resulta irónico que el modelo económico de este gobierno, que tanto ha demonizado la década del ´90, cada vez se asemeje más al de aquella época, por más que sus voceros se esfuercen al máximo por ocultar estas semejanzas en una retórica progresista.

La primera de estas coincidencias es el atraso cambiario. De acuerdo a ciertas mediciones, hacia finales del 2012 la relación entre los precios internos de la Argentina y los del resto del mundo se había acercado significativamente a la que había en la década del ´90. La devaluación del peso durante el 2013 y comienzos del 2014 le devolvió algo de competitividad cambiaria a la economía, pero, con los actuales niveles de inflación y la inclinación que ha mostrado este gobierno por la utilización del tipo de cambio como ancla inflacionaria, es difícil descartar que a finales de este año no nos hayamos acercado nuevamente a la paridad real de la convertibilidad.

La segunda coincidencia tiene que ver con el endeudamiento público, otrora uno de los motivos de orgullo y principales banderas del kirchnerismo. Hasta el año 2011, la Argentina redujo sistemáticamente su deuda pública en relación al PBI. Esta pasó del 166% del PBI en 2002 hasta el 42% a finales de ese año, como resultado de los canjes de deuda, el pago de las acreencias del Fondo Monetario Internacional, el crecimiento del producto y el buen desempeño fiscal durante parte de este período. Sin embargo, desde entonces, el endeudamiento del sector público ha crecido, alcanzando casi un 46% en el tercer trimestre del año pasado, último dato oficial disponible, con una proyección poco favorable teniendo en cuenta el fuerte déficit fiscal en los últimos meses del 2013.

El Gobierno todavía puede vanagloriarse de que continúa reduciendo la deuda externa del sector público, que tras haber alcanzado el 95% del PBI en el 2002 se ubicaba en apenas el 13% en septiembre del año pasado. Esto tiene que ver con que las autoridades económicas en los últimos años reemplazaron deuda en poder de residentes extranjeros con deuda en poder de organismos públicos locales, principalmente el Banco Central. Pero incluso este último motivo de orgullo parece tener una corta vida por delante. Es sumamente improbable que el Gobierno no apele al financiamiento externo en los próximos meses. Este es el motivo central detrás del golpe de timón que dio en los últimos meses y que lo llevó a avanzar en las negociaciones con las empresas con las que tenía litigios en el CIADI y con el Club de París y sellar el acuerdo con Repsol por la nacionalización de YPF. Y es el único recurso con el que cuenta para hacer frente a los vencimientos de la deuda en dólares y el desequilibrio en la balanza comercial de bienes y servicios que pueda tener desde aquí hasta finales del 2015 sin tener que apelar a una nueva devaluación, un mayor incremento en las tasas de interés o un fuerte ajuste del gasto público o, al menos, suavizando al máximo estas alternativas. Por lo tanto, es tal vez la única oportunidad que tiene Cristina Fernández de Kirchner para intentar imponer un candidato propio en las elecciones del año que viene.

Teniendo en cuenta todo esto, es muy probable que en los próximos meses veamos un aumento en el endeudamiento externo del sector público. Y, como en los ´90, se volvería a repetir un escenario de apreciación real del tipo de cambio y creciente endeudamiento estatal, tanto global como con el resto del mundo. Una nueva evidencia de que el oportunismo político y la falsedad ideológica están a la orden del día en la Argentina.

¿Una sociedad que no madura?

El paro general del 10 de abril se presenta como una señal preocupante de que la sociedad argentina sigue siendo incapaz de construir consensos para distribuir los costos y beneficios de sus éxitos y fracasos económicos. Aun en la situación actual, en la que la economía se ha estancado y resulta evidente la necesidad de introducir un conjunto de correcciones que exigen un sacrificio moderado de todos los argentinos, sigue habiendo sectores importantes, con gran poder de movilización y capacidad de daño, que no parecen dispuestos a sentarse a negociar y hacer su aporte.

Como si las experiencias traumáticas del pasado no les hubieran enseñado nada, parecen elegir una vez más el camino atravesado tantas veces y con tan malos resultados. Como si fuera necesario volver a vivir situaciones tan extremas como las de 1989 o 2002 para que tomen conciencia de la necesidad de los cambios y los esfuerzos que ellos implican.

Todavía queda la esperanza de que la situación actual sea la consecuencia de una forma de conducción que durante la última década ha evadido mayormente toda forma de diálogo con la oposición política y el resto de los sectores dirigenciales. Resulta natural que, habiendo procurado a lo largo de su gestión imponer sus políticas sin ofrecer el más mínimo margen para la negociación, las autoridades actuales, aun si lo desearan, hoy carecerían de la credibilidad necesaria para sentarse en cualquier mesa de diálogo seria y suficientemente abarcativa. Es posible, entonces, que, de haber un cambio de signo político luego de las elecciones presidenciales del año que viene, se inaugure un nuevo estilo de conducción y se abra una etapa de intercambio constructivo entre las diversas fuerzas sociales. Pero, por el momento, los antecedentes justifican encender las luces de alarma.

Es que continuar en los próximos años en este rumbo sólo extenderá en el tiempo el estancamiento en el que la economía argentina ha ingresado, que le impide aprovechar plenamente las múltiples oportunidades que el mundo hoy nos ofrece para mejorar la situación de los vastos sectores de la población que han quedado rezagados en las últimas décadas.

Para que la economía pueda superar esta situación de parálisis en la que se encuentra, se requiere la colaboración, el esfuerzo y la madurez de todos los sectores sociales. Debe haber un reconocimiento conjunto de las dificultades que se afrontan, un debate serio y responsable sobre la manera de distribuir los costos y un rediseño del juego político que le permita a la Argentina corregir la alta inestabilidad económica que ha tenido en las últimas décadas.

Toda la clase dirigente debe poner en un lugar absolutamente prioritario la solución del problema de la inflación. Un ambiente macroeconómico estable y previsible es una condición necesaria, si bien no suficiente, para alcanzar los niveles de inversión en capital físico y humano que se requieren para lograr una mejora firme y sostenible en las condiciones de vida de la población.

En síntesis, la falta de predisposición al diálogo de importantes sectores de la dirigencia argentina es quizás el síntoma más grave del escenario actual y el que plantea el principal signo de interrogación de cara al futuro.

Un ajuste inevitable

Comenzando con la huelga general convocada para el 10 de abril por Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, en estos próximos meses seguramente veremos un gran aprovechamiento político por parte de los representantes de los distintos sectores de la oposición de la necesidad del Gobierno de avanzar en el ajuste de la economía. Y lo que todos deben tener claro es que todo aquel político que diga que este ajuste se puede o se debe evitar les está mintiendo.

El principal problema que enfrenta la economía es la inflación. Esta ha llegado a un nivel excesivamente elevado, que compromete seriamente las posibilidades de crecimiento para los próximos años y requiere una solución urgente. Y el primer paso que se debe dar, dentro de una larga serie de medidas, para comenzar a resolver este tema es que el Gobierno deje de financiarse con la impresión de dinero por parte del Banco Central. Parte de este objetivo se puede lograr consiguiendo financiamiento privado, tanto local como internacional, pero con certeza se deberá “ajustar” la tasa de crecimiento que el gasto público viene mostrando en los últimos años.

Pero a la vez, al problema inflacionario en los últimos años se le sumó el de la balanza de pagos, que es donde ha puesto el foco el Gobierno con la mayoría de las medidas que viene tomando desde el cambio del equipo económico en noviembre. En el 2013 el país registró un déficit en cuenta corriente de 13.000 millones de dólares que prácticamente explica toda la caída en las reservas internacionales que sufrió el Banco Central a lo largo del año. De los 13.000 millones, 7.600 millones surgieron del exceso de gasto de los argentinos en el intercambio de bienes y servicios con el exterior. El resto se relaciona con la posición deudora del país en el concierto de las naciones que, como tal, debe pagar anualmente intereses a sus acreedores externos y utilidades a las empresas extranjeras localizadas en el país. La cifra puede haberse visto agravada por el atesoramiento de mercadería por parte de los exportadores y el adelanto de compras por parte de los importadores, especulando con la devaluación que finalmente se produjo a finales de enero, pero sea como fuere es insoslayable para cualquier observador y debe ser enfrentada.

Dar cuenta de este problema exige reducir el gasto total de los argentinos en bienes y servicios, es decir un “ajuste” en el nivel de consumo de la población. Como sociedad, debemos gastar menos en la compra de bienes extranjeros y en viajes al exterior y transferir recursos humanos y de capital desde la producción de servicios para el mercado interno hacia la producción de bienes y servicios que sustituyan importaciones o puedan intercambiarse con el resto del mundo.

La resolución de estos problemas es inevitable. Si no se lo encara en forma voluntaria, el ajuste se va a provocar en forma involuntaria y caótica, como ya sucedió en otros momentos de la historia argentina. Por ejemplo, si no se contiene el gasto público y el Banco Central sigue emitiendo dinero para financiarlo, la inflación invariablemente le va a ganar a los salarios y el poder de compra de éstos va a disminuir a lo largo del tiempo. Asimismo, si no se logra aumentar la competitividad de los exportadores y de los sectores que compiten con las importaciones y no se morigera el crecimiento en el consumo que se registró en los últimos años, las reservas del Banco Central tarde o temprano se van a agotar y se va a producir una devaluación mucho más brusca que la de enero, que va a cercenar los ingresos de todos los argentinos de un plumazo.

Los dirigentes de la oposición pueden señalar que la situación actual es el producto de la decisión del Gobierno de expandir el consumo de la población más allá de sus posibilidades en los últimos 8 o 9 años y que, por lo tanto, éste es el único responsable del ajuste. También pueden proponer alternativas para que los esfuerzos que deben realizarse se distribuyan de la manera más equitativa posible y que no haya sectores que se beneficien de manera indebida con los cambios que se lleven a cabo. Lo que no pueden hacer bajo ninguna circunstancia es negar la necesidad del ajuste.

La ausencia de una estrategia

El Gobierno tendrá motivos de regocijo en estas últimas semanas en las que logró doblegar al dólar paralelo y frenar prácticamente la pérdida de reservas, mientras se anota algunos puntos a nivel internacional con el nuevo índice de precios que le exigió el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF, que aproximan la posibilidad de acceder a fondos frescos de los organismos multilaterales. Y, por si esto no fuera suficiente, el precio de la soja alcanzó en los últimos días los precios más altos de los últimos 8 meses.

Sin embargo, estas pequeñas victorias no ocultan la ausencia de una estrategia. A pesar de sus gestos “ortodoxos”, y como es de esperar después de 10 años, el Gobierno sigue siendo el mismo: sigue viviendo al día, sujetando sus decisiones a las encuestas, poniendo parches por aquí y por allá, actuando sobre las consecuencias pero no sobre las causas.

Un ejemplo muy ilustrativo de este modus operandi fue el reciente aumento de impuestos a los autos de alta gama. Cuando se diseñó la medida claramente se esperaba reducir las importaciones de estos vehículos, frenar la pérdida de reservas generada por este motivo y que no fuera necesaria una devaluación como la que finalmente se terminó dando. Al no lograrse este último objetivo, los precios de los autos aumentaron y las ventas cayeron más de lo que se pretendía inicialmente, por lo que, a dos meses de haber entrado en vigencia, el Gobierno planea modificar la alícuota impositiva aplicada.

La ausencia de una estrategia, la política de actuar sobre las consecuencias en lugar de sobre las causas, tiene claros costos. Se podrá restablecer la calma después de cada tormenta pero el proceso de deterioro no se detiene. Después de cada turbulencia nos encontramos peor de lo que estábamos luego de la anterior. En los últimos años el nivel de inflación ha ido aumentado, a la economía cada vez le cuesta más crecer y esto, al nivel de la población, se viene manifestando en una caída del poder adquisitivo de los salarios.

Esperemos que las autoridades nos sorprendan con un golpe de timón de último momento pero, a juzgar por la forma en la que viene avanzando la temporada de negociaciones salariales, no debemos tener muchas expectativas. Sin un plan inflacionario, sin metas, sin compromisos del Gobierno ni adhesiones del resto de los sectores sociales, parece sumamente difícil que se logre imponer una pauta de aumentos por debajo del 30%. Y esto configuraría un escenario en el cual la inflación difícilmente se ubique en este 2014 por debajo de esa cifra. Por lo tanto, estaríamos ingresando en el 2015 con más inflación, con condiciones aun más desfavorables para el crecimiento económico y con un salario real, casi con seguridad, más bajo que el de inicios de este año. En otras palabras, continuaríamos nuestra lenta pero constante caída por la larga pendiente del deterioro económico.

Medidas acertadas, rumbo incierto

Indiscutiblemente, las medidas que se vienen tomando desde el cambio de gabinete allá por noviembre están bien encaminadas, principalmente, desde el golpe de timón de finales de enero, cuando se comprendió que se estaba trabajando con un grado de improvisación inaceptable y que había que darle referencias al público y a los mercados si no se quería agotar las reservas en un puñado de meses.

En síntesis, tanto la devaluación, como la política monetaria más restrictiva, la presentación del nuevo índice de inflación, el acuerdo con Repsol por la estatización de YPF y el casi descontado recorte de los subsidios a los servicios públicos son todas medidas que venimos pidiendo hace rato y el Gobierno merece ser reconocido por avanzar con ellas, independientemente de si lo hizo arrinconado entre la espada y la pared o a partir de una auténtica comprensión de la necesidad de sanear la economía para retomar la senda del crecimiento.

Sin embargo, falta un elemento esencial para dar finalmente la vuelta a la página y mirar el futuro con cierto optimismo. Falta un plan que le dé un sentido claro a todo lo que se ha hecho, una hoja de ruta que nos permita vislumbrar claramente el rumbo y que defina los compromisos y sacrificios que deben asumir cada uno de los actores y, por sobre todas las cosas, que descarte de cuajo la interpretación que hoy se le puede dar a los hechos de que el Gobierno carece de estrategia y en verdad lo único que busca es llegar al 10 de diciembre del 2015 evitando el colapso de la economía.

Un ejemplo de los problemas que la ausencia de un conjunto de metas claras plantea son las negociaciones salariales que se han iniciado en estos días. Es completamente justificado pedirle a los trabajadores que moderen sus reclamos en estos momentos de crisis y que acepten una caída del salario real pero es natural que en un escenario de aceleración inflacionaria y sin un horizonte definido ellos se excedan en los salarios nominales que exigen. Cuánto más sencillas serían estas negociaciones, si bien no un trámite, si el Gobierno fijara objetivos de inflación para este año y los que vienen. Seguramente, al principio habría dudas respecto a estos compromisos pero se iría ganando credibilidad en la medida en que se los fuera cumpliendo.

Esto también sería esencial para avanzar en la reestructuración que la economía requiere. En la última década, la política económica favoreció una expansión desmedida en el sector de bienes destinados al mercado interno, básicamente los servicios, en desmedro de los destinados al mercado externo, la cual ha sido una de las principales causas de la crisis de balanza de pagos que estamos viviendo en los últimos meses. Inevitablemente, en los próximos años se debe modificar esta matriz. Un panorama hacia adelante en el que la inflación tienda a bajar, estabilizando o, idealmente, reduciendo aun más los costos laborales en dólares, sería un estímulo importante para el sector exportador y las empresas que compiten con las importaciones, y facilitaría la transferencia de los recursos humanos y de capital necesaria para ello.

Lamentablemente, es de esperar que el Gobierno se incline por la improvisación y evite los compromisos de mediano y largo plazo, que pueden condicionarlo y obligarlo a asumir costos políticos “innecesarios”. Pero, de esta manera, todo será más arduo y la recuperación tardará en llegar. 

El momento de compartir el esfuerzo

Todos saben o intuyen que ha llegado el momento de ajustarse el cinturón. En estos últimos años, los argentinos venimos incrementando nuestro consumo por encima de nuestras posibilidades y, si bien esta situación se ha podido sostener a costa de echar mano a las reservas internacionales del Banco Central, que cayeron alrededor del 30% en el 2013, como lo indica el rápido agotamiento de las mismas, los plazos para modificar este comportamiento  se vienen acortando cada vez más.

El Gobierno, indudablemente, ha tomado nota del asunto. La fuerte aceleración en el ritmo de incremento del dólar oficial es una clara evidencia de eso. El restablecimiento de la competitividad del sector exportador es uno de los componentes que debe tener cualquier plan para enfrentar la situación actual. Sin embargo, sin un plan antinflacionario serio, que vaya más allá de un acuerdo de precios como el anunciado, pocas serán las ganancias de competitividad y alto el riesgo de acelerar el proceso inflacionario en curso.

Pero, a juzgar por el horror que el Gobierno parece sentir por la aplicación de las verdaderas soluciones que la situación económica exige, es válido preguntarse hasta qué punto la responsabilidad de este impasse recae completamente en las autoridades actuales. ¿No hay en el fondo una sociedad que sólo está dispuesta a algún sacrificio cuando está hundida en las crisis más profundas? ¿No hay una falta de patriotismo, de ciudadanos sólo preocupados por su situación personal, dispuestos a mantenerla o mejorarla a cualquier precio, aun a costa del empobrecimiento de la Nación? ¿Y arraigada en esto, una cultura política renuente a los compromisos y al establecimiento de reglas de juego que impidan los excesos de los gobiernos de turno en los períodos de bonanza?

Los vergonzosos acontecimientos de diciembre, con las fuerzas policiales de numerosas provincias abandonando a su suerte a los ciudadanos que juraron proteger por un reclamo salarial, por más justo que éste sea, parecen ser una respuesta contundente a los interrogantes planteados, sin que sea siquiera necesario especular sobre el grado de participación que pudieron tener algunos sectores políticos en los eventos.

En este escenario, parece realmente difícil imaginar una sociedad dispuesta a asumir los sacrificios que este momento económico requiere, no importa que tan bien distribuido esté el esfuerzo entre todos los ciudadanos. Por ejemplo, cuesta pensar en los consumidores aceptando dócilmente un aumento en las tarifas de los servicios públicos. O en los sindicatos reconociendo la imposibilidad de seguir pagando los salarios en dólares vigentes en la actualidad. O en los argentinos, en su conjunto, concediendo que los recursos públicos son limitados y que debemos acordar en forma pacífica y, a través de los canales institucionales, cuáles son los mejores usos que podemos darles.

Esperemos que el 2014 sea un año en el que podamos madurar como sociedad. Que con la conciencia de los riesgos que corremos, estemos todos dispuestos, aquellos que más tienen doblemente, a aportar su grano de arena para que podamos sortear la difícil situación en la que nos encontramos. De lo contrario, seguiremos caminando con los ojos vendados hacia el próximo precipicio.

2014: el año que vivimos en peligro

El panorama económico que presenta este 2014 que acaba de comenzar es realmente poco alentador. Aun si el Gobierno acertase con las medidas que debe tomar, parece difícil evitar que este año empeore nuestra situación económica.

Por ejemplo, si el equipo económico tuviese éxito en mantener una cantidad razonable de reservas internacionales en las arcas del Banco Central y un nivel de desempleo como el actual, lo más probable es que esto sea a costa de una mayor inflación y una caída en el poder adquisitivo de los salarios. Por el contrario, si priorizase contener la inflación y evitar un deterioro de los salarios reales, podríamos empezar a observar un incremento en la desocupación. Esto tiene que ver básicamente con que el proceso inflacionario, el atraso cambiario y la incertidumbre general respecto a lo que puede suceder con las principales variables de la economía han desincentivado en los últimos años la inversión y han debilitado fuertemente la capacidad del sector privado para incrementar la oferta de bienes y servicios y crear nuevos puestos de trabajo.

La situación sería aun más alarmante si continuara el drenaje de reservas del Banco Central y el Gobierno se viera obligado a aumentar más la tasa de incremento del dólar oficial o, finalmente, a realizar una corrección brusca en la cotización de la divisa. Esto provocaría un salto en la tasa de inflación, como en Venezuela, en donde, tras la devaluación de febrero de 2013, la inflación pasó del 20% a más del 50%. Este escenario también implicaría una fuerte caída en el poder de compra de nuestros ingresos. Y lo que es peor, si la situación no fuera acompañada por un plan económico convincente se establecería un nuevo piso a la inflación, lo que dañaría aun más las perspectivas de los salarios y el empleo para el futuro y reavivaría el fantasma de los traumas inflacionarios del pasado.

A su vez, si el Gobierno hiciera lo que debería hacer, es decir, avanzar en el establecimiento de un dólar más competitivo y poner manos a la obra en la lucha contra la inflación, dos objetivos que implican una fuerte contención del gasto público y, tal vez, un aumento mayor al que hemos visto este año en la tasa de interés, consecuentemente, al menos en el mediano plazo, nuestra situación personal también se deterioraría. Por ejemplo, porque una reducción de los subsidios a los servicios públicos nos haría pagar mayores cuentas de luz y gas y nos dejaría menos ingresos disponibles para otros consumos. O porque el saldo de nuestra tarjeta de crédito vendría cada vez más abultado como consecuencia del mayor costo financiero. Además, un Gobierno más constreñido fiscalmente no podría salir a compensar las deficiencias del sector privado para generar empleo.

En síntesis, todos los escenarios posibles para este 2014, lamentablemente, plantean una situación económica que implica una pérdida de ingresos, una falta de oportunidades de empleo o ambas cosas.

Es importante destacar, de todas formas, que el último escenario propuesto al menos tiene la ventaja de ir sentando las bases para que la economía retorne eventualmente a la senda del crecimiento. Sería un esfuerzo que oportunamente rendiría sus frutos, en términos de multiplicar la creación de puestos de trabajo y generar una mejora en los ingresos. En el resto de los casos, sólo se trataría de continuar extendiendo en el tiempo el proceso de deterioro de la economía que comenzó hace algunos años.